Reestructuración

(Columna publicada el 3 de febrero de 2015 en edición especial de El Nuevo Día.)Elías Gutiérrez

El sector público de Puerto Rico confronta graves problemas. La gravedad es de tal naturaleza que amenaza la viabilidad misma del gobierno como le conocemos y de la economía del país. A riesgo de repetir lo sabido, baste señalar que un número de corporaciones públicas son insolventes y algunas están al borde de la bancarrota. Una de esas resulta ser nada menos que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La crisis fue escondiéndose por años. Finalmente, se manifestó el año pasado de forma dramática con el incumplimiento que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incurrió con sus acreedores. Ese evento ha provocado el inicio de un proceso ordenado por los acreedores para determinar cursos de acción que enderecen las finanzas de esa corporación pública.

Ahora bien, la crisis financiera del gobierno no se limita a una corporación pública. La lista es larga e incluye a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Los planes de pensiones del gobierno central y el de los maestros representan una gran amenaza a las finanzas públicas. Añádase a la lista más de cuarenta gobiernos municipales. La ACT está en posición de arrastrar barranco abajo al agente fiscal del Estado. Por otro lado, los planes de pensiones representan miles de millones de dólares en compromisos con los pensionados para los que no hay fuentes de pago.

Los excedentes del gasto han provocado la recurrencia de déficits estructurales en las finanzas públicas.  La acumulación de déficits anuales ha sido financiada por vía de la venta de instrumentos financieros pagaderos a largo plazo (bonos). Esa deuda, sumada a la deuda acumulada para financiar todo tipo de proyectos, hoy sobrepasa en valor nominal el producto bruto de la economía de Puerto Rico. El servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses más la amortización del principal, exige una tajada cada vez mayor de los recursos del Estado y sus entidades. El gobierno ha recurrido a préstamos para pagar esos compromisos también.

Puerto Rico no es la única ni la primera jurisdicción que ha confrontado una crisis fiscal. Las hemos visto en ciudades, colonias, países, estados federados y aún en imperios. Ni siquiera es ésta la primera vez que Puerto Rico se ve cara a cara contra la insolvencia. A principios de la década del 1970 se produjo una crisis con elementos similares a los que hoy amenazan con hacer añicos la estructura económica.

Como suele ocurrir cuando la crisis alcanza niveles que la estructura no puede sostener, aparecen los que proponen “soluciones” supuestamente evidentes, simples, atractivas y, casi siempre, equivocadas. Recientemente comenzó a sugerirse que la solución a la trampa en que la irresponsabilidad había llevado al país, estaba en la “restructuración” de la deuda.  Nadie explicaba el significado, ni las implicaciones, de esa supuesta solución. Nadie hablaba claro. Se evadía explicar que de lo que se trataba era de sacrificar los que prestaron su capital, es decir sus ahorros, confiando en la buena fe del gobierno de Puerto Rico. Es decir, se estaba proponiendo desplazar las consecuencias de la irresponsabilidad. A eso se reducía la propuesta solución: a obligar a los acreedores a aceptar rebajas en la deuda pendiente de pago y/o en los intereses pactados. Más aún cuando se pretende hacerlo desconociendo los remedios previamente pactados para resolver la dificultad. Todo ello bajo la amenaza de no pagar. Por lo menos en cuanto a la deuda de obligación general del Estado, ello conlleva violar el mandato constitucional que establece las prioridades de pago cuando ocurre una crisis financiera.

Poco a poco, tímidamente, comenzó a escucharse un run run.  “…la deuda es impagable. Por lo tanto.., no hay que pagarla.” Resuelto el problema.  Otros fueron más ingeniosos y plantearon que como la deuda es supuestamente impagable.., que la compre la Reserva Federal (es decir, el banco central de los EEUU). Cuando los funcionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York explicaron que no tenían potestad en ley para comprar la deuda de Puerto Rico, los proponentes de esa “solución” modificaron su posición. Que la pague (la deuda) el gobierno federal. De igual forma, que pague otro y resuelto el problema

Pues no, siento decir que el problema no se resolverá. Más bien se transformará y quedaría muy lejos de estar resuelto. Las consecuencias de un impago, o de una restructuración ultra vires, de la deuda, serían catastróficas. El gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad en ley para acogerse a un procedimiento de quiebra en el ámbito federal. La ley popularmente bautizada como de “quiebra criolla” fue recibida en los mercados como una revelación de las verdaderas intenciones del gobierno de Puerto Rico. El mercado interpretó que de lo que se trataba era de un cambio fundamental de prioridades. El Estado Libre Asociado (ELA) no cumpliría necesariamente con las disposiciones constitucionales establecidas con relación a las prioridades de pago de las obligaciones generales. Ahora la prioridad consistía en mantener los servicios públicos. El efecto en el mercado fue inmediato y contundente. No solo cayó el precio de la deuda de las corporaciones públicas, sino que cayó también el precio de los bonos de obligación general.

El resultado de la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, el incumplimiento y  un proceso legislativo atropellado, han traído el aumento en el costo de capital . Quizás peor ha sido que la crisis y su manejo se traducen en una pérdida real de valor en los activos financieros y reales acumulados por inversionistas residentes y no residentes de Puerto Rico.

La deuda del gobierno no es impagable. Lo que es impagable es el gobierno que tiene Puerto Rico. El sector público ha adquirido unas dimensiones de tal porte que la economía del país no puede sostenerlo. El gobierno ha secuestrado a la economía del país. Entender esa realidad es esencial para encontrar la salida de la trampa en que nos hemos metido.

La solución no consiste en encontrar a otro que pague la deuda. La solución no es culpar a los que prestaron sus ahorros bajo el entendido de que el ELA cumpliría con la disposición constitucional que garantiza el pago de sus obligaciones. Más aun, que implícitamente la extendía al cumplimiento de las obligaciones de sus corporaciones públicas.  La solución no puede ser aquella que aboga por un nivel de gastos mayor para, supuestamente, estimular la demanda agregada y generar efectos positivos indirectos  por vía de los llamados multiplicadores. Y menos cuando el gasto estaría en gran medida financiándose por vía deficitaria. Eso será similar a curar una resaca con dos “palos” de whiskey. Pero eso, precisamente, es lo que se está haciendo. La solución Keynesiana en que está basado ese remedio no aplica en economías abiertas y descapitalizadas.

La solución no es evadir o renegar el compromiso de la deuda porque con ello simplemente se cierra el mercado de capital. La solución no puede ser sostener el gasto porque su financiación ha sido la causa de la crisis. La solución no puede ser encontrar a otro que pague, porque ese animal no existe.

La solución radica en la expansión de la producción. Luego de nueve años de estancamiento, la producción solo se expandirá si la plataforma de capital productivo se expande y se moderniza. La financiación de esa expansión y modernización tiene que iniciarse con ahorros internos. Esos ahorros están hoy secuestrados por el sector público que los extrae de la economía explotando a los sectores productivos. El sector público succiona los ahorros del sector privado por vía de los impuestos, onerosas restricciones reglamentarias y otros cargos que hacen que los costes transaccionales no le permitan a la economía de Puerto Rico competir.

Por todo lo anterior,  la reforma del sistema de impuestos no deberá ser diseñada para meramente sostener al gobierno. Su diseño deberá responder a otro objetivo estratégico. El objetivo deberá ser la expansión de la producción. Lo que algunos llaman crecimiento. He aquí la verdadera restructuración que se requiere. Se trata de obligar a que el gobierno se reduzca a una dimensión viable para nuestros recursos y que el excedente que hoy desperdicia se utilice para financiar una plataforma de producción moderna. Es así que podremos cumplir con nuestras obligaciones. Es así que los mercados volverán a recobrar la confianza en Puerto Rico. Es así que podremos elevar nuevamente el estándar de vida. Es así que Puerto Rico volverá a ser un lugar donde las juventudes querrán vivir y los viejos podremos observar con orgullo el resultado de nuestras vidas.

About Elías Gutiérrez

Profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico desde 1966. Nació el 3 de julio de 1942 en la ciudad de Nueva York. En 1945 se traslado a Puerto Rico. En 1964 y 1965, respectivamente, obtuvo grados de Bachillerato y Maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico. En 1966, cursó estudios postgraduados en Planificación Económica en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Más tarde, en 1969 y 1973, respectivamente, obtuvo grados de Maestría y Doctorado en Economía y en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell.
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3 Responses to Reestructuración

  1. i Siaca says:

    Excelente!!Dios le de sabiduria al Gob. y su equipo pues es triste que Puerto Rico posea tanta gente talentosa y capaz de ayudar de buena fe y un peque~no grupo nos continue destruyendo.

  2. Pingback: Elías Gutiérrez sobre la reestructuración | Espacio Vital 2014

  3. Jose M De la Cruz says:

    Saludos Elias. Me gustaria q definieras mejor a lo q te refieres con plataforma de produccion moderna. Seria fabuloso incluir ejemplos. Recuerda los q leen no son unicamente personas de finanzas,CPA o planificadores.

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