Administración Pública

De esta forma contestaba yo en abril de 1996 a un cuestionario dirigido a “expertos”. El instrumento fue elaborado por profesores de la Escuela de  Administración Pública de la UPR.  El proyecto se denominó PUERTO RICO ANTE EL NUEVO SIGLO.

¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos que enfrentará la administración pública de Puerto Rico ante el nuevo siglo?

La gobernabilidad es cada vez más difícil.  La coexistencia de extremos polares en numerosas esferas de organización social y económica exacerban las fuerzas que tienden a entronizar el comportamiento desvinculado del colectivo y guiado por el interés de grupos e individuos.  La prevalencia de una mentalidad moldeada por el paternalismo y desvalorizada por la dependencia hace recaer sobre el gobierno tareas que ni le corresponden ni pueden ser acometidas con éxito por el gobierno.  Para complicar el cuadro, a las desigualdades que produce la organización económica de mercado, se unen a los efectos de un cambio tecnológico acelerado y de rapidísima expansión, que probablemente no tiene paralelo en la historia de la humanidad, para ahondar la zanja entre los que pueden participar de la nueva sociedad post-industrial y los que son condenados a la marginación.  La obsolescencia de los sistemas y estilos gerenciales es patente en nuestra administración pública.  La centralización, el dominio burocrático, ejercido a través del control negativo de la información, la claudicación del servicio público ante la irrupción del partido político en los asuntos de la gerencia más rutinaria del gobierno, la confusión en cuanto a las líneas de autoridad y la erosión en la confianza del público en los sistemas de gobierno, amenazan con hacer inoperante al gobierno.  La función del sector público corre el peligro, no sólo de percibirse sino, de ser generalmente aceptada como la de repartir a la demanda lo que se tiene y lo que no se tiene también.  Se va generalizando, como consecuencia, la corrupción.  Esta se manifiesta de formas que inicialmente lucen tan inofensivas como el uso de distintivos políticos por funcionarios públicos.  Pero el discrimen, el favoritismo y la aplicación selectiva de leyes y reglamentos se convierten rápidamente en la orden del día.  Los sectores económicos denominados por términos tales como grises, “subterráneos” y criminales, se desarrollan exponencialmente.  La base fiscal del estado se encoge, a la vez que los impuestos a quienes ejerzan el menor peso electoral se elevan para compensar, y la infraestructura física e institucional sufre y se deteriora ante las urgencias de corto plazo y la postergación de la inversión.  Los desplazamientos de población interna y la inmigración ilegal se crecen impulsados por condiciones de desesperación en las regiones rurales y en países vecinos.  Las demandas por servicios públicos crecen aun más en momentos en que menos holgura tienen las agencias públicas y no-gubernamentales.  Ese es el fenómeno que condiciona la realidad y circunstancias de la administración pública.

¿Qué recomendaría para eliminar el burocratismo y la ineficiencia que caracterizan, en algunos casos, a las agencias públicas en Puerto Rico?

La ineficiencia de las agencias públicas de Puerto Rico es sólo el síntoma de una organización funcional dominada por intereses especiales y grupos políticos.  La burocratización es resultado de esfuerzos dirigidos a remediar la corrupción a través de medidas de control.  El problema se agrava con la utilización del gobierno, por los partidos políticos, como medio para aliviar el desempleo y como instrumento de distribución del padrinazgo para propósitos electorales.

La burocracia puede llevarse a gradaciones menos asfixiantes.  Para ello es necesario reestructurar la organización de gobierno.  La descentralización de las decisiones es posible con la ayuda de la tecnología cibernética.  Los sistemas de información apoyados en infraestructura moderna de comunicaciones y en ordenador (o “computador”) hacen viables sistemas de administración no piramidales.  No obstante, el obstáculo principal para poner en marcha estos sistemas en el sector público es político.  La resistencia de múltiples estratos de interés que perciben poco que ganar y mucho que perder ante la modernización de la administración pública es enorme.

¿Cree usted que la administración pública de Puerto Rico enfrenta serios problemas de corrupción?  De ser así, ¿qué propondría para combatirlas en forma eficaz?

La corrupción se esparce como una bacteria que ataca al organismo multiplicando a ritmos exponenciales.  Por ello, desde su primera aparición, la corrupción tiene que ser considerada como un problema “serio”.  En la medida en que los casos se hacen más numerosos el público va perdiendo sensitividad y eventualmente se puede llegar a considerar que el comportamiento corrupto es el modo normal de funcionar y sobrevivir en la sociedad.  Son muchas las sociedades que sufren esa condición.  Sólo la educación, apuntalada en valores que fortalezcan la determinación individual y el manejo efectivo de la información, pueden servir de anticuerpo contra la bacteria de la corrupción.

Claro está, plantear la educación, los valores y la información en términos generales y sin señalar formas concretas de aplicación puede provocar que tal remedio se catalogue como de índole quimérica.  Pero independientemente de lo que en este espacio podamos explicar, estamos convencidos de que en esos elementos está gran parte de la solución, siempre y cuando el liderato político concuerde.

A su juicio, ¿qué tan arraigada está en la sociedad puertorriqueña la falta de credibilidad en las autoridades e instituciones públicas y, qué recomendaría usted para que los ciudadanos recuperen la confianza en ellas?

El cinismo y la suspicacia ya han cobrado importantes territorios en las actitudes ciudadanas en Puerto Rico.  A corto plazo no es mucho lo que puede plantearse como objetivo viable para cambiar esa realidad.  Tomará varias décadas enderezar al País y para lograrlo se requiere un nuevo contrato social que persiga ciertos propósitos que sean reconocidos como de interés primordial común.  Es probable que sólo una gran crisis provoque el surgimiento de ese liderato y la definición de tales objetivos.  Pero ni aun la aparición y el reconocimiento de esa crisis garantizarán el éxito.

Algunas personas sostienen que uno de los problemas principales que confronta la administración pública de Puerto Rico es la exagerada intromisión partidista en las decisiones administrativas. ¿Qué comentario le merece este señalamiento y, de ser cierto, qué medidas recomendaría usted para atender el mismo?

Por lo dicho anteriormente, es evidente que concurro con la aseveración planteada en la pregunta.  La solución, no obstante, requiere que el País encuentre un propósito común que prevalezca sobre los intereses ideológicos y partidistas.  Eso sólo lo puede provocar el liderato.

¿Estaría usted de acuerdo con una mayor participación de la “sociedad civil” en los asuntos públicos?  De ser así, ¿qué mecanismos deberían instrumentarse en la administración pública para abrir espacios a dicha participación?

Por supuesto que sí.  No obstante, la definición de lo que es la “sociedad civil” puede ser línea fina fácilmente trastocable y convertible nuevamente en mero antifaz para grupos de interés especial.  La descentralización, con la ayuda de la tecnología de la información, será clave en este proceso.  En realidad se trata de una modernización social del País.

Se han dado avances importantes en la administración pública de Puerto Rico para facilitar una mayor participación de los agentes económicos en las actividades productivas, mediante la remoción de trabas reglamentarias que dificultan su desarrollo o mediante la privatización de servicios públicos.  ¿Cuál es su opinión sobre esta tendencia?

La tendencia mundial que se dá en este sentido es que,tarde o temprano, se aceptará como, un proceso normal, que la variada gama de alternativas denominada “privatización” consiste en un conjunto de opciones.  Poder optar por ellas es parte del proceso de modernización de los gobiernos.  Los procesos de destatificación son, además, provocados por realidades financieras insoslayables y por exigencias del público para una mejor administración de los servicios colectivos.  El cambio tecnológico ha derrumbado, por otro lado, los argumentos tradicionales en pro de los monopolios estatales, posibilitando la competencia y redefiniendo industrias.

Todo parece indicar que durante los próximos años habrán de producirse cambios drásticos en el presupuesto del gobierno federal. ¿Qué impacto entiende usted tendrían estos cambios sobre Puerto Rico y cuál debe ser la respuesta de nuestra administración pública ante esas nuevas realidades?

No todo indica que tal cosa habrá de ocurrir.  En realidad los cambios serán más graduales de lo que la retórica utilizada por el partido Republicano de los EE. UU. Trató de anunciar.  La resistencia ha sido muy efectiva.  El Presidente Clinton, ayudado por una estrategia fallida puesta en marcha por los miembros más novatos de la Cámara de Representantes, ha prevalecido.  Lo que sí es cierto es que la tendencia se mueve definitivamente hacia una era distinta a la que se originó con El Nuevo Trato del presidente Roosevelt.  Habrá, eventualmente, modificaciones significativas en los programas de bienestar público y de seguridad social porque los mismos no son financieramente viables en el largo plazo.

Ahora bien, una cosa es lo que debiera ser la respuesta y otra cosa será lo que probablemente responda.  Podríamos extendernos en lo que debiera ser esa respuesta.  No obstante, la resistencia al cambio será con toda probabilidad la respuesta que surgirá.  Desgraciadamente, todavía no hay el conocimiento colectivo necesario para crear conciencia y producir la presión política necesaria para que sea de otra forma.

Existe en la actualidad un debate a nivel internacional de que para garantizar la eficiencia de la administración pública ésta debe regirse con criterios empresariales. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Más que “criterios empresariales”, lo que considero se está reconociendo de forma general ya, es que toda actividad pública o privada tiene que justificarse económicamente.  Ello no quiere decir que no se estimen los costos y beneficios intangibles asociados a las actividades propias de gobierno.  Por el contrario, lo que quiere decir es que deben estimarse con la mayor precisión que hoy es posible.  Los recursos del planeta son escasos.  El uso y el desecho no es ya viable como estilo de vida.  El gobierno ineficiente e inefectivo es un lujo que ya no es posible sostener en ningún país.  Más aun, las soluciones a los graves problemas del planeta son también planetarios en dimensión.  Ello significa que la pérdida de soberanía será necesaria en algún grado para todos los gobiernos del mundo, no importa cuán desarrollados estén hoy sus economías o cuánto poder militar detenten.

¿Cuál es su opinión sobre la Reforma Municipal iniciada en el año 1991?  ¿Qué mecanismos adicionales, si alguno, sugiere usted para lograr un mejor funcionamiento de los gobiernos municipales?

Este fue un importante paso de modernización para la administración pública en Puerto Rico.  No obstante, la resistencia ejercida por las agencias centrales que ven en este proceso una disminución de su poder ha sido feroz y efectiva.  La reforma ha sido limitada por vía de “interpresaticiones administrativas” que en efecto constituyen una derogación parcial de la misma.  Los ataques por motivos políticos partidistas han sido muy costosos ya que han logrado imprimir cierto desprestigio al proceso, al confundir al público en cuanto a las causas de los fracasos en la puesta en marcha del proceso.

Comentarios Finales

La confianza en el gobierno y en la palabra de los funcionarios electos constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico de cualquier país.  Ese elemento ha sido menguado por las actuaciones de esta administración.  Ejemplos de este triste proceso es la pobre faena  realizada por el gobernador y por el comisionado en lo que se refiere a la defensa de los incentivos industriales otorgados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la ley federal en la sección 936 del Código de Rentas Internas.  Las ocasiones en que se ha colocado en primera prioridad el fanatismo ideológico, el resultado ha sido siempre perjudicial a la economía del país.  El resultado ha sido una disminución en la capacidad de crecimiento y un aumento considerable en la percepción de riesgo que conlleva para inversionistas potenciales la alternativa de escoger a Puerto Rico como base de operaciones de producción.

No solo de pan vive el hombre.  Y no es solo de estructuras físicas que consiste el acervo de infraestructura.  No son más importantes los sistemas físicos de carreteras, acueductos y telecomunicaciones, que el sistema constitucional del país y la palabra empeñada de su gobierno.  La falta de fe en cualquiera de los sistemas físicos o institucionales, tangibles o intangibles, sobre los que se apoya la actividad económica resulta en daños inconmensurables para nuestra sociedad.  Esa es la gran tragedia que se deriva de la irresponsabilidad con que esta administración ha tratado los asuntos relativos a la política económica.

Por un lado se proclama un supuesto modelo nuevo que serviría de pauta general a las acciones de política económica.  Por otro lado, las acciones concretas revelaron que el modelo nuevo no era más que retórica contradictoria. “Reinventar el gobierno”, “modelo multisectorial”, gobierno facilitador”, “productividad y la competitividad son la prioridad”, “mantengo corporativo”. Palabras huecas acuñadas para satisfacer los oídos de sectores particulares.  Conceptos desarrollados para explicar y atacar problemas en circunstancias distintas a las nuestras.  Frases ingeniosas que permiten ser interpretadas de forma acomodaticia, no importa lo que se ponga en práctica.  Antifaz útil para robar al país de sus más efectivas herramientas fiscales de atracción de capital.  El propósito, claro está, era provocar el fracaso para luego achacárselo a las instituciones que en algun grado han hecho posible el éxito logrado en el pasado.

Para realizar la difícil tarea de impulsar el desarrollo de la economía nacional hay que creer en la nación.  Es necesario tener fe y cuidar de la fe que se tiene en las instituciones del país.

En el mundo moderno, Puerto Rico ya no tiene que sentirse limitado por fronteras.  El mundo de fines de siglo apunta a una nueva realidad.  Una realidad que difumina las líneas dibujadas artificialmente sobre pliegos de papel para separa a las naciones.  Las limitaciones más restrictivas radican siembre en la mente.  Es allí, por lo tanto, donde pueden y deben ser rebasadas. Un Puerto Rico que rompa con las limitaciones de su insularismo e irrumpa en el escenario mundial concursando de tu a tu con el resto de las economías y culturas del mundo, como lo hace en ya en las artes, en el deporte y en ciertos sectores de la producción, es un sueño que radica dentro del espacio de factibilidad.

Un requisito indispensable para lograr ese rompimiento con nuestras limitaciones consiste en contar con un gobierno que tenga como valor insacrificable la honradez y la justicia.  Para ello no pueden tolerarse fronteras de clase u origen alguno: ni de partido, ni de clase social, ni de poder económico.  Es necesario reparar el daño sufrido por la rapacidad de los que en la práctica han demostrado tener la visión contraria.  A pesar de haber escogido una retórica fabricada para proyectar imágenes distintas.

Para que esta economía nuestra logre absorber el crónico excedente laboral que arrastra, es necesaria la expansión del acervo de capital físico y de conocimiento con que cuenta el país.  Solo la inversión productiva puede lograr esas expansión.  El clima ha de ser propicio para convencer a quienes deciden arriesgar su fortuna, o la de los dueños de las empresas que administran, para que escojan a Puerto Rico ,entre muchas alternativas, como lugar para realizar inversiones.  La estabilidad política, la fe en la palabra empeñada del gobierno y la aplicación justa de leyes y reglamentos son esenciales a ese clima.

El progreso del estándar de vida que disfruta la población depende de su productividad.  El derroche de los recursos públicos para sostener permanentemente puestos de trabajo que no añaden a la producción, a la larga agotan la capacidad de la economía para competir en mercados que ya no reconocen fronteras.  Es indispensable dotar a la población de las destrezas que el nuevo orden mundial exige para tener viabilidad económica.  El gobierno tiene que colocar, como su más alta prioridad, la elevación de la capacidad de participación productiva de nuestra población.  La educación y el adiestramiento no pueden ya ser vistos como lo fueron en épocas pasadas.  No se puede obligar por decreto el empleo, pero se puede facilitar la capacitación.  Esta debe comenzar por el hogar y la escuela.  Pero hay que remediar los errores del pasado y permitir el estudio y la capacitación de los trabajadores que laboran hoy.  Este proceso deberá comenzar con los servidores públicos.  En la medida que ello ocurra, el servicio público mejorará y se abrirán oportunidades en el sector privado para absorber en puestos de más alta productividad y mejor remuneración a servidores públicos.  De esa forma el peso de gravedad de nuestra economía irá pasando de un gobierno inmovilizado por su tamaño a un sector privado dinámico y competidor.

No puede haber progreso sin que aumente el estándar de vida de la población.  De hecho, para algunos lo uno y lo otro son lo mismo.  Para lograr ese aumento en el estándar de vida no hay otra solución en nuestro sistema constitucional que no sea el crecimiento sostenido y rápido de la productividad.  Es ese crecimiento el que permite una mejor remuneración.  En el mundo moderno la productividad dependerá del conocimiento y de su aplicación a través de la tecnología.  Tanto al política educativa, como las políticas fiscales han de reconocer esta realidad.  Ese reconocimiento tiene que concretizarse en acción.  Acción que resulte en premio al ahorro y al esfuerzo productivo.  Acción que no debe ser tronchada por burocracias cuya misión no este clara.  Acción que, por otro lado, no permita el crimen ambiental ni la usurpación del espacio público de uso común.  Velar por esos balances constituye una responsabilidad insoslayable del gobierno porque se trata de una responsabilidad fiduciaria con el patrimonio del país.

Ante nosotros como nación, hoy se presentan multiples retos plagados de riesgos y, simultáneamente, se abren oportunidades de gran potencial.  No será fácil confrontar los primeros y aprovechar las segundas.  Para ello se requiere de pensamiento estratégico y de un nuevo contrato social de solidaridad propósito común.

Los siguientes principios rectores de política pública son a juicio nuestro ingredientes escenciales del progreso nacional:

La administración de gobierno tendrá un compromiso genuino con el desarrollo económico de este país;

La educación, adiestramiento y capacitación de la población y de su fuerza de trabajo se colocará en el primer sitial de prioridades;

La política fiscal será adaptada para reflejar un cambio radical de actitud positiva hacia la promoción de puestos de trabajo en los sectores privados de la economía;

El vehículo más efectivo para generar oportunidades de trabajo es la inversión productiva.  Por lo tanto, la acción de gobierno más efectiva para atender el excedente laboral del país será la promoción de la inversión privada;

La inversión privada realizada en un vacío de prioridades conduce muchas veces al derroche de recursos escasos.  Ejemplo de ello ha sido el patrón de expansión urbana que sufre Puerto Rico.  Por eso, la política pública de nuestra administración adoptará un visión sistémica.  Así se evaluarán los proyectos de transportación, los proyectos del sistema de distribución de agua potable, los proyectos de infraestructura para el turismo y la industria de viajes, los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones los proyectos de administración de recursos naturales.

La manufactura es la actividad de producción más importante del país.  Su rol va más allá de los 300,000 puesto de trabajo que sostiene de forma directa e indirecta.  La manufactura no puede ya distinguirse claramente de lo que antes se denominaba sector de servicios.  Su relación con la industria de viajes es estrecha y constituye una fuente muy importante de ingresos al erario.  Puerto Rico tiene que proteger su manufactura de la competencia externa y de sus detractores internos.  La sustitución de esa actividad económica no es posible sin un descalabra de grandes y permanentes proporciones en nuestra sociedad.  La diversificación es esencial.  Pero no a costa de lo logrado, sino construyendo sobre esa plataforma.

Sobre la plataforma de producción que tenemos podemos desarrollar nueva áreas de competencia y tener éxitos en nuestra esfera regional.  Este es el caso en lo que respecta al peritaje en diversas áreas profesionales, de las artes y del espectáculo.

La modernización de la gerencia del sector público constituye una tarea impostergable.  La organización burocrática fue en su día una innovación resultado y posibilitadora de la era industrial.  Hoy la organización burocrática es más obstáculo que instrumento de avance.  Nuestro gobierno requiere un cambio radical en sus esquemas gerenciales.  La tecnología moderna lo hace posible y necesario.  Este cambio en los esquemas gerenciales es necesario además para atender el creciente problema de la corrupción.  El mejor antídoto para la corrupción es la información y su pulcra administración.

La administración pública requiere un mayor grado de descentralización.  Esa descentralización tiene como objetivo la rapidez de las decisiones y la participación ciudadana en los procesos que culminan en las decisiones.  La legislación que viabiliza la autonomía municipal es la piedra angular de este proceso de democratización y saneamiento de la administración pública.  Adecuadamente ejecutado, el proceso incorporará las comunidades a proceso de decisión y será la mejor escuela en democracia que pueda edificarse.

 

3 Responses to Administración Pública

  1. Pingback: “Impagable” – La Gran Mentira de AGP siguiendo a sus Asesores Chavistas | Estado51PRUSA.com — PR sin USA, No es PR; USA sin PR, No es USA.

  2. Mi interesaría su E-Mail o Teléfonos – Francisco R González – Pompy

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