La insolvencia de retiro

El pasado martes 18 de junio de 2013, El Nuevo Día publica una columna titulada “Tribunal Supremo y sistema de retiro”. El autor de la misma es el distinguido y admirado Juez Asociado Retirado del Tribunal Supremo Antonio S. Negrón García. Admito que nunca pensé que habría de objetar a un planteamiento de su autoría. No obstante, en esta ocasión, creo mi deber hacerlo.

El Juez Negrón García en su columna dice lo siguiente:

“Hoy el ELA debe a Retiro más de “$35,000 millones. Aunque los pormenores de esas transacciones no han salido claramente al escrutinio público, y habrá que esperar a su destape en los foros judiciales, las casas acreditadoras ya clasifican “chatarra” parte de esa deuda pública.”

Las aseveraciones que se hacen en el párrafo antes citado no son correctas. Permítaseme aclarar ciertos conceptos que parecen haberse confundido. En primer término, la cantidad a que hace referencia el Juez Negrón se refiere al monto combinado de varios fondos de retiro que incluyen a los empleados del gobierno (unos $25,000 millones) y a los maestros del sistema público (otros $10,000 millones).

En segundo término, y más importante aún, esas cantidades son denominadas en inglés por el término contable “unfunded liabilities”. En la contabilidad y finanzas propias de la industria a lo que ese concepto se refiere es a lo siguiente. En un plan de pensiones, tanto los participantes, como los patronos, hacen contribuciones periódicas que que nutren el fondo de donde se han de pagar pensiones y beneficios. Las aportaciones añaden al fondo, a la vez que los pagos por beneficios restan del fondo.

En la medida en que el flujo monetario de lo que se extrae del fondo sea mayor que el flujo de aportaciones que ingresan, la diferencia irá mermando el total acumulado en el fondo. Ahora bien, cuando el total de beneficios por pagar a través del tiempo se proyecta mayor que las aportaciones realizadas y acumuladas en el fondo, se dice que el fondo confronta “unfunded liabilities”. En otras palabras, que con lo que proyecta contar el fondo, no se podrán pagar las pensiones y los beneficios. Se trata, pues, de compromisos habidos para los que no existe fuente suficiente de pago.

Tampoco es correcto decir que el “unfunded liability” pueda ser clasificado como “chatarra”, ni de ninguna otra forma. No se trata de un instrumento mercadeable al que se le evalúa en consideración al riesgo que implica adquirirlo. Lo que sí ha ocurrido es que, en la medida en que no se puede recapitalizar el fondo con aportaciones, o con el rendimiento de inversiones , el flujo de pagos por pensiones y beneficios no tendrá de donde salir.

De eso es de lo que se trata. Los fondos de retiro del gobierno de Puerto Rico no cuentan hoy día ni con el capital acumulado necesario, ni con los ingresos por concepto de aportaciones, suficientes para pagar los beneficios de los participantes. De hecho, para el 2014 el fondo de retiro de los empleados del ELA no contará con fondos no comprometidos, y en el 2019 habrá agotado la totalidad de su capital. En palabras sencillas, se habrá llegado a la insolvencia.

De ahí el riesgo que ven las agencias evaluadoras de crédito. La magnitud es tal que de ser pagada por el Estado obligaría a imponer contribuciones enormes sobre una economía encogida y estancada. Para tener una idea de proporción, se estima que el gobierno tendría que elevar IVU a entre 18 y 20 por ciento. La economía no soportaría esa carga. De ahí el efecto anticipado sobre la degradación de los instrumentos de deuda del Estado y la estrangulación que se producirá en su capacidad para emitir deuda adicional.

No se trata, como dice el Juez Negrón García, que “Hoy el ELA debe a Retiro más de “$35,000 millones.” No, no es que el ELA tenga una deuda con el sistema de retiro por $35,000 millones. Una magnitud que, dicho se de paso, equivale a aproximadamente la mitad del producto nacional bruto. Lo que sucede es, precisamente, que nadie le debe al sistema de retiro esa cantidad. Ni las aportaciones que, por ley, se exigieron a los participantes ni las aportaciones, que por ley, hizo el patrono, podían jamás acumular tal cantidad. De haber a quién cobrar lo que el Juez Negrón García dice que el ELA debe, se habría identificado una fuente de pago que no existe.

Desde su origen, el sistema careció de viabilidad. Los beneficios proyectados eran mayores que las cantidades que se acumularían por vía de las aportaciones de los participantes y del patrono (el gobierno). Peor aún, en la medida en que el gobierno continuó añadiendo beneficios sin aumentar las aportaciones, la situación fue agudizándose. Me viene a la mente la parábola del milagro de los panes y lo peces. Eso fue lo que se le ordenó por ley que produjera el sistema de retiro.

No hay forma de que el fondo pudiera haber sufragado pensiones calculadas para pagar a base de un 75 por ciento del promedio de los tres sueldos más altos de los empleados. De hecho, a base de este esquema, los empleados recuperan la totalidad de sus aportaciones al fondo en un termino de tres años luego de la jubilación. Los expertos en este campo, llamados actuarios, advirtieron la situación en múltiples ocasiones.

Para complicar el resultado de un sistema defectuoso desde su diseño, la demografía del país lo acabó de parar de cabeza. La expectativa de vida aumentó dramáticamente. Ello significó que las proyecciones que habían realizado los actuarios ya no proyectaban correctamente el tiempo por el cuál los jubilados continuarían recibiendo pensiones y beneficios, sin que nadie aportase al fondo para cubrir esos desembolsos futuros.

La situación de inviabilidad del sistema de retiro se conoce desde hace décadas. De hecho, el sistema ha sido reformado en varias ocasiones. Nunca, no obstante, se atendió el problema en su raíz. Siempre se optó por la salida menos costosa, vista a través del cristal electoral.

¿Porqué ha hecho crisis el sistema en estos precisos momentos? Pues, porque al estancarse la economía del país, el gobierno comenzó a operar recurriendo a la financiación de sus déficits. Es decir, a tomar prestado para funcionar sin reducir gastos ni elevar impuestos. Esa mala práctica funcionó mientras la economía crecía. Llegó el momento, no obstante, que la capacidad del gobierno para tomar prestado a tasas de interés tolerable también se estrelló contra el muro de la realidad.

Son muchas las criticas que pueden hacerse con respecto a la administración de los fondos de retiro. No obstante, la realidad del diseño original, la insuficiencia de las reformas puestas antes en marcha, el cambio demográfico y el estancamiento económico, son las verdaderas razones del descalabro.

(Una versión editada de esta columna ha sido publicada por El Nuevo Día el 21 de junio de 2013, en su sección PERSPECTIVA, página 57 de su edición impresa. La misma puede encontrarse en: La insolvencia de Retiro

About Elías Gutiérrez

Profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico desde 1966. Nació el 3 de julio de 1942 en la ciudad de Nueva York. En 1945 se traslado a Puerto Rico. En 1964 y 1965, respectivamente, obtuvo grados de Bachillerato y Maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico. En 1966, cursó estudios postgraduados en Planificación Económica en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Más tarde, en 1969 y 1973, respectivamente, obtuvo grados de Maestría y Doctorado en Economía y en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell.
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