La Hora del Llorar y el Crujir de Dientes

En nuestro afán por evadir la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. y de buscar a quién culpar, hacemos expresiones francamente descabelladas. Aceptemos ciertas cosas.

En primer lugar, el gobierno federal otorgó a Puerto Rico, su territorio, autonomía fiscal y gobierno propio. A través del tiempo fuimos trastocando las bases necesarias para que el sistema continuará desempeñándose de forma aceptable. 

En segundo lugar, confundimos la misión del gobierno y lo convertimos en botín de guerra de una lucha sin fin y sin cuartel entre partidos políticos. Olvidamos que en nuestro sistema económico es necesario producir. Nos emborrachamos distribuyendo y redistribuyendo. Cuando se nos acabó lo poco que habíamos producido, los partidos continuaron distribuyendo lo que no les pertenecía. El gobierno financió la orgía de la repartición tomando prestado y disimulando el desfalco que estaba cometiendo. 

Eventualmente la irresponsabilidad nos ha donde tenía que traernos. Ahora estamos de rodillas. Hemos mancillado y violado nuestra Constitución. Nunca entendimos su valor. Ahora ya es tarde para protegerla. Nuestro gobierno insular ha perdido toda credibilidad. Por eso hemos perdido el crédito. Eso es lo que significa el cierre de los mercados de capital.

Ante la ineptitud de nuestra clase política y ante la evidente disfuncionalidad de nuestras instituciones, el Congreso accede a peticiones que le llegaron desde acá. Su respuesta no nos gusta. La misma consiste en suspender el gobierno propio hasta que se arregle el entuerto que hemos urdido aquí.

Hemos fracasado en nuestra gestión de gobierno. Como resultado hemos hundido nuestra economía. La población sufrirá más de lo que hoy puede imaginarse. Y es necesario decir que, con nuestra participación entusiasta, premiando a los partidos en su desenfreno y apetito por apropiarse y repartir la riqueza que no les pertenecía, éste pueblo tiene una gran porción de la culpa del fracaso. Por más que los pequeños políticos traten de culpar al gobierno de los EEUU, a los bonitas, a las casas calificadoras de crédito, a los capitalistas, a la Junta de Supervisión Fiscal y, por supuesto, a los otros políticos, no podrá evadirse la responsabilidad.

El populismo se apoderó de nuestro espíritu. Nos emborrachó y nos creímos nuestro propio cuento. Pensamos que eso de trabajar “lo hizo Dios como castigo”. Hoy ha llegado la hora del llorar y el crujir de dientes. ¡Que Dios nos coja confesados!  

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Para Salir de la Trampa

Por 
Elías Gutiérrez, Ph. D. y Walter Ruíz, Ph.D. 
Puerto Rico ha caído en una trampa. Trampa de su propia hechura, pero trampa al fin. Luego de décadas de vivir más allá de nuestros medios, hoy confrontamos la realidad de nuestras limitaciones. Hemos llevado el gasto público a niveles insostenibles. Hemos permitido que la plataforma sobre la cuál se sostiene la productividad de la economía se haya deteriorado. Hemos adoptado patrones de conducta consumista sin reconocer que solo puede distribuirse lo que antes se produce. Hemos utilizado el poder del Estado para redistribuir la riqueza que a duras penas pudo acumular la clase media de esta sociedad. Hoy algunos pretenden que haya una salida sin dolor al resultado de la irresponsabilidad. No será posible.

En ausencia de una fuente externa de ahorros no habrá otra que no sea sacrificios. Lo peor de esta cruda realidad es que la capacidad de sacrificio se ha reducido significativamente. Los partidos políticos han utilizado los recursos del Estado para mantener una operación del sector público a niveles de intensidad que son francamente insostenibles. De ahí que los mercados de capital nos han cerrado las puertas. La época de las mentiras ha concluido en un triste despertar. 
No hay otra forma de elevar el bienestar general si no es a través de la expansión de la capacidad de producción. Lo que ahora llaman “crecimiento”. La expansión de la capacidad de producción es requisito para que se desarrolle la economía. Es decir, para que se realicen los procesos que elevan el estándar de vida. Esos procesos conllevarán inevitablemente choques entre las prioridades que defienden distintas facciones y grupos de interés especial. Esos procesos conllevan impactos innegables sobre el medio-ambiente. Recordemos aquel refrán que dice: “Si deseamos cocinar tortilla habrá que romper huevos.” 

Por otro lado, el desarrollo insuficiente puede ser causante de graves daños a la población. En ocasiones ésos daños pueden alcanzar categoría de desastre. El remedio que provee nuestro sistema consiste en la reglamentación de las actividades asociadas con la producción para mitigar los daños que puedan extenderse hacia el medio ambiente. La clave de la reglamentación efectiva consiste en atender el aspecto que se conoce por los economistas como las externalidades. Todo proyecto genera efectos que internaliza y cuyo coste cubre con el rendimiento. El coste de los efectos no cubiertos por el proyecto son externalizados (que los pague otro). Es decir, se absorben por entes externos al proyecto. Por ejemplo, al medio-ambiente. El medio-ambiente tiene una capacidad limitada para acarrear el coste de las externalidades generadas por los proyectos acometidos. La reglamentación también resulta costosa. La reglamentación tiene como objetivo obligar a la internalización de una proporción de los efectos generados por los proyectos. Ello conlleva un coste.

Como ha sucedido en otras dimensiones, el Estado, por vía de reglamentación burocratizada y excesiva, ha distorsionado el propósito de leyes y reglamentos que fueron originalmente concebidos con la mejor de las intenciones. Se nos dijo que el objetivo era “lograr un balance” saludable entre la preservación y el desarrollo. Tal “balance” ya no existe. Hoy día, en vez de proteger el medio-ambiente, los procedimientos estatales y federales se han convertido en una maraña que impide el desarrollo y hacen daño a quienes deben ser protegidos. Muchos proyectos se hacen incosteables.

Más aún, la estructura de agencias y reglamentos es utilizada por grupos de interés especial para detener proyectos en nombre de ideologías. Ciertos grupos se han convertido en activistas que se empeñan en levantar obstáculos a la inversión y a la producción. De hecho, su activismo parece utilizar la protección del medio-ambiente como excusa para atacar el sistema económico y político vigente. Más que pro-ambiente, se trata de un activismo anti-sistema. La estrategia que siguen se ve repetida una y otra vez. Escogen proyectos estratégicos y los convierten en objetivos emblemáticos. Los mismos se atacan por vía de los recursos provistos para garantizar el balance entre desarrollo y preservación que proclaman defender. En el fragor del debate, utilizan argumentos, frecuentemente pseudo científicos. De esa forma logran escudarse tras la participación ciudadana que el sistema garantiza y paralizan por largo tiempo los proyectos escogidos. De esa forma, convierten proyectos necesarios, viables y rentables, en trampas que destruyen capital privado y público, contribuyendo al estancamiento.

La estrategia de estos grupos los lleva a oponerse a todo con el falso objetivo de proteger el medio-ambiente. Nada más lejos de la verdad. El pueblo es consustancial con su medio-ambiente. La oposición al desarrollo de la infraestructura edificada, motivada por la estrategia ideológica anti-sistema, lo que ha logrado es retrasar la implantación de soluciones prácticas a problemas reales. Problemas que añaden a un cúmulo que se levanta cual muralla china cortando el difícil sendero del desarrollo socio-económico. Esa muralla es, en buena medida, responsable del deterioro de la calidad de vida en el país y del desgaste de su plataforma de producción. Las decisiones son presa de facciones políticas que funcionan en un juego de suma cero. Ven como pérdida suya el beneficio que de otro pueda disfrutar. De esta forma, Puerto Rico ha perdido capacidad para añadir valor a la economía del mundo. 

Es indispensable entender la magnitud del desastre económico que vivimos. Entender el significado que conlleva la falta de acceso a los mercados de capital, la pérdida continua del capital social, la caída precipitada en inversión. Es por razón de esas tendencias que sufrimos la pérdida de puestos de trabajo y la emigración neta de la clase más productiva del país. La emigración deja en el país la borra del café. Una población envejeciente y empobrecida que paradójicamente es cada día más dependiente del gobierno para su subsistencia. De un gobierno que es directamente responsable del empobrecimiento que sufre la clase media y productiva de esta sociedad.
Para romper el estancamiento y elevar el estándar de vida se requerirá un esfuerzo titánico de inversión. Estimamos que para recuperar parcialmente lo perdido, Puerto Rico requerirá una inversión anual de diez mil millones de dólares durante un periodo de doce años. El factor tiempo es implacable. 

Se requiere un esfuerzo monumental, sostenido y urgente de inversión. En el ámbito de infraestructura es necesaria inversión para la ampliación, renovación y mantenimiento de la transportación vial, recursos de agua y desperdicios sólidos. En el aspecto de producción y distribución de energía se requiere un nuevo modelo. Un cambio radical. Lo que fue necesario en las etapas incipientes del desarrollo de la economía del Puerto Rico moderno, se agotó como modelo. La generación y distribución de energía eléctrica no debe continuar en manos de un monopolio del Estado. Un monopolio que funciona para sí mismo y para intereses políticos, sindicales e ideológicos. El gobierno ha demostrado que es, sin lugar a dudas, incapaz de regentear el sector estratégico de la economía. 
Para salir de la trampa habrá que hacer lo que todos sabemos que es necesario, pero que muchos no se atreven admitir.

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¿Gratis?

Por

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

Walter Ruíz, Ph.D.

El periodista Benjamín Torres Gotay, en su columna “Las Cosas por su Nombre” (página 14 de El Nuevo Día del 25 de septiembre) nos dice que: “el sol es gratis”. Difiero. Nada resulta ser gratis.

 

En La generación de energía eléctrica por vía de la transformación de luz solar no es gratis. Dada la tecnología disponible, se requieren, entre otros elementos componentes, sistemas que se ubican en paneles de celdas fotovoltaicas. Los paneles se organizan en “fincas” que ocupan espacio. Para generar fluido eléctrico significativo, es necesario agrupar paneles sobre grandes extensiones de espacio. 

La luz solar no está disponible veinticuatro horas por día. Almacenar energía eléctrica requiere sistemas de baterías si es que requiere suplido durante períodos sin luz solar. Estos sistemas son particularmente costosos. De ahí, la baja eficiencia de los sistemas de energía solar transformada en electricidad, los cuales en el mejor de los casos, se limitan efectivamente a periodos de entre cuatro a cinco horas por día. Por lo tanto, los sistemas solares requieren otros sistemas, no solares, que complementan la generación durante las horas sin luz. 

Producir las celdas fotovoltaicas requiere: fabricar y ensamblar los paneles y otros componentes; adquirir los espacios y conectar las fincas que suplirían la energía. Se requiere una infraestructura compatible con la generación fluctuante y se requiere gerencia. 

Finalmente, se requerirá financiamiento de la inversión necesaria. El rendimiento de la inversión y el coste de la financiación se reflejarán en el coste por kilovatio-hora asociado a las fuentes renovables. Por ejemplo, la contratación para el suplido de energía eólica, ronda los $0.15-$0.16-kwh. La energía fotovoltaica ronda unos $0.18-$0.19-kwh. Mediante contratación, es normal que estos costes unitarios se revisen periódicamente al alza. 

Para muestra con un botón basta. En el 2016 una inversión de $500 millones, realizada durante cinco años, en proyectos de energía renovable (eólica), produjo apenas 1.5% de la energía requerida en Puerto Rico. 

La generación de electricidad por fuente solar ha proliferado en otras regiones del mundo. Europa es un buen ejemplo regional y Alemania un gran ejemplo nacional. Ahora bien, la proliferación de la energía solar se explica, en buena medida, por el enorme nivel de subsidio provisto por el Estado. Sólo así cuadra la matemática de la viabilidad. 

No hay duda de que el coste unitario de la energía obtenida de celdas fotovoltáicas ha descendido y continúa reduciéndose. El resto de los otros componentes requeridos por los sistemas solares no refleja el mismo comportamiento.

Es cierto que la tecnología fotovoltaica avanza. No hay duda. Ahora bien, saltar de esa realidad factual a la conclusión de que, en estos momentos o en los próximos años, sería factible sustituir por luz solar como insumo un monto significativo de energía eléctrica hoy generada por combustibles, es falso. Ello sería posible sólo mediante años de presupuestos de capital dedicados al subsidio de la industria solar.

Desearía que el proceso de entrada de las fuentes de energía renovable fuese más rápido. Desearía que fuese posible una transición a fuentes limpias en pocos años. No obstante, las realidades de la tecnología y la economía nos envían un mensaje inequívoco: tomará tiempo en lograr la viabilidad económica de las fuentes renovables. Mientras tanto, se acaba el tiempo para dar fin a la dependencia en el petróleo para la generación de energía eléctrica (50%). La dependencia coloca la economía en riesgo de sufrir shocks por causas externas. Un aumento de $10/barril en el precio del petróleo se traduce en un aumento de $0.02/kwh en el precio de la electricidad. 

Por el momento, la apuesta tiene que ser al gas natural. El objetivo inmediato sería un precio promedio $0.15/kwh o menos. Alcanzar esa meta es indispensable para que Puerto Rico compita como ente productor en la economía del mundo. 

El objetivo se lograría con: la construcción del Aguirre Gasport; reemplazo de unidades obsoletas en Aguirre, Costa Sur, Palo Seco y San Juan; y la interconexión de todas las termoeléctricas con capacidad de transportar gas natural a estas centrales desde Eco Eléctrica y Aguirre.  

 

 

 

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Los poderes de la Junta

Los políticos en Puerto Rico dicen que los problemas de la isla son resultado directo de la falta de “poderes” que tiene el gobierno colonial. La falta de “poderes”, nos dicen, se remedia con un cambio en el status político que rige las relaciones con la metrópolis. La lista de los “poderes” requeridos incluye todo lo que se le pueda imaginar a usted. Si hoy el gobierno de la isla no puede hacer algo, lo hará cuando tenga los “poderes”.


Ante la debacle financiera del gobierno de Puerto Rico, el Congreso, actuando a coro con la Tesorería federal, ha ejercido sus poderes sobre el territorio para crear una Junta de Supervisión Fiscal y Financiera (JSFF). La JSFF ha sido dotada de todos los “poderes” que presumiblemente hacen falta para enderezar el rumbo y detener la catástrofe. Los susodichos “poderes” pueden sintetizarse de la siguiente forma: la JSFF tiene los poderes necesarios para hacer que el gobierno de Puerto Rico se comporte ejercitando responsabilidad fiscal.

Habiendo llegado a la insolvencia, habiendo concluido el Congreso que la misma es resultado de la irresponsabilidad y habiendo concluido que las instituciones políticas de la isla son incapaces de cambiar de rumbo por sí mismas, se ha creado un ente con los “poderes” alegadamente necesarios para forzar el cambio. Si era cuestión de falta de “poderes”, ahora parece que los habrá.

La pregunta que emerge no es si la JSFF tiene tal o cual poder, no. La pregunta es si la JSFF ejercerá los poderes que el Congreso le ha otorgado.

La JSFF espera recibir un Plan Fiscal y Financiero (PFF) elaborado por el gobierno de Puerto Rico. El PFF será clave en el período inicial de operaciones de la JSFF. La JSFF evaluará el PFF. De concluir que el plan radicado por el gobierno no es adecuado, lo podrá enmendar o sustituir con otro que elabore la propia JSFF. 

Dado que el gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento con sus compromisos financieros; dado que la economía de la isla continúa encogiéndose a un ritmo alarmante; los recursos requeridos para lograr la estabilidad serán cada vez más distantes de los que podrá proveer la economía isleña. 

La JSFF tiene como objetivo central que, habiendo recobrado el camino de la responsabilidad fiscal, las entidades del gobierno logren acceso a los mercados de capital. Para ello será indispensable lograr presupuestos equilibrados, control del gasto de consumo del gobierno y descartar el déficit estructural. 

La opinión pública parece apoyar abrumadoramente la creación de la JSFF. No obstante, recientes pronunciamientos de políticos, llamando a la resistencia en protesta por los “poderes” delegados por el Congreso a la JSFF, son evidencia de que múltiples segmentos del electorado se oponen a los objetivos requeridos por cualquier ruta que conduzca a la responsabilidad fiscal. Puerto Rico es una sociedad dependiente en extremo del gobierno. Tal es la dependencia que el más mínimo asomo de cambio genera en la población un agudo sentido de inseguridad. He aquí el choque de trenes.

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Planning and Programming for Reconstruction*

Puerto Rico’s government lies impotent as the forces of entropy dismantle its economic and social infrastructure. Both physical and institutional assets are being destroyed by neglect and obsolescence. Resources are being squandered by short-sighted, politically motivated, and ill conceived priority sets and decisions. Even worse, by obstruction and paralysis.

 Precious time has been lost. Tax reform, proposed by the Governor, was deformed at the legislature. As a result, the already intolerable tax system has become worse. Given the iron fists with which political parties control the huge public sector, and the influence they exert on the relatively small private sector, much needed government re engineering is now almost an impossibility..  
Congress has intervened exerting powers derived from the territorial clause of the US Constitution. A board made up of seven congressional and presidential appointees will exert wide and ultimate powers over the territory’s fiscal and financial matters. The Puerto Rican constitution has now been revealed as merely another congressional statute. The myth of the “compact” that created the Commonwealth has been shattered. 

Social capital has been squandered. The debt and Bondholders have become the target. Populist discourse and talk of default by government officials inflicted serious damage on credit worthiness. The rule of law as a guiding principle was shaken. Eventually, the unthinkable default occurred.

A radical change took hold. Puerto Rico’s government has abandoned the code, i.e., “…My word is my bond”. The spirit of this expression must be reinstated if a path towards a higher standard of living is to be charted. The task will be difficult. It will require an unambiguous and sustained effort. Once such change in bearings is adopted, leadership will be indispensable in order to stay the course. A course that must be specified and translated into a program of capital investments. Not in a list of construction projects lacking any strategic role. A list that smells of porkbarrel. No, just the opposite is needed.

Capital is scarce, financing is currently unavailable. Eventually financing will become available but expensive and difficult to obtain, given our country-risk profile. Thus, we must choose carefully as the project portfolio is configured. The guiding principle must be set on a goal, I.e., increasing our capacity to add value to the world economy.

Political correctness must be set aside. The Keynesian recipe for jump-starting the economy by hiring workers to dig holes in the ground, only to fill them up again, may work as a countercyclical policy on the very short-run for highly capitalized economies. Puerto Rico has had an overdose of such unproductive approaches. It is time to think strategically. The goal must be to create a productive economy capable of adding value to the world economy. A modern infrastructure of the most recent vintage is required to attain such a goal.   

The capability needed to set goals and objetives, to design and draw program sets, to organize efforts that enable execution of action plans, depend on the presence of a strong social infrastructure.

The degree with which a society will protect individual freedom depends on the effectiveness of its social infrastructure. A feeble infrastructure will lead to dependence, encroaching government bureaucracies, high transaction costs and continuous loss of individual freedom. Planning and execution may initially appear to work more efficiently under centralized planning. However, the central planning model has proven itself inefficient and strongly biased toward totalitarian solutions.

Puerto Rico’s social infrastructure has eroded. Government has transformed into a patronage distribution political machinery. A machinery dominated by two major political parties and dozens of factions and special interest groups. Since industrialization, launched during the mid 1940’s, planning and effective sustained execution capability have collapsed. There appears to be a qualitative change in the collective psychology of generations now in charge.  

Demography is exerting strong influence in the evolution of productive potential. The capacity to think and plan strategically, to set goals, come up with a plan, and execute it, appears to be absent from the traits of the two generations now dominant. Plans galore for everything are nothing but wish-lists. Production is no longer seen as the way to a better living standard. Saving has been dealt a mortal blow by government’s bankruptcy. Losses in such key industries as banking and real estate, have produced enormous losses in wealth to middle-class families. The wide-ranging effects constitute a heavy drag that will last.

Social capital has been described as the glue that keeps social systems working and interacting. Social infrastructure is made up of institutions and traditions that support and hold societies and their economies functioning. When social capital is lacking, communities unravel. When social structure breaks down the economy looses its principal source of strength. 

Puerto Rico is undergoing a general process of de-capitalization. Wealth is being destroyed. Impoverishment is destroying the middle class. Social capital and structures are collapsing. Institutions, starting with the family, are under enormous stress. The social structure is unable to hold and the economy is coming down upon itself. One of the basic institutions, I.e., government, suffers from elephantiasis and obsolescent systems. It’s sheer size and weight is crushing the economy that supports it. To put it simply: Puerto Rico’s government doesn’t work. Dysfunctional government and social structure deterioration has sent transaction costs into orbit.

Central planning solutions will not work. Market solutions may work but require leadership and political will. In other words, the situation is not one you would Justin give to a ” junta ” for solution.

Reconstruction shall mean just that. After ten years of neglect, bad choices, outright abandonment, and lack of purpose, the basic utilities must be retrofitted and rebuilt. Some of the capital investment projects that should be made part of the investment program are known already. Some of them have even been started only to be forgotten and abandoned. Lets recall a number of these projects just to illustrate the kind of effort that must be tackled 

  1.  Completion of the so called “super” aqueduct interconnecting water reservoirs around the island, thus providing assurance against extreme droughts and continuance of service. 
  2.  Completion of the Rio Valenciano reservoir project interconnecting and supplying the PR-30 corridor municipalities.
  3.  Completion of the transition from petroleum to natural gas in the island’s power generating units with a goal of achieving reliable, stable consumer energy cost below $0.14/kwh during the next three years. 
  4. Construction of gas pipelines inter-connecting converted and/or new gas generating units in the north and south to the new and the existing import, storage and re gasification facilities on the southern coast.
  5.   Construction of a submarine cable connecting Puerto Rico to the Virgin Islands to expand the electricity transmission grid, thus enabling the supply of electricity at competitive prices to an expanded territorial marke
  6.   Completing the metro rail project and its feeder systems consistent with an urban redesign of the San Juan Metroplex area.
  7.  Converting the toll roads and freeways grid into an “intelligent” and safe ground transportation system.
  8.  The institutional infrastructure must also experience a process of reconstruction and upkeep. Transaction costs have rocketed as a response to an out-of-control bureaucracy, excessive protectionist and ill conceived government meddling in private sector activity. 

Production, not distribution, must be the overriding goal of all infrastructure projects. Careful planning must not be avoided. We must realize that employment is a cost factor. Production, adding value, competing and exporting. These are the keywords that must be kept in mind. Employment in private industry will follow capital investments. Choosing a portfolio of major infrastructure initiatives with high synergy index is the way to go. Political interfering will only insure continued failure. 

Certain facts must be incorporated early on in the planning and implementation phases of the investment program. For example, the Puerto Rico government utility’s water management record is just unacceptable. The public utility’s management has no clear estimate of the potable water it produces. Nevertheless, it estimates that 60 percent of production is lost to leakage or theft. An aggressive program to identify and to incorporate all illegal consumption, implementing a 100% consumption remote meter reading is urgently needed. 

Three hundred thousand properties have been identified, with no legal water facilities. The electricity appears to have over two hundred thousand more clients than the water and sewers utility. Of these, only a small percentage of client meters are regularly monitored. The majority of client consumption is still estimated. Consumption of a significant segment of the population is never meter-read. Rather, it is estimated. Clearly, an unacceptable portion of treated water is lost to leakage and theft. This translates into lost revenue. This must be urgently terminated.

Problems in other areas of infrastructure have remained in the doldrums for years. One of these pertains to solid waste disposal. Here is a dormant crisis. Land fills throughout the island are polluting underground water deposits. Noncompliance with Federal regulations is the standard procedure. Meanwhile, sterile battles are fought against waste-to-energy projects. Paralysis is the resultant condition

An all-fronts program is required to tackle this problem. Approval and construction of the Energy Answers project in Arecibo should proceed immediately. In addition, an all out-effort should be implemented in order to develop additional compost facilities, as well as recycling, conservation, and zero-trash programs.

Education may well be thought of as an investment. However, this is far from being the case in present day Puerto Rico. In fact, public education has become a welfare system dominated by an obtuse bureaucracy and short-sighted union leaders and activists. The enormous chunk that public education syphons from annual budgeted expenditures cannot be classified as investment. It must be called for what it is, i.e., government dole. This has to stop. 

In conclusion, the capital requirement necessary to achieve minimum real rates of growth of output will be hefty. It is our estimate that lift-off requires gross domestic investment effort sustained at rates of 14 per cent of GDP, for a twelve-years period. Financing such an effort will represent a challenge. For this reason alone, lost credibility and confidence in the Commonwealth government must be regained. The parlance of prepotence default should have been replaced by true adherence to the rule of law and with a willingness to comply with commitments and debt service schedules. It was not and now it is too late. Now, we must deal with the consequences

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By Elías R. Gutiérrez, Ph.D., in collaboration with Walter Ruíz, Ph.D.

*Submited to the Congressional Puerto Rico Bipartisan Taskforce on Economic Growth as part of PROMESA.

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“Impagable”

Desde que los ideólogos y los demagogos comenzaron a corear que la “…deuda es impagable” advertí por todos los medios a mi disposición sobre la falsedad de tal aseveración. Lo que es impagable, explicaba yo, es el gobierno que han creado los partidos políticos en esta isla. 

Hoy se anuncia que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido demandada por su propio fideicomisario, el US Bank, encargado de velar por los ingresos pignorados para el servicio de la deuda de la universidad del Estado. Una buena parte de los bonos emitidos por la UPR generaron recursos para refinanciar deuda vieja y financiar deuda nueva. El pago de esa deuda está garantizado por los ingresos que la institución recibe por el pago de matrícula. 

 El US Bank advierte en la demanda incoada ayer en el tribunal federal que los ingresos de matricula han sido desviados para otros propósitos. Es obvio que la UPR ha seguido órdenes provenientes del gobernador para incumplir con sus obligaciones. El gobernador ha puesto en marcha una estrategia, a mi juicio equivocada, dañina, contraproducente y reveladora del curso nefasto que ha tomado el gobierno de Puerto Rico en lo que se refiera al manejo de las finanzas públicas.

Mediante una frase que esconde la realidad de la situación fiscal, el gobierno pretende mantener el gasto al ritmo previo a la crisis pagándolo con los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado y sus dependencias. A esa irresponsabilidad los políticos del partido de gobierno y otros oportunistas periferales, le llaman “poner la gente primero” y “garantizar los servicios esenciales”.

El discurso político es poco menos que pura basofia. El gobierno ha violado y echado a un lado la ley que le gobierna, v.gr., la Constitución. Esa ley, mediante la cual nosotros, el pueblo, limitamos al gobierno para evitar que se convirtiera en tirano, hoy no es más que un estatuto federal. La destrucción ha sido posible por el ataque del propio gobierno de Puerto Rico y por la acción congresional solicitada por el Presidente de los EEUU.

Hoy Puerto Rico enfrenta una realidad tenebrosa. Un futuro de limitaciones y vergüenza está esperando a la vuelta de la esquina. El gobierno en su totalidad perdió el respeto de los mercados de capital. La palabra que antes fue garantía, hoy no vale el papel en que se escribe. La falta de entendimiento general y particular nos ha llevado a perder el crédito. La costumbre de los partidos, y la ausencia de liderato y conocimiento, impiden que se corrija el rumbo. El país continúa escuchando propuestas que no son otra cosa que más de lo mismo que nos está hundiendo. Se pretende apagar el fuego, echándole cubos de gasolina. 

Las promesas de los candidatos a puestos electivos, presentados por los partidos o independientes, no son otra cosa que propuestas de gasto adicional, adornadas con frases inconsecuentes y tontas. En síntesis, los candidatos y los partidos nos dicen que el estancamiento de la economía se resuelve haciendo que la economía crezca. ¿No me diga usted? Nos explican que el desarrollo socio-económico sostenido y sustentable se alcanzará mediante un gobierno transparente, participativo, equitativo e inclusivo. Tal desarrollo será producto de un plan.

El plan no conllevará sacrificios para nadie. Bueno, para nadie que no sea los que ya estamos sufriendo las consecuencias del descalabro fiscal. Los que han sido despojados de sus ahorros. Los que han sido empobrecidos por vía de un esquema fraudulento que ha provocado la bancarrota del banco del gobierno. Una bancarrota que surge del desfalco permitido contra el banco por el propio dueño, v.gr., el gobierno. Los explotados hasta ahora seguirán sufriendo porque, aunque no se diga de esa forma, no cualificamos para la categoría de prioridad designada. Es decir, no somos “gente”. Por si no nos habíamos enterado, el gobierno no está para servirnos a nosotros. No, está para que nosotros le sirvamos. Hemos llegado al punto de partida. Hemos creado un tirano.  

En fin. La deuda es pagable. Lo que no es pagable es el gobierno que tenemos. Por eso, a la larga, de una forma u otra, habrá que pagar. Ahora bien, el tiempo y la demografía son crueles. Quién pague y a qué coste, aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con toda certidumbre es que esta vez no vendrá nadie de afuera a pagar por nosotros.

Chupémonos ésta en los que nos mondan la otra.

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El elefante no vuela

Durante ésta época arrecian las declaraciones y manifiestos que hacen los candidatos a puestos electivos. Los candidatos a la gobernación presentan todo tipo de iniciativas con las que supuestamente el gobierno, con una de estas personas a la cabeza, lograrán que la economía de Puerto Rico se desarrolle. Los candidatos prometen que, desde su sitial, harán que el gobierno produzca el deseado milagro económico.

Todos parten de un supuesto subyacente: el gobierno tiene la capacidad de arrancar la maquinaria que producirá el desarrollo económico y social.

Nadie se cuestiona la capacidad del gobierno para lograr lo que prometen los partidos y sus candidatos. Ahora bien, póngase usted a pensar lo siguiente: ¿qué pasa si el gobierno, especialmente el gobierno democrático representativo, no es capaz de lograr lo que promete? Después de todo, el elefante no vuela.

Elías Gutiérrez


Soy de la opinión que los gobiernos, especialmente las democracias, no tienen la capacidad para lograr que las economías de sus dominios alcancen eso que llaman “desarrollo económico”. La dificultad parte de los principios elementales del problema. Por ejemplo, el “desarrollo económico” consiste de procesos que tienen significados distintos para distintas personas. ¿Cómo podemos prometer algo que no hemos definido y acordado entre nosotros mismos?Para no enredarnos con sutilezas filosóficas, definamos como desarrollo una elevación del estándar de vida sostenida durante un tiempo que alcance el lapso de una o más generaciones. Será indispensable contar con indicadores de proceso para medirlo y seguirle la pista a su progreso temporal.

Es necesario hacer un paréntesis para hacer la salvedad correspondiente; v.gr., desarrollo y crecimiento no son sinónimos. El desarrollo contiene elementos cualitativos, difíciles de medir. El crecimiento conlleva centrarse en lo cuantitativo. La dificultad que presenta el crecimiento estriba en qué se incluye y qué se excluye del monto a medir.

La teoría del crecimiento económico nos ofrece métricas convenientes para medirlo. Definamos el estándar de vida en términos de la tasa de crecimiento del producto real per capita. En esta definición predominarán los elementos cuantitativos del desarrollo. Por el momento, dejemos a un lado la dimensión cualitativa. 

El ritmo de crecimiento del producto real se escoge como medida del estándar de vida. El estándar depende directamente de la inversión. A su vez, la inversión se realiza por vía del sacrificio que conlleva la postergación del consumo. Es decir, que el ahorro es determinante directo del ritmo de elevación del estándar de vida. 

La eficacia de la estructura de producción se mide por vía del requisito unitario de capital. En la medida que los requisitos de capital productivo disminuyan , la capacidad para crecer aumentará. El nivel general de precios actúa para acomodar el valor de mercado de la producción y establecer el estándar real de vida. La inflación, por lo tanto, influye inversamente sobre el estándar.

En la medida que la población aumenta o disminuye, lo producido será distribuido en mayor o menor proporción por habitante. Al final de la jornada, éste será el resultado que percibirán en su vida cotidiana las familias y los individuos.

Ahora bien, a lo que vamos. ¿Cómo logra un gobierno que se eleve el estándar de vida de la población? Pues, para ello tendrá que manejar los elementos de los que depende la tasa de crecimiento del producto real per capita. Los gobiernos puede hacer más o menos difícil que el ritmo de crecimiento del producto real acelere. Lo pueden hacer extrayendo recursos de las actividades productivas por vía de impuestos. Lo pueden hacer por vía de leyes y reglamentos que premian el consumo y persiguen el ahorro. Los gobiernos justifican su intervención y el resultado negativo sobre el ritmo de producción alegando que buscan justicia social por vía de la redistribución del ingreso y la riqueza. 

Los gobiernos pueden reducir el valor de la producción y la riqueza. Lo pueden hacer por vía del comportamiento fiscal que eleva el índice general de precios y disminuye el valor real de la producción. Los gobiernos pueden elevar los requisitos de capital por unidad de producción y hacer menos eficiente la estructura de producción de la economía. Esto último lo pueden hacer aumentando el tamaño del sector público a coste de los sectores productivos privados.

Los gobiernos pueden intervenir y lograr efectos como los señalados arriba. Ahora bien, nótese que son efectos más bien negativos. Resulta más difícil lograr que las intervenciones de los gobiernos en la economía sean positivos sobre el estándar de vida. 

Los gobiernos, especialmente los democráticos, no pueden, y no saben, cómo elevar el estándar de vida. Se ven impedidos de premiar el ahorro. No tienen idea de cómo reducir los requisitos de capital por unidad de producción. De hecho, los candidatos a puestos electivos no tocan el tema de la producción. Sus promesas van dirigidas a la distribución. Por supuesto, este tema lo atacan haciendo referencia a lo que algún grupo o sector ganará. Callan sobre qué otro grupo o sector tendrá que sufrir el sacrificio asociado.

Los sectores públicos se han convencido a sí mismos que la eficiencia no es un factor que se requiera en las actividades de gobierno. Esta visión ha contribuido al gigantismo de los gobiernos. En el caso de Puerto Rico, la elefantiasis del sector público lo ha convertido en el obstáculo más formidable que confronta la economía productiva del país. El gobierno ha dejado de ser promotor del desarrollo, para convertirse en poderosa retranca que lo frena.

Ahora bien, suponga usted, por unos instantes, que el gobierno sufre una transformación filosófica. Supóngase que se decide alterar el comportamiento del sector público con el fin de sacar la economía de la trampa en que se encuentra. Supóngase que los obstáculos políticos que levantan los partidos se logran arrestar por un período suficientemente largo como para permitir una intervención efectiva en pro del desarrollo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Les traigo noticias. He llegado al convencimiento de que el gobierno no tendría la menor idea. 

El gobierno no sabría qué es eso de “desarrollo”. No tendría la menor idea sobre lo que conlleva la productividad. No tendría la menor idea de lo que conlleva una gerencia adecuada de los sistemas. No tiene la menor idea de lo que requiere la educación en estos tiempos de cambio tecnológico y de desarrollo del conocimiento. 

El gobierno no es ya el instrumento que podría conducir a una ruta de crecimiento de la producción y el desarrollo. No lo puede hacer en su dimensión cuantitativa y menos en su dimensión cualitativa. Esta es la lección que no acabamos de aprender. Luego de siglos de dependencia en el sector público, nuestra sociedad teme verse suelta de la mano y encaminándose en un rumbo que requiere menos gobierno, no más.

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Cambio de Reglas

El gobierno federal ha cambiado las reglas que condicionan el riesgo que conlleva invertir en el mercado exento de bonos municipales. Como resultado, se percibe una prima de riesgo mayor, y por lo tanto, un coste de capital más alto. 
Las puertas del mercado de capital están cerradas para Puerto Rico. Si eventualmente abren, las condiciones no serán las mismas que antes conocimos. El coste de capital será mayor. Ello se reflejará en las garantías exigidas, la colateral será más valiosa, el precio de los instrumentos en el mercado secundario será más bajo. Las leyes de la oferta y la demanda serán implacables.
Nos llega información que indica que el pulseo político no cesa. Aún no se ha nombrado Junta de Supervisión y Control Fiscal. No obstante, la administración del presidente Obama continúa empeñada en lograr cambios en el estatuto llamado PROMESA. Especialmente se busca enmendar la forma en que se nombran los miembros de la Junta. Ello para tener mayoría ideológica en el nuevo organismo. La estrategia puesta en marcha por el Departamento del Tesoro busca dilatar el proceso con la esperanza de que el resultado electoral de noviembre devuelva la mayoría a los demócratas en el Congreso. Por vía de PROMESA, la tesorería busca volver a cambiar las reglas en el mercado de capital. Una gran derrota del partido Republicano, provocada por la candidatura de Donald Trump, comienza a perfilarse como una posibilidad en el horizonte. 

El objetivo de la tesorería consiste en lograr mayoría demócrata en la Junta para que altere el orden de prelación de pagos en la deuda municipal. La tesorería busca dar prioridad a las pensiones sobre los bonos. Esta prelación va a contrapelo con lo establecido en muchas constituciones estatales, incluido Puerto Rico. Esto ya ocurrió en Detroit. Tanto Illinois como Nueva Jersey buscan lo mismo. Esto explica el poco usual interés de los políticos de esos estados por el caso de Puerto Rico. Resulta obvio que el Partido Popular Democrático anda por las mismas, sin decirlo con claridad. El doble discurso sigue siendo su idioma predilecto.

Lo único que puede extraer la economía de Puerto Rico de la trampa en que se encuentra sería un esfuerzo colosal de inversión sostenido por un tiempo no menor de doce años. En la medida que el coste de capital se mantenga fuera de nuestro alcance continuaremos empobreciendo. Los cambios en las reglas que continúan impulsando los políticos sólo aseguran el peor de los escenarios.

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El plan…

No puedo mantenerme en silencio. Continuamente se presentan “planes” con los que se intenta alegadamente acometer la solución a graves problemas del país. No obstante, los susodichos “planes” no lo son. En realidad consisten de expresiones del deseo que tal o cual cosa ocurra.
Un plan va dirigido a la acción. Acción que requiere comprometer recursos. Por lo tanto, es necesario que el plan contemple los elementos clave en cualquier proyecto de inversión. Especialmente, ¿cuánto se requiere, cómo será aplicado el capital, quién lo pondrá a riesgo, que se espera alcanzar con la aplicación de dichos recursos, cómo se justifica el esfuerzo que se considera realizar, cuánto tiempo tomará el esfuerzo, cómo se medirán los resultados?
El problema económico surge de la coexistencia de querencias sin limites ante recursos escasos. El plan es necesario porque los recursos son escasos y el mercado puede que no ayude a producir una solución enteramente satisfactoria para la sociedad o para individuos que forman parte de la sociedad. 
Finalmente, el plan no se justifica porque sobren recursos y se busque cómo gastarlos. El plan consiste en el resultado de un ejercicio que intenta reducir el riesgo que conlleva la inversión de capital en el proyecto. En ausencia de ese elemento crítico, no hay tal “plan”.

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¿Qué va a pasar aquí?*

El Congreso de los EEUU se ha visto forzado a tomar cartas en el juego. Ejerciendo la autoridad que detenta y espueleado por el Presidente, el Congreso ha reconocido que el gobierno de Puerto Rico se ha metido en una encerrona. Una trampa fiscal y financiera que ahoga su potencial económico y amenaza con arrastrar consigo, barranco abajo, a otros componentes del sistema financiero municipal exento. La dinámica de la debacle amenaza con destruir lo que resta de la clase media residente en la isla. El sistema político no ayuda. Por el contrario, lo que hace empeora la condición de empobrecimiento y descapitalización. A esto se une un fenómeno mortal para el capitalismo. Se trata de una dinámica de deflación del valor de los activos reales y financieros. De continuar esa dinámica, no quedará piedra sobre piedra en la plataforma que sostiene la economía y a la sociedad misma.

Ante la gravedad de la condición que nos abruma, ¿qué podemos atisbar en el horizonte cercano? ¿Qué ocurrirá cuando el grupo de siete síndicos colegiados que ha ordenado el Congreso para tomar control de un gobierno desmadrado, comiencen a desempeñarse? Un querido amigo me hacía esa pregunta hace apenas unos días. He aquí mi respuesta.
Muy poco. Quizás, nada.

Me temo que la junta colegiada de síndicos que habilita la ley llamada PROMESA confrontará una muralla de resistencia a los niveles medios y bajos de la espesa burocracia local que le impedirá funcionar efectivamente. Esa realidad irá percolando hasta que la Junta llegue a una conclusión inevitable. La Junta se verá forzada, al cabo de un tiempo precioso, a tomar control. Ello si realmente intenta cumplir con su misión. Mientras tanto, ¡no ocurrirá nada! 

Él gobierno de Puerto Rico no es sostenible por la economía que tiene el país. Esa realidad aún no ha sido internalizada por la sociedad. Los partidos continúan prometiendo soluciones que requieren acción de gobierno. No obstante, no hay los recursos para intentar ejecutar esas acciones de gobierno. 

Peor aún, si hubiesen los recursos para poner en marcha lo que prometen los partidos, harían más daño que bien. Ello, porque lo que proponen consiste en aumentar el gasto público sin expandir la base de capital productivo del sector privado. De hecho, los partidos han creado un sector público que ve como contrincante al sector productivo de la economía. Esta realidad no es una mera teoría. El gobernador García Padilla lo admite cuando explica con amargura cómo fracasó su reforma contributiva.

Volvamos a la Junta. La resistencia que confrontará ya ha sido anunciada por sectores sindicales, políticos y del propio gobierno. La declaración de guerra provino con claridad de la alcaldesa de San Juan. Este es un síntoma claro de que hay motín a bordo.

Temo que, en la mente de muchos, la Junta tiene responsabilidades que no están contempladas en su agenda de trabajo. Cuanto problema hay será colocado a los pies de la Junta para que lo resuelva. De hecho, esto ya está ocurriendo. En el proceso se intentará desplazar toda la responsabilidad hacia los síndicos colegiados. Ahora bien, los recursos existentes o necesarios están comprometidos con una realidad totalmente distinta. Una realidad que buscará por todos los medios a su alcance mantener el status quo, v.gr., un gobierno que existe para sí mismo.

Algunos -los más optimistas- pensarán que para la Junta será cuestión de esperar y rendir las fuerzas de la resistencia por cansancio. Eso, estoy convencido, será un error. Si la Junta no asume control, si no actúa, si no genera resultados en corto tiempo, perderá toda efectividad. Si toma control y adquiere efectividad, será catalogada como dictadura. 

*Publicada originalmente hoy 26 de Julio de 2016 por Sin Comillas

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