“Impagable”

Desde que los ideólogos y los demagogos comenzaron a corear que la “…deuda es impagable” advertí por todos los medios a mi disposición sobre la falsedad de tal aseveración. Lo que es impagable, explicaba yo, es el gobierno que han creado los partidos políticos en esta isla. 

Hoy se anuncia que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido demandada por su propio fideicomisario, el US Bank, encargado de velar por los ingresos pignorados para el servicio de la deuda de la universidad del Estado. Una buena parte de los bonos emitidos por la UPR generaron recursos para refinanciar deuda vieja y financiar deuda nueva. El pago de esa deuda está garantizado por los ingresos que la institución recibe por el pago de matrícula. 

 El US Bank advierte en la demanda incoada ayer en el tribunal federal que los ingresos de matricula han sido desviados para otros propósitos. Es obvio que la UPR ha seguido órdenes provenientes del gobernador para incumplir con sus obligaciones. El gobernador ha puesto en marcha una estrategia, a mi juicio equivocada, dañina, contraproducente y reveladora del curso nefasto que ha tomado el gobierno de Puerto Rico en lo que se refiera al manejo de las finanzas públicas.

Mediante una frase que esconde la realidad de la situación fiscal, el gobierno pretende mantener el gasto al ritmo previo a la crisis pagándolo con los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado y sus dependencias. A esa irresponsabilidad los políticos del partido de gobierno y otros oportunistas periferales, le llaman “poner la gente primero” y “garantizar los servicios esenciales”.

El discurso político es poco menos que pura basofia. El gobierno ha violado y echado a un lado la ley que le gobierna, v.gr., la Constitución. Esa ley, mediante la cual nosotros, el pueblo, limitamos al gobierno para evitar que se convirtiera en tirano, hoy no es más que un estatuto federal. La destrucción ha sido posible por el ataque del propio gobierno de Puerto Rico y por la acción congresional solicitada por el Presidente de los EEUU.

Hoy Puerto Rico enfrenta una realidad tenebrosa. Un futuro de limitaciones y vergüenza está esperando a la vuelta de la esquina. El gobierno en su totalidad perdió el respeto de los mercados de capital. La palabra que antes fue garantía, hoy no vale el papel en que se escribe. La falta de entendimiento general y particular nos ha llevado a perder el crédito. La costumbre de los partidos, y la ausencia de liderato y conocimiento, impiden que se corrija el rumbo. El país continúa escuchando propuestas que no son otra cosa que más de lo mismo que nos está hundiendo. Se pretende apagar el fuego, echándole cubos de gasolina. 

Las promesas de los candidatos a puestos electivos, presentados por los partidos o independientes, no son otra cosa que propuestas de gasto adicional, adornadas con frases inconsecuentes y tontas. En síntesis, los candidatos y los partidos nos dicen que el estancamiento de la economía se resuelve haciendo que la economía crezca. ¿No me diga usted? Nos explican que el desarrollo socio-económico sostenido y sustentable se alcanzará mediante un gobierno transparente, participativo, equitativo e inclusivo. Tal desarrollo será producto de un plan.

El plan no conllevará sacrificios para nadie. Bueno, para nadie que no sea los que ya estamos sufriendo las consecuencias del descalabro fiscal. Los que han sido despojados de sus ahorros. Los que han sido empobrecidos por vía de un esquema fraudulento que ha provocado la bancarrota del banco del gobierno. Una bancarrota que surge del desfalco permitido contra el banco por el propio dueño, v.gr., el gobierno. Los explotados hasta ahora seguirán sufriendo porque, aunque no se diga de esa forma, no cualificamos para la categoría de prioridad designada. Es decir, no somos “gente”. Por si no nos habíamos enterado, el gobierno no está para servirnos a nosotros. No, está para que nosotros le sirvamos. Hemos llegado al punto de partida. Hemos creado un tirano.  

En fin. La deuda es pagable. Lo que no es pagable es el gobierno que tenemos. Por eso, a la larga, de una forma u otra, habrá que pagar. Ahora bien, el tiempo y la demografía son crueles. Quién pague y a qué coste, aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con toda certidumbre es que esta vez no vendrá nadie de afuera a pagar por nosotros.

Chupémonos ésta en los que nos mondan la otra.

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El elefante no vuela

Durante ésta época arrecian las declaraciones y manifiestos que hacen los candidatos a puestos electivos. Los candidatos a la gobernación presentan todo tipo de iniciativas con las que supuestamente el gobierno, con una de estas personas a la cabeza, lograrán que la economía de Puerto Rico se desarrolle. Los candidatos prometen que, desde su sitial, harán que el gobierno produzca el deseado milagro económico.

Todos parten de un supuesto subyacente: el gobierno tiene la capacidad de arrancar la maquinaria que producirá el desarrollo económico y social.

Nadie se cuestiona la capacidad del gobierno para lograr lo que prometen los partidos y sus candidatos. Ahora bien, póngase usted a pensar lo siguiente: ¿qué pasa si el gobierno, especialmente el gobierno democrático representativo, no es capaz de lograr lo que promete? Después de todo, el elefante no vuela.

Elías Gutiérrez


Soy de la opinión que los gobiernos, especialmente las democracias, no tienen la capacidad para lograr que las economías de sus dominios alcancen eso que llaman “desarrollo económico”. La dificultad parte de los principios elementales del problema. Por ejemplo, el “desarrollo económico” consiste de procesos que tienen significados distintos para distintas personas. ¿Cómo podemos prometer algo que no hemos definido y acordado entre nosotros mismos?Para no enredarnos con sutilezas filosóficas, definamos como desarrollo una elevación del estándar de vida sostenida durante un tiempo que alcance el lapso de una o más generaciones. Será indispensable contar con indicadores de proceso para medirlo y seguirle la pista a su progreso temporal.

Es necesario hacer un paréntesis para hacer la salvedad correspondiente; v.gr., desarrollo y crecimiento no son sinónimos. El desarrollo contiene elementos cualitativos, difíciles de medir. El crecimiento conlleva centrarse en lo cuantitativo. La dificultad que presenta el crecimiento estriba en qué se incluye y qué se excluye del monto a medir.

La teoría del crecimiento económico nos ofrece métricas convenientes para medirlo. Definamos el estándar de vida en términos de la tasa de crecimiento del producto real per capita. En esta definición predominarán los elementos cuantitativos del desarrollo. Por el momento, dejemos a un lado la dimensión cualitativa. 

El ritmo de crecimiento del producto real se escoge como medida del estándar de vida. El estándar depende directamente de la inversión. A su vez, la inversión se realiza por vía del sacrificio que conlleva la postergación del consumo. Es decir, que el ahorro es determinante directo del ritmo de elevación del estándar de vida. 

La eficacia de la estructura de producción se mide por vía del requisito unitario de capital. En la medida que los requisitos de capital productivo disminuyan , la capacidad para crecer aumentará. El nivel general de precios actúa para acomodar el valor de mercado de la producción y establecer el estándar real de vida. La inflación, por lo tanto, influye inversamente sobre el estándar.

En la medida que la población aumenta o disminuye, lo producido será distribuido en mayor o menor proporción por habitante. Al final de la jornada, éste será el resultado que percibirán en su vida cotidiana las familias y los individuos.

Ahora bien, a lo que vamos. ¿Cómo logra un gobierno que se eleve el estándar de vida de la población? Pues, para ello tendrá que manejar los elementos de los que depende la tasa de crecimiento del producto real per capita. Los gobiernos puede hacer más o menos difícil que el ritmo de crecimiento del producto real acelere. Lo pueden hacer extrayendo recursos de las actividades productivas por vía de impuestos. Lo pueden hacer por vía de leyes y reglamentos que premian el consumo y persiguen el ahorro. Los gobiernos justifican su intervención y el resultado negativo sobre el ritmo de producción alegando que buscan justicia social por vía de la redistribución del ingreso y la riqueza. 

Los gobiernos pueden reducir el valor de la producción y la riqueza. Lo pueden hacer por vía del comportamiento fiscal que eleva el índice general de precios y disminuye el valor real de la producción. Los gobiernos pueden elevar los requisitos de capital por unidad de producción y hacer menos eficiente la estructura de producción de la economía. Esto último lo pueden hacer aumentando el tamaño del sector público a coste de los sectores productivos privados.

Los gobiernos pueden intervenir y lograr efectos como los señalados arriba. Ahora bien, nótese que son efectos más bien negativos. Resulta más difícil lograr que las intervenciones de los gobiernos en la economía sean positivos sobre el estándar de vida. 

Los gobiernos, especialmente los democráticos, no pueden, y no saben, cómo elevar el estándar de vida. Se ven impedidos de premiar el ahorro. No tienen idea de cómo reducir los requisitos de capital por unidad de producción. De hecho, los candidatos a puestos electivos no tocan el tema de la producción. Sus promesas van dirigidas a la distribución. Por supuesto, este tema lo atacan haciendo referencia a lo que algún grupo o sector ganará. Callan sobre qué otro grupo o sector tendrá que sufrir el sacrificio asociado.

Los sectores públicos se han convencido a sí mismos que la eficiencia no es un factor que se requiera en las actividades de gobierno. Esta visión ha contribuido al gigantismo de los gobiernos. En el caso de Puerto Rico, la elefantiasis del sector público lo ha convertido en el obstáculo más formidable que confronta la economía productiva del país. El gobierno ha dejado de ser promotor del desarrollo, para convertirse en poderosa retranca que lo frena.

Ahora bien, suponga usted, por unos instantes, que el gobierno sufre una transformación filosófica. Supóngase que se decide alterar el comportamiento del sector público con el fin de sacar la economía de la trampa en que se encuentra. Supóngase que los obstáculos políticos que levantan los partidos se logran arrestar por un período suficientemente largo como para permitir una intervención efectiva en pro del desarrollo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Les traigo noticias. He llegado al convencimiento de que el gobierno no tendría la menor idea. 

El gobierno no sabría qué es eso de “desarrollo”. No tendría la menor idea sobre lo que conlleva la productividad. No tendría la menor idea de lo que conlleva una gerencia adecuada de los sistemas. No tiene la menor idea de lo que requiere la educación en estos tiempos de cambio tecnológico y de desarrollo del conocimiento. 

El gobierno no es ya el instrumento que podría conducir a una ruta de crecimiento de la producción y el desarrollo. No lo puede hacer en su dimensión cuantitativa y menos en su dimensión cualitativa. Esta es la lección que no acabamos de aprender. Luego de siglos de dependencia en el sector público, nuestra sociedad teme verse suelta de la mano y encaminándose en un rumbo que requiere menos gobierno, no más.

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Cambio de Reglas

El gobierno federal ha cambiado las reglas que condicionan el riesgo que conlleva invertir en el mercado exento de bonos municipales. Como resultado, se percibe una prima de riesgo mayor, y por lo tanto, un coste de capital más alto. 
Las puertas del mercado de capital están cerradas para Puerto Rico. Si eventualmente abren, las condiciones no serán las mismas que antes conocimos. El coste de capital será mayor. Ello se reflejará en las garantías exigidas, la colateral será más valiosa, el precio de los instrumentos en el mercado secundario será más bajo. Las leyes de la oferta y la demanda serán implacables.
Nos llega información que indica que el pulseo político no cesa. Aún no se ha nombrado Junta de Supervisión y Control Fiscal. No obstante, la administración del presidente Obama continúa empeñada en lograr cambios en el estatuto llamado PROMESA. Especialmente se busca enmendar la forma en que se nombran los miembros de la Junta. Ello para tener mayoría ideológica en el nuevo organismo. La estrategia puesta en marcha por el Departamento del Tesoro busca dilatar el proceso con la esperanza de que el resultado electoral de noviembre devuelva la mayoría a los demócratas en el Congreso. Por vía de PROMESA, la tesorería busca volver a cambiar las reglas en el mercado de capital. Una gran derrota del partido Republicano, provocada por la candidatura de Donald Trump, comienza a perfilarse como una posibilidad en el horizonte. 

El objetivo de la tesorería consiste en lograr mayoría demócrata en la Junta para que altere el orden de prelación de pagos en la deuda municipal. La tesorería busca dar prioridad a las pensiones sobre los bonos. Esta prelación va a contrapelo con lo establecido en muchas constituciones estatales, incluido Puerto Rico. Esto ya ocurrió en Detroit. Tanto Illinois como Nueva Jersey buscan lo mismo. Esto explica el poco usual interés de los políticos de esos estados por el caso de Puerto Rico. Resulta obvio que el Partido Popular Democrático anda por las mismas, sin decirlo con claridad. El doble discurso sigue siendo su idioma predilecto.

Lo único que puede extraer la economía de Puerto Rico de la trampa en que se encuentra sería un esfuerzo colosal de inversión sostenido por un tiempo no menor de doce años. En la medida que el coste de capital se mantenga fuera de nuestro alcance continuaremos empobreciendo. Los cambios en las reglas que continúan impulsando los políticos sólo aseguran el peor de los escenarios.

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El plan…

No puedo mantenerme en silencio. Continuamente se presentan “planes” con los que se intenta alegadamente acometer la solución a graves problemas del país. No obstante, los susodichos “planes” no lo son. En realidad consisten de expresiones del deseo que tal o cual cosa ocurra.
Un plan va dirigido a la acción. Acción que requiere comprometer recursos. Por lo tanto, es necesario que el plan contemple los elementos clave en cualquier proyecto de inversión. Especialmente, ¿cuánto se requiere, cómo será aplicado el capital, quién lo pondrá a riesgo, que se espera alcanzar con la aplicación de dichos recursos, cómo se justifica el esfuerzo que se considera realizar, cuánto tiempo tomará el esfuerzo, cómo se medirán los resultados?
El problema económico surge de la coexistencia de querencias sin limites ante recursos escasos. El plan es necesario porque los recursos son escasos y el mercado puede que no ayude a producir una solución enteramente satisfactoria para la sociedad o para individuos que forman parte de la sociedad. 
Finalmente, el plan no se justifica porque sobren recursos y se busque cómo gastarlos. El plan consiste en el resultado de un ejercicio que intenta reducir el riesgo que conlleva la inversión de capital en el proyecto. En ausencia de ese elemento crítico, no hay tal “plan”.

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¿Qué va a pasar aquí?*

El Congreso de los EEUU se ha visto forzado a tomar cartas en el juego. Ejerciendo la autoridad que detenta y espueleado por el Presidente, el Congreso ha reconocido que el gobierno de Puerto Rico se ha metido en una encerrona. Una trampa fiscal y financiera que ahoga su potencial económico y amenaza con arrastrar consigo, barranco abajo, a otros componentes del sistema financiero municipal exento. La dinámica de la debacle amenaza con destruir lo que resta de la clase media residente en la isla. El sistema político no ayuda. Por el contrario, lo que hace empeora la condición de empobrecimiento y descapitalización. A esto se une un fenómeno mortal para el capitalismo. Se trata de una dinámica de deflación del valor de los activos reales y financieros. De continuar esa dinámica, no quedará piedra sobre piedra en la plataforma que sostiene la economía y a la sociedad misma.

Ante la gravedad de la condición que nos abruma, ¿qué podemos atisbar en el horizonte cercano? ¿Qué ocurrirá cuando el grupo de siete síndicos colegiados que ha ordenado el Congreso para tomar control de un gobierno desmadrado, comiencen a desempeñarse? Un querido amigo me hacía esa pregunta hace apenas unos días. He aquí mi respuesta.
Muy poco. Quizás, nada.

Me temo que la junta colegiada de síndicos que habilita la ley llamada PROMESA confrontará una muralla de resistencia a los niveles medios y bajos de la espesa burocracia local que le impedirá funcionar efectivamente. Esa realidad irá percolando hasta que la Junta llegue a una conclusión inevitable. La Junta se verá forzada, al cabo de un tiempo precioso, a tomar control. Ello si realmente intenta cumplir con su misión. Mientras tanto, ¡no ocurrirá nada! 

Él gobierno de Puerto Rico no es sostenible por la economía que tiene el país. Esa realidad aún no ha sido internalizada por la sociedad. Los partidos continúan prometiendo soluciones que requieren acción de gobierno. No obstante, no hay los recursos para intentar ejecutar esas acciones de gobierno. 

Peor aún, si hubiesen los recursos para poner en marcha lo que prometen los partidos, harían más daño que bien. Ello, porque lo que proponen consiste en aumentar el gasto público sin expandir la base de capital productivo del sector privado. De hecho, los partidos han creado un sector público que ve como contrincante al sector productivo de la economía. Esta realidad no es una mera teoría. El gobernador García Padilla lo admite cuando explica con amargura cómo fracasó su reforma contributiva.

Volvamos a la Junta. La resistencia que confrontará ya ha sido anunciada por sectores sindicales, políticos y del propio gobierno. La declaración de guerra provino con claridad de la alcaldesa de San Juan. Este es un síntoma claro de que hay motín a bordo.

Temo que, en la mente de muchos, la Junta tiene responsabilidades que no están contempladas en su agenda de trabajo. Cuanto problema hay será colocado a los pies de la Junta para que lo resuelva. De hecho, esto ya está ocurriendo. En el proceso se intentará desplazar toda la responsabilidad hacia los síndicos colegiados. Ahora bien, los recursos existentes o necesarios están comprometidos con una realidad totalmente distinta. Una realidad que buscará por todos los medios a su alcance mantener el status quo, v.gr., un gobierno que existe para sí mismo.

Algunos -los más optimistas- pensarán que para la Junta será cuestión de esperar y rendir las fuerzas de la resistencia por cansancio. Eso, estoy convencido, será un error. Si la Junta no asume control, si no actúa, si no genera resultados en corto tiempo, perderá toda efectividad. Si toma control y adquiere efectividad, será catalogada como dictadura. 

*Publicada originalmente hoy 26 de Julio de 2016 por Sin Comillas

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No vivimos en el País de las Maravillas

La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas ha colocado en estado de insolvencia al gobierno del territorio. Puerto Rico ha perdido en el uso cotidiano hasta el título de “Estado Libre Asociado”. Ahora se le hace referencia meramente como “el territorio”.No vivimos en el País de las Maravillas.El Congreso ha decidido intervenir al gobierno de Puerto Rico. Lo ha hecho ante un reclamo del Presidente de los EEUU. El Presidente encargó al Secretario de la Tesorería a que gestionara personalmente la intervención del Congreso. 


La intervención del Congreso va dirigida fundamentalmente a viabilizar una reestructuración de la deuda pública amasada por el gobierno de Puerto Rico a través de los años. Para ello, el Congreso ha dotado a una junta de siete miembros nombrados por el Presidente con poderes amplísimos y extraordinarios. Ello alimenta las expectativas de aquellos que insistían en que se requería un poder libre de la influencia política interna para tomar decisiones necesarias pero rechazadas durante años por razones políticas.

Ahora bien, el Congreso ha actuado, pero se abstuvo de dotar al organismo que creó para realizar la intervención requerida, de los recursos mínimo-necesarios para intervenir exitosamente. La realidad política en los EEUU impidió que el Congreso destinara un centavo a lo que pudiera denominarse “un rescate” del gobierno del territorio. ¡Grave error!

La Junta (de control o supervisión, etc.) se confrontará más pronto que tarde con una realidad. La reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico no podrá realizarse en un vacío. Su éxito requiere financiación de corto plazo que no está disponible en el mercado de capital para Puerto Rico. Más importante aún, será necesario reestructurar el gobierno del territorio y su economía. La economía de Puerto Rico se ha achicado durante la pasada década en un 15 por ciento. Por lo tanto, independientemente de la nueva estructura de términos de su deuda, la expansión de la plataforma de producción es indispensable para dotar de viabilidad cualquier esfuerzo de reestructuración.

 La Junta confrontará rápidamente dos requisitos ineludibles: 1) capital de corto plazo para sostener las operaciones básicas del gobierno; y 2) capital de largo plazo. Este último para financiar la inversión que permita dar impulso a la nueva estructura de producción y a la reconstrucción del acervo de capital dilapidado y obsoleto con que ahora cuentan los sectores público y privado de Puerto Rico. 

A grosso modo, estimo que la Junta encontrará necesario contar con $1,000 millones de capital de corto plazo para operaciones y $5,000 millones de capital de más largo plazo para financiar la reestructuración del sector público. Estimo que la economía de Puerto Rico requiere $10,000 millones de inversión bruta anual, sostenida durante unos doce años (3 cuatrienios), para despegar y soltar las cadenas que la mantienen estancada. Sólo con ese gran empuje dirigido principalmente hacia la producción (no al consumo) habrá esperanzas de éxito. 

Aún limitando el objetivo de reestructuración del sector público a una simple reducción en tamaño, será necesario contar con capital suficiente. Pensar que el proceso que confrontamos podrá realizarse sólo ordenando que ocurra, sería suponer que estamos viviendo en el país de las maravillas. Las leyes fundamentales de la física (y de la economía) establecen que es imposible esperar un “output” sin un “input”.

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Disquisiciones del gobernador

El gobernador continúa asombrándome al punto de dejarme con la lengua afuera. A raíz del anuncio oficial de su orden para que no se pagara el monto vencido, no reservado, del principal e intereses devengados, el gobernador nos dice lo siguiente:  

 “El 1ro de julio comienza una nueva etapa para Puerto Rico. Por mucho tiempo hubo gobernadores que nos dañaron el crédito porque se hacían las cosas mal. Lo que se hizo con eso fue hipotecar el futuro haciendo obras faraónicas para ganar elecciones”.

 “Hoy, Puerto Rico está protegido contra los acreedores. Hoy el país empieza a ser de nuevo nuestro y no de los acreedores. Hoy los acreedores no nos pueden demandar para quitarnos el país, no nos pueden demandar para cerrarnos el gobierno”.

Lo que afirma el gobernador con tono triunfalista no es cierto. Veamos:

Puerto Rico no es el gobierno. El gobierno no es Puerto Rico. He ahí la gran equivocación. Contrario a lo dicho por el gobernador, Puerto Rico no está hoy protegido de sus acreedores. Lo que ha sucedido es que el Congreso federal ha provisto un escudo que protege temporalmente al gobierno territorial, de sus acreedores. Acreedores que incluyen a los tenedores de bonos, a los pensionados y a los por pensionarse. En esa categoría caen, además, los proveedores de bienes y servicios ya prestados y a quienes el gobierno adeuda miles de millones de dólares. 

Los tenedores de bonos han sido burlados por el gobierno al no cumplir con la disposición constitucional, ni con las disposiciones establecidas en los contratos bajo los que se emitieron los bonos. Se estima que entre los tenedores de bonos hay 60,000 residentes de la isla que prestaron unos 15,000 millones de dólares al gobierno. El gobernador traicionó a los participantes de los planes de pensiones, y a los que compró a crédito bienes y servicios. A los tenedores de bonos los engañó presentando un estado de situación financiera falso y ofreciendo garantías fatuas. Además, traicionó la buena fe de otros de categoría similar que no son residentes de Puerto Rico. Por eso el mercado de capital cerró sus puertas al gobierno de Puerto Rico. Por eso el Congreso actuó y a consecuencia de esa actuación quedó desvelada la condición de subordinación política de la relación entre los gobiernos de la isla y de los EEUU. 

Puerto Rico no está, ni ha estado, en las garras de acreedores que pretenden “cerrar el gobierno” con la complicidad implícita de los jueces que presidan los procesos de reclamación por daños sufridos y contratos menoscabados. 

No. Puerto Rico está cautivo por un gobierno tiránico que malversó la riqueza de su clase media y trabajadora. Un gobierno insostenible por su escala. Una escala que supera por mucho lo que es costeable para un país pobre como el nuestro. Un gobierno que, en vez de colaborar en la producción, se dedica a la destrucción de la riqueza del país. Un gobierno que existe para sí mismo, contrario a lo que proclama por vía de los engaños de su propaganda oficial y partidista. 

No, el país no está protegido de sus acreedores. Es el gobierno el que ha comprado tiempo logrando que el Congreso le proteja de los legítimos reclamos de quienes le prestaron sus ahorros y su capital. Queda protegido además, el partido, hasta que concluya el próximo evento electoral. 

Pero en el estilo del “double think” y el “double talk” que ya es marca de fábrica de éste gobierno, lo negro es blanco, lo blanco es negro, lo pequeño es grande, dos más dos es igual a siete y la solución consiste en cuadrar el círculo.

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El Día Después

Asombro, perplejidad, vergüenza e indignación: son los sentimientos que me atormentan al escuchar a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y a los políticos, electos y aspirantes, pontificar y ofrecer el resultado de su “spin” a la ruina en que han sumido al gobierno y al país. De todos, lo que más hiere son las expresiones del gobernador. Su demagogia no tiene límites. Las medias verdades, el “double talk” producto de su “double think”, resulta ser insufrible. ¿En qué situación se encuentra el gobierno de Puerto Rico? Pues, veamos.
Sabemos que el gobierno está en la bancarrota. No tenemos un cuadro preciso de la profundidad y amplitud de esa condición porque el gobierno ha escondido los estados financieros certificados (“auditados”) que reclamó insistentemente el Congreso hasta la hora misma en que se votó por el proyecto de ley que terminó con el gobierno autónomo de la isla. No obstante, los síntomas e indicadores son claros. La irresponsabilidad ha devastado la riqueza del país. La población de clase media ha sido arrebatada de sus ahorros. Gran parte de ese caudal de ahorros estaba destinado a sufragar parcialmente años de jubilación. No era un fondo de especulación. El gobierno se ha incautado una buena parte de la riqueza privada tomándola prestada aduciendo a la garantía constitucional que la protegía. Otra buena parte la ha tomado a “préstamo” a sus suplidores al no pagar por bienes y servicios entregados de buena fe y pactados por vía de contratos que ahora se ven menoscabados. Prestamos a punta de pistola.

Para realizar este despojo, el gobierno utilizó a su propio banco y agente fiscal en un esquema que desvió fondos públicos bajo promesas de pago que los funcionarios sabían ser falsas. El gobierno dio la vuelta a las limitaciones cautelares de la Constitución creando corporaciones públicas cuyo único fin ha sido tomar prestado para financiar excesos del gasto que sobrepasaban las rentas del Estado. Las magnitudes son portentosas. Los activos del Banco Gubernamental de Fomento correspondientes a préstamos de agencias públicas incluyen más de $4,000 millones que ahora, por ley, 40 por ciento se echa a perdidas y se borra de las cuentas del banco. El resto de los balances se retienen en los libros sabiendo que no se pagará nunca. Esto lo hace nada menos que el “agente fiscal” del gobierno.

Políticos que dieron la impresión de que realizaría el sacrificio supremo en protesta por la imposición de una superestructura de gobierno encarnada en un junta de control o supervisión fiscal, hoy le dan al bienvenida y se cantan hábiles para “trabajar” con ella. No importa que hasta hace unas pocas horas calificaran de vejamen imperial la imposición del organismo colonial que habían condenado hace unos días en la Organización de Naciones Unidas.

En resumidas cuentas, el gobierno descalificado del territorio no incorporado ha logrado mantener las operaciones a la escala actual utilizando los recursos originalmente destinados a los pagos de principal e intereses de la deuda pública. Ahora el gobernador reclama haber salvada al país de sus acreedores. De los “buitres” que amenazaban con desatar una crisis humanitaria con tal de hacer cumplir a gobierno con los compromisos contraídos. El gobernador obvia, por supuesto, hacer referencia a que el 20 por ciento de la deuda está en manos de residentes de Puerto Rico. Se estima que ese grupo de “bonistas” alcanza la cifra de 60,000 personas.  

El Partido Popular Democrático creó la clase media. Ese logro fue resultado de la industrialización y la urbanización de Puerto Rico. La pobreza del país obligó a utilizar ahorros externos para crear la plataforma sobre la cual se produjo la industrialización y urbanización de la isla. La quiebra del gobierno y el estancamiento de la economía han atestado un golpe mortal a la clase media.

En la raíz de esta dinámica se encuentra un sistema partidocrático alimentado por una filosofía de gobierno paternalista que ha producido una sociedad dependiente. En ese ambiente, la distribución alcanzó el pináculo de las prioridades. La distribución aun en ausencia de la producción. Los partidos abandonaron la producción como misión y propósito de la economía. El gobierno se convirtió en la primera y predominante “industria”, se tornó en empleador principal, se transformó en un modo de vida. 

El gobierno creció y sobrepasó sus limites. Llegó al límite y perdió su viabilidad. 

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El Final de Norma

Amigos, algunos piensan que el estancamiento de la economía de Puerto Rico y la bancarrota del gobierno tienen como causal el “status” que ha regido. Siento disentir. No importa qué forma de relación se establezca entre los EE UU y Puerto Rico, la irresponsabilidad fiscal y el populismo conducen al mismo “final de Norma”. La evidencia es abundante.
Por ejemplo, el estado de Illinois está fiscalmente destrozado. Por si alguien no lo sabía, Illinois es un estado de la federación de los EE UU. Cientos de ciudades, como Detroit, son ejemplos de total descalabro. Venezuela es una república independiente. De hecho, hasta que Chaves le cambió el nombre, era conocida como Estados Unidos de Venezuela. Rica en recursos naturales, especialmente petroleo. Hoy día un desastre financiero, económico, político y sociológico.
En la década del 1980 los Estados Unidos de México fueron rescatados de su bancarrota por los Estados Unidos de América.

La Unión Soviética resultó ser un fraude colosal dónde el gobierno hacía el aguaje de la producción y los obreros hacían el aguaje del consumo. Eventualmente todo el imperio se vino abajo.

No, amigos mios, temo que el causante del desastre radica en otro denominador común. Somos nosotros. Y “nosotros” incluye a todos. Cuando a una sociedad se le ocurre que puede salirse con la suya desafiando las leyes de la naturaleza, el resultado es inevitable. La ley de gravedad obliga a que todo cae hacia abajo. Los políticos pretende hacernos creer que tal o cual status hará que las cosas caigan hacia arriba. Lo triste es que convencen a suficientes personas de que tal cosa es posible.

No puede repartirse lo que no se ha producido. Por eso es que pretender distribuir la riqueza antes de haberla producido y acumulado es un disparatate. Un disparate que nos ha llevado a tomar prestado las riquezas de otros para repartirlas. 

No importa qué status político rija las relaciones entre Puerto Rico y los EE UU, la única solución a nuestro problema económico es la producción. Eso fue lo que me enseñó mi padre.

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El Despelote

¿Qué sorpresa confecciona el Congreso como respuesta al reclamo de acción que busca el gobierno de Puerto Rico? Esa es la pregunta que se hacen cada vez más residentes de este territorio. La incertidumbre se extiende en la medida que la población va aceptando que las circunstancias son negativas. Los políticos no convencen con su discurso vacío, contradictorio y enajenad de  la realidad.

Hoy el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto le informó al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo legislativo, que, cualquiera que sea el curso de acción por el que opte el gobierno en lo se refiere al cumplimiento de sus obligaciones, el presupuesto de gastos (fondo general) reflejará una situación tétrica. Es decir, una sociedad que se acostumbró a vivir del gasto público confronta hoy una discontinuidad. De pronto, las reglas del juego han cambiado. Estamos en otro mundo. El gobierno llegó a su límite.

No sólo ha explotado la burbuja de gobierno, sino que también arrastra al sector privado de la economía. Los sectores productivos son víctimas de una estructura insostenible que pretende sobrevivir a costa de los ahorros de la clase media. En la medida que lo logra, empobrece al agregado social. La dependencia reina y amenaza con incorporar a la totalidad de la población en una pesadilla traumática de fracaso y desesperanza. Me llamaron “profeta del desastre”. El desastre llegó. Ahora soy cronista de un proceso de descomposición social, producto de un fracaso generacional. Los “nietos de Muñoz” han destruido la infraestructura institucional que sostenía la economía. Olvidaron la palabra “producción”. Se concentraron en complacer a las masas con promesas populistas enfocadas en la “distribución” y eventualmente han llevado a la bancarrota al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Congreso se apresta a “complacer” nuestra petición. Va a hacer “algo”. A alguien se le ocurrió que ese “algo” podía ser una Junta de Control Fiscal y Financiero que pusiera orden en el despelote creado en Puerto Rico por repetidos gobiernos irresponsables. De todas formas, ya esa fórmula ha sido ensayada para corregir, con mayor o menor éxito, situaciones parecidas en otras jurisdicciones de los EEUU.

En Puerto Rico, el público respalda abrumadoramente la creación de una junta de control fiscal federal que tome las riendas y castigue al gobierno de Puerto Rico. El respaldo es genérico porque nadie puede decir a ciencia cierta qué “junta” será la que surja del proceso legislativo congresional. Cunde el pánico. Que venga la junta cueste lo que cueste. Ese parece ser el sentir de los ciudadanos.

Los políticos puertorriqueños no han defendido la constitución del ELA a la hora de proteger sus estipulaciones específicas concernientes a la prelación de pagos y al menoscabo de contratos. De hecho, aparentemente están dispuestos a aceptar el control fiscal y financiero federal del gasto y la reestructuración de deuda siempre y cuando vengan acompañadas de medidas para estimular “el desarrollo económico”. El problema con esto es que los políticos no saben lo que es “desarrollo económico”, ni cómo es que se produce ese fenómeno. No les importa. Lo que en realidad buscan los políticos es un presupuesto para controlarlo. De eso es de lo que trata el poder político. De repartir.

¿Que está por repartirse? Pues está por repartirse el sacrificio y el castigo. La clase media está siendo forzada a repartir sus ahorros para sostener un gobierno por el que no podemos pagar. Ese es el sacrificio al que el gobernador exige que se cumpla con una sonrisa en la boca. El castigo será infligido sobre una base poblacional más amplia. Esta base demográfica incluye a los viejos, a los niños, a los jubilados, a los que viven solos o con el cónyuge. Incluye a los abuelos que apoyan a sus hijos y a sus nietos, emigrantes en este proceso de desplazamiento forzosos que se deriva de la realidad económica. La emigración ha producido un fenómeno novedoso. Los emigrantes de antaño se iban y enviaban a sus progenitores remesas periódicas. Hoy la dirección de los flujos se ha invertido. En respuesta a las condiciones económicas prevalecientes, los hijos y los nietos emigran. Los padres y abuelos les apoyan desde la isla, utilizando sus menguados ahorros. De esa forma, la descapitalización de la clase media acelera. Si genuinamente se busca estimular el “desarrollo económico” será necesario revertir la dirección neta de los flujos de capital. Será necesario re capitalizar la economía de Puerto Rico. El proceso será sacrificado y políticamente cuesta arriba.

 El “desarrollo económico” es un concepto difícil de definir. Una de las razones por las que se produce tal dificultad es que la definición está cargada de valores. Frecuentemente se confunde el concepto con “crecimiento económico”. El crecimiento es un concepto menos dificultoso porque envuelve una dimensión más simple, se trata de más. Es decir, crecimiento implica más de lo mismo. Se trata de una dimensión cuantitativa. Desarrollo conlleva conceptos cualitativos. No solo más, sino mejor. No obstante, el capital es esencial para que se produzca. Nuestra sociedad tendrá que aceptar esa realidad, a pesar de las desigualdades que en la distribución surgen. La clave está en la producción. No se puede distribuir lo que no se ha producido. Repito, la clave está en la producción

La producción añade valor. La producción no se hace realidad por mero deseo. La producción requiere una plataforma. La misma se construye con capital financiero (ahorros internos y externos) y físico (maquinaria, equipo, algoritmos de computación). Es decir, se requiere inversión. La inversión no es otra cosa que la aplicación de ahorros a actividades que añaden valor por vía de la producción. 

La producción requiere del capital humano. Personas dotadas de destrezas y conocimiento. De ahí que la educación sea un elemento crucial que diferencia una población de otras. En la medida en la población se educa, su capacidad para añadir valor aumenta. Ahora bien, la educación es mucho, mucho más que la mera escolaridad. 

La producción requiere, además, una plataforma institucional. En otras palabras, se requiere de un gobierno respetuoso de la ley. El respeto por la ley es fuente de certidumbre y confianza

En nuestro afán por tomar atajos, hemos malversado los requisitos de la producción. Hemos permitido que los activos financieros (el ahorro acumulado) se despilfarre por un gobierno gigante, torpe, ineficiente e ineficaz. Hemos permitido que el capital físico se haya dilapidado y perdido su valor de mercado. Hemos estado dispuestos a violar la base de nuestro activo institucional, es decir, la Constitución. Ahora los reclamos contra las violaciones a la Constitución que se gestan en el exterior no pueden ser detenidos por los que juraron defender la Carta Magna de enemigos externos e internos ya que por sus actos han perdido la fuerza moral necesaria. El valor de los activos financieros que se anclaba en la promesa de garantía respaldada por la Constitución, ha colapsado.

El capital es un animal nervioso. Al menor indicio de que las condiciones están cambiando, el capital se asusta y se mueve con velocidades que varían entre los distintos tipos de capital. El capital financiero es de los más ágiles. El capital humano puede ser menos veloz. No obstante, en la economía de los EEUU la movilidad de la fuerza laboral es muy significativa. La emigración es síntoma y variable de ajuste. Representa una pérdida de capital adicional, el capital humano. 

Puerto Rico pierde capital de todo tipo a ritmo hemorrágico. Todos los activos se han devaluado. La pérdida de capital de todo género significa que hemos entrado en un período histórico de empobrecimiento. Todos los días amanecemos más pobres que en el ocaso del día anterior. Los políticos no entienden. Nacieron y se criaron en un mundo dominado por el gobierno grande, paternalista, todopoderoso. Aún piensan que el “desarrollo económico” se puede alcanzar por vía de gasto público. La deuda, que la pague otro… 

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