Mando y Control

Mando y control. Esas dos palabras definen la utopía de la economía socialista que ensayó la Unión Soviética. Se trata del modelo de organización económica que responde en la producción y en la distribución de lo producido a decisiones tomadas centralmente por burócratas y técnicos del Estado. La producción responde, en ese modelo de organización, a órdenes emitidas por los burócratas. Esas órdenes responden, en teoría, a señales que son detectadas por vía del control ejercido centralmente e interpretadas por los técnicos.

En el modelo de organización socialista el mercado se sustituye por el control ejercido por los burócratas. Los precios no responden a la oferta y la demanda, sino a las directrices establecidas centralmente.

La experiencia histórica con el modelo socialista de organización de la producción ha sido catastrófica. El sistema no ha funcionado en ningún sitio. Hoy sólo dos países perseveran con su aplicación parcial: Corea del Norte y Cuba.

A pesar de experiencia histórica, todavía hay quienes abogan por un grado creciente de intervención de los gobiernos en los mercados. La justificación se plantea en términos de la necesidad de velar por los desequilibrios que se producen en los mercados cuando estos fallan. Otro argumento que busca la justificación de la intervención estatal en los mercados está basada en valores que trascienden la eficiencia de los mercados. Se trata de elementos de justicia social.

No hay duda que los mercados fallan. El capitalismo se caracteriza por un comportamiento cíclico que produce excesos. Los mercados capitalistas requieren cierto grado de intervención del Estado por vía de la reglamentación para asegurar un grado de estabilidad que aminore los excesos cíclicos. De esto último tampoco hay dudas.

Claro, establecer el grado de intervención y reglamentación no es un problema trivial ni fácil de lograr. Así como los mercados fallan, también fallan los sistemas de reglamentación y los mismos gobiernos.

Estas realidades definen un ambiente inestable e incierto. La incertidumbre y la complejidad son definitorias de nuestro modelo de organización social. De hecho, la incertidumbre es el precio que exige un sistema en el que el derecho del individuo ha de ser garantizado frente al Estado. Es el grado de libertad individual el que se juega diariamente en la lucha que se da ininterrumpidamente entre el Estado interventor y la libertad individual.

La tensión entre el Estado y el individuo está arbitrado en nuestro sistema de organización de gobierno por la constitución. Esa ley que gobierna al gobierno es el instrumento que limita al Estado y le mantiene a raya. Esos limites garantizan los derechos del individuo y de los ciudadanos frente a su gobierno. La constitución establece reglas que hacen posible establecer acuerdos o contratos. Contratos que adquieren fuerza de ley entre las partes. La constitución establece un campo sin ventajas. En ese ambiente los precios actúan como señales que permiten alcanzar equilibrios entre oferta y demanda.

La intervención del Estado en los mercados, vía reglamentación, se justifica especialmente en casos en que las actividades de producción o consumo producen externalidades. Las externalidades obligan a otros a acarrear costes de los que no son responsables. Dos ejemplos de externalidad son: la contaminación generada por actividades mineras; y el daño atribuido al humo exhalado por fumadores e inhalado por terceros.

Los políticos tienen una propensión muy grande para intervenir los mercados independientemente de si están o no funcionando bien. Con el pasar del tiempo, la intervención del Estado va haciéndose insoportable. Los mercados se atrofian o dejan de funcionar. De hecho, pueden funcionar de manera totalmente perversa y bizarra. No hay sistema perfecto.

Aunque no hay sistema que pueda reclamar perfección, el sistema de mercado tiene una capacidad para permitir la asignación de recursos más eficiente. Mucho más eficiente que un sistema al mando de burócratas. Por eso, es necesario mantener al gobierno a raya. De esa forma, la reglamentación puede actuar con daño tolerable y la inestabilidad inherente al mercado se da dentro de limites aceptables.

Lo que no es tolerable es el regreso a un modelo de mando y control que aún pretende hacer aquello para lo que ya demostró su incapacidad.

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Eficiencia vs. Eficacia

Decía Peter Druker, el gigante de la ciencia gerencial, que es mejor hacer mal lo que se debe hacer; que hacer bien lo que no se debe hacer. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia.

El problema de nuestros políticos cuando llegan al poder es que hacen bien lo que no deben hacer y no hacen lo que deben. Nos atracan, por lo tanto, un “double whammy”. En castellano, al que no quiere caldo le dan tres tazas.

Ahora resulta que se pretende liberalizar las leyes y reglamentos que generan fricción en el mercado laboral para ayudar a la viabilidad de la meta de los 50 en 18. Pues parece que el Speaker de la Camara de Representantes no se entera. Anuncia hoy que, si bien es cierto que el objetivo principal del Gobernador son los 50,000 puestos de trabajo, él va por otro lado.

El Speaker intenta declarar un “estado de emergencia social”. En el campo económico se propone derogar estatutos dirigidos a eliminar las fricciones que promueven la ineficiencia del mercado laboral y protegen sectores ineficientes de la economía. Por ahí va. Una de las medidas que se encuentra en la mirilla del Speaker es la ley de cierre según fue enmendada. La otra es la ley que viabiliza las alianzas público privadas (APP). Nada, que si no pudo detener la APP del aeropuerto LMM, parece tener la intención de impedir cualquier otra.
Sin importar el coste que ello pueda representar en nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

Nada, que nuestros legisladores insisten en hacer bien lo que no deben hacer y en no hacer lo que si deben. Parece que estamos frente a un nuevo paradigma de las ciencias gerenciales.

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50 en 18

El secreto mejor guardado de estas elecciones probablemente es el origen de la promesa que hizo el candidato, hoy gobernador García Padilla con relación a los 50,000 puestos de trabajo nuevos que crearía en un período límite de dieciocho meses. Muchos economistas nos preguntamos de dónde salió esa meta. ¿Cómo se determinó su factibilidad? ¿Qué metodología predictiva fue aplicada para el cálculo de puestos y para el tiempo que tomaría su creación?

Hasta la fecha, el nuevo gobierno sólo ha dicho que espera alcanzar la meta por vía de créditos a la factura de consumo de energía eléctrica a empresas que aumenten su plantilla laboral. La administración entrante ha hecho alusión, además, a la flexibilización de requisitos en permisos y leyes que aplican en el área laboral. La especificidad en este renglón ha sido menos que preciso. Se ha mencionado establecer requisitos para que la producción local vaya a satisfacer demanda generada por el propio gobierno. La demanda por comestibles que generan los comedores escolares del Departamento de Ecucación es ejemplo de este factor. Se han mencionado los edificios fabriles en desuso que posee Fomento y que pueden ser arrendados a razón de un canon nominal equivalente a un dólar por año a empresas nuevas.

Ninguno de los “incentivos” mencionados parece tener la capacidad necesaria para sostener la generación de 50,000 puestos de trabajo adicionales a los normalmente generados en un periodo de año y medio.

¿De dónde sale, entonces, esta meta? En campañas pasadas se han formulado promesas que luego han sido difíciles de cumplir. Pero no recuerdo un caso en el que la promesa haya sido formulada con tal grado de precisión matemática, v.gr.,50 en 18. No hay lugar para variaciones. No hay imprecisión ni vaguedad en los términos. Son meses y puestos. Tan precisos son los términos de la meta que la entrante administracion ha ordenado a los jefes de agencia que establezcan sus propias metas. La nueva Secretaria del Departamento de Agricultura ha hecho público que se compromete con la creación de 5, 675 empleos. Tomen nota que la Secretaria no ha dicho 5,670. No, no, no. Ha dicho 5,675. No hay duda que los miembros del Gabinete han sido instruidos con relación a la seriedad de la especificidad de la meta.

Ahora bien, retornemos a la meta en si. ¿Dónde se origina?¿Cuál es su apoyo analítico? ¿Qué economista de prestigio realizó el análisis y evaluación necesarios para llegar a su formulación como una meta alcanzable? ¿Cuál es el coste de lograrlo para el gobierno y para el sector privado? No olvidemos que los puesto de trabajo que serán creados en ese período de dieciocho meses serán generados en el sector privado de la economía de Puerto Rico. No serán empleos en el gobierno (central, municipal o corporaciones públicas.

Por último, me tiene muy intrigado otra interrogante. Me explico. Si la administración entrante está tan convencida de la factibilidad de la meta de 50 en 18, habrá factorizado su realización en otros estimados importantes para su estrategia financiera. Por ejemplo, ¿estarán los estimados de recaudos por concepto de tributos, asociados con la realización de la meta de empleos? ¿Estará su próxima presentación a las casas evaluadoras de la calidad del crédito apoyada en el supuesto de que esta meta habrá de cumplirse a como dé lugar?

¡Cómo me gustaría saber quién definió esta meta!

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Tragicomedia

¿Qué sabe un burócrata del gobierno que le permita escoger a qué empresa otorgar apoyo para la famosa “creación de empleos”? Pues yo creo que sabe muy poco. Quizás lo único que sepa es lo que aparece en tal formulario radicado por el representante de la empresa que solicita el apoyo. Puede que sepa lo que establece algún reglamento que define requisitos mínimo necesarios para que la empresa reciba algún crédito tributarios. ¡Es decir, no sabe nada!

No lo sabían los burócratas en la Unión Soviética. No lo saben los burócratas en Cuba. No lo saben en los países de la Unión Europea. No lo saben en Japón. No lo saben en ningún lugar. No aprendemos de la historia. No aprendemos de la experiencia ajena. Pero, sorprendentemente, copiamos lo que se hace en otras jurisdicciones sin evaluar su efectividad. Creo que eso responde a la necesidad de “hacer algo”. Pues se hace “algo” aunque no sea conveniente; aunque sea un disparate; aunque sea contraproducente.

Ahora estamos metidos en una actividad dirigida por el imperativo que se desprende de una promesa de campaña electoral. En dieciocho meses el sector privado deberá responder a un plan de gobierno y se crearán 50,000 puestos de trabajo. ¿Cómo? Pues, esa es la gran interrogante. Nadie ha dado una contestación coherente a esa pregunta.

Hasta el momento en que escribo esta nota, sólo contamos con insistentes declaraciones de los entrantes secretarios de los departamentos de Desarrollo Económico y Trabajo y Recursos Humanos. Ambos dicen que la meta es realizable. Ambos anuncian cónclaves a realizarse en los próximos días con empresarios. El Secretario de Desarrollo Económico hace referencia vaga a créditos contra las facturas de energía eléctrica. El Secretario del Trabajo hace vaga mención a nueva flexibilidad en las leyes laborales. Se menciona la firma de un compromiso simbólico mediante el cual se obtendrá la anuencia de los empresarios para hacer efectivo el reclutamiento de empleados nuevos.

Hoy El Nuevo Día informa en la página 6 que desde el 2006 hasta el 2011, la muestra que toma en las viviendas arroja una destrucción neta de puestos de trabajo que acumula un total de 178,667. Valga decir que la muestra de vivienda es utilizada para propósitos de medir la fuerza laboral, la tasa de participación y el por ciento de desempleados. Para el propósito que nos concierne aquí sería más apropiado utilizar la muestra de establecimientos. Ello porque la administración entrante ha explicado que los puestos de trabajo que pretende crear estarán en las empresas.

No obstante lo señalado anteriormente, continuemos examinando el asunto con la información que nos trae la prensa de hoy. En el periodo de tres años 2004 al 2006, la muestra indica una generación neta de 25,667 y 24,817 puestos de trabajo. El diario no desglosa las cifras entre sector gobierno y sector privado. En esos dos años se acumuló una creación neta de puestos de trabajo que montó a 75,967. Es decir, un promedio anual de 25,332.

Si fuese posible alcanzar el ritmo promedio de creación de puestos de trabajo del periodo 2004-06, en dieciocho meses se acumularían 37,998. Me da la impresión que la cifra de los 50,000 puestos a crearse en dieciocho meses está apoyada en la experiencia del periodo 2004-06. De ser así, estaríamos en terreno peligroso. Las condiciones que rigen hoy no se asemejan a las de aquel período histórico. Lo he tratado de explicar antes. Baste señalar un indicador clave: el déficit operacional del gobierno. El défict operacional se disparó hasta alcanzar los 3,300 millones de dólares. El gobierno elevó desorbitadamente la deuda pública en su afán por estimular la economía y mantener los puestos de trabajo que peligraban. La situación deterioró y llevó a la insolvencia.

La insolvencia del gobierno no le da capacidad para el gasto que se requiere para un estímulo a la demanda por trabajo de la magnitud deseada. El sector privado se ha encogido precisamente en los sectores que utilizan los recursos humanos con mayor intensidad. La capacidad del sector financiero está muy limitada. Esta es la realidad.

Por otro lado, pensar que tenemos la opción de escoger, desde el sector público, las industrias y los tipos de puestos de trabajo que se han de crear daría ganas de reír si no fuera tan trágico.

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¿Porqué no funciona?

¿Porqué los gobiernos lucen incapaces de encontrar la ruta correcta para escapar de la crisis? Esa pregunta es crucial para las cuatro generaciones que conviven éste momento histórico.

Creo que la contestación la encontramos precisamente en la historia reciente. La filosofía que ha prevalecido durante 60 años en el mundo consiste en predicar un activismo centralizado de los gobiernos. Ese activismo se traduce en la práctica en la utilización del gasto público como remedio ideal para todo tipo de problema. No importa la naturaleza o causa del problema, el remedio consiste en tirarle dinero. Dinero que generalmente pertenece a “otros”.

Cuando se agota el dinero, los gobernantes, funcionarios y políticos se desorientan. Continúan con una retórica consistente con la “solución” tradicional. El problema ahora es que la “solución” no funciona. No funciona porque se ha llegado al límite. La acumulación de deuda ha llevado al límite a los gobiernos. No hay dinero que echarle a los problemas. Cuando lo hubo se echó sin prudencia, a mansalva, a todos los problemas. No se resolvieron los problemas. Solo se dio la falsa impresión de progresos. No obstante, a flor de piel, persistían los graves problemas estructurales que carcomen las economías.

Hoy se presenta una situación difícil porque no hay recursos financieros ni reales para continuar con la estrategia tradicional. Con el correr del tiempo, la estrategia que hoy no es ya factible, produjo efectos malsanos colaterales. Uno de estos efectos nocivos es la extrema dependencia de grandes porciones de la sociedad en el gasto público. Esa dependencia ha sido utilizada por los partidos políticos como peldaño en su lucha por advenir al poder. El populismo ha tenido el efecto de empeorar todas las condiciones que han hecho crisis.

Abramos los ojos. No funciona.

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¿Dónde están los nuevos empleos?

El nuevo secretario de Desarrollo Económico (Fomento) nos había anunciado un conclave que habría ocurrido ayer para obtener el compromiso de la industria con la “creación de empleos”. No obstante, las noticias que llegan esta mañana tratan temas distintos.

En la dimensión fiscal, un puñado de empresas farmacéuticas contribuyen hoy día por vía de tributación, con el 40 por ciento de los recaudos al fondo general del gobierno de Puerto Rico. En términos económicos, la manufactura contribuye al producto bruto doméstico de Puerto Rico también con 40 por ciento.

En vez de anunciar compromisos con nuevos puestos de trabajo, las empresas farmacéuticas anuncian un “patent cliff”. De lo que se trata es de la caducidad de patentes que establecen exclusividad de producción y distribución. El proceso de vencimiento de patentes se ha sincronizado y, de pronto, caducan decenas de marcas exclusivas. El ciclo sincronizado impide nueva inversión. En este momento, las operaciones fabriles que cierren operaciones en Puerto Rico no serán sustituidas por nueva inversión de capital. Sin esa inversión de capital no podrán mantenerse el número de puestos de trabajo existentes.

Nótese que la manufactura ha perdido el 50 por ciento de los puestos de trabajo que sostenía hace 15 años. Por otro lado, los partidos políticos demonizan a las empresas foráneas, las amenazan con mayor tributación, legislación laboral más restrictiva, exigencias de apoyo a los gobiernos municipales y otras cositas más.

A propósito, ¿dónde están los compromisos por nuevos puestos de trabajo?

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La alternativa

¿Qué opciones tiene este gobierno? Veamos por lo menos una que luce razonable. Partamos de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de la macroeconomía incluyen:

1. Un excedente de unidades de vivienda nueva suficiente para satisfacer la menguada demanda por dos años.
2. Insuficiencia de capacidad instalada para reactivar la manufactura en corto tiempo.
3. Coste de energía eléctrica fuera de los limites de aceptabilidad.
4. Coste transaccional incongruente con el marco de referencia que proveen los estados continentales.
5. Sector público insolvente y atrofiante para el resto de la economía.
6. Agricultura ineficiente, diminuta y dependiente de la protección del gobierno.
7. Población envejeciente en expansión y una clase media en proceso de reducción.
8. Percepción de un estándar de vida en condición de retroceso.
9. Condiciones de recesión en los mercados de exportación de bienes y servicios.
10. Mercado de trabajo distorsionado por la intervención excesiva de legislación y reglamentación laboral.

Las diez condiciones operantes que enumero constituyen el contexto que limita las decisiones económicas en el Puerto Rico de hoy. A continuación esbozo un alternativa que estratégicamente se dirige a lidiar con la necesidad de capital productivo.

La alternativa implica un cambio radical de orientación ideológica del cuerpo político de la sociedad puertorriqueña. Es necesaria la inversión de capital. El mismo ha de provenir del sector privado. Este sólo se arriesgará si las condiciones de demanda justifican el incremento en producción. Para ello, propongo que el gobierno se salga de todas las áreas de negocio que ha invadido con el tiempo. Que los servicios que estas proveen sean a su vez provistos por empresas organizadas con participación de gobierno, pero con control privado.

El modelo de las APP se explotaría al máximo posible. Ahora bien, ese modelo no es el único que deberá explorarse. Cada proyecto deberá escoger el modelo de organización más adecuado. Lo que no podrá perderse de vista es que el objetivo maestro será incrementar la capacidad para añadir valor a la economía del mundo, aumentar la producción y, como resultado, la ocupación productiva de la población.

El proceso comenzaría por las corporaciones públicas que hoy, organizadas como monopolios estatales, hunden la economía de Puerto Rico con su ineficiencia. Además, las corporaciones públicas del estado, con ciertas excepciones, están en quiebra técnica. En otras palabras, son insolventes. No hay otra salida. Esta ruta de cambio será convulsa y requerirá liderato político y cívico como nunca antes se ha requerido. Es una ruta difícil que conllevará la educación del pueblo y la iluminación de sus líderes.

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Otra vez con el Empleo

No hay forma. No hay manera. No hay palabras que valgan. Los políticos y los funcionarios de gobierno no acaban de entender. Cada hora de trabajo comprada por una empresa, cada puesto de trabajo representa una unidad de coste laboral de producción. El “empleo” es resultado de una necesidad percibida por las empresas. Ante cambios en la demanda en el mercado por su producción, la empresa aumenta o disminuye el ritmo al que suple. Para ello, aumenta o disminuye el ritmo al que produce. Esos cambios en el ritmo de producción se reflejan eventualmente en cambios en los requisitos de unidades de trabajo. Los ajustes en horas de trabajo inyectadas al proceso de producción se traducen eventualmente en cambios en la plantilla y en la nómina de la empresa.

Las empresas no actúan como los gobiernos. Los gobiernos, siguiendo la receta Keynesiana, aumentan el gasto incorporando trabajadores directamente en el sector público o comprando a empresas del sector privado bienes y servicios. El efecto buscado es la estimulación directa o indirecta de la demanda por trabajo. La acción del gobierno no se justifica en función de la producción. Se justifica en la estimulación misma de la demanda. Generalmente se financia con déficit público.

Las empresas del sector privado no funcionan de esa forma. Las empresas otean el mercado, perciben los cambios en la demanda y responden a esos cambios. El gobierno de Puerto Rico parece estar convidando a las empresas del sector privado a que actúen como si fuesen empresas del sector público. Dado que el gobierno ha llegado a sus limites en lo que se refiere a capacidad para financiar con déficit estímulos a la demanda agregada, le parece estar pidiendo al sector privado que lo haga. Si lo logra, anticipo que será a una escala mínima.

No obstante, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que el gobierno logra que, independientemente del más apropiado racional gerencial, cada una de un total de 1,000 empresas acceden a crear un puesto de trabajo. Supongamos, además, que por cada puesto de trabajo creado por este esfuerzo patriótico del sector privado, el multiplicador crea otro puesto de trabajo en la economía de Puerto Rico. Se habría generado una demanda total adicional de 2,000 puestos de trabajo. Supongamos que, en promedio, cada puesto de trabajo creado requiere una inversión de 25,000 dólares. El sector privado se habría comprometido a invertir 50,000,000 de dólares en este programa de estimulo.

Haga usted la aritmética y calcule el requisito de inversión de capital que estaría asociado con la creación de 50,000 puestos de trabajo en el sector privado de la economía de Puerto Rico. Mis cálculos arrojan una necesidad de 1,250,000,000 dólares de inversión. El gobierno federal invirtió en Puerto Rico unos 6,000,000,000 de dólares en fondos ARRA para financiar proyectos de construcción. ¿Dónde están los 240,000 puestos de trabajo que debía haber creado un estímulo de esa magnitudes?

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Justa compensación para el ciudadano legislador

Pensemos sobre éste asunto mal llamado “legislador ciudadano”. En primer lugar, levanto la siguiente pregunta: ¿los legisladores que hoy han jurado el cargo, no son ciudadanos de Estados Unidos de America y de Puerto Rico? Tengo entendido que para ocupar el puesto hay muy pocos requisitos. Uno de ellos es, precisamente, ser ciudadano.

¿Cual es la función de un legislador? Tengo la impresión que en un sistema democrático consiste en resolver un problema de números. Si, de números. En una democracia, el gobierno se conduce por el pueblo mismo. Dado que la población es numerosa, se requiere reducir el número de aquellos que gobiernan a dimensiones manejables y prácticas. Las legislaturas cumplen con esa necesidad. La totalidad de los ciudadanos se hacen representar por un grupo pequeño a quienes le dan la encomienda de establecer las leyes por las que se rige el colectivo. A un ciudadano, a uno solo, se le encomienda la misión ejecutiva que hace cumplir las leyes. A ese ejecutivo se le denomina “Gobernador”. A un grupo selecto de ciudadanos se les encarga la misión de interpretar la ley que gobierna al gobierno, v.gr., la constitución. A ese grupo de árbitros se le denomina “Tribunal Supremo”.

Porqué es necesario darle tratamiento de “empleado” a un ciudadano miembro del cuerpo encargado de legislar. Si acaso, se le debe compensar su tiempo dedicado a esa función por vía de un estipendio o dieta. Se le puede, además,
compensar el gasto de transportación que incurre por presentarse a la legislatura. Pero, pagarle un “salario” no. Este ciudadano no es un empleado.

El Gobernador y los miembros del Tribunal Supremo son ciudadanos a los que el desempeño de su cargo les requiere dedicación absoluta durante el término por el que es elegido el primero y nombrados los demás. En esos casos la compensación que reciben cumple varios propósitos. El primero consiste en viabilizar económicamente la dedicación absoluta del tiempo al cargo. La segunda consiste en ofrecer cierta independencia económica que sirva de escudo contra los inevitables intentos por influir sobre sus decisiones por intereses especiales.

Los legisladores no trabajan, sino que representan al resto de los ciudadanos en el proceso parlamentario. El trabajo sustantivo de investigación, redacción y evaluación de las consecuencias anticipables de las acciones de la legislatura son función de técnicos, consultores, especialistas y otros conocedores que “educan” a los miembros de los cuerpos legislativos por vía de grupos más pequeños, llamados comisiones.

Es decir, la función de los legisladores consiste en educarse y luego votar en torno a medidas de ley. Es una función eminentemente ciudadana. No se trata de un oficio, de una función burocrática, de una gestión profesional. No se trata de un “trabajo”. Si fuese de otra forma, entonces, la selección de los legisladores se debería llevar a cabo como la de cualquier otro funcionario. Es decir, se escogería de una preselección de candidatos que pudieran mostrar la experiencia, la educación profesional acreditada, las capacidades buscadas para la vacante que se desea llenar. Los requisitos para esos puestos se establecerían de forma clara y anticipada. La paga por esos servicios se establecería en función del mercado. En otras palabras, en función del desempeño y productividad que se anticipa. En el curso del término los legisladores podrían ser evaluados. Su paga podría ser revisada al alza o la baja, según lo establecido en sus contratos de “trabajo”.

En cuanto a la discusión que se ha desatado en Puerto Rico sobre la justa compensación a los legisladores, opino lo siguiente. Los legisladores deben recibir lo que están ahora a punto de perder. Es decir, las dietas y un estipendio de transportación. El salario no les corresponde porque no son empleados. Esos recursos se utilizarían mejor para sostener un equipo permanente de apoyo profesional especializado que es requerido por la complejidad contextual en que se da hoy día el proceso asociado con la legislación.

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Burocratise política

Estoy harto de escuchar y leer lo que parlotean por los medios políticos y funcionarios en torno a cualquier tema que aborden. Su tesauros se ha poblado de francesitas estúpidas que les permiten enunciar sonidos y simular que contestan o explican cuestiones de actualidad. En realidad no es otra cosa que un sofisticado dialecto desarrollado a partir del cantinflésco. Muestra de este discurso fatuo, vacío e irrespetuoso de la inteligencia es la lista que aparece a continuación. La acabo de escribir escuchando por la radio unos minutos de entrevistas, noticias y partes de prensa .

–Esto es un equipo de trabajo
–Estoy enfocado
–creación de empleo
–participación ciudadana
–hay que trabajarlo
–esto es un proceso
–el remedio: cortar la grasa
–la soga no puede partir por lo más fino
–hay que hacer algo
–la (el)___________es un derecho
–el recurso es nuestra gente

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