Pacto o Armisticio

La sociedad puertorriqueña está en guerra consigo misma. Múltiples grupos de interés especial se activan en el momento en que perciben alguna amenaza al interés que defienden. La gente se aglutina en grupos, gremios, sectores, partidos, facciones e ideologías. Aunque hay áreas en las que distintos grupos encuentran confluencia, la relación entre ellos es infrecuente y tenue.

El comportamiento asociado con las condiciones que se traducen en la visión suma-cero convierte el sacrificio voluntario en algo casi imposible de aceptar. De hecho, aceptar sacrificios en pro de bien general o de otros grupos se interpreta como evidencia de ingenuidad o aun peor, propio de zánganos. Siendo éste el estado de cosas, el sacrificio se hace posible sólo dictado por las propias circunstancias o por el gobierno. Cuando así ocurre, el partido que esté en el poder sufrirá el castigo de una rabieta del electorado en los próximos comicios. El ciclo se repetirá con el próximo gobierno porque el mismo vendrá comprometido con promesas cuya viabilidad económica y financiera no fue nunca tomada en cuanta.

¿Cómo puede romperse el circulo vicioso que mina la estructura política y destruye la economía del país? Aquí es que entra en juego el concepto de “pacto social”. Se plantea la necesidad de lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas oponentes y ciertos agentes sociales que ejercen un grado de influencia suficiente para que se logre la abstención del activismo y la movilización negativa de las fuerzas políticas, en aras de permitir que se lleven a cabo sacrificios grupales a cambio del bien general.

Para ilustrar el concepto puede utilizarse un ejemplo ficticio. Supóngase que los agentes sociales que representan a los trabajadores del sector público aceptan sacrificios sustanciales en salarios y beneficios marginales. Que ese sacrificio se hace con el fin de generar un ahorro con el que se financiará un esfuerzo de envergadura para rehabilitar la infraestructura productiva del país. Como parte del acuerdo, habría el compromiso de no atentar desde el poder legislativo contra la asignación y canalización de los recursos hacia los usos acordados. Es decir, que los partidos que advengan al poder no desviarán los ahorros hacia el gasto.

Por supuesto, el ejemplo que esbozo anteriormente está falto de detalles. El propósito del mismo se limita a ilustrar el concepto del pacto. Si fuésemos a proponer un pacto, yo partiría de algo que he planteado anteriormente.

Propongo que los dos partidos principales pacten en un esfuerzo dirigido a la solución de un problema creado por ellos mismos a través de los años. El problema consiste en la distorsión y disfuncionalidad del sistema tributario y los efectos nocivos que el mismo inyecta al sector productivo de la sociedad. He aquí la raíz del sesgo que muestra la economía de Puerto Rico hacia el consumo, en detrimento de la producción. Para detener la deriva negativa del estándar de vida es necesario actuar sobre el sistema fiscal vigente.

La opción que he propulsado para mejorar el sistema fiscal de Puerto Rico, consiste de dos elementos críticos: 1) convertir el impuesto sobre ventas y usos (IVU) en un impuesto sobre el valor añadido (IVA); y 2) descartar el impuesto sobre ingresos.

Tanto el IVU como el IVA son impuestos sobre el consumo. No obstante, el más efectivo y eficiente es el IVA. El IVA se aplicaría sin excepciones. Sólo se eximirían a las medicinas recetadas. Las personas de mayor edad podrían reclamar un reintegro al fin de año por la cantidad pagada en IVA con el fin de mitigar la regresividad del gravamen.

El IVA es más efectivo que el impuesto sobre ventas y usos (IVU) que rige hoy día. En parte ello es así porque, al cobrarse en cada instancia en que un producto se intercambia en la cadena de distribución, cada pagador debe cotejar que el vendedor haya pagado antes su parte. De no mostrar la evidencia, no se le descuenta el monto de IVA. Al final, el consumidor paga la totalidad y los intermediarios se convierten en cobradores en pro del Estado.

El IVA es utilizado en más de 140 países. En algunos de los estados de los EEUU también. Todo apunta a que, a la larga, un IVA será el sustituto del “income tax” federal. La oposición al IVA proviene de varios grupos y por motivos diversos. El primero es ideológico. Algunos estadoistas insisten en que el sistema fiscal de Puerto Rico se parezca al de los EEUU. Piensan que de esa forma se hace más fácil alcanzar la estadidad federada. Por otro lado, los comerciantes saben que el IVU es más difícil de fiscalizar y más vulnerable al impago. De ahí que la capacidad de captación sea baja. Los contables adoran el impuesto sobre el ingreso por su complejidad. De ella hacen una buena porción de sus servicios profesionales.

Esta es la oportunidad para resolver el problema de recaudos del gobierno. Pero resolverlo con el fín de impulsar un esfuerzo de gran magnitud hacia la inversión productiva. Además, es una gran oportunidad para detener el ataque que nuestro sistema fiscal inflige sobre los que trabajan, ahorran e invierten. El objetivo no deberá ser desviado para mantener el aparato público que hoy desangra al resto de los sectores que aún producen en nuestra economía. De ahí la importancia del pacto entre partidos.

La clave de esta receta consiste en lograr que los dos partidos políticos principales acuerden un armisticio. El mismo consiste en ceder cada uno en sus objeciones al IVA y en comprometerse a no atacar al otro por ello. De igual forma se deberán distribuir entre ambos el beneficio político de la eliminación del impuesto estatal sobre ingresos. Este sería el comienzo de un proceso que sustituiría el comportamiento típico de suma-cero por el que necesitamos. Es decir, el comportamiento típico de suma-positiva. Con ese ganamos todos.

Publicado en Sin Comillas el 29 de marzo de 2013.

http://sincomillas.com/2013/03/pacto-o-armisticio/#comments

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De suma cero a suma negativa

La teoría económica ha integrado a su arsenal conceptos que provienen de otras disciplinas. Uno de tales conceptos proviene de la teoría de juegos. Se trata del concepto que define el resultado de ciertos “juegos” como “suma cero”. De lo que se trata es de conflictos cuya solución define un ganador y unos perdedores. Cuando lo que obtiene el ganador es igual a la suma de lo que pierde el resto de los jugadores, se cancelan ambas cifras. Puesto de una manera más precisa: cuando la ganancia (+) es igual a las perdidas del resto de los jugadores (-), la suma de ambas cantidades, siendo la ganancia positiva y negativas las pérdidas, es igual a cero.

Cuando la economía se estanca en su crecimiento y la producción se distribuye, se produce un resultado que tiende a ser, en el mejor de los casos, de suma cero. Es decir, que lo que es beneficio para uno, resulta en perdida para los otros. Peor aún, en la medida en que la economía se contrae, el resultado post-distribución será de suma negativa.

Bajo circunstancias económicas de suma-cero, el comportamiento de los individuos se ajusta y las actitudes se condicionan. En general, el interés de grupo se impone sobre el interés general. La virulencia de la competencia por los beneficios que escasean en términos relativos se intensifica. Bajo esas circunstancias se hace aún más difícil que de costumbre la caridad, la generosidad, la tolerancia y la solidaridad.

El ambiente político que se produce bajo condiciones de suma-cero hace prácticamente imposible tomar y ejecutar decisiones que conlleven coste político. Las distintas facciones se organizan y cuando logran un mínimo de apoyo que pueda traducirse en votos adquiere poder suficiente para vetar prácticamente cualquier legislación. A esos grupos no les hace mella las consecuencias o coste colateral que pueda resultar de prevalecer en su objetivo. El objetivo se define de manera muy estrecha. Generalmente el objetivo de las facciones o grupos de interés especial se plantea en la negativa. Están en contra de algo. Buscan un simple “no”.

La condición de suma-cero en que nos encontramos hoy es magnificada por una economía que, no sólo no se expande, sino que se ha contraído en un 15 por ciento en un período de 6 años. De haberse expandido a razón de un escaso 1.5 por ciento anual durante ese período, el tamaño de la economía hoy sería efectivamente un 24 por ciento mayor, al compararse con la del 2006.

Esta es la nueva realidad de la sociedad puertorriqueña. Una economía en contracción que pierde población productiva, retrocede en su estándar de vida y se conforma con mayor intensidad en función de grupos dependientes de la asistencia pública. En el horizonte lo que se atisba es una sociedad funcionando bajo las reglas de un juego de suma-negativa. Bajo estas reglas, perdemos todos.

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Pánico

Pánico

Nos dice el Presidente del Senado que optaron por la estrategia que hasta el momento ha separado los elementos de la reestructuración de los sistemas de pensiones de las decisiones que las viabilizarán. Nos indica que ello responde a que éstas últimas crean pánico en la ciudadanía.

Pero, pánico es lo que ha creado la conducta de la legislatura. Una legislatura que responde sólo a intereses de grupos. Una legislatura que luce incoherente y disparatada.

La bancarrota de los sistemas de pensiones es el mejor ejemplo de las consecuencias que trae la irresponsabilidad. La intromisión ha producido un fracaso financiero que tiene a la economía de Puerto Rico al borde del precipicio. Ante la inminencia de lo peor que pudiera imaginarse, la legislatura ha reaccionado con típica torpeza. Como resultado de esa torpeza se perderá lo único positivo que podría surgir de la crisis. Me refiero a la oportunidad de descartar el sistema que nutre al fisco por vía de tributos, arbitrios, licencias y otros vehículos de impuestos. Descartar un sistema que sólo hace daño a la economía al ir contra lo que precisamente se requiere para salir de una situación de estancamiento en la producción y retroceso en el estándar de vida.

La economía de Puerto Rico está organizada para el gasto de consumo. Gasto que es financiado por transferencias de exterior y por el ingreso generado internamente. El sistema de impuestos favorece el gasto de consumo y penaliza el esfuerzo productivo que genera los ingresos y el ahorro.

El discurso político prevaleciente ataca a los que ahorran e invierten y los presenta como los causantes de la desigualdad y el dispendio de privilegios. El sistema de impuestos refleja esa visión. Los partidos políticos han logrado armar una estructura fiscal que abruma el esfuerzo de producción, castiga el éxito económico y premia el gasto del consumo. Además, el sistema alimenta un sector público gigantesco que vive de la economía local y de las transferencias federales.

En otras ocasiones he explicado cómo es necesario y posible desplazar el peso de gravedad del sistema de impuestos hacia el consumo. La opción más eficiente es el impuesto sobre el valor añadido. Este no es el momento para entrar en los detalles técnicos de ese sistema. Baste decir que los estudios realizados por el gobierno de Puerto Rico han concluido que efectivamente éste sistema es el más indicado y conveniente.

Al dejar pasar la oportunidad creada por la crisis, terminaremos con un conjunto de medidas que añadirán a la incoherencia y complejidad del sistema actual. Se dirá que se ha logrado resolver el “problema del retiro para siempre”. Pero no se hará referencia a que las medidas incorporan una fuente de recursos que ya tiene fecha de muerte, v.gr., el impuesto a las compañía “foráneas”. Ese componente se extendió por cinco años y es pagado por un puñado de empresas. Si una sóla de las diéz empresas mayores decide desplazar sus operaciones a otra jurisdicción, el sistema se volverá a tambalear.

El Presidente del Senado dice que trata de evitar el pánico. Pues ya lo han provocado y se manifiesta en una avalancha de funcionarios públicos que están tratando de acogerse a la jubilación antes de que las disposiciones reveladas se conviertan en ley. El pánico también está a punto de cundir en los mercados secundarios de bonos. En esos mercados los bonos del gobierno de Puerto Rico ya están perdiendo valor a ritmo preocupante.

Pánico es lo que cundiría si continúa incrementando la retórica de aquellos que abogan por el impago e incumplimiento con la deuda. Dicho clamor viene principalmente de la izquierda y de ignorantes que no tiene idea de las consecuencias de su retórica o, peor aún, de que tal cosa sea considerada.
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No Entiendo

El acuerdo para salvar de una vez por todas, según el gobernador, el plan de pensiones del gobierno central es, para mí, un enigma. No entiendo. ¿Cómo es posible que habiéndose agotado los activos netos del fondo, forzando que las pensiones se estén pagando del capital porque el del flujo de las aportaciones no da ni para eso, la solución sea aumentar el monto de la mayoría de las pensiones? ¿Cómo es que la “solución” hace necesario que la aportación del gobierno a ser cargada contra el fondo general se eleve a $200 millones pero que no sean necesarios nuevos impuestos? ¿Cómo es que este plan mágico salva de forma permanente las pensiones de los empleados del gobierno central, sin que sea necesario inyectar capital al fondo de retiro?

En la conferencia de prensa que ofreciera el gobernador, flaqueado por los presidentes de ambas cámaras, reclamó haber llegado a un acuerdo con el liderato de su partido que “resuelve permanentemente” el problema y anuncia que no se tendrá que hablar más del asunto. Un problema que monta la cantidad de $35,000 millones cuando se suman los tres sistemas de pensiones. Anunció el acuerdo a pesar de que la legislatura no actuará sobre el mismo hasta entrado el mes de abril. Tajantemente se explicó por el gobernador que no habrán impuestos nuevos.

Pues, entonces, de donde saldrán los $200 millones, o más, que se cargarán contra el fondo general. De no haber recortes por esa cantidad en otras partidas del presupuesto, el déficit estructural aumentará por esa cantidad. Para evitarlo, tendrá que haber recaudación adicional.

Ayer los rumores que provenían de la legislatura anunciaban impuestos a empresas comerciales de escala mayor. A las llamadas “megatiendas”. Se conoció que otra medida considerada con fuerza es un aumento en el arbitrio que se carga contra los cigarrillos.

Los legisladores alegan que estos tributos no son pagados por la gente. En su exquisito estilo orweliano pretenden que la población crea que el efecto indirecto de esos impuestos no se traducirá en precios más altos a ser cargados contra los bienes y servicios que venden los comercios.

Claro está, la secretaria de Hacienda contribuirá estimando que el nuevo sistema electrónico a utilizarse para captar el IVU generará una recaudación adicional. Lo mismo nos dirá respecto a la planificada amnistía (evento que ocurre una sola vez y no genera ingresos recurrentes).

Aun con todas las explicaciones que sin duda alguna están confeccionando en el ejecutivo y el legislativo, yo no entiendo la aritmética. No me cuadra. Peor aun, luce muy parecida a la que nos metió en el problema en primer lugar.

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La Nueva Esclavitud

Clarísimo. Lo que nos dice Horacio Aldréte-Sánchez, analista de S&P responsable de la clasificación de crédito de Puerto Rico, es lo que he tratado de explicar tantas veces.
( http://ratings.standardandpoors.com/search?keywords=Puerto%20Rico&contentIDSelected=199149991&relatedContentLink=false )

Cada “aliviio” que ajusta la legislature al plan del Gobernador se traduce en un déficit estructural mayor que el existente. A menos que se compense, dólar por dólar, con impuestos adicionales. Este es el resultado más doloroso del estancamiento de nuestra economía.

Ahora bien, en esta sociedad nuestra rige una conducta de suma cero. Es decir, lo que yo pierdo lo ganas tu. Por lo tanto, yo lo arrebato antes. Toda la retorica que se escucha en cuanto a “solidaridad” se estrella con la realidad cruda del comportamiento típico de suma cero.

La próxima etapa en éste camino hacia el gueto de viejos pobres al que nos dirigimos es la lucha entre generaciones que se está desatando alrededor de los planes de pensiones y la bancarrota de los sistemas de sanidad. El abandono de la isla por la población más productiva intensificará el proceso. El peso de una población anciana dependiente sobre las mujeres de las dos generaciones anteriores será oneroso e injusto. Temo que estemos cruzando el umbral de lo que muchas mujeres interpretarán como una nueva esclavitud.

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Concertación

Propongo que los dos partidos principales cedan en la siguiente solución al problema fiscal creado por ellos mismos a través de los años.

La opción que siempre he propulsado para mejorar el sistema fiscal de Puerto Rico, consiste en: sustituir el impuesto sobre ingresos por un impuesto al consumo. El más efectivo y eficiente es el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Sólo habría excepción a las medicinas. Las personas de mayor edad podrían reclamar un reintegro al fin de año por la cantidad pagada en IVA.

El IVA es más efectivo que el impuesto sobre ventas y usos (IVU) que rige hoy día. En parte ello es así porque, al cobrarse en cada instancia en que un producto se intercambia en la cadena de distribución, cada pagador debe cotejar que el vendedor haya pagado antes su parte. De no mostrar la evidencia, no se le descuenta el monto de IVA. Al final, el consumidor paga la totalidad y los intermediarios se convierten en cobradores en pro del Estado.

El IVA es utilizado en más de 140 países. En algunos de los estados de los EEUU también. Todo apunta a que, a la larga, un IVA será el sustituto del “income tax” federal.

Esta es la oportunidad para resolver el problema de recaudos del gobierno. Además, es una gran oportunidad para detener el ataque que nuestro sistema fiscal inflige sobre los que trabajan, ahorran e invierten.

La oposición al IVA proviene de varios grupos y por motivos diversos. El primero es ideológico. Algunos estadoistas insisten en que el sistema fiscal de Puerto Rico se parezca al de los EEUU. Piensan que de esa forma se hace más fácil alcanzar la estadidad federada. Por otro lado, los comerciantes saben que el IVU es más difícil de fiscalizar y más vulnerable al impago. De ahí que la capacidad de captación sea baja. Los contables adoran el impuesto sobre el ingreso por su complejidad. De ella hacen una buena porción de sus servicios profesionales.

El secreto de esta receta consiste en lograr que los dos partidos polítcos principales acuerden ceder cada uno en sus objeciones al IVA y se comprometan a no atacar al otro. De igual forma se deberán distribuir el beneficio político de la eliminación del impuesto sobre ingresos.

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Hora del Llanto y del Crujir de Dientes

Publicada hoy 3 de marzo de 2013 en la Revista NEGOCIOS de El Nuevo Día.

El gobernador de Puerto Rico ha recibido de los funcionarios de mayor jerarquía en el ámbito financiero una clara advertencia. Se trata de la inminente insolvencia del sistema de pensiones de los empleados públicos. Los activos netos del fondo para pagar las pensiones se agotará en cuestión de una docena de meses.

En el pasado, hubo holgura suficiente para esconder la inevitable bancarrota del sistema. Conducta irresponsable que ha llevado a la insolvencia, no solo al sistema de retiro del Estado Libre Asociado, sino que amenaza con arrastrar barranco abajo al gobierno de Puerto Rico.

El gobernador ha enviado a la legislatura un coctel de medicamentos que, de ser convertidos en ley, tienen el potencial de atajar varios males. El primero y más importante es evitar que el mercado de capital se cierre de un portazo en las narices del gobierno de Puerto Rico. Esto ocurriría, porque las agencias que evalúan y clasifican el riesgo que representa Puerto Rico para inversionistas potenciales, están a punto de cumplir con su advertencia y colocar la deuda de Puerto Rico en una categoría que no es presentable en sociedad. Es decir, que los instrumentos financieros con que Puerto Rico obtiene capital prestado no serán considerados como inversiones. Más bien, serán considerados como un billete de la lotería. Con ese golpe el gobierno perdería el acceso a capital, a un coste tolerable. Las consecuencias de esa eventualidad son tenebrosas y no abundaré en ellas aquí.

En segundo lugar, el coctel enviado a la legislatura protege las pensiones que en la actualidad se están pagando. A la vez, reconoce que, lamentablemente, los excesos de legislaturas y ejecutivos irresponsables que añadieron beneficios a las pensiones. Beneficios por los que los pensionados no cotizaron. Esa práctica fue menoscabando los fondos de retiro y ha contribuido a precipitar el “final de Norma”. Ese tipo de “beneficio” legislado se unió a otros que han permitido que funcionarios que contribuyeron con cotizaciones propias de una pensión modelo “Fotingo” se retirasen con pensiones modelo “Cadilac”. Pensiones inmerecidas que menoscaban los fondos y que sólo sirven de ejemplo para ilustrar cómo se ha llegado a esta crisis. Crisis de de un sistema que desde su diseño original no era viable y hoy zozobra abatido por un vendaval de gerencia irresponsable.

No hay que dejar la dinámica demográfica fuera de la explicación del porqué llegamos aquí. Traté de advertir que esta situación era inevitable allá para 1976. Advertí que la población del país envejecía. Que se había estancado en su crecimiento. Simultáneamente, la sociedad se fue acostumbrando a niveles de consumo que no guardan relación con su capacidad productiva. La palabra “producción” desapareció del glosario político. La diferencia entre lo que se producía y lo que se consumía era y es aún cubierta mediante el endeudamiento feroz. Advertí, una y otra vez, sobre las consecuencias de ambos fenómenos. Pero el país siguió como la cigarra de fábula, cantando y tocando el violín.

En la medida que repaso el proceso histórico y gerencial que ha resultado en la insolvencia del sistema que provee para la vejez, siento una gran indignación. Más todavía, es que lo que siento por dentro es una sensación de ultraje. Porque, señoras y señores, de lo que se trata es de un ROBO! Las administraciones de gobierno han efectuado lo que representa el menoscabo de los fondos ahorrados para subsistir durante los años en que más vulnerable es el ser humano.

Ojo, que con calificativo “robo” no me estoy refiriendo a la estrategia mediante la cual el sistema de retiro emitió deuda de largo plazo para levantar capital, pagando un interés fijo, con la esperanza de invertir en valores que probablemente rendirían a tasas superiores. El defecto de aquella medida, dirigida a aumentar el acervo de capital del fondo, consistió en que la deuda original fue respaldada por el fondo del propio sistema. En otras jurisdicciones que optaron por opciones parecidas, el respaldo de la deuda estaba fuera de los fondos de retiro.

Como resultado de aquel error, el fondo de retiro de Puerto Rico tiene que continuar respaldando unos $3,000 millones emitidos en deuda, con una reserva para su saldo. De ahí que el capital neto del fondo se agota en el 2014. Ese año no habrá capital para pagar pensiones. El compromiso del gobierno para con los jubilados se tendría que cumplir con cargo al fondo general.

En caso de que el fondo general, que confronta hoy un déficit estructural de $2,200 millones, no pueda realizar los pagos de las pensiones, mantener la seguridad personal y de propiedad, sostener financieramente el plan de salud de la población indigente y mantener el sistema de educación pública, tendrá que imponer contribuciones inevitablemente.

Los oficiales electos del gobierno han faltado al juramento que hicieron al tomar posesión de sus puestos. Los legisladores, en particular, han sido cómplices irresponsables del escamoteo de los fondos privados aportados por los participantes de los planes de pensiones y por los contribuyentes que aportaron por vía de tributos con que se financiaron las aportaciones patronales. Los partidos políticos han sido cómplices de un despojo monumental del que ahora pretenden quedar impunes y cubiertos por un pesado velo tejido con la complejidad de los números y el vocabulario propio de actuarios y financistas. Imagínese el lector que el gerente de los fondos de pensiones del gobierno hubiese sido un ente privado. Estoy seguro que los políticos estaría clamando por su cabeza.

Por eso confieso que me siento ansioso e inseguro de lo que produzca el proceso legislativo luego de recibir el coctel de medicinas que le envía el gobernador. Las expresiones que hasta la fecha se escuchan venir desde el capitolio, no ofrecen garantías de que allí se esté comprendiendo a cabalidad la naturaleza del problema.

Las medidas que propone el gobernador son necesarias. El que lo intente negar no dice la verdad. Ahora bien, falta aún la otra pared del sandwich. Me refiero a la procedencia y magnitud de la inyección de capital que será necesario aportar a los fondos de pensiones. Esta también será resistida y protestada.

Llegó la hora del llanto y crujir de dientes. Los remedios, inevitablemente serán injustos. Pero todos tenemos cierto grado de culpa. El país se dejó embaucar por una casta política que aún promete beneficios sin sacrificio. Hoy estamos ante la más vulgar y flagrante violación del contrato social que podía haberse fraguado. Otra vez, pagaremos los que seguimos las reglas, los que ahorramos, los que hemos prestado nuestros ahorros al comprar instrumentos del gobierno, los que tributamos, los que nos negamos a trabajar desde las sombras de la economía subterránea. Es decir, los zánganos en esta sociedad de gansos y pilletes. No hay perdón de Dios!

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El Tesoro Escondido

Comentario de Elías Gutiérrez a un discurso presentado por el Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel J. Fernós, en el Noveno Diálogo de Infraestructura Sociomoral: “Justicia Económica: hacia una economía solidaria a través de la educación”.

El problema económico y la ciencia de la economía tienen su origen en una simple realidad: los bienes y los recursos son limitados, pero las necesidades de los seres humanos no aceptan límites.

El liberalismo democrático ha convertido a los gobiernos en interventores que alteran la distribución de todo lo producido y lo necesario para la producción. Dicha intervención se predica en nombre de la justicia.

No obstante, el gobierno, por su propia escala, se ha tornado contra la sociedad que debe servir. Es un enjambre que vive con el único propósito de perpetuarse y crecer. Crece alimentándose de escasos recursos producidos por sectores que son cada vez más pequeños y vulnerables. Esa dinámica reduce el potencial de producción, mengua la capacidad para añadir valor a la economía y, eventualmente, reduce el estándar de vida. La situación resultante debiera colocar en un segundo plano de prioridad la distribución del producto. No obstante, el sistema político organizado en derredor de partidos y grupos de interés especial, lo hace imposible. El populismo y la demagogia cunden y empañan el entendimiento. Mientras fue posible, el gobierno recurrió a incurrir en deuda para mantener el gasto, el ingreso y el estándar de vida reflejado en el consumo. No obstante, todo tiene un limite. Estamos sobre la raya de la cancha. Hemos llegado al límite. La ecuación de la justicia ahora incluye el descargue de responsabilidades entre generaciones.

Nuestra economía exhibe una estructura dual. Por un lado, un sector productivo relativamente pequeño y, en buena medida, dependiente del sector público. Por otro lado, un sector de gobierno que padece de elefantiasis. En las sombras, opera y crece aceleradamente, un sector informal subterráneo y criminal. ¿Cómo alcanzar la justicia dada la condición actual?

La teoría del desarrollo económico que le debemos, entre otros, a Sir Arthur Lewis, a John C.H. Fei, y a Gustav Ranis, identifica una fuente de recursos atada al sector agrario que encierra el potencial de ser la clave para viabilizar el proceso de industrialización. El excedente laboral que languidece en el sector improductivo de una economía dual, estructurada en torno a un sector agrario grande y a un sector urbano industrial pequeño, es la clave para iniciar un proceso de industrialización.

El peso de gravedad de una economía dual se desplaza hacia el sector industrial cuando la mano de obra del agro, donde su productividad marginal es negativa, emigra a los centros urbanos industriales. La mano de obra es transferida al sector industrial, donde su productividad marginal es alta y positiva. Dado que su contribución a la producción agraria es negativa, cuando la fuerza laboral abandona el agro y se traslada a la urbe industrial, aumenta el producto del agro por su ausencia y contribuye a incrementar el producto industrial con su presencia. Ese doble efecto produce un excedente agrícola. El excedente constituye un ahorro que, canalizado por el sector financiero, posibilita la inversión y la acumulación de capital en el sector industrial. De esa forma se dispara un proceso descrito como “circulo virtuoso” y eventualmente se adviene a la transformación de la sociedad agraria en una industrial urbana.

Puerto Rico se encuentra hace décadas en otra disyuntiva. Luego de un proceso exitoso de industrialización, urbanización y creación de una clase media, su economía empantanó. Hoy día, retrocede y se contrae. La atrofia de sus instituciones resulta ya evidente.

En vez de un sector agrario, donde la productividad marginal de la fuerza laboral es negativa, Puerto Rico desarrolló un desproporcionado sector de gobierno con esa misma característica. De ahí que, cuando se reduce el insumo laboral en el gobierno, aumenta el valor y la calidad de lo que intenta producir. Este fenómeno se ve con alguna claridad en las corporaciones públicas y en las agencias en que los sindicatos han llegado a dominar a la gerencia. Un buen ejemplo lo ofrecen las huelgas en las corporaciones de acueductos y energía eléctrica. La reducción forzosa de los empleados aplicados a sus tareas no reduce el producto, a menos que se incurra en actividades de sabotaje.

La condición de dualidad que caracteriza a nuestra economía brinda una oportunidad. Emulando la economía agraria que rompe con el estancamiento y arranca hacia el proceso de industrialización, aprovechando el excedente producido por el sector agrario como resultado de la emigración de la fuerza laboral a los centros urbanos industriales, así podemos provocar un cambio en la situación actual. Ese cambio requiere que el sector gobierno se reduzca en la escala con que absorbe todo tipo de recursos. En la medida que lo haga, dado que la productividad marginal de todos los recursos es ya negativa en el sector público, se generaría un flujo de ahorros que acumularía capital suficiente para disparar un proceso de alta productividad.

La conversión del excedente agrícola en capacidad industrial es la función del sector financiero. En el caso de la estructura de nuestra economía, el sector público genera mayormente un flujo de servicios. La conversión del excedente es más difícil. Habrá que comenzar con las empresas públicas que generan producción para la que ya existen mercados. Por ejemplo, energía y agua.

Sin ese disparo de productividad no será posible escapar de la jaula de la dependencia en que hemos quedado atrapados por un gobierno que nos asfixia por su tamaño. No es posible distribuir lo que no se produce. Antes de alcanzar la justicia social por vía de la redistribución es necesaria la eficiencia en la producción.

El resultado del esfuerzo que se realiza por vía de la conjunción de la actividad humana aplicada con capital, tierra, gerencia y otros insumos es lo que llamamos productividad. El crecimiento de la productividad es lo que determina el estándar de vida. Esta sociedad nuestra ha perdido de vista que el objetivo de la organización social que conocemos como “la economía” es la producción. Por el contrario, en una confusión total la sociedad parece haber entendido que el objetivo de “la economía” es el consumo ahora.

Peor aun, el consumo de lo que no produce. Es cierto que en última instancia la producción se realiza para satisfacer necesidades de consumo. Pero en el corto y en el mediano plazo es indispensable producir y acumular recursos que permitan producir más y elevar la calidad de la producción.

La productividad de la economía depende del conocimiento y de la tecnología que se incorpora a los procesos de producción. Nuestra economía ha perdido la capacidad de aumentar su productividad y añadir valor a la economía del mundo. Ello ha ocurrido en la medida en que el sector público se ha convertido en un redistribuidor de ingresos y riquezas. En nombre, precisamente, de la justicia social, el incentivo para ahorrar y aplicar los ahorros a la acumulación de capital productivo ha ido menguando consistentemente. Para empeorar la situación, los activos que el país ha acumulado son relativamente improductivos. El mejor ejemplo de esa asignación ineficiente del capital es el enorme acervo de viviendas.

Aquí encontramos el verdadero problema económico contemporáneo. Y resulta que es un problema político. A través del tiempo el gasto público se ha transformado. El sistema político ha convertido gran parte de las transferencias que el gobierno utiliza para redistribuir los ingresos y riqueza en lo que en ingles llaman “entitlements”. Son transferencias que las personas reclaman con el derecho de titularidad. Es decir, las personas se sienten dueñas de una tajada del gasto público que crece sin control. Todo esto se ha hecho en nombre de la “justicia social”. Se ha tenido que recurrir a ese concepto porque la ciencia económica nunca ha resuelto el problema de la distribución. La eficiencia en la producción se logra cuando el criterio es la productividad marginal de los factores que intervienen en el proceso productivo. Si a cada factor de producción se le remunera concorde a su productividad marginal, el producto justamente se agota. En la medida que la distribución no responda a la regla del criterio de productividad marginal, la explotación es inevitable. Hasta aquí nos trae la teoría económica. De ahí en adelante es necesario recurrir a la moral o a criterios superiores.

Los programas llamados sociales, por vía de transferencias, constituyen la tajada del gasto federal que crece a mayor velocidad, absorbe ahorros y disminuye la productividad. Por lo tanto, a la larga, las transferencias reducen el estándar de vida. No es posible distribuir más, si se cuenta con menos. Independientemente de los eslóganes que fabrican los publicistas. En otras palabras, la dependencia crónica en la asistencia social es contraria a la “justicia económica” que desea alcanzar el Presidente Fernós a través de la educación.

La educación puede servir de lubricante para que los recursos, que están siendo malgastados en el sector de gobierno, se puedan trasladar al sector productivo de la economía. De esa forma se podrá utilizar el tesoro escondido en el sector público improductivo. Puesto en palabras del economísta, para que la productividad marginal de los recursos se eleve y pueda sostener el crecimiento de la producción y el estándar de vida, hay que rescatarlos del sumidero en que se encuentran atrampados.

El Presidente Fernós hace la pregunta retórica: “¿Cuándo nos descalabramos? Pues nos descalabramos cuando, año tras año hemos distribuido lo que no hemos producido. Este país ha tratado de explotar a su clase media y al gobierno federal.

Vaya usted a explicarle esto a la gente. Le aconsejo que lo haga desde dentro de un tanque de guerra.

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Fuera del Mercado de Capital

Los representantes del gobierno de Puerto Rico no se han reunido con las agencias evaluadoras de riesgo. ¿Por qué? Pues la contestación que recibimos es que el gobierno no está emitiendo deuda nueva, ni refinanciando deuda vieja. Es decir, que no necesitan la clasificación crediticia.

¿Cómo interpreto yo esta situación? Yo la interpreto como una forma de exclusión autoimpuesta. El agente fiscal del ELA, v.gr., el Banco Gubernamental de Fomento, no ha accedido a una incursión que podría resultar en una reclasificación de la deuda del ELA a nivel especulativo. De ahí que se haya podido evitar una reunión con los analistas de las calificadoras de crédito.

Lo que esto significa es que, para todo propósito práctico, Puerto Rico ya está fuera del mercado de capital municipal exento de los EEUU. Sospecho que el agente fiscal irá al mercado de capital sólo si el gobierno produce el plan creíble que espera el mercado para conjurar la crisis de los planes de pensiones, Autoridad de Carreteras y se consuma el arrendamiento del aeropuerto.

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Fitch Ratings y su Diagnostico

Quisiera hacer los siguientes comentarios en torno al último informe y alerta de perspectiva de la casa Fitch. Fitch es una de las que evalúa el crédito de gobiernos y empresas privadas.

1) Fitch ha sido la agencia más tolerante con el gobierno de Puerto Rico.

2) Luego de reconocer el esfuerzo de la administración del gobernador Fortuño en recortar gastos, Fitch diagnostica correctamente que el problema principal de nuestra economía consiste en la reducida capacidad de producción con que ahora cuenta Puerto Rico. De hecho, Fitch concluye su informe de alerta de la siguiente forma:

“Puerto Rico faces a longer term question of how to grow and diversify its economy, increase employment and workforce participation levels, enhance wealth and income, and address contraction in its existing pharmaceutical and electronic-producing industries. The ultimate test of the success of future policy will be whether or not Puerto Rico is able to find a sustainable path to economic growth, growth that is necessary to support the commonwealth’s high debt levels and other long-term liabilities, as well as to achieve and maintain a structurally balanced budget.”

Nótese que el informe de Fitch enfoca en lo que denomina “economic growth”. Del crecimiento que discute y presenta como requisito para regresar a buen camino es del crecimiento de la producción. No es crecimiento de la demanda agregada, del gasto de consumo, no. Es del crecimiento de la producción para establecer una ruta viable y estable de la economía. Sólo así se alcanzará nuevamente un nivel de riesgo aceptable para la deuda que logre vender el gobierno de Puerto Rico.

3) El coctel que está confeccionando la legislatura para “achicar agua” no ataca el problema estructural. Para ello, en el campo fiscal, es necesario sustituir el impuesto sobre ingresos por tributos al consumo como el impuesto sobre el valor añadido.

4) El obstáculo mayor a la producción y productividad de la economía de Puerto Rico es el gobierno mismo.

5) El país cayó en lo que yo he llamado “trampa”. Utilizamos ahorros generados por los conciudadanos del norte para sufragar un estilo de vida sustentado por la dependencia. Cuando la situación financiera no permite sostener los niveles de gasto acostumbrados se produce una crisis. La crisis se produce porque, aunque sean obvias las medidas necesarias, el sistema político las bloquea.

6) Hoy día la situación es peor porque la clase política se ha deslegitimizado. El desprestigio que ha traído la incompetencia y la corrupción resulta ahora fatal. No solo se confronta un déficit financiero, sino que, además, hay un déficit de confianza. La sociedad no le cree nada a los políticos.

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