Por el Filo de la Navaja

Durante la Segunda Guerra Mundial Puerto Rico estuvo a punto de sufrir una hambruna. La efectividad del bloqueo al que fue sometida la isla por los submarinos alemanes produjo una escasez absoluta de víveres y otros suministros indispensables para la vida. Esa circunstancia hubiese calificado, sin lugar a dudas, como una crisis humanitaria.
Hoy Puerto Rico sufre los efectos de un gobierno en crisis. Una crisis financiera que se complica con la quiebra de legitimidad. La legitimidad de las bases sobre las que se apoyan las relaciones entre el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) y el gobierno de Puerto Rico se han estremecido. La administración del Presidente Obama ha renegado oficialmente del acuerdo que “a manera de un pacto” sostenía la Constitución del Estado Libre Asociado. El Presidente ha renegado unilateralmente del acuerdo. Un acuerdo que constituía la base del gobierno del ELA y establece la plataforma de legalidad de la economía de Puerto Rico.

La irresponsabilidad de la clase política de la isla resultó en el estancamiento de la economía de Puerto Rico. El estancamiento y las luchas partidistas produjeron una crisis financiera en el gobierno. La crisis financiera provocó la quiebra institucional del ELA.

En última instancia de lo que se trata es de una economía que ha escamoteado sus activos productivos. La desaparición de una buena parte de los activos financieros ha precedido la destrucción de una buena parte del acervo de capital productivo. Se ha perdido el capital de propiedad residente y no-residente. El país se ha descapitalizado.

El proceso de descapitalización ha provocado la pérdida de una parte significativa del acervo de capital humano. Tal ha sido el fenómeno que hoy se estima que semanalmente se mudan de Puerto Rico 3,000 personas.

La propaganda oficialista negó todo lo anterior por años. Aún cuando era ya evidente. Los colegas economistas aún se refería al ciclo económico y buscaban brotes verdes que indicaran el repunte tan esperado. El optimismo se predicaba como indispensable para lograr que se produjera un punto de inflexión en las gráficas que apuntaban al sur. Poco a poco se ha producido un cambio. Ahora todos cantan a coro que estamos sufriendo una depresión. Muchos abogan por la renegociación o reestructuración, o aún, una moratoria en el pago de la deuda pública. La solución políticamente aceptable consiste en desplazar el resultado de la irresponsabilidad y la incompetencia sobre los que prestaron sus ahorros para financiar al gobierno del ELA.

La otra “solución” que goza de respaldo político consiste en establecer que el Congreso de los EEUU es responsable y codeudor de la deuda pública de Puerto Rico. Por lo tanto, “que se ponga para su número” y pague la deuda del ELA. Después de todo, ya la administración del Presidente Obama admitió que Puerto Rico es un territorio no incorporado propiedad del Congreso. El Congreso permitió que el gobierno de la isla fuese irresponsable. El Congreso legisló discriminatoriamente para con Puerto Rico y ha causado el desplome de la economía de la isla. Un buen ejemplo de ello es la erradicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas.

Sin entrar en los detalles de los ejemplos mencionados anteriormente, es de notar que son muy escasas las voces que apuntan a la verdadera causa de la debacle. La causa de este desastre radica en un gobierno que llegó a una escala o tamaño que la economía de Puerto Rico no podía sostener. Se hizo, además, negándolo. A través de ese gigagobierno la sociedad puertorriqueña vivió más allá de sus medios durante décadas. Hoy, cuando no es posible financiar el déficit con ahorros externos por vía de préstamos, se recurre a los ahorros de los residentes, por vía de impuestos y del impago de obligaciones de corto plazo. Se recurre a los fondos de pensiones. Se recurre a las ganancias y aún al capital de las empresas privadas. Se recurre a los fondos acumulados por las propias empresas públicas. Empresas que el gobierno central está llevando, o ha llevado ya, a la bancarrota para luego buscar la protección de la ley federal de quiebras.

Me he opuesto a la aplicación retroactiva del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras porque tendrá efectos detrimentales. En primer lugar, se trata de un cambio en las reglas de juego que manchará por décadas el crédito de Puerto Rico y constituirá un premio a la irresponsabilidad. En segundo lugar, elevará el costo de capital para Puerto Rico y otras jurisdicciones que se financian en el mercado municipal de bonos. En tercer lugar, el peso de los procesos caerá desproporcionalmente sobre los bonistas residentes en Puerto Rico, dada la distribución de los bonos ya emitidos. En cuarto lugar, es muy probable que unos 40 gobiernos municipales de Puerto Rico busquen acogerse al Capítulo 9. El efecto sobre los acreedores será inevitable y devastador en las economías regionales de la isla. El “Capítulo 9 con esteroides” es una violación crasa a nuestra Constitución. Ello es así porque reniega de las garantías constitucionales con que el gobierno del ELA tomó prestado. Aunque la Administración del Presidente Obama no la respete, nosotros sí la debemos respetar y defender aunque nos cueste.

Para estar a favor o contra de una junta de control federal, es menester definir sus funciones, facultades, poderes y vigencia. Se corren dos riesgos evidentes con una junta insuficientemente definida. Primero, pudiera consistir de un ente inocuo que no tenga poder alguno y que meramente simule estar ejerciendo facultades de supervisión. Segundo, para ser efectiva, podría ser creada por el Congreso dotada con poderes suficientes como para convertirse en una dictadura por 10 años. Por el filo de esa navaja caminamos hoy día como sociedad. Un mal paso tendrá consecuencias muy lamentables.

The post Por el Filo de la Navaja appeared first on Sin Comillas on February 7, 2016| Negocios en Puerto Rico.

Posted in Economics | Leave a comment

Capital Social

IMG_0146-150x150[1]La constitución es una pieza clave del capital social. En la medida en que esta pieza se debilita, nuestra sociedad se torna hostil a la libertad y a la estructura de gobierno por el pueblo que supuestamente hemos establecido. La constitución es la ley que gobierna al gobierno. En esa Carta Magna establecimos los límites que le imponemos al gobierno y los derechos que nos reservamos los ciudadanos. La constitución es la base de los contratos y por lo tanto una pieza clave de nuestro sistema económico. Los límites establecidos por la constitución dotan de viabilidad la economía.

La Constitución nos ha servido bien. Hoy, el ataque ideológico y político la ha herido de gravedad. Es posible que la pieza de capital social que sostiene nuestra economía y que nos protege de los excesos del gobierno, no pueda sobrevivir el ataque. En la medida que el ataque continúa, el capital social deprecia y se debilita. En esa medida nos hacemos más pobres. Claro, si no defendemos nuestra riqueza institucional, nadie lo hará por nosotros. La defensa de la Constitución consistía en cumplir con lo que ella dispone. Esta administración optó por un discurso que la violaba. Quien no se respeta a sí mismo, mal puede reclamar respeto.

La postura asumida como política pública por el Presidente de los EEUU reduce la Constitución del “territorio” de Puerto Rico a una mera pieza de ley federal. El Presidente reniega la existencia de un pacto. No fuimos “Nosotros, el pueblo de Puerto Rico” los que dimos vida a nuestra Carta Magna. Se trata, ni más ni menos, de un mero acto del Congreso, v.gr., una ley federal. Por lo tanto, la Constitución podría estar sujeta a enmienda por vía de acción del Congreso. No se engañe nadie, lo que hace distinta en su naturaleza a nuestra Constitución es el entendido que impedía que pudiese ser enmendada unilateralmente. Esa noción ha sido destruída por el Procurador General de los EEUU por vía de intervención escrita y oral ante el Tribunal Supremo.

La humillación es tan grande que, por supuesto, habrá pronunciamientos muy eruditos y elaborados provenientes del ala conservadora del Partido Popular que discutirán ad nauseam el porqué el pronunciamiento del Procurador General no establece jurisprudencia. Pero ya no importa. Para los presidentes Bush, padre e hijo, así como para los presidentes Clinton y Obama, no hay dudas. No hay forma de ocultar la vergüenza. Nos tocaba a nosotros mismos respetar y defender la Constitución. Ahora, ya es tarde.

Posted in Economic Policy, Government | Leave a comment

Confusión

Hoy es 3 de enero del 2016. Para mí es evidente el grado de confusión que se ha apoderado de los residentes de Puerto Rico y de muchos de los que han emigrado. La propaganda vana y tonta del oficialismo ya no puede engañar con el falso optimismo que trató de esconder la verdad durante los primeros tres años de esta administración. La propaganda del “repunte”, de los 50,000 empleos alegadamente “creados” por el gobierno a “batazo” limpio y de la llegada del “punto de inflexión”, aderezada con una supuesta y paradójica reducción en el desempleo, fue acompañada por un componente agresivo. El gobierno desplegó un glosario de insultos dirigidos a todos los que no se tragaban el optimismo oficial. Un optimismo que incorporó sin pudor, falsedades de toda falsedad. Como por ejemplo, el reclamo del gobernador de haber alcanzado cerrar el déficit, llevándolo a cero. Un supuesto logro alcanzado milagrosamente aumentando el gasto.


Todo el andamiaje de mentiras construido por la administración se desvaneció un día. Los mercados de capital perdieron la confianza en el gobierno. El proceso iterativo de degradación crediticia aceleró el ritmo de precipitación. La legislatura olió sangre y, como los tiburones, entró en un frenesí, en una especie de locura. El doble discurso se reveló por lo que era, v.gr., un arma de doble filo. Los legisladores de mayoría y un grupo de alcaldes aprovecharon al máximo la inconsistencia y las contradicciones que caracterizaban el discurso del Ejecutivo y las convirtieron en armas. El populismo soberanista logró colocarse en posición de veto, y vetó. Vetó la propuesta más valiosa de la administración de García Padilla. La misma fue descalabrada y sustituida por una legislación que intensificó lo más nefasto del actual sistema. Un sistema que provoca, nutre y estimula lo que hace daño al potencial productivo de la economía de Puerto Rico.

La reforma del sistema tributario se estrelló contra la demagogia de la izquierda y la derecha. Finalmente, todo se estrelló contra el portón cerrado del mercado de capital. La crisis de liquidez se nos venía encima. En total desesperación, el gobierno recurrió a fondos de cobertura para financiar sus operaciones. Recurrió a los que pueden arriesgarse a prestar, pero a precios ajustados al riesgo. Y Puerto Rico representaba un riesgo muy significativo. Había quienes en el Partido no se escondían para clamar por el incumplimiento de las obligaciones del estado. Poco les importaba la prelación de pagos ordenada por la Constitución del ELA.

La propaganda del gobierno fue ajustándose a una estrategia judicial diseñada para obligar a los acreedores a entrar por el ojo de la aguja y aceptar nuevas condiciones. Condiciones que incluían una reducción de los principales adeudados, moratoria en los pagos, reducción en las tasas de interés negociadas, “or else”. La estrategia incluía la utilización de un doble discurso. Para las gradas partidistas de Puerto Rico, a las evaluadoras del crédito, a los bonistas, a los críticos y a la oposición un arsenal de insultos. Para los acreedores, amenaza del impago. Para el Congreso y Casa Blanca, imputación de complicidad y culpabilidad compartida con los gobierno irresponsables del pasado y presión política. Todo ello, mientras se le decía a los bonistas que la intención era pagar. Ahora bien, no se hacía referencia ni a quién, ni cuándo, ni cuánto.

La confusión parece haber sido parte integrante del plan. Por un lado el gobernador decía que la “deuda es impagable”. Por otro lado se anuncian los planes puestos en marcha para pagarla. Los mercados comenzaron a exigir estados de situación certificados por auditores externos. El gobierno produjo informes producto de estudios que pintaban un cuadro insoportable a raíz del monto total de la deuda pública. Presentó, además, estimaciones del cuadro de liquidez. Todo ello realizado por consultores contratados para pintar el cuadro que se deseaba proyectar en Washington, D.C.

No obstante, los estados financieros AUDITADOS no aparecen por ningún lado. Ni aún cuando fueron exigidos por las comisiones del Senado de los EEUU en vistas públicas. Las explicaciones para tal cosa podrán ser ciertas, pero no convencen. Ante ese cuadro, las contradicciones del discurso oficialista se levantaron como obstáculo insalvable a cualquier intervención del gobierno federal.

De un momento en adelante, el discurso oficialista dejó de hablar de “la palabra empeñada”, de la garantía constitucional, de los ingresos pignorados específicamente para el pago de obligaciones. Ejemplo de esta última categoría es el servicio de la deuda de COFINA. La intención era amenazar a los acreedores y a ciertos congresistas con las consecuencias del impago. Para ello, la Administración complementó su retórica con el probable cierre de gobierno, la crisis humanitaria, la pérdida de la ciudadanía y otros males de escala apocalíptica.

Hasta la fecha, los impagos a compromisos de bonos vencidos han sido contra los tenedores de bonos de escasa protección y de “pequeña” escala. De esa naturaleza fue el impago correspondiente a los bonos de una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento, v.gr., la Public Finance Corporation.

No cabe duda. La intención fue siempre lograr que pagaran otros: los acreedores, las aseguradoras que respaldaron parte de la deuda, el Congreso, la Tesorería, la Junta de Reserva Federal, las cooperativas, los contratistas, los contribuyentes individuales, las empresas y sus dueños. Mientras tanto, el corillo continuaba: que paguen los malos, v.gr., el sector privado.

La estrategia tropezó con un obstáculo imprevisto. Resulta que una buena parte de la deuda de Puerto Rico la tienen pequeños inversionistas. Ahorristas que invirtieron en bonos del ELA para complementar sus pensiones. De igual forma lo hicieron miles de pequeños inversores en los EEUU continentales y, de hecho, en el mundo. Se trata de miles de individuos que poseen, según declarado por el gobernador en vistas públicas celebradas por los comités con jurisdicción en el Congreso, un 25 por ciento de la deuda circulante. No se trata de especuladores, de conspiradores que pretenden encerrar a Puerto Rico en una jaula para despojarlo de sus activos líquidos. No, simplemente se trata de un gran número de padres, madres, abuelos y abuelas, viudas, que compraron de buena fe bonos del ELA y sus 17 entidades emisoras. Cuando este componente de acreedores emergió fue recibido por el oficialismo y por el Partido Popular como una plaga. No cuadraba en el discurso populista. No cuadraba en el discurso oficialista. No cuadraba con la teoría de la gran conspiración capitalista. No cuadraba con el cálculo electoral, ni con el coste político anticipado. El daño colateral no había sido incorporado a la estrategia de descrédito hacia los que habían prestado sus ahorros al ELA. Este grupo de inversores encontró la forma de hacer llegar su mensaje al congreso. Hoy los pequeños inversionistas son blanco de la ira del gobernador y su corillo partidista que los acusa de intentar “robarse el poco capital líquido que le queda al gobierno”

Un resultado de la estrategia aparentemente no anticipado por el gobierno, ha sido la pérdida casi total de credibilidad. El doble discurso ha provocado la incredulidad. Por un lado, continúa el ataque demagógico contra los “bonistas”. Por otro lado, se anuncia que esos mismos bonistas, han llegado a un acuerdo de gran beneficio para la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo han hecho sin necesidad de la intervención de un tribunal, como hubiese sido necesario de aplicarse la inconstitucional ley de quiebra criolla o la ley federal.

Confusión, confusión, reina la confusión

Posted in Economic Policy, Economics, Government, Politics | 4 Comments

Puerto Rico´s Debt Mosaic

Puerto Rico’s debt is composed of several distinct categories. It is inaccurate to think in terms of a homogenous total amount. The following list of debt categories and amounts estimates has been provided by Bloomberg.  Bloomberg PR debt

Thanks to Roland Blasini for sharing and making this information available.

Puerto Rico Sales Tax Financing Corp.: $15.2 billion. The bonds, known by the Spanish acronym Cofinas, are repaid from dedicated sales-tax revenue. A $6.2 billion portion of the debt, called senior-lien, is repaid first. The remaining $9 billion, called subordinate-lien, get second dibs. $1.2 million of interest is due in February and again in May. Senior Cofinas maturing in 2040 last traded for an average yield of 9.5 percent, while subordinate ones yielded 18 percent.

General-obligations: $12.6 billion. The debt backed by the commonwealth’s full faith and credit. The island’s constitution says general obligations must be repaid before other expenses. Puerto Rico owes $357 million of interest in January and an additional $805 million of principal and interest is due July 1. Securities due in 2035 last traded for an average yield of 11.5 percent.

Puerto Rico Electric Power Authority: $8.2 billion. Prepa, as it’s called, is the island’s main supplier of electricity and repays the debt from what it charges customers. The utility owes $196 million of interest in January and $420 million of principal and interest July 1. Prepa is negotiating with bond-insurance companies after reaching an agreement with some of its bondholders, who agreed to take a 15 percent loss. Bonds maturing in 2040 last traded at an average yield of 9.2 percent.

Puerto Rico Government Development Bank: $5.1 billion. The GDB lends to the commonwealth and its localities. When those loans are repaid, the bank can pay off its debt. The bank owes $354 million in December and $422 million in May. Federally taxable bonds maturing in 2019 last traded for an average yield of 57 percent.

Puerto Rico Highways & Transportation Authority: $4.6 billion. The highway agency repays its debt with gas-tax revenue. It owes $106 million of interest in January and $220.7 million of principal and interest in July. The commonwealth has the ability to divert revenue that cover some highway bonds to pay its general-obligation securities, if there are no other available resources, according to the island’s most recent financial disclosure. Bonds maturing July 2028 last traded for an average yield of 32 percent.

Puerto Rico Public Buildings Authority: $4.1 billion. The PBA bonds are repaid with lease revenue that public agencies pay for their office buildings. The agency owes $102.4 million of interest in January and $208 million of principal and interest in July. Bonds maturing 2042 last traded for an average yield of 10.4 percent.

Puerto Rico Aqueduct & Sewer Authority: $4.1 billion. The utility, called Prasa, supplies most of the island’s water. The debt is repaid from water rates charged to customers. The water agency owes $86.5 million of interest in January and $135.1 million of principal and interest in July. Bonds maturing in 2042 last traded at an average yield of 8.7 percent.

Puerto Rico Pension-Obligation Bonds: $2.9 billion. The taxable debt was sold to bolster the island’s nearly depleted pension fund. The bonds are repaid from contributions that the commonwealth and municipalities make to the retirement system. The system pays $13.9 million of interest every month in this budget year. Securities maturing in 2038 last traded for an average yield of 22 percent.

Puerto Rico Infrastructure Financing Authority: $1.9 billion. Called Prifa, the agency has sold the island’s rum-tax bonds. These are securities repaid from federal excise taxes on rum made in Puerto Rico. Prifa owes $37.2 million of interest in January and $77.8 million of principal and interest in July. Bonds maturing in 2046 last traded for an average yield of 28 percent.

Puerto Rico Public Finance Corp.: $1.09 billion. The bonds are repaid with money appropriated by the legislature. The agency has defaulted every month since August on its debt-service payments because lawmakers failed to allocate the funds. It owes interest every month, the largest being a $24 million payment in February. Bond maturing in 2031 last traded for 7 cents on the dollar, according to trade reports. The yield wasn’t disclosed.

Posted in Economics | 1 Comment

IMG_0166.PNG

Elías Gutiérrez, Ph.D.

(Published today in the Orlando Sentinel http://www.orlandosentinel.com/opinion/os-ed-puerto-rico-governor-padilla-102515-20151023-story.html)

The Orlando region is home to hundreds of thousands of my fellow Puerto Ricans. Many left the island not only in search of a new beginning but also to escape the damaging consequences of a dysfunctional government that has robbed its citizens of economic opportunity.

Now, in a cruel twist for many of these Puerto Ricans, the island’s financial troubles have followed them to the mainland.

The government of Governor Alejandro Garcia Padilla is defaulting on its debt to thousands of investors who bought Puerto Rico bonds believing the government would honor its commitments.

So who are these investors? The governor would like people to believe that they are just banks and other faceless institutions that he can conveniently cast as bogeymen to justify not paying the island’s debts. But the reality is that thousands of investors are average Puerto Ricans living on the island and on the mainland in places like Orlando. They are retirees, sanitation workers, police officers, firefighters, teachers and others who invested their life savings.

And the signs are becoming increasingly dire for us. In August, the government defaulted on a bond payment for the first time in over a century, causing panic amongst small bondholders, no matter if they lived on the Island or here in Orlando, where Puerto Rican leaders from across the country will gather this week to consider solutions to the island’s crisis, among other matters.

For Puerto Ricans, the path the government has chosen is a brazen act of betrayal. My own story is typical of the experience of many Puerto Rican bondholders. Over the years, I invested a good portion of my savings in Puerto Rico. As an economist at the University of Puerto Rico, and in light of the island’s history of paying its debts, I concluded that this was a relatively secure investment, particularly since some bonds were backed by the full faith and credit of Puerto Rico, others were backed by tax revenues and still others were backed by budget authorizations. Moreover, the moral imperative was stronger as a guarantee than any collateral.

More than that, though, I was moved by patriotic duty. I invested in the strong belief that the government would put my family’s money to good use and make Puerto Rico a better place.

I could not imagine that the government would recklessly squander our savings – and then turn around and disregard the constitutional rights of bondholders and its own moral obligations. But looking back on it, I must confess that there were troubling signs along the way.

Over the years, Puerto Rico’s government has amassed debt to the tune of $72 billion. That’s on top of approximately $30 billion of unfunded pension liabilities. This debt – caused largely by runaway deficit spending driven by weak oversight, waste and politics – has driven Puerto Rico into its current economic crisis..

And how has the government responded? Rather than implementing the reforms to place the island on a sound footing, Governor Garcia Padilla is seeking an easy-fix that compounds the crisis further. He has proposed a five-year plan that rests on a violation of the Constitution. The plan calls for defaulting on Constitutionally-protected debt.

In other words, the government is planning on stiffing those who invested in the island in good faith.

This strategy is a mistake. It not only violates the confidence that individuals placed in the government. It also undermines Puerto Rico’s credibility before the investment community, whose support is critical to the island’s future success. In fact, credibility is our most valuable asset.

The plan is so indefensible, in fact, that Governor Garcia Padilla recently suggested that he would not go to Washington to face questions from skeptical members of Congress later this month.

I cannot help but wonder what historians will write about Puerto Rico years from now. Will the chapter on the debt crisis describe a time when Puerto Rico’s leaders irreparably shattered the island’s credibility? Will textbooks use Puerto Rico to illustrate the effects of government incompetence? Will the books say the government, driven by short-term politics, took the easy route and abandoned its own people? Will future generations suffer the consequences of all this?

I hope not.

I hope, instead, that we will be remembered as a people whose leaders were courageous enough to make tough but sound decisions in the face of crisis and political pressure. I hope our government will be remembered for decisions that put Puerto Rico back on the path to economic prosperity — and preserved our credibility before the world.

If, however, our government does not confront this crisis with the integrity and moral strength befitting our people, I fear that will not be the case.

 

Posted on by Elías Gutiérrez | 3 Comments

Demagogia

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

(Publicada hoy 15 de octubre de 2015 en El Vocero). 
Por fín se está produciendo la reacción esperada. Ha comenzado un ataque en contra de aquellos que han salido en defensa propia contra políticas de gobierno que consideramos dañinas y equivocadas. El inuendo, el insulto, la palabra soez escondida tras una hilera de símbolos en desorden, son ingredientes utilizados en un brebaje con sobredosis de rabia que comienza a brotar de las entrañas del monstruo. Se evade de esta forma confrontar la realidad de nuestro fracaso. Un fracaso que ha ido destruyendo a los cohortes de mayor edad de la clase media del país. Un fracaso que ha sido especialmente duro para con los viejos y que, por lo visto, sólo arreciará en el embate.
Dejemos a un lado, por el momento, el ataque demagógico contra las personas que hemos decidido llamar al gobierno a la cordura. Para ello será útil recordar de donde surge la clase media, hoy bajo ataque de su propio gobierno.

La clase media es producto y símbolo del éxito del Partido Popular Democrático (PPD). La industrialización generó un proceso acelerado de movilidad social. Paradójicamente, el surgimiento de la clase media marcó a su vez el surgimiento de otras fuerzas políticas. La más evidente de estas fue el nacimiento del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La industrialización vino acompañada de otros procesos que emularon el comportamiento que habían exhibido en los Estados Unidos continentales. La clase media es en esencia la cristalización del llamado sueño americano. Un estilo de vida que permitió a miles de familias obreras escalar los peldaños de la estructura social elevando de esa forma el estándar de vida. El surgimiento de la clase media fue causa y efecto de un nuevo patrón de usos del espacio territorial. Un patrón que descansa en la movilidad individual que permite el automóvil.

El surgimiento del suburbio está ligado a decisiones tomadas en el ámbito federal. Uno de los factores más críticos y determinantes fue la decisión de construir el sistema ínter estatal de autopistas. El sistema se construyó durante la guerra fría como respuesta a la determinación estratégica que dispersó los sistemas de defensa y contraataque ante la posibilidad de un ataque nuclear.

En un corto período de tiempo, los Estados Unidos transformó su economía y su sociedad. De una sociedad fundamentalmente agrícola, pasó a una industrial. Luego, a zancadas, fue desarrollando una economía de servicios. Los efectos colaterales imprevistos incluyeron la dispersión de la población hacia los nuevos suburbios y la reinvención de la ciudad. Los centros urbanos perdieron su función como almacenes del ejercito industrial. La función comercial de muchas ciudades se hizo inviable. Como sustituto se produjo la creación de un sistema jerárquico de plazas o “malls”. Se produjo una verdadera explosión que vino acompañada del surgimiento de nuevas industrias proveedoras de servicios. Todo cambió. En el nuevo patrón de usos del espacio territorial, el traslado dejó de ser una mera necesidad y se convirtió en el fin mismo del sistema

El progreso alcanzado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial aceleró el crecimiento y desarrollo de la clase media. En Puerto Rico se dio un proceso atrofiado y grotesco en la misma dirección. Desarrollamos un sector industrial financiado con capital externo. Los subsidios federales ayudaron a construir una torta urbanizada, sin planificación adecuada y poco adaptable a nuestra realidad y limitaciones territoriales. No obstante, el proceso se dio, el estándar de vida se elevó y la clase media surgió. Ese fue el gran triunfo del PPD.

Resulta una gran contradicción que bajo una administración del PPD sea que por fin se devela el fracaso del Estado Benefactor. El gobierno ha reaccionado como Jalisco. “…nunca pierde y cuando pierde arrebata”. Un aparato de gobierno enorme, ineficiente, ineficaz e incapaz de crear un sistema sustituto, trata de mantenerse vivo a costa de los sectores productivos de la economía. Esto lo ha logrado, en parte, gravando los activos financieros y confiscando los ahorros de la clase media. Hoy una buena parte de la clase media huye. Huye ante el colapso de la economía en que participaba. Huye ante el derrumbe de los sistemas de protección de vida y propiedad del Estado. Huye ante el derrumbe del sueño americano que osó acariciar. Huye ante la amenaza de años de jubilación sumidos en la pobreza y las limitaciones. Huye ante la pérdida de valor de sus activos reales. Es decir, ante la desvalorización de sus residencias y locales comerciales.

La clase media de Puerto Rico huye del país ante un gobierno que solo le promete la bancarrota, más tarde o más temprano. Huye ante un gobernador que propone como alternativa violar la prelación de pagos establecida por la Constitución en anticipación, precisamente, de una situación de insolvencia como la que ha producido la irresponsabilidad de la clase política.

Ante la nueva realidad, los cohortes de mayor edad que conformaban la clase media, han buscado, y encontrado aliados. Aliados en una lucha a favor de la constitucionalidad. Una lucha en favor de la responsabilidad fiscal. Una lucha en contra del menoscabo de la riqueza financiera, real e institucional del país.

La reacción desmesurada que se traduce en epítetos y en la satanización de los viejos, sólo demuestra ignorancia. La ignorancia evita que algunos de los que hoy son jóvenes, se percaten de una simple realidad. Mañana serán viejos. Más aun, los que hoy se aproximan a la vejez, sin darse cuenta, mañana serán viejos pobres. Muchos evitarán el desastre emigrando. Esta simple realidad no se desvanecerá demonizando a los viejos. Tampoco será efectivo aquello de “matar al mensajero”.

Posted in Economics | Leave a comment

¿Cómo será el ghetto de viejos pobres?

 

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

He alertado antes que Puerto Rico va en curso a transformarse en una sociedad que puede ser descrita como un ghetto de viejos pobres. Este será el resultado de la movilidad social en reversa que se ha convertido en nuestra megatendencia social. He aquí la característica dominante en la sociedad que se ha estado gestando en Puerto Rico. El progreso que se vivió, y cuya continuidad se dio por sentada, ha sido sustituido por una realidad muy distinta. La bancarrota del Estado Benefactor, financiado por
transferencias del gobierno federal y de la clase media local, se ha estrellado contra una muralla de realidades. El gobierno paternalista, financiado por vía de ahorros voluntarios y forzados, extraídos a la clase media, se topa con que ésta ha empobrecido y una buena porción huye del país.
A pesar de la nueva realidad, la clase media local continúa siendo explotada por el gobierno. El gobierno lo hace principalmente a través de un sistema de impuestos sesgado en contra de la producción. Un sistema que se justifica demagógicamente como instrumento de justicia social. Todo lo contrario. El sistema de impuestos ha servido para la explotación de los elementos productivos de la economía en favor de un gobierno ineficiente e inefectivo que ha malbaratado los recursos y ha tronchado la esperanza de un mejor futuro.

El producto de la explotación realizada localmente en contra de los sectores más productivos complementó el enorme flujo de fondos asignados a Puerto Rico por el gobierno federal. Para repartir y dirigir al consumo local esa catarata de ahorros forzados, se creó un enorme aparato público. Un gobierno que creció alimentado por transferencias federales, impuestos a las familias locales y cuando esto no daba, préstamos. El crecimiento del gobierno asemejó el de una burbuja especulativa. Y como una burbuja especulativa reventó produciendo la bancarrota del sector público y arrastrando consigo mismo una buena parte de la economía de Puerto Rico.

El derrumbe financiero del Estado se ha llevado a rastras los caudales de ahorro acumulados durante años por las familias. El valor de los activos financieros y reales en que se había invertido, se evapora ante los ojos atónitos de quienes contaban con ellos para complementar su jubilación. La perdida de valor de los activos del país constituye una pérdida de riqueza. Por lo tanto, ante nuestros ojos se está produciendo un fenómeno de empobrecimiento de la sociedad. Así comienza a reflejarse en los indicadores pertinentes.

La pérdida de población residente es el más obvio de los indicadores. Se estima que la isla está perdiendo población a razón de 50,000 residentes por año. La emigración de los más jóvenes tiene como resultado que la proporción de viejos a jóvenes se eleve. Es un resultado aritmético. De ahí que la tasa de dependencia geriátrica se eleve. La misma continuará elevándose y alcanzará niveles insostenibles con relación a los recursos disponibles.

Las diferencias en la composición de los que emigran y los que no pueden, acentuará las tendencias. Las mujeres tienen una esperanza de vida más larga que los varones. Ello, unido a la guerra que cunde en las calles asociada al tráfico de narcóticos, lleva a un aumento significativo en la tasa de defunción de varones. Como resultado combinado de estos dos fenómenos aumenta el número de viudas y la proporción de mujeres solas. Especialmente de aquellas en los cohortes de mayor edad.

La pobreza que se nos viene encima tiene rostro. Es el de una mujer vieja y en condición de soledad. Una mujer que, además, adolece de una o varias enfermedades crónicas. Estas condiciones incluyen diabetes, asma, insuficiencia endocrina y desorden cardiovascular.

Con la bancarrota del Estado Benefactor, se asentará una sensación de inseguridad y pesimismo. La sensación de inseguridad se elevará considerablemente ante el embate de los crímenes contra la propiedad y contra las personas. El fracaso de las fuerzas de ley y orden por controlar las actividades criminales llevarán a la población a la corroboración de fracaso del gobierno. Esa corroboración actuará como elemento estimulante para la aceleración de todas las tendencias negativas que menoscaban la riqueza institucional y real del país

El círculo vicioso que se está conformando destruirá la menguada calidad de vida que aún resta. En síntesis, el paisaje social de la isla sufrirá un gran deterioro. De hecho, luce inevitable que el estándar de vida se vea menguado continua y aceleradamente.

La partidocracia está en la médula del problema. La irresponsabilidad fiscal que ha producido la bancarrota del Estado es de su hechura. Dada la naturaleza del monstruo, puede esperarse lo siguiente. Ante la emergente estructura demográfica y social, los partidos políticos dirigirán su atención al electorado viejo, inseguro, frágil y dependiente. Lejos de aminorar, el populismo continuará en auge. En el juego suma-cero que se ha desatado ante las limitaciones que finalmente han salido a la superficie, la pelea por el pedazo de carne será propio de una jauría.

La valoración de los activos reales ha sufrido ya un gran descalabro. Puede ser aún mayor. Todas las industrias se ajustarán a los cambios en la emergente estructura de la demanda agregada. Por otro lado, los valores que en una época se concibieron como elementos de una estructura social fuerte, se debilitarán al punto de ser sustituidos por un nuevo orden valorativo. Por ejemplo, el suicidio y la eutanasia se dispararán y ganarán terreno en cuanto a su incidencia y aceptación como alternativas. En el ghetto de viejos pobres que se está configurando, el tiempo transcurrirá con lentitud, pero la muerte llegará más temprano.

Posted in Economic Policy, Politics, Social Planning | Leave a comment

A coalition of Puerto Rico bondholders

Main Street Bondholders is a coalition of small bondholders http://mainstreetbondholders.org/solutions-for-puerto-rico/ from across America. We’ve worked hard, saved and played by the rules. We’ve invested our retirement, college and life savings into bonds backed by the full faith and credit of U.S. states, cities and territories.

Recently, Puerto Rico’s Governor, Alejandro Garcia Padilla has said that his government will refuse to honor its debts – even Puerto Rico’s constitutional debt. He has misled Congress about the ability of Puerto Rico to pay, and has ratcheted up spending, including paying millions of dollars to consultants and law firms who are well known for advising deadbeat sovereigns. This reckless behavior is a threat to our members – whether on the mainland or in Puerto Rico – who are invested in Puerto Rico’s bonds. Our retirement savings depends on the rule of law, and the Governor and his team have shown disregard for the law and for small bondholders who live in Puerto Rico and on the U.S. mainland.

Even more worrisome for all Americans, Governor Garcia Padilla’s disregard for the rule of law could create a precedent for other states and municipalities in America to act in the same way. Make no mistake: If Puerto Rico is allowed to default on its constitutional debt, other states and cities will try to follow suit, and no retirement account in America will be safe.

Main Street Bondholders will stand up for ordinary American citizens who have savings invested in Puerto Rico’s bonds, and who would be the victims of a default by Puerto Rico. Puerto Rico has options, and contrary to the claims of Governor Garcia Padilla, can fix its problems. We are committed to a policy process that returns Puerto Rico to sound financial management, respects the rule of law, and protects our retirement savings.

Posted in Economic Policy, Policy, Politics | 1 Comment

Planning and Programming for Reconstruction

For ex governor Luis Fortuño Library activity held September 21, 2015 at UMET, Cupey, Puerto Rico. In collaboration with RUM professor Walter Ruiz, Ph.D. retired. 

En Foro UMET, Biblioteca del ex Gobernador Luis Fortuño

En Foro UMET, Biblioteca del ex Gobernador

(En Foro UMET, Biblioteca del ex Gobernador Luis Fortuño)

Puerto Rico’s government lies impotent as the forces of entropy dismantle its economic infrastructure. Both physical and institutional assets are being destroyed by neglect and obsolescence. Resources are being squandered by short-sighted, politically motivated, and ill conceived priority sets and decisions. Precious time has been lost. Tax reform, proposed by the Governor, was deformed at the legislature. As a result, the already intolerable tax system has become worse. Given the iron fists with which political parties control the huge public sector, and the influence they exert on the relatively small private sector, much needed government re engineering is now almost an impossibility.

Social capital has been squandered. The debt has become the target. Populist discourse and talk of default by government officials have inflicted serious damage.  The rule of law as a guiding principle has been shaken.

A radical change of direction is required. “My word is my bond”. The spirit of this expression must be reinstated. It will require an unambiguous and sustained effort.  Once such change is adopted, leadership will be indispensable in order to stay the course. A course that must be specified in a program of capital investments. Not in a list of construction projects lacking any strategic role. A list that smells of pork barrel. No, just the opposite is needed.

Capital is scarce, financing is expensive and difficult to obtain given our country-risk profile. Thus, we must choose carefully as the projects portfolio is configured. The guiding principle must be set on increasing our capacity to add value to the world economy. Political correctness must be set aside. The Keynesian recipe for jump-starting the economy by hiring workers to dig holes in the ground, only to fill them up again, may work as a countercyclical policy on the very short-run for close highly capitalized economies. These conditions are not met in Puerto Rico. In fact, we have had an overdose of such unproductive approaches. It is time to think strategically. The goal must be to create a productive economy capable of adding value to the world economy. A modern infrastructure of the most recent venture is required to attain such a goal.

Reconstruction shall mean just that. After years of neglect, bad choices, outright abandonment, and lack of purpose, the basic utilities must be retrofitted and rebuilt. Some of the capital investment projects that should be made part of the investment program are known already. Some of them have even been started only to be stopped, forgotten and abandoned. Lets recall a number of these projects just to illustrate the kind of effort we must tackle.

  1. Completion of the transition from petroleum to natural gas in the island’s power generating units with a goal of achieving reliable, stable consumer energy cost below $0.14/kwh within the next three years.
  2. Construction of gas pipelines inter-connecting converted and/or new gas generating units in the north and south to the new and the existing import, storage and re gasification facilities on the southern coast.
  3. Completion of the so called “super” aqueduct system interconnecting water reservoirs around the island, thus providing assurance against extreme droughts and continuance of service. Completion of the Rio Valenciano reservoir project interconnecting and supplying the PR 30 corridor municipalities.
  4. Construction of a submarine cable connecting Puerto Rico to the Virgin Islands to expand the electricity transmission grid, thus enabling the supply of electricity at competitive prices to an expanded territorial market.
  5. Expanding the metro rail project and its feeder systems consistent with an urban redesign of the San Juan Metroplex area.
  6. Converting the toll roads and freeways grid into an “intelligent” and safe ground transportation system.
  7. The institutional infrastructure must also experience a process of reconstruction and upkeep. Transaction costs have rocketed as a response to an out-of-control bureaucracy, excessive protectionist and ill conceived government meddling in private sector activity.

Production, not distribution, must be the overriding goal of all infrastructure projects. Careful planning must not be avoided.  We must realize that employment is a cost factor. Production, value added, competing and exporting. These are the keywords that must be kept in mind. Employment in private industry will follow capital investments. Choosing a portfolio of major infrastructure initiatives with high synergy index is the way to go. Political interfering will only insure continued failure.

Certain facts must be incorporated early into the planning and implementation phases of the investment program. For example, the Puerto Rico government utility’s water management record is just unacceptable. The public utility’s management has no clear estimate of the potable water it produces. Nevertheless, it estimates that 60 percent of production is lost to leakage or theft. An aggressive program designed to identify and incorporate illegal consumption, implementing a 100% remote meter consumption  reading is urgently needed.

Three hundred thousand properties have been identified, with no legal water facilities.  The Electric Power Authority appears to have over two-hundred-thousand more clients than the water and sewers utility. Of these, only a small percentage of client meters are regularly monitored. The majority of client consumption is still periodically estimated. Consumption of a significant segment of the population is never actually read. Again, it is estimated. Therefore, an unacceptable portion of treated water is lost to leakage and theft.  This translates into lost revenue and must be terminated.

Problems in other areas of infrastructure have remained in the doldrums for years. One of these pertains to solid waste disposal.  Here is a dormant crisis.  Landfills throughout the island are polluting underground water deposits. Noncompliance with Federal regulations is the standard procedure.  Meanwhile, sterile battles are fought against waste-to-energy projects. Paralysis is the resultant condition.

An all-fronts program is required to tackle this problem. Approval and construction of the Energy Answers project in Arecibo should proceed immediately. In addition, an all out-effort should be implemented in order to develop additional compost facilities, as well as recycling, conservation, and zero-trash programs.

Education may well be thought of as an investment. However, this is far from being the case in present day Puerto Rico. In fact, public education has become a welfare system dominated by an obtuse bureaucracy and short-sighted union leaders and activists. The enormous chunk that public education siphons from annual budgeted expenditures cannot be classified as investment. It must be called for what it is, i.e., government dole. This has to stop.

In conclusion, the capital requirement necessary to achieve minimum real rates of growth of output will be hefty. It is our estimate that lift-off requires gross domestic investment effort sustained at rates of 14 per cent of GDP, for a twelve years period. It goes without saying that financing such an effort will represent a challenge. For this reason alone, lost credibility and confidence in the Commonwealth government must be regained. The parlance of prepotency and default must be replaced by true adherence to the rule of law and with a willingness to comply with commitments and debt service schedules.

Posted in Economics, Government, Planning | 1 Comment

Impago Selectivo

  La decisión de no pagar el servicio de la deuda que el gobierno de Puerto Rico tiene con los tenedores de bonos de la Corporación Para el Financiamiento Público (PFC, en Inglés) es resultado de un calculo legalista recomendado por sus asesores. 

No es cierto que el gobierno no cuente con liquidez suficiente para efectuar el pago de 57.9 millones de dólares que vencieron ayer sábado, 1 de agosto de 2015. De hecho, el gobierno anunció que su situación de liquidez mejoró y que por ello podrá mantener operaciones normales hasta noviembre del corriente año. Es decir, que aumento su liquidez en el equivalente a dos meses de operaciones. Ese logro se debió a que un puñado de corporaciones públicas fueron forzadas a emitir el viernes notas, es decir, préstamos de cortísimo plazo, a favor del gobierno por una cantidad estimada en $400 millones. 

No la razón para no pagar el servicio de la deuda de la PFC es otra. Se estima que un 40 por ciento de la deuda de la PFC fue vendida a inversionistas pequeños residentes en Puerto Rico. Se trata de individuos y entidades que colocaron sus ahorros en dichos instrumentos confiando en el récord de cumplimiento del gobierno del ELA. Entre ellos encuentran cooperativas, bancos, fondos de pensiones 401K, sistemas de retiro y jubilados ya. Tienen en común estos tenedores de bonos de la PFC el que, como he señalado, son pequeños y probablemente tiene una exposición mayor a otros instrumentos del gobierno del ELA. 

Los asesores del gobierno han concluido de su análisis que este grupo de inversores está en posición débil. En primer lugar, la teoría de los asesores gira en torno a que los tenedores de la deuda de la PFC, por ser ésta pagadera de asignaciones legislativas y por no tener garantía constitucional, tiene un camino empinado en los tribunales. El gobierno reclamará que la legislatura no hizo una asignación específica en el presupuesto corriente para el pago. De hecho, ya el gobierno ha expresado en declaraciones oficiales esa defensa.

 Poco importará el efecto económico que tenga está decisión. Los asesores legales del gobierno han escogido esta deuda para avasallar un grupo de inversores relativamente débil para dar un escarmiento e intimidar al resto de los grupos inversores. De esa forma el gobierno escogerá los pagos que en adelante hará, y los que no hará. La estrategia descansa en aplanar al grupo vulnerable de inversores predominantemente pequeños y con el arsenal más limitado en lo que a los procesos de reclamación concierne. 

 Una vez se entiende la estrategia de los asesores, se hace evidente el porqué de las contradicciones entre las acciones y los pronunciamientos de los oficiales del gobierno. La más evidente es decir que el impago de este vencimiento no es un impago. Lo explican diciendo que, por la naturaleza del cómo se atiende ésta deuda, si no aparece la asignación en el presupuesto no se puede pagar y, por lo tanto, según la teoría, no se está faltando a la obligación de hacerlo. 

El contrasentido es tan grande que recientemente se ha sustituido por otro razonamiento. Aunque los fondos estuviesen consignados en alguna partida agregada en el presupuesto, no hay liquidez en el gobierno para desembolsar el pago. Al mismo tiempo, ayer anunciaba el Secretario de la Gobernación, que la liquidez había aumentado y se evitaría un cierre de gobierno hasta noviembre.  

Posted in Economic Policy, Economics, Government, Politics | 1 Comment