¿El Gobierno y el Tipo de empleo?

Parece haber la noción entre economistas y planificadores en cuanto al tipo o clase de puestos de trabajo que necesita Puerto Rico. Más aun, parece haber otra noción. La que sugiere que alguien tiene la capacidad para escoger cuáles habrán de “crearse” como resultado de acciones de gobierno.

Los puestos de trabajo son generados por la actividad productiva. La tecnología y el capital en conjunción con el esfuerzo de los seres humanos dotados de destrezas, determinan la productividad. Los salarios son establecidos en el mercado y responden a la necesidad que emana del volumen de producción. Los salarios tienden a reflejar la productividad de los que trabajan.

Es decir, que no es posible decidir de antemano que se van a “crear” puestos de trabajo de tal o cual categoría salarial. Esa es una determinación que se realiza en las empresas y que se transmite por el mercado.

En Puerto Rico el mercado laboral no funciona eficientemente. En buena medida, esa ineficiencia surge de la intervención que, por vía de legislación, reglamentación y organización sindical, hace que la productividad no sea el elemento dominante a la hora de determinar salarios. Más bien, es el coste unitario laboral el que se convierte en el parámetro determinante de los salarios.

Uno de los factores que han interferido negativamente en el mercado laboral de Puerto Rico ha sido la promulgación por ley del salario mínimo. El salario mínimo es una medida propulsada por los políticos porque a primera vista luce como algo consistente con una sociedad que busca la justicia social. No obstante, ese instrumento, como otros, puede convertirse en elemento detrimental para el desarrollo de una economía. La introducción del salario mínimo federal en Puerto Rico fue impulsada por un líder sindical que operaba en la industria norteamericana de fabricación de ropa interior de mujeres. Lo hizo como una medida de protección de los puestos de trabajo ubicados en el sureste de los EEUU. Puerto Rico se había convertido en un competidor que atraía fábricas de esa región por la combinación de exención contributiva y bajo coste laboral.

A la larga, la medida de “protección” fue exitosa. Acabó con la fabricación de ropa interior de mujer en Puerto Rico. Las empleadas que permanecieron trabajando en los pocos puestos que sobrevivieron, recibían, como máximo, el salario mínimo. Las desempleadas no recibían nada.

La aplicación del salario mínimo acabó de destruir la agricultura en Puerto Rico. Ello porque la productividad marginal de la mano de obra en la agricultura está por debajo del salario.

El traqueteo de los gobiernos con el mercado laboral resulta generalmente en una pérdida para el bienestar social. En el caso nuestro ha elevado el “precio” de la unidad de trabajo. Para colmo de males, lo ha hecho en un mercado donde hay excedente laboral. El “precio” de la unidad de trabajo, es decir, el coste unitario, no ha podido operar para ajustar el mercado a la oferta de trabajo.

Como resultado del coste laboral con relación a la productividad, las empresas han introducido tecnología y procesos que economizan el insumo laboral. Nuevamente, los que quedan trabajando se “benefician” del alto coste unitario. Pero los que quedan sin empleo como resultado de la sustitución de capital y tecnología en los procesos de producción, van a la dependencia asistencial o emigran.

Los burócratas no tienen la menor idea de cómo averiguar que es lo que debe producir una economía. No saben ni dónde están los mercados, ni cuánto se debe producir. Si no saben ni siquiera dónde buscar esa información, cómo van a determinar qué puestos de trabajo son los necesarios.

La experiencia con la utilización del número de puestos de trabajo como criterio ha sido un fracaso. Ahora se propondría utilizar una escala salarial para otorgar incentivos. Me imagino que ello conllevaría establecer rangos y cuotas. Se daría prioridad a las empresas con los salarios más altos. Me aterra pensar que los burócratas del gobierno distribuyan “incentivos” a base del criterio salarial. El gobierno terminaría, otra vez, favoreciendo la ineficiencia en las empresas. En una condición como la nuestra, de excedente, el criterio lógico sería el contrario. El criterio tendría que ser la productividad. Eso lo conocen mejor los propios empresarios.

Lo mejor que puede hacer el gobierno en pro de la economía de Puerto Rico es salirse de áreas para las que no es competente, precisamente porque es gobierno y responde a la lógica política, no la económica.

En conclusión. Mire, gobierno, no se meta en esto. No haga caso de tales consejos. Claro, yo entiendo, eso no es políticamente atractivo. Pregúntele al nuevo gobernador.

About Elías Gutiérrez

Profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico desde 1966. Nació el 3 de julio de 1942 en la ciudad de Nueva York. En 1945 se traslado a Puerto Rico. En 1964 y 1965, respectivamente, obtuvo grados de Bachillerato y Maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico. En 1966, cursó estudios postgraduados en Planificación Económica en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Más tarde, en 1969 y 1973, respectivamente, obtuvo grados de Maestría y Doctorado en Economía y en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell.
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