Psicología y Escape

Observo, leo y escucho. Y mientras más empeño pongo, menos entiendo. No entiendo porqué una gran porción de los puertorriqueños que residen en la isla no parecen cobrar conciencia de la gravedad y urgencia de la situación financiera y económica que se nos viene encima.

Poco a poco, y en días recientes con la ayuda del Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los medios han prestado más atención. El público parece reconocer que hay problemas. No creo que se haya cobrado conciencia de cuán difícil será manejar la crisis. He tratado de hacer mi parte por vía de la radio y de mi diversos recursos vía Internet. No obstante, creo que estoy llegando a un reducido número.

Pero, volviendo a la pregunta original. ¿A qué se debe la insensibilidad que percibo? El público muestra gran frustración, preocupación e indignación cuando se trata de incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Hay muestras de gran disgusto con la legislatura y con el desempeño de los miembros de esa rama de gobierno. Hay opinión generalizada con relación a que el sistema judicial no funciona. Hay consenso con relación a que el gobierno no provee servicios básicos con la calidad y presteza mínima esperada.

Quizás se trata de que los precios que se pagan y los servicios que se reciben constituyen una experiencia cercana, personal, que los ciudadanos sufren diariamente. La crisis financiera del gobierno es algo que la ciudadanía percibe en términos abstractos. Los ciudadanos no logran conectar su vida diaria con las consecuencias de una degradación del crédito del Estado y de sus corporaciones públicas. La gente común no tienen ni siquiera el vocabulario que les permita conversar en torno a la crisis.

Por supuesto, los llamados líderes se han encargado de mantener a la población desinformada y mal informada. La población no tiene conciencia, por lo tanto, ni de la gravedad ni de las medidas que probablemente sean forzadas sobre los que pagan impuestos y sobre los que consumen bienes y servicios. En síntesis se podría decir que lo que nos espera es menos, de peor calidad y a ser pagado a más altos precios.

Lo que se cierne sobre éste país es nada más y nada menos que la reducción de su clase media. En otras palabras, empobrecimiento. El proceso no será suave ni el resultado romántico. Para complicar las cosas, estarán ausentes los recursos federales ARRA que se elevaron a más de $7,000 millones gastados en dos años. La ausencia de ese “estímulo” se dejará sentir ahora a la inversa a través de la economía. Es lógico pensar que, dada la magnitud, el efecto negativo sobre la demanda agregada podrá cancelar los esfuerzos del sector privado para generar puestos de trabajo. El sector público simplemente no tendrá la capacidad para mantener los puestos que sostenía al 31 de diciembre de 2012.

¿Qué estará considerando la recién inaugurada administración para atajar la crisis y evitar lo peor? ¿De ese menú, qué estará dispuesta a poner en marcha, dado el coste político que definitivamente confrontará? La contestación a esas preguntas dibujará nuestra realidad durante los próximos años.

Hagamos una lista abreviada de posibilidades obvias:

1) Aumento en la edad mínima de jubilación.
2) Aumentos en las aportaciones de empleados y patronos a los sistemas de retiro.
3) Reducción de beneficios otorgados por la legislatura sin cotización previa por los beneficiarios o sus patronos.
4) Cambio en la computación de las pensiones para tomar en cuenta más años de servicio.
5) Tributos especiales para recapitalizar los planes de pensiones.
6) Reducción del monto a pagar de las pensiones.
7) Revisión de tarifas por uso para una amplia gama de servicios públicos.
8) Suspensión de etapas de la reforma de impuestos.
9) Un buen número de corporaciones públicas serán puestas en sindicatura por el BGF.
10) Habrá reducciones significativas en jornada de trabajo y plantilla laboral en los gobiernos municipales, corporaciones públicas y gobierno central.

De no haber voluntad política para considerar y poner en marcha una combinación de acciones similar a las que aparecen arriba; o de enfrentar resistencia ciudadana al coctel que prescribe la prudencia financiera, se desatará un descalabro financiero sobre el país.

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¡El Tiempo se Acabó!

Hay incertidumbre en cuanto a lo que nos depara el destino en el corto plazo. Como el que sufre de astigmatismo, podemos ver mejor a lo largo que a la corta. Desde un ángulo poco informado, podemos especular lo que parece estar coagulando.

La permanencia de la tasa de 4% sobre las ventas de las corporaciones llamadas “foráneas” ya ocurrió.

La culminación de la reforma contributiva no parece ser posible. Un anuncio al respecto podría producirse antes de junio 30.

El arrendamiento del Aeropuerto Luis Muñoz Marín (AILMM) será aprobado por la Administración Federal de Aviación (AFA). Las protestas en Puerto Rico no cesarán por unos meses. No obstante, la situación financiera de la Autoridad de los Puertos, del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y del Gobierno Central no pueden ser soslayadas. La legislatura dominada por el Partido Popular (PPD) está dando señales de que exigirá un precio al Ejecutivo para bajar la presión en contra de la transacción. El mismo puede manifestarse de varias formas: resistencia a confirmar funcionarios nominados, resistencia a la reforma legislativa propuesta por el Programa del Partido, resistencia a la aprobación del presupuesto y resistencia a medidas de carácter fiscal.

El Presidente del BGF ha explicado que para evitar una degradación catastrófica de la calificación del crédito del gobierno de Puerto Rico se requieren varios elementos clave: 1) que se complete la transacción del AILMM; que se produzca una solución que genere ingresos adicionales estables para la Autoridad de Carreteras (AC) de tal forma que retorne a un estado de autosuficiencia independiente del BGF; que se produzca un plan creíble, acompañado de acciones concretas, para atender la insolvencia de los fondos de pensiones. Ya el mercado de capital está dando señales de incredulidad sobre la capacidad del gobierno de Puerto Rico para atender la crisis. Algunos instrumentos financieros vendidos por coorporaciones públicas han perdido en semanas recientes entre 10 % y 11% de su valor.

Los tres componentes señalados por el Presidente del BGF son adicionales a un esfuerzo dirigido a conjurar el déficit en el fondo general que asciende a $2,212 millones (según el último estimado) en un período de pocos años. Dado este requisito, podemos especular que las medidas de austeridad no podrán ser abandonadas.

Las protestas aumentarán de tono y frecuencia. La disidencia en el PPD aumentará con cada día que pase. La insolvencia de los gobierno municipales tendrá el efecto de avivar las llamas de la resistencia contra la austeridad y en contra de cualquier medida que intente generar ingresos al Estado.

La aprobación de una revisión del salario mínimo federal, aunque no alcance la meta de $9.00 por hora que anunció el Presidente Obama ésta semana será mortal para los gobiernos municipales. Además, hará daño al resto de la economía de Puerto Rico. Si el Congreso aceptara un mecanismo de ajuste automático al salario mínimo federal en reflejo de la inflación, se desvincularía finalmente la estructura de salarios de los avances en productividad. Para una experiencia de lo perjudicial que resultaría tal cosa, sugiero que el lector estudie lo que provocó tal política en España.

La promesa de los 50,000 puestos de trabajo a crearse en 18 meses podría hacerse sal y agua muy pronto.

Todo lo anterior se plantea sin introducir el elemento imponderable que representa la posible acción del Congreso en lo que se refiere al gasto. En estos momentos, el grado de incertidumbre sobre éste asunto es muy grande.

Finalmente, es probable que el mosaico de supuestas alianzas que coagularon durante la campaña electoral comience a desmoronarse. Ello ocurrirá más temprano que tarde, cuando las facciones y grupos de interés especial sientan que lo que pensaron era poder de veto no lo es. Que la realidad financiera es determinante y que la realidad económica resulta ser implacable. Los presidentes de todos los bancos de Puerto Rico han dado la voz de alerta el pasado domingo por vía de un extenso reportaje en la sección especial NEGOCIOS del El Nuevo Día. El tiempo se acabó.

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El Talón de Aquíles

El Talón de Aquiles

Una facción del Partido Popular se ha unido a grupos de izquierda que levantan voces de oposición al arrendamiento del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Los argumentos que han blandido a través del tiempo han variado. Van desde un reclamo por la posesión de la pieza del patrimonio nacional que dicen proteger, hasta evaluaciones negativas del negocio pactado por el gobierno y el consorcio que ha ganado la buena pro en el proceso que llevó a su selección como gerente.

El talón de Aquiles de nuestra sociedad es la limitada capacidad gerencial que ha exhibido el sector público. El ejemplo que ofrece la corporación pública dueña del aeropuerto resulta iluminador. El estado de situación de la Autoridad de los Puertos (AP)refleja una condición de insolvencia que la ha colocado bajo sindicatura del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que le ha cerrado el mercado de capital. Todas las instalaciones administradas por la AP muestran abandono. En términos financieros, generan pérdidas operacionales cuando se incluye el servicio de la deuda en los cómputos (como debe hacerse).

La deuda acumulada por la AP rebasa los $1,000 millones. Las pérdidas operacionales se acumulan a razón de $50 millones por año. El BGF no tiene capacidad para rescatar a la AP. El fondo general del gobierno central confronta un déficit de más de $2,000 millones anuales. No le es posible al gobierno central un rescate de la AP. Un impago de la AP puede arrastrar al gobierno central al abismo de la degradación del crédito. Las consecuencias sobre la economía de Puerto Rico y sobre la sociedad en general son de magnitud catastrófica.

Los números son fáciles de comprender. No obstante, la oposición se aferra a estribillos y consignas que demuestran desprecio por la realidad y por las consecuencias que se ciernen sobre todos nosotros. Ningún argumento importa. A la evidencia responden con llamados a la resistencia y a la desobediencia civil. Todo esto apoyado por el liderato de la Camara de Representantes en franco desafío a la posición que (tímidamente, así hay que decirlo) ha asumido el gobernador.

Ni los grupos opositores de izquierda, ni la facción soberanista del Partido Popular presentan solución alternativa al arrendamiento pactado por el gobierno con el consorcio privado. Sólo se oponen. Pero se oponen sin presentar alternativas aceptables y creíbles. Creíbles por un mercado de capital que está a punto de tirarnos la puerta en las narices.

Ya hemos pasado por experiencias similares. El gobernador Hernández Colón intentó vender la compañía telefónica sólo para confrontar la oposición de una facción del partido en la legislatura. La transacción se frustró y el país perdió la oportunidad de vender la compañía a tiempo. Luego, el gobernador Rosselló prevaleció y pudo vender, pero en condiciones menos favorables.

¿Permitirá esta sociedad que algo similar ocurra nuevamente? Ese es el riesgo que existe ante la estrategia del gobernador García Padilla de dejar en manos de la Administración Federal de Aviación la decisión final. Si el gobernador está convencido que la palabra del gobierno está empeñada y, si por otro lado, no tiene una alternativa que salve del desastre financiero a la AP y al gobierno central, debe dejárselo saber a la AFA. El gobernador debe ejercer su liderato. El vacío lo está llenando un activismo malsano que emana de los sindicatos, intereses comerciales y que es magnificado por la Camara de Representantes.

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Estrategias de Precios para los Servicios Públicos

Se conocen varios enfosques para establecer los precios de los servicios producidos producidos y vendidos por empresas de servicio público (“utiities”) en los campos de energía electrica, telefonía, gas y agua y alcantarillado. Los esquemas para establecer reglas que permitan precios concordes a los objetivos de las empresas pueden ilustrarse por medio de ejemplos.

Una forma de establecer precios es dejarse guiar por el coste promedio de la operación. Este tipo de esquema produce empresas que crean un interés en aumentar la escala de producción. Eso es así porque a mayor escala, menor el coste promedio. Por lo tanto, en la medida que los costes promedio están descendiendo en respuesta tecnológica a escalas de producción mayores, los costes promedio serán superiores a los costes marginales. La diferencia entre el coste marginal (por ejemplo, el de un KW-hora adicional), con respecto al coste promedio (coste total dividido por el total de KW-horas producido) constituye una ganancia para la empresa.

Un esquema que utilice el coste margina como guía para establecer los precios, tenderá a incentivar plantas generatrices de menor escala. Las empresas que están en el negocio de proveer utilidades públicas como la energía eléctrica, no les atrae el esquema guiado por el coste marginal. Ese esquema castiga la ineficiencia. Además, no va de acorde con la estrategia de estimular el consumo. Noten ustedes como la Autoridad de Energía Eléctrica estimula el consumo de energía en vez de estimular la eficiencia.

Otra forma de establecer precios es con una escala que varía dependiendo de la hora del día en que se consume. Lo precios a las horas de mayor demanda son más altos que a las horas de menor demanda. Esa estructura permite a los consumidores programar sus actividades para comprar el servicio a las horas más económicas, manteniendo la opción de compara a cualquier hora.

Todas estas opciones ha sido propuestas a los oficiales de la AEE a través de los años. Me consta porque la he planteado yo. Las mismas han sido siempre rechazadas.

Pero no les extrañe el rechazo. Durante el segundo término del gobernador Hernández Colón, propuse eslabonar el sistema de distribución de energía eléctrica de Puerto Rico con el de República Dominicana mediante un cable submarino. De esa forma, nos beneficiábamos de poder comprar energía barata producida por plantas hidroeléctricas en República Dominicana a ciertas horas del día. Al mismo tiempo, le hacíamos a República Dominicana disponible nuestra energía cuando el sistema de allá no era suficiente para confrontar la demanda. ¡Todos ganábamos!

¡La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico rechazó la idea con el argumento de que el cable submarina podía producir un “corto circuito”! Esta propuesta fue más recientemente acogida por el Presidential Task Force que la ha propuesta para enlazar las Islas Vírgenes con Puerto Rico, por medio de cables submarinos.

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El Robo del Siglo

En la medida que leo la descripción que hace el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento con relación a los planes de pensiones ( http://sincomillas.com/wp-content/uploads/2013/02/Los-Números-Hablan-por-Si-Solos.pdf ) del gobierno de Puerto Rico siento una gran indignación. Más todavía, es que lo que siento por dentro es una sensación de ultraje. Porque, señoras y señores, de lo que se trata es de un ROBO! Las administraciones de gobierno han efectuado lo que representa el menoscabo de los fondos ahorrados para subsistir durante los años en que más vulnerable es el ser humano.

Los oficiales electos del gobierno han faltado al juramento que hicieron al tomar posesión de sus puestos. Los legisladores, en particular, han sido cómplices irresponsables del escamoteo de los fondos privados aportados por los participantes de los planes de pensiones y por los contribuyentes que aportaron por vía de tributos con que se financiaron las aportaciones patronales. Los partidos políticos han sido cómplices de un despojo monumental del que ahora pretenden quedar impunes y cubiertos por un pesado velo tejido con la complejidad de los números y el vocabulario propio de actuarios y financistas.

Estamos ante la más vulgar y flagrante violación del contrato social que podía haberse fraguado. Otra vez, pagaremos los que seguimos las reglas, los que ahorramos, los que hemos prestado nuestros ahorros al comprar instrumentos del gobierno, los que tributamos, los que nos negamos a trabajar desde las sombras de la economía subterránea. Es decir, los zánganos de esta sociedad de gansos y pilletes. No hay perdón de Dios!

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Aumento en el IVU

No se ha determinado aún cuanto será el aumento específico que se aprobará en la tarifa de agua y alcantarillado, o en la de energía electrica. De ahí que no se pueda determinar con exactitud en cuánto será el aumento en el impuesto sobre ventas y uso (IVU). Hay dos incógnitas y una ecuación para resolver una variable. Lo que si está escrito en la pared es, por lo tanto, que se requiere un aumento en los recaudos por IVU. Eso puede darse por vía de un aumento en la captación, o por un aumento en el por ciento impuesto, o por una combinación de ambos.

Por otro lado, la Secretaria de Hacienda está realizando todas las gestiones disponibles para aumentar la recaudación. Lo propio se le ha ordenado a los directores de las autoridades de acueductos y electricidad. De tener ciento por ciento de éxito en ambos casos, el resultado será una proporción pequeña al compararse con el déficit que confrontan ambas corporaciones públicas. El fondo general sobrepasó su limite constitucional hace años. El ELA y sus corporaciones públicas han llegado al limite de su capacidad para tomar prestado. El Banco Gubernamental de Fomento no podrá salir al rescate, sin poner su propía calificación en peligro inminente de degradación.

La APP del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) es ejemplo de lo que se fuerza cuando una entidad se hace insolvente. En este caso, aunque el activo permanece bajo titularidad del Éstado, la operación, su mantenimiento y desarrollo, han de pasar a manos privadas. El AILMM resulta tan valioso e importante que no puede dejarse su administración al gobierno.

Todo esto se resolverá luego de una batalla entre titanes. Por un lado, las juntas de las corporaciones públicas, cobijadas por sus leyes habilitadoras, y el mercado de capital, por vía de las agencias de evaluación de riesgo. Por el otro lado, el gobernador atrapado por sus promesas electorales.

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Consumación

La economía que buscamos cuando hablamos, redefine los problemas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, ahora es común referirse a la insolvencia de los planes de pensión del gobierno como el problema de “retiro”.

Nuestra obsesión por reducir lo complejo y lo doloroso a términos simples nos lleva a diagnosticar implícitamente de forma incorrecta problemas de gran magnitud. No, el problema no es de “retiro”. El problema es de productividad. La generación contemporánea no es lo suficientemente productiva como para sufragar el coste de sostener el flujo de ingresos que compró la generación anterior para recibir una pensión.

La baja productividad de la economía de Puerto Rico, el achicamiento de su acervo de capital productivo, la reducción en el estándar de vida, el estancamiento de los salarios reales, la emigración resultante y la legislación irresponsable que otorgó beneficios no cotizados a los ya jubilados, hace inviable el sistema de pensiones. No hay suficientes trabajadores para sostener tantos jubilados. En algunas corporaciones públicas ya hay más jubilados que empleados. En la medida que la tasa de partición laboral se reduce y la emigración acelera, la situación se hará cada día más insoportable.

Como era de esperarse, ya hay síntomas de la emergente guerra que inevitablemente se producirá entre generaciones. El contrato social se romperá en la medida que el colapso de los sistemas de pensiones no se conjure. La solución para muchos será escapar. En esa medida, no sólo habrá menos trabajadores para sostener el sistema, sino que la producción real se continuará encogiendo. Los que queden residiendo en el país serán responsables del pago de la deuda acumulada parcialmente por ellos mismos y por los que escapen. Así será consumada mi predicción y Puerto Rico habrá alcanzado la categoría de gueto de viejos pobres.

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Interés Público vs. Interés Privado

El gobierno de Puerto Rico es o ha sido dueño en algún momento de:

La fábrica de cartón
La fábrica de botellas
La fábrica de cerámica
La fábrica de cemento
Las centrales azucareras
La fábrica de enlatado de piñas
La refinería de petróleo CORCO
El Almacén de Línea Completa
El telégrafo
Las Navieras
La Telefónica
Once aeropuertos
Los hoteles
Los hospitales y CDT´s
Fincas de arroz, caña de azúcar, piñas, vegetales
Instituciones de educación superior
Líneas de transporte colectivo
Compañía de seguro ACCA y Fondo del Seguro del Estado
Instalaciones para espectáculos y eventos deportivos: coliseos, canchas, parques

La lista que aparece arriba no está ordenada por ningún criterio o secuencia cronológica. La escribí como la fui recordando. Se trata de instancias en que el gobierno ha intervenido directamente para construir, administrar y ofrecer servicios directos como si fuese un ente productivo privado, para luego verse forzado a salirse de esas áreas de negocio.

En todos los casos la salida del gobierno ha sido resistida. En algunos casos la resistencia alcanzó niveles violentos. Ejemplo, la venta de la Puerto Rico Telephone Co.

Podemos hacer otra lista. En esta ocasión, de proyectos de gran envergadura de iniciativa pública o privada que confrontaron resistencia para realizarse. La lista incluiría:

Super puerto del Sur
Planta generatriz de energía eléctrica en Mayagüez
Súper acueducto del Norte
Gasoducto del Sur
Gasoducto del Norte
Las Autopistas PR 22 , PR 5, PR 66 y Puente Teodoro Moscoso
Planta generatriz de electricidad ECOELECTRICA

Ninguna de las listas es exhaustiva. Algunos items de la lista son instancias donde el gobierno permitió la entrada de entes privados que aún operan en campos antes monopolios absolutos del Estado. La traigo a colación para señalar que, si por la opinión pública fuera, el gobierno no se hubiese salido de ninguna de la operaciones que aparecen en la primera lista y ninguno de los proyectos que aparecen en la segunda lista se hubiesen construido. Más aún, la opinión pública estuvo o está insatisfecha con el desempeño del gobierno en todas esas instancias. Y tiene razón el público para estar insatisfecho. El gobierno ha demostrado que es incapaz de regentear los activos del País y ofrecer servicios de mínima calidad. El gobierno ha fracasado rotundamente.

Los opositores a que el gobierno se saliera de ciertas operaciones hoy olvidan convenientemente las razones que obligaron al Estado. Tampoco admiten que, sin importar cuan impopular fueron esas decisiones, el tiempo dio la razón a los que las llevaron a cabo. Ejemplos de ello son: la venta (aun atrasada) de la Puerto Rico Telephone, Co., la venta de Las Navieras y la disposición de TODOS los hoteles. Proyectos como el Super acueducto y la Ruta 66 fueron combatidos por décadas. Hoy, se consideran piezas indispensables de la infraestructura de país financiadas y operadas por el capital y la gerencia privada.

La discusión en torno a la concesión de la gerencia, desarrollo y operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se ha tornado irracional. La decisión fue forzada por la insolvencia de la Autoridad de los Puertos y la incapacidad del gobierno del ELA para auxiliar financieramente a la Autoridad. El gobierno corre un gran peligro si cede a la presión de los sindicatos y de los intereses comerciales que se resisten al negocio pactado con el concesionario luego de negociaciones regidas por una ley y convertidas en un contrato firmado.

Las consecuencias que conlleva renegar de la palabra empeñada por el Estado por vía del gobierno son incalculables. La Autoridad de los Puertos no sobrevivirá. Su colapso tiene el potencial de arrastrar al gobierno del ELA consigo hacia el precipicio financiero.

Los que argumentan que “el negocio es malo” se olvidan, a propósito, que el gobierno no está en condiciones de negociar. El gobierno no tiene alternativa. Tiene que salirse de esa operación. Obtuvo el mejor postor de doce candidatos que participaron en un proceso delineado por ley. Negoció y obtuvo el mejor negocio que pudo lograr. Todo negocio puede ser mejorado para cualquiera de las partes. Ahora bien, a la que se definen condiciones mínimas con el fin de que sean inaceptables para una de las partes, no hay negociación que valga. Eso es precisamente lo que pretenden los que hoy dicen que “el negocio es malo”.

Malo va a ser el menoscabo que sufrirá la confianza en la palabra empeñada del gobierno. Malo va a ser dejar escapar la oportunidad de generar un desarrollo en lo que a muchos opositores le gusta llamar “el principal activo de infraestructura del país”. Malo va a ser que el crédito de Puerto Rico sufra una degradación tal que impida acceder al marcado de capital. Malo va a ser que los sindicatos (que son entes privados) adquieran poder efectivo del veto sobre las decisiones estratégicas del País.

En aras de la “participación” y la “apertura” se corre el peligro de rendir el interés público a intereses que son estrictamente privados, que responden a agendas particulares y, en ocasiones, ideológicas.

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La Fórmula no es el Problema

Otra vez nos confundimos. La fórmula que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para computar el monto periódico que corresponde cobrar a sus clientes no es el origen del problema. La AEE está obligada por ley y por convenio con los tenedores de su deuda de largo plazo (bonistas) a establecer una tarifa que cubra sus costos. Todos sus costos, especialmente el costo de su financiación. Éste tendrá prioridad.

Para propósitos de calcular consistentemente la cantidad a facturar a cada cliente, la AEE recurre a un algoritmo (secuencia de operaciones matemáticas) que produce el resultado necesario. Ese algoritmo de cálculo es la detestada fórmula que ajusta la tarifa para incorporar otros costos. El principal se deriva de lo que le cuesta el combustible a la AEE. Otros “costos” incluyen la pérdida de energía producida y un “pago en lugar de impuestos” que la corporación pública hace, obligada por ley, a los gobiernos municipales.

La energía que produce, distribuye y vende la AEE tiene un precio que refleja los costos de la corporación. El precio se denomina tarifa. No obstante, la intervención de los partidos políticos en la administración de éste monopolio del Estado ha impedido que la tarifa (el precio) de la energía electríca vendida por la AEE se ajuste a las condiciones de mercado. Los partidos políticos han penetrado la gerencia de la AEE y han distorsionado el proceso que determina el precio de venta de la energía eléctrica. La tarifa se ha mantenido constante por décadas. Para compensar el hecho de que los costos no se han mantenido fijos, sino que se han elevado y reflejan, además, el precio fluctuante del combustible, la AEE ajusta la tarifa (“básica”) con un complemento. Ese complemento es el que se calcula con la fórmula de ajuste de combustible.

La AEE de Puerto Rico es una corporación pública que ha de comportarse, por mandato de su ley habilitadora, como una entidad autónoma y rentable, gobernada por su Junta de Directores, con independencia del gobernador y la legislatura. Partiendo de ese supuesto la AEE y exenta del pago de impuestos, se le hace responsable de realizar pagos en lugar de impuestos. La AEE fue una entidad de negocios rentable por varias décadas. Por lo tanto, los pagos en lugar de impuestos no constituyeron un problema insuperable.

Con el tiempo, la operación de la AEE se ha transformando. Hoy la AEE está al borde de la insolvencia. La deuda acumulada es insostenible, dados los ingresos netos de sus operaciones. El coste de combustible ha adquirido una proporción descomunal comparado con la tarifa básica.

La AEE asumió hace muchos años una estrategia de precios. Decidió guiarse por el costo promedio del KVH, en vez de utilizar el coste marginal. En otras palabras, la AEE utiliza el coste total dividido por el total de kilovatios-hora producidos en vez de utilizar el coste que requiere producir un kilovatio-hora adicional. Lo hace así porque el coste promedio es mayor que el coste marginal. Ambos costes dependen de la escala de producción de la AEE. Por ello la gerencia de la AEE busca que la demanda por electricidad sea cada vez mayor. No importa que ello sea ineficiente y perjudicial para la economía de Puerto Rico. Lo único que importa es que esa estrategia de precios genera más ingreso bruto para la corporación.

La estrategia de precios, establecidos a base del coste promedio, va acompañada de una estrategia de producción. Dado que los costes promedio dependen de la escala, la AEE busca aumentar su escala de producción continuamente. De ahí su tendencia a construir unidades generatrices grandes, de ahí su hostilidad a la producción de energía por otros y por vía de insumos alternos, de ahí su renuencia a incentivar a los consumidores a que economicen electricidad. La estrategia de la AEE requiere la ineficiencia de la economía de Puerto Rico para elevar en todo lo posible sus ingresos por venta de energía.

La propuesta que se escucha con frecuencia en el sentido de que una entidad reguladora independiente a la AEE resolvería este problema no está sustentada por la historia de la reglamentación de utilidades públicas. De hecho, la historia prueba que las entidades reguladoras se tornan rápidamente en entidades controladas por la industria que pretenden reglamentar. En Puerto Rico tenemos varios ejemplos: la Comisión de Servicio Público (CSP) y la Puerto Rico Telephone Co.; la CSP y la industria del gas licuado; la CSP y la industria de transportación por camiones; la CSP y la industria de taximetros; la lista es larga.

No. El problema no surge del algoritmo que computa lo que se factura a los clientes. El problema surge porque la AEE es un monopolio estatal que tiene una estrategia de precios y escala de producción más apropiada a un territorio continental que a una pequeña isla antillana. Para colmar la copa, es necesario admitir que la AEE está controlada por dos fuerzas irresistibles en nuestro ambiente, v.gr., los sindicatos y los partidos políticos.

Aún cuando éste gobernador reclama que la Junta de Directores ha actuado siguiendo los intereses del partido anterior, tiene que admitir que fue el gobernador anterior el que ejerció presión sobre la AEE para que el precio de venta se redujera antes de noviembre de 2012. De hecho, el Director Ejecutivo de la AEE anterior a José Colón fue despedido porque no logró ejecutar tal directriz. La presión vino directamente de La Fortaleza.

Hoy la diferencia es que hay un nuevo gobernador.

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La Experiencia del Gobierno Como Empresario

La historia nos ofrece lecciones que los ideólogos políticos se niegan rotundamente a estudiar. Desde temprano en la década del 1940, el duo de Luis Muñoz Marín y Teodoro Moscoso se dio cuenta que el gobierno es incapaz de administrar entidades productivas. Luego de nacionalizarlas, el gobierno salió de sus fábricas de cartón, botellas, cemento y cerámica. Estas fueron adquiridas por los hermanos Ferré. El éxito de esta familia en la industria es materia de conocimiento público.

Eventualmente, el gobierno nacionalizó las centrales de producción de azúcar. Eventualmente, se vio obligado a salir de todas. No obstante, el coste de esa aventura fue enorme.

A principios de la década del 1970, como resultado del descalabro producido por el embargo impuesto por los países árabes exportadores de petróleo, el gobierno invirtió en refinerías de petróleo y en operaciones petroquímicas. ¡Perdió hasta la chaveta!

Durante la gran crisis económica de esa década el gobierno advino a ser dueño de todos los hoteles de Puerto Rico. Salir de ellos representó grandes pérdidas.

Las convulsiones que se sufrieron en Puerto Rico a raíz de la crisis económica de las décadas del 1970-80, avivaron el fuego de la opinión pública y el clamor por la intervención del gobierno. El gobierno actuó a pesar de las protestas del sector empresarial. El gobierno compró navieras, el monopolio telefónico que operaba en Puerto Rico, organizó un negocio de supermercado al que llamó almacén de línea completa e intentó controlar precios. En eso de control de precios se llegó a extremos verdaderamente increíbles. Se sometió a control el arroz, el bacalao, la manteca de cerdo, el pollo, el pan, el café y hasta la gasolina.

El gobierno ensayó la intervención como productor en industrias novedosas. Por ejemplo en el arroz y en vegetales. Lo hizo también en áreas en que los gobiernos socialistas de entonces entendían que era natural hacerlo.

Así pues, el gobierno entró con fuerza en la industria de la vivienda. Construyó caseríos (hoy llamados “residenciales”) y luego trató de administrarlos desde una agencia de gobierno.

En el área de infraestructura, baste decir que el gobierno controló los puertos de mar y de aire, las carreteras, el transporte público en el área metropólitana y la conexión con las islas municipio.

En términos geográficos, la intervención del gobierno en la industria de servicios médico-hospitalarios fue arropadora.

En todas las instancias de intervención directa, el gobierno demostró, sin lugar a dudas, un fracaso absoluto. No obstante la indiscutible evidencia, todavía existe una fuerza que impulsa a los ideólogos y políticos a considerar la injerencia del gobierno en áreas para las que no tiene capacidad.

La intervención del gobierno, desde mitad del siglo pasado, por vía indirecta ha sido descomunal. Por ejemplo, los subsidios a la agricultura, a la ganadería, a la avicultura, a la construcción, a la manufactura y a distintos sectores de la industria financiera, ha sido enormes. De hecho, la inoperante estructura de más de 130 agencias de gobierno que tenemos que soportar hoy es el remanente de la tendencia de intervenir para resolver cualquier problema por vía de la creación de una agencia pública encargada de subsidiar algún sector económico o social.

La influencia de los programas federales ha sido determinante sobre la filosofía de intervención. El programa de cupones para alimentos sirve como ejemplo perfecto. A raíz de programas de esa hechura, el gobierno se ha convertido en agente estimulante del consumo y de las importaciones para su satisfacción.

El gobierno ha tratado de hacerlo todo. Todo lo ha hecho mal. No obstante, ésta sociedad le pide que lo haga todo. Y mientras sea consumo, trata. Lo que no puede hacer de forma alguna es producir.

Recuerdo una película de Clint Eastwood en la que su personaje, el detective Harry Callahan, le dice a un bandido: “A man has to know his limitations.” El gobierno haría bien en recordar ese consejo.

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