Alianzas y Consecuencias

Las alianzas en el plano político son más frecuentes y viables en sistemas parlamentarios. En nuestro sistema republicano de gobierno el concepto no funciona de igual forma.

Las alianzas de las que tanto se habló con relación a las elecciones que acaban de celebrarse en Puerto Rico pueden describirse con mayor precisión como promesas de campaña acordados con grupos de interés especial. Por ejemplo, el candidato triunfador hizo ese tipo de “alianza” con los sindicatos del sector público, con grupos dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico, con la asociación de maestros de sistema público, activistas ambientalistas y con la asociación de pensionados del gobierno.

1) Erradicación de la cuota establecida en lugar de una revisión en la tarifa de matrícula de la UPR;
2) Aumento en salarios de los maestros del sistema público;
3) Permanencia de beneficios otorgados a los pensionados por legislación, pero por los que no se cotizó;
3) Sustitución de los ejecutivos de la autoridades de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados
4) Derogación de la ley conocida como “ley Tito Kayak”;
5) Promesas para no establecer tributos adicionales o aumentar las tasas que aplican en los ya existentes;
6) Promesas expresadas en lenguaje leguleyo para dar la impresión que el descalabro de los sistemas de retiro del gobierno puede ser remediado sin tocar a los interesados.

Tomemos estas seis áreas y examinemos el resultado de las supuestas alianzas. En primer término, notarán ustedes que las llamadas alianzas no son otra cosa que compromisos de campaña por los cuales el candidato prometió hacer o no hacer a cambio del apoyo electoral. Veamos.

La UPR ha sido intervenida por los partidos políticos desde siempre. Esa intervención se traduce en una dependencia extrema de la institución en fondos públicos para su operación. Esta realidad se ha tratado de mitigar por vía de una fórmula que establece por ley la porción porcentual del fondo general que se destina a la UPR. En ciertas épocas, el gobierno central ha utilizado su poder para circunvalar dicha fórmula. Lo ha hecho, por ejemplo, definiendo si tal o cual ingreso del Estado va al fondo general o no. También se ha recurrido a obligar a la UPR a sufragar gastos que le corresponden al gobierno central. El ejemplo más dramático lo tenemos con el hospital de la UPR en Carolina. Ese hospital acumuló deudas con la UPR que rebasan los $60 millones. En días recientes, la Junta de Síndicos de la UPR condonó dicha deuda.

La calificación crediticia de la UPR ha sido revisada hace escasamente unos días y colocada en un nivel inferior a requerido para considerarse de calidad de inversión. Moody´s Investor Services ha colocado a la UPR en categoría especulativa. La que comúnmente se conoce como “junk”, basura, español. La cuota que en la campaña el gobernador electo prometió erradicar está garantizando el servicio de parte de la deuda de la UPR. Si se erradica, el Estado tendrá que suplir una garantía sustituta y un ingreso suplementario a la institución.

El gobierno de Puerto Rico muestra un déficit estructural en su presupuesto de funcionamiento. Como resultado de sostener esa situación deficitaria por décadas, la deuda ha crecido a niveles que rebasan la prudencia financiera. En otras palabras, ya no es posible recurrir a soluciones de naturaleza puramente financiera. Será necesario que la economía real responda y genere valor adicional. Sólo la producción logrará crear oportunidades de trabajo. El trabajo, y la producción que de esa actividad surge, es la que tiene el potencial de sostener el estándar de vida y el gobierno que tenemos. ¡No es al revés!

Todas las promesas de campaña cuestan. Alguien habrá de pagar por ellas. El intento de dominio por, y el apaciguamiento ante, los sindicatos del sector público coarta la capacidad para generar producción desde las corporaciones públicas. El modelo de la corporación pública se basa en la autonomía de la entidad para con el ejecutivo y el legislativo. De esa forma, la corporación pública opera como una privada y genera un sobrante. De ese sobrante aporta “en lugar de impuestos” al erario.

El apaciguamiento de grupos activistas también cuesta. Si los grupos de presión logran que el gobierno deje de hacer cumplir la ley, el acervo de capital social se menoscaba. Esta realidad es así tanto para temas de carácter ambiental, como para cualquier otro.

La función principal del gobierno ha de ser, precisamente, hacer cumplir la ley y proteger a las partes cuando establecen, por vía de contratos, la ley entre ellas. He aquí el problema que surge cuando se promete erradicar una ley que lo que busca es que el estado proteja la propiedad y los derechos de los ciudadanos. La ley conocida como “Tito Kayak” intenta hacer valer el derecho de aquellos desarrolladores que, habiendo obtenido los permisos requeridos, sufren la paralización de las obras por el activismo de opositores al proyecto.

El mensaje que recibe la comunidad inversionista es que la nueva administración no protegerá necesariamente la construcción de un proyecto, si el mismo genera oposición. No hay forma que de ahora en adelante la percepción de riesgo asociado a inversiones a realizarse en Puerto Rico aumentó con esas declaraciones del gobernador electo. Más aun, cuando fueron hechas en una reunión con activistas de medio ambiente. Esa percepción se verá reflejada un el coste de capital más alto para Puerto Rico. Lo que menos necesita la economía del país.

El mismo análisis puede hacerse con el resto de los 6 puntos señalados anteriormente.

About Elías Gutiérrez

Profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico desde 1966. Nació el 3 de julio de 1942 en la ciudad de Nueva York. En 1945 se traslado a Puerto Rico. En 1964 y 1965, respectivamente, obtuvo grados de Bachillerato y Maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico. En 1966, cursó estudios postgraduados en Planificación Económica en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Más tarde, en 1969 y 1973, respectivamente, obtuvo grados de Maestría y Doctorado en Economía y en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell.
This entry was posted in Economic Policy, Politics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply