“Yo Tengo un Plan”

Elías Gutiérrez

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

El modelo de gobierno que hemos adoptado fue diseñado para que, en el mejor de los casos, funcionara sólo con gran dificultad. Se hizo así con el fin de evitar que se convirtiera en un tirano. Hoy día, en buena medida, el gobierno no funciona. No funciona para llevar a cabo los menesteres básicos que los ciudadanos espera de él: protección de vida y propiedad, educación y salubridad pública. Ni se diga de lo que han prometido los políticos en busca del favor del electorado. Y lo peor no ha sido lo prometido sino que, intentando cumplir con las promesas, han pasado de la raya.

Lo que ya le exigimos al aparato gubernamental desafía claramente las leyes más elementales de la física. El “output” no puede ser mayor que el “input”. Pero, para mentes como las de nuestros políticos esto no representa problema alguno. De hecho, en su peculiar matemática (2 + 2) =7 y (2 – 2) no está definido aún. Eso sí, “0” definitivamente que no es.

Ahora bien, a pesar de que es evidente que el gobierno no cumple su más básica encomienda, se pretende hacerle responsable de realizar un verdadero prodigio. Me refiero a la exigencia que le hemos impuesto para que genere y sostenga un proceso planificado de desarrollo económico. Para ello se le exige un plan. Respondiendo a ese clamor, alguno que otro candidato a la gobernación se ufana en proclamar que “…yo tengo un plan”.

Un plan es un instrumento gerencial que guía la acción en persecución de objetivos con el fin de alcanzar alguna meta preestablecida. Aparte de los objetivos de costumbre, pocos son los que precisan el contenido requerido a dicho plan. Más bien, parece haber un supuesto no hablado en torno al tópico. Se dda por descontado que el plan llevará al país a un estadio de riqueza y calidad de vida denominado “desarrollo económico integral”.  No está muy claro lo que significan los términos “desarrollo” o “integral”.  No entraré en esa discusión en esta ocasión. Lo que viene al caso es que se exige del plan que produzca el desarrollo integral.

Para complicar el panorama, el discurso político le ha impuesto requisitos tanto al plan como al proceso que supuestamente lo generará. Por ejemplo, el plan no requerirá sacrificio alguno para alcanzar el desarrollo integral. Es decir, no habrá de costarle nada a nadie. El plan elevará el estándar de vida a niveles comparables con las sociedades más ricas del planeta. El proceso se completará de forma instantánea. En otras palabras, la gratificación será inmediata.

Un plan ha de referirse al futuro partiendo de la condición actual. La condición actual es conocida, pero conviene resaltar elementos cruciales de la misma en beneficio de los que aún no se hayan percatado del estado de situación vigente.

Por cerca de una década, el agregado económico se ha estancado.  La participación de la población en la fuerza laboral se ha hundido. El remedio consiste en expandir los sectores de producción. He aquí el corazón de lo que debiera ser el objetivo del plan.

El crecimiento del gasto ha encubierto la gravedad de la situación financiera del gobierno. En la medida en que la inversión pública y privada ha menguado, la capacidad de producción ha continuado deteriorando. La demanda agregada ha sido estimulada en exceso por vía de los gastos del gobierno. Ese gasto ha sido financiado por la vía deficitaria. En otras palabras: gastando lo que no tenemos. Finalmente, el márgen deficitario ha encontrdo su límite. En el proceso, hemos sido imprudentes. No solo hemos violado disposiciones constitucionales, sino que la deuda pública acumulada ya supera el valor total de los gastos de la economía.

No hay que decir que en la actualidad, el sector publico confronta graves problemas. Baste señalar que un número de corporaciones públicas se encuentran en estado de insolvencia.  Algunas en bancarrota técnica.  Los fondos de pensiones de los empleados públicos y maestros se aproximan rápidamente a la insolvencia.

Ante la estrechez, el gobierno ha reaccionado tratando de mantener los servicios y los empleados. Para ello, ha sido necesario postergar pagos a suplidores, elevar y legislar docenas de impuestos y arbitrios. No ha sido suficiente. A pesar del costo político, las entidades del gobierno han decretado fuertes aumentos en las tarifas que aplican a los servicios que compran los consumidores.

Lo que fue por décadas impensable, ahora está de moda. Un segmento político del partido de gobierno,  es cada vez más audaz en plantear, como solución a la crisis de liquidez, la reestructuración de las deudas del Estado. Ello, a pesar de que una reestructuración conllevaría pérdidas directas a los que han prestado su capital y sus ahorros a entidades del gobierno. A esto se ha reducido para algunos el plan.

En respuesta al estancamiento económico, la emigración ha reducido el total de la población residente. Los activos financieros y reales de las familias han sufrido fuertes devaluaciones en su valor de mercado. Como resultado, la clase media se encuentra asediada. La movilidad social es hoy día una calle en dirección a la retaguardia. El plan deberá atender con prioridad estratégica el empobrecimiento que hoy diezma la clase media.

El crecimiento económico se ha detenido. Es más, va en retirada. Al contraerse la economía real, el efecto sobre la condición fiscal del gobierno refuerza una especie de círculo vicioso. Los recaudos del erario sufren. Como he dicho anteriormente, el gobierno reacciona aumentando los impuestos para sostener su escala de operaciones.

Un plan debe estar dirigido a guiar la acción. Acción para alcanzar objetivos que valgan la pena.  Objetivos que tengan impactos que les den mayor potencia dentro del contexto del plan, que de forma aislada y solitaria.   No sería aceptable que el plan se limite a presentar una lista de buenos deseos y objetivos con los que nadie puede estar en desacuerdo.  ¿Quién no desea un nirvana o un paraíso y de gratis?  Se trata, más bien, de provocar cambios en la estructura que hoy garantiza el estancamiento y el empobrecimiento del país.

En la medida que sean efectivos, los cambios resultarán amenazantes para aquellos que se han acomodado al presente estado de cosas. Por eso, el plan deberá ser ejecutado con el compromiso ineludible de un liderato similar al que es necesario cuando un país está en guerra. Así de grave es el estado de situación hoy. Lo peor del estado actual es que evoluciona hacia uno aun más tétrico.

El plan deberá identificar los recursos y las fuentes comprometidas que serán requeridas para actuar y alcanzar aquello que se establezca como objetivos y metas. Deberá, además, establecer fechas límite para la acción. El plan no podrá ser un mero wish list. Por el contrario, deberá responsabilizar a cada actor en el proceso de actuación. El plan deberá definir de forma explícita el sacrificio que conlleve la acción requerida. Los afectados tendrán que aceptar el sacrificio.

Esta sociedad nuestra tendrá que estar dispuesta a abandonar un conjunto de supuestos que ya no son útiles para producir el despegue de la economía. El rol del gobierno tendrá que ser alterado. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Puerto Rico tiene un gobierno diseñado para implantar políticas derivadas de la teoría que propuso el gran economista Lord John Maynard Keynes. La teoría de Keynes dio sostén conceptual a las políticas del “Nuevo Trato” promulgadas durante la administración del presidente Roosevelt.

El crecimiento y el desarrollo económico son procesos de largo plazo. La teoría de Keynes supone que el período de tiempo es corto. De hecho, es tan corto que el acervo de capital, lo que he llamado antes la plataforma de producción, se supone constante. Por lo tanto, en esa teoría no se explica el crecimiento económico. El foco está en el empleo. La intervención del Estado busca estimular o complementar la demanda agregada, por vía del gasto. Son medidas de corto plazo, simpáticas para los políticos, dirigidas a manejar el ciclo económico característico del capitalismo. El crecimiento no es el objetivo. El objetivo se limita a estimular, por vía del gasto deficitario, la demanda, no la producción.

Para estimular la producción se requiere expandir el acervo de capital. Es decir, se requiere inversión. El gasto público de consumo destruye los recursos requeridos para elevar el potencial de producción. Hemos aplicado la receta equivocada al problema económico. La adopción del modelo estatista de gobierno ha resultado en un sector público de tamaño descomunal. Un gobierno que sostiene y provoca la dependencia para con él de dos terceras partes de la población. El gobierno ha dejado de ser instrumento de solución para convertirse en el problema.

La teoría económica que sostiene la política pública del gobierno de Puerto Rico parte de tres supuestos. El primero consiste en suponer que el sistema económico es de mercado y que la economía está capitalizada. El segundo supuesto es que la economía está relativamente cerrada a la economía internacional. El tercer supuesto es que el gobierno tiene capacidad ilimitada para financiar su intervención por vía del gasto. Ninguno de esos supuestos es congruente con la realidad de la economía de Puerto Rico. No lo son ni siquiera con la economía contemporánea de los Estados Unidos.

La influencia de los abogados, que habitan nuestra isla en proporción descomunal, inmediatamente enfoca la discusión de ese plan en el proceso a conducirse para su confección. Al parecer, se tratará de algo similar a la producción de un bizcocho. En esa confección se pretende que participe “todo pájaro”. La idea se trata de justificar en función de un supuesto que no tiene base empírica alguna.  Que todos tenemos algo valioso que aportar al plan.

Sospecho que la verdadera razón para exigir amplia participación es otra. Más bien, se trata de  marcar y “gardearse” todos, como en un juego de baloncesto, para evitar que la confección del plan sea cargaa en favor de algún otro

Puerto Rico requiere de un gran esfuerzo dirigido a capitalizar su economía. No podrá escapar al sacrificio que ello implica. Para guiar dicho esfuerzo es que se requiere un plan. Los recursos necesarios para romper el círculo vicioso en que nos hemos empantanado están siendo capturados y destruidos por el gobierno mismo. El gobierno ha sostenido los niveles del gasto a costa de la descapitalización de la la economía.

La recapitalización de la economía tendrá que ser la estrategia subyacente al plan. Un plan que posibilite la expansión y modernización de la plataforma de producción. Ello requerirá cantidades enormes de ahorros. Ahorros internos y externos que financien las grandes brechas de capital que se han abierto en la economía.

Para competir en la economía global, Puerto Rico necesita ser capaz de añadir valor a la economía del mundo. Esto lo podría lograr reduciendo los costes de las transacciones y el precio al que se vende la energía eléctrica en la isla. El mercado laboral está plagado de reglas y modos anacrónicos de proceder que requieren una reingeniería total.

La programación de las acciones que el plan establezca deberá estar acompañada de un pareo con los requisitos de capital y con las fuentes de financiación. De lo contrario, el esfuerzo resultará inútil.

El estado de situación vigente requiere un plan que detenga el crecimiento del tamaño un gobierno que ha ido estrangulando al sector privado. Habrá que enfrentar el conflicto de intereses que surge de inmediato. Dado que el gobierno controlará el proceso que resultará en el plan que se requiere; y dado que el tamaño, ineficiencia e ineficacia del gobierno son buena parte del problema, habrá que esperar una resistencia tenaz a la confección de un plan que reconozca esta realidad. Quedará, entonces, el sector privado enfrentado al gobierno en la confección y ejecución del plan.

Finalmente, soy de la opinión que, para tener alguna probabilidad de éxito, el plan deberá contar con un elemento indispensable. De lo que se trata es de, nada más y nada menos,  lograr un armisticio entre los dos partidos principales. En ausencia de ese elemento, francamente, no veo posibilidades de éxito.

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

About Elías Gutiérrez

Profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico desde 1966. Nació el 3 de julio de 1942 en la ciudad de Nueva York. En 1945 se traslado a Puerto Rico. En 1964 y 1965, respectivamente, obtuvo grados de Bachillerato y Maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico. En 1966, cursó estudios postgraduados en Planificación Económica en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Más tarde, en 1969 y 1973, respectivamente, obtuvo grados de Maestría y Doctorado en Economía y en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell.
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