“El día después”

En estos momentos la apuesta que hacen los que provocaron la derrota que sufrió el gobernador el pasado jueves en la Cámara de Representantes es que será radicado un proyecto que, siendo distinto, cumpla con los objetivos esenciales de recaudación para evitar un cierre parcial de gobierno. El Presidente del Senado ha expresado por voz del presidente de la Comisión de Hacienda y por voz propia en entrevista publicada hoy por El Nuevo Día, que la solución se encuentra en una alternativa “sencilla”. Ambos senadores identifican la dificultad con la propuesta del Ejecutivo en términos de su supuesta complejidad. Complejidad que, dicho sea de paso, llegó a niveles inimaginables a través del proceso legislativo.

Puesto de esa forma, el curso de acción luce claro y pleno de sentido común. Como la propuesta era muy compleja, los representantes la hicieron aun más compleja negociando y forzando enmiendas hasta el punto en que se hizo evidente que no importaban las enmiendas. Lo que se deseaba era derrotar el proyecto. Ahora el Presidente del Senado nos propone buscar y encontrar un camino simple que alcance los objetivos que sostengan la operación del gobierno. El planteamiento es tan obvio que parece razonable.

Me temo que ni la explicación, ni el curso de acción propuesto por el Presidente del Senado podrán constituir solución al problema. Ello se debe a que continuamente se evade tomar en cuenta el tiempo requerido por cualquier curso de acción. 
Reestructurar las operaciones del gobierno por vía de la reingeniería del aparato público requiere mucho tiempo, es complejo, costoso y difícil. Con el perdón de quienes sugieren esa vía, me luce que no saben de lo que se trata. La reingeniería de cualquier proceso conlleva comenzar con tabula rasa. Pensar y diseñar el aparato público otra vez. 
Cualquier conjunto de medidas dirigidas a elevar la recaudación requerirá legislación. Se levantarán los grupos de interés especial que se sientan amenazados y obstaculizarán el proceso legislativo. Convencer al Ejecutivo de la suficiencia y superioridad de que las medidas simples podrán alcanzar lo que las complejas supuestamente no alcanzaban será ahora misión imposible. Configurar y aprobar un presupuesto de gastos con igualdad entre los ingresos recurrentes y los gastos del gobierno requiere identificar recursos adicionales por $1,500 millones. Reestructurar la deuda en ausencia de un esquema jurídico adecuado es suicida. 
Aun cosas con las que es forzoso estar de acuerdo, dejan de ser prácticas cuando se les somete a la prueba de tiempo. Producir un presupuesto de cinco años es una buena medida. No obstante, requerirá tiempo. Más aun, no podrá comprometer a ninguna otra legislatura. Producir un plan de desarrollo económico será aun más complejo que el proceso recién descartado. La batalla comenzará el primer día cuando se trate de definir lo que es “desarrollo”.
En resumidas cuentas: no hay tal cosa como una solución alternativa simple y suficiente. Lo más probable es que la Legislatura y el Ejecutivo terminen produciendo otro parcho insuficiente que será descartado por los mercados financieros por no cumplir con el requisito que se le exigió a Grecia y que ahora el Secretario de la Tesorería Federal le ha exigido al ELA. Es decir, un presupuesto “creíble” y sin déficit.  Es decir, que la partidocracia produzca en 90 días lo que no ha producido en 30 años.
Uno de los argumentos esgrimidos para rechazar la propuesta del Ejecutivo consistió en decir que el impuesto al valor añadido (IVA) no era malo. Es que éste no era el momento para su aprobación porque la economía está débil y provocará una contracción. Les tengo noticias. Primera noticia: Nunca será “el momento”. Cuando la economía esté en expansión (si llega ese momento) se dirá que el IVA no es necesario. ¿Para qué arreglar algo que no está roto? Segunda noticia: la alternativa al IVA será más impuestos de otro tipo, más reducción de gastos, para tratar de lograr un presupuesto “creíble”. Ambas cosas tendrán efectos deprimentes en el corto plazo y contraerán la economía en el mediano. Por lo tanto, si ahora no es el tiempo para lo uno, tampoco lo es para lo otro.
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Se trancó el domino

  El tranque que se ha dado entre el Gobernador y la Legislatura revela el verdadero conflicto social que impide que la economía de Puerto Rico alcance un grado de viabilidad mínimo necesario. Se trata de una lucha entre las fuerzas que anteponen la inmediatez contra las que ven más allá y tratan de actuar para evitar la debacle. 

El  impuesto al valor añadido (IVA) es rechazado por todos los sectores y grupos de interés especial. No es de sorprender. El IVA es un impuesto al consumo que la Legislatura ha convertido en un impuesto a las transacciones. La economía de Puerto Rico necesita cambiar el peso de gravedad de la fuente de ingresos internos. Hasta ahora esa fuente explota los ingresos. De esa forma, penaliza lo que es esencial para el desarrollo de la producción. El cambio a un IVA desplazaría el peso de gravedad de la fuente de recursos internos del Estado hacia el consumo.
El consumo es la contrapartida del ahorro. El ahorro financia la inversión. La inversión posterga el consumo corriente para sostener un consumo mayor en el futuro. He ahí el verdadero conflicto. Se trata de la sempiterna lucha entre la gratificación instantánea y el sacrificio que requiere elevar el estándar de vida en períodos de tiempo futuro.
Luego de décadas de amamantamiento, nuestra sociedad carece de la paciencia y fuerza de voluntad para aceptar el sacrificio que representa la postergación del consumo. El gobierno es cautivo de partidos políticos populistas que aborrecen el más mínimo sacrificio.  Sus cantos de sirena han inducido a la población a pensar que el gobierno lo puede resolver todo. La población entiende que el acceso a la educación, a los sistemas de salud, al sistema de justicia, al transporte público, al sistema de protección policíaco, a la vivienda, a los alimentos, a la energía, al agua procesada y al alcantarillado pluvial y sanitario y a la disposición de desperdicios sólidos son derechos. Como son derechos, el coste no importa. De hecho, la población entiende que el gobierno los debe proveer de forma gratuita para los usuarios. Esa percepción se refuerza ante la calidad de los servicios públicos. La calidad es tan mala que no guarda relación con los precios que pagan los usuarios. De ahí que se sientan explotados y oprimidos por el aparato burocrático del gobierno.
Al electorado no le importa de dónde provienen los recursos necesarios para sostener la oferta de bienes y servicios que suple el gobierno. Claro está, siempre y cuando no sea como resultado de impuestos. Esta realidad política ha causado, en buena medida, que el gobierno haya recurrido al gasto deficitario financiado y “cuadrado” por vía de trucos contables. Como resultado, se han acumulado deudas que requieren el pago de principal e intereses. Ahora esos compromisos compiten con niveles insostenibles de gasto corriente. La inversión pública se esfumó. Se ha agotado el crédito y la liquidez del gobierno. Ya no es posible evitar el sacrificio.
El proceder de la Legislatura parece asegurar que lo que será finalmente convertido en ley será dañino. Se pretenderá desplazar el sacrificio hacia los sectores que producen. El resultado neto de las fuerzas encontradas probablemente producirá un sistema cuyo peso de gravedad será un impuesto a las transacciones. Especialmente a las transacciones entre negocios. Todo lo contrario de lo que necesita la economía de Puerto Rico. Para complicar las cosas, se ha introducido un elemento chauvinista que predica la lucha de clases y predica el incumplimiento con los compromisos financieros del gobierno. Los pronunciamientos y acciones de un puñado de legisladores han logrado enviar un mensaje de peligro al mercado de capital. El aviso ha sido recibido y amplificado por los medios especializados. De ahí que el coste de capital se haya disparado para el gobierno de Puerto Rico.
En resumidas cuentas, el sistema político ha logrado poner de rodillas a la economía de Puerto Rico. De esta forma, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de fuga de capital. Capital financiero, real y humano. Sin entrar en la descripción en detalles de este proceso, el mismo puede ser descrito de forma sintética con una palabra: empobrecimiento.
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Discombobulated

“Discombobulated”. Siento mi cabeza girar como un trompo sobre su eje. Así me ha dejado la reacción de los políticos a las respuestas que ofreció la Oficial de Reestructuración (OR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La RO les dice de frente y con sencilla claridad a los senadores que no hay forma de que una empresa pueda operar intervenida por políticos al grado en que lo está la AEE. Son los partidos, los alcaldes, los legisladores y el Ejecutivo los que han postrado a la AEE. Lo han hecho directa o indirectamente a través de alianzas entre grupos y facciones internas que ordeñan la vaca. En otras palabras, la RO les dice a los políticos “ustedes son el problema”.

 
Por supuesto, la reacción ha sido atacar a la RO por no haber completado los planes para los que se le contrató en un tiempo evidentemente insuficiente. Todos alzan su voz para decir que no hay nada nuevo en lo que plantea la RO. Ellos lo sabían ya. Pues, si ya lo sabían, porqué no actuaron antes. Pues no actuaron antes porque actuar va en contra de sus intereses gremiales y políticos. 
 
El sector político ha malversado los activos de la AEE y de otras corporaciones públicas. En estos precisos momentos se publica que la deuda vencida por consumo de electricidad que las agencias del gobierno se rehusan a pagar, sin consecuencias, a la AEE ronda los $780 millones. El gobierno no paga y la AEE factura, pero no cobra. Lo subsidios que se le exige a la AEE que otorgue son producto de leyes. Si, leyes estatuidas por la legislatura y firmadas por gobernadores. 
 
El sector político ha ofrecido prueba robusta de que es incapaz de administrar entidades como la AEE. No puede esconderse ya la verdad. La AEE tiene que ser operada y administrada por un ente privado.  
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“Yo Tengo un Plan”

Elías Gutiérrez

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

El modelo de gobierno que hemos adoptado fue diseñado para que, en el mejor de los casos, funcionara sólo con gran dificultad. Se hizo así con el fin de evitar que se convirtiera en un tirano. Hoy día, en buena medida, el gobierno no funciona. No funciona para llevar a cabo los menesteres básicos que los ciudadanos espera de él: protección de vida y propiedad, educación y salubridad pública. Ni se diga de lo que han prometido los políticos en busca del favor del electorado. Y lo peor no ha sido lo prometido sino que, intentando cumplir con las promesas, han pasado de la raya.

Lo que ya le exigimos al aparato gubernamental desafía claramente las leyes más elementales de la física. El “output” no puede ser mayor que el “input”. Pero, para mentes como las de nuestros políticos esto no representa problema alguno. De hecho, en su peculiar matemática (2 + 2) =7 y (2 – 2) no está definido aún. Eso sí, “0” definitivamente que no es.

Ahora bien, a pesar de que es evidente que el gobierno no cumple su más básica encomienda, se pretende hacerle responsable de realizar un verdadero prodigio. Me refiero a la exigencia que le hemos impuesto para que genere y sostenga un proceso planificado de desarrollo económico. Para ello se le exige un plan. Respondiendo a ese clamor, alguno que otro candidato a la gobernación se ufana en proclamar que “…yo tengo un plan”.

Un plan es un instrumento gerencial que guía la acción en persecución de objetivos con el fin de alcanzar alguna meta preestablecida. Aparte de los objetivos de costumbre, pocos son los que precisan el contenido requerido a dicho plan. Más bien, parece haber un supuesto no hablado en torno al tópico. Se dda por descontado que el plan llevará al país a un estadio de riqueza y calidad de vida denominado “desarrollo económico integral”.  No está muy claro lo que significan los términos “desarrollo” o “integral”.  No entraré en esa discusión en esta ocasión. Lo que viene al caso es que se exige del plan que produzca el desarrollo integral.

Para complicar el panorama, el discurso político le ha impuesto requisitos tanto al plan como al proceso que supuestamente lo generará. Por ejemplo, el plan no requerirá sacrificio alguno para alcanzar el desarrollo integral. Es decir, no habrá de costarle nada a nadie. El plan elevará el estándar de vida a niveles comparables con las sociedades más ricas del planeta. El proceso se completará de forma instantánea. En otras palabras, la gratificación será inmediata.

Un plan ha de referirse al futuro partiendo de la condición actual. La condición actual es conocida, pero conviene resaltar elementos cruciales de la misma en beneficio de los que aún no se hayan percatado del estado de situación vigente.

Por cerca de una década, el agregado económico se ha estancado.  La participación de la población en la fuerza laboral se ha hundido. El remedio consiste en expandir los sectores de producción. He aquí el corazón de lo que debiera ser el objetivo del plan.

El crecimiento del gasto ha encubierto la gravedad de la situación financiera del gobierno. En la medida en que la inversión pública y privada ha menguado, la capacidad de producción ha continuado deteriorando. La demanda agregada ha sido estimulada en exceso por vía de los gastos del gobierno. Ese gasto ha sido financiado por la vía deficitaria. En otras palabras: gastando lo que no tenemos. Finalmente, el márgen deficitario ha encontrdo su límite. En el proceso, hemos sido imprudentes. No solo hemos violado disposiciones constitucionales, sino que la deuda pública acumulada ya supera el valor total de los gastos de la economía.

No hay que decir que en la actualidad, el sector publico confronta graves problemas. Baste señalar que un número de corporaciones públicas se encuentran en estado de insolvencia.  Algunas en bancarrota técnica.  Los fondos de pensiones de los empleados públicos y maestros se aproximan rápidamente a la insolvencia.

Ante la estrechez, el gobierno ha reaccionado tratando de mantener los servicios y los empleados. Para ello, ha sido necesario postergar pagos a suplidores, elevar y legislar docenas de impuestos y arbitrios. No ha sido suficiente. A pesar del costo político, las entidades del gobierno han decretado fuertes aumentos en las tarifas que aplican a los servicios que compran los consumidores.

Lo que fue por décadas impensable, ahora está de moda. Un segmento político del partido de gobierno,  es cada vez más audaz en plantear, como solución a la crisis de liquidez, la reestructuración de las deudas del Estado. Ello, a pesar de que una reestructuración conllevaría pérdidas directas a los que han prestado su capital y sus ahorros a entidades del gobierno. A esto se ha reducido para algunos el plan.

En respuesta al estancamiento económico, la emigración ha reducido el total de la población residente. Los activos financieros y reales de las familias han sufrido fuertes devaluaciones en su valor de mercado. Como resultado, la clase media se encuentra asediada. La movilidad social es hoy día una calle en dirección a la retaguardia. El plan deberá atender con prioridad estratégica el empobrecimiento que hoy diezma la clase media.

El crecimiento económico se ha detenido. Es más, va en retirada. Al contraerse la economía real, el efecto sobre la condición fiscal del gobierno refuerza una especie de círculo vicioso. Los recaudos del erario sufren. Como he dicho anteriormente, el gobierno reacciona aumentando los impuestos para sostener su escala de operaciones.

Un plan debe estar dirigido a guiar la acción. Acción para alcanzar objetivos que valgan la pena.  Objetivos que tengan impactos que les den mayor potencia dentro del contexto del plan, que de forma aislada y solitaria.   No sería aceptable que el plan se limite a presentar una lista de buenos deseos y objetivos con los que nadie puede estar en desacuerdo.  ¿Quién no desea un nirvana o un paraíso y de gratis?  Se trata, más bien, de provocar cambios en la estructura que hoy garantiza el estancamiento y el empobrecimiento del país.

En la medida que sean efectivos, los cambios resultarán amenazantes para aquellos que se han acomodado al presente estado de cosas. Por eso, el plan deberá ser ejecutado con el compromiso ineludible de un liderato similar al que es necesario cuando un país está en guerra. Así de grave es el estado de situación hoy. Lo peor del estado actual es que evoluciona hacia uno aun más tétrico.

El plan deberá identificar los recursos y las fuentes comprometidas que serán requeridas para actuar y alcanzar aquello que se establezca como objetivos y metas. Deberá, además, establecer fechas límite para la acción. El plan no podrá ser un mero wish list. Por el contrario, deberá responsabilizar a cada actor en el proceso de actuación. El plan deberá definir de forma explícita el sacrificio que conlleve la acción requerida. Los afectados tendrán que aceptar el sacrificio.

Esta sociedad nuestra tendrá que estar dispuesta a abandonar un conjunto de supuestos que ya no son útiles para producir el despegue de la economía. El rol del gobierno tendrá que ser alterado. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Puerto Rico tiene un gobierno diseñado para implantar políticas derivadas de la teoría que propuso el gran economista Lord John Maynard Keynes. La teoría de Keynes dio sostén conceptual a las políticas del “Nuevo Trato” promulgadas durante la administración del presidente Roosevelt.

El crecimiento y el desarrollo económico son procesos de largo plazo. La teoría de Keynes supone que el período de tiempo es corto. De hecho, es tan corto que el acervo de capital, lo que he llamado antes la plataforma de producción, se supone constante. Por lo tanto, en esa teoría no se explica el crecimiento económico. El foco está en el empleo. La intervención del Estado busca estimular o complementar la demanda agregada, por vía del gasto. Son medidas de corto plazo, simpáticas para los políticos, dirigidas a manejar el ciclo económico característico del capitalismo. El crecimiento no es el objetivo. El objetivo se limita a estimular, por vía del gasto deficitario, la demanda, no la producción.

Para estimular la producción se requiere expandir el acervo de capital. Es decir, se requiere inversión. El gasto público de consumo destruye los recursos requeridos para elevar el potencial de producción. Hemos aplicado la receta equivocada al problema económico. La adopción del modelo estatista de gobierno ha resultado en un sector público de tamaño descomunal. Un gobierno que sostiene y provoca la dependencia para con él de dos terceras partes de la población. El gobierno ha dejado de ser instrumento de solución para convertirse en el problema.

La teoría económica que sostiene la política pública del gobierno de Puerto Rico parte de tres supuestos. El primero consiste en suponer que el sistema económico es de mercado y que la economía está capitalizada. El segundo supuesto es que la economía está relativamente cerrada a la economía internacional. El tercer supuesto es que el gobierno tiene capacidad ilimitada para financiar su intervención por vía del gasto. Ninguno de esos supuestos es congruente con la realidad de la economía de Puerto Rico. No lo son ni siquiera con la economía contemporánea de los Estados Unidos.

La influencia de los abogados, que habitan nuestra isla en proporción descomunal, inmediatamente enfoca la discusión de ese plan en el proceso a conducirse para su confección. Al parecer, se tratará de algo similar a la producción de un bizcocho. En esa confección se pretende que participe “todo pájaro”. La idea se trata de justificar en función de un supuesto que no tiene base empírica alguna.  Que todos tenemos algo valioso que aportar al plan.

Sospecho que la verdadera razón para exigir amplia participación es otra. Más bien, se trata de  marcar y “gardearse” todos, como en un juego de baloncesto, para evitar que la confección del plan sea cargaa en favor de algún otro

Puerto Rico requiere de un gran esfuerzo dirigido a capitalizar su economía. No podrá escapar al sacrificio que ello implica. Para guiar dicho esfuerzo es que se requiere un plan. Los recursos necesarios para romper el círculo vicioso en que nos hemos empantanado están siendo capturados y destruidos por el gobierno mismo. El gobierno ha sostenido los niveles del gasto a costa de la descapitalización de la la economía.

La recapitalización de la economía tendrá que ser la estrategia subyacente al plan. Un plan que posibilite la expansión y modernización de la plataforma de producción. Ello requerirá cantidades enormes de ahorros. Ahorros internos y externos que financien las grandes brechas de capital que se han abierto en la economía.

Para competir en la economía global, Puerto Rico necesita ser capaz de añadir valor a la economía del mundo. Esto lo podría lograr reduciendo los costes de las transacciones y el precio al que se vende la energía eléctrica en la isla. El mercado laboral está plagado de reglas y modos anacrónicos de proceder que requieren una reingeniería total.

La programación de las acciones que el plan establezca deberá estar acompañada de un pareo con los requisitos de capital y con las fuentes de financiación. De lo contrario, el esfuerzo resultará inútil.

El estado de situación vigente requiere un plan que detenga el crecimiento del tamaño un gobierno que ha ido estrangulando al sector privado. Habrá que enfrentar el conflicto de intereses que surge de inmediato. Dado que el gobierno controlará el proceso que resultará en el plan que se requiere; y dado que el tamaño, ineficiencia e ineficacia del gobierno son buena parte del problema, habrá que esperar una resistencia tenaz a la confección de un plan que reconozca esta realidad. Quedará, entonces, el sector privado enfrentado al gobierno en la confección y ejecución del plan.

Finalmente, soy de la opinión que, para tener alguna probabilidad de éxito, el plan deberá contar con un elemento indispensable. De lo que se trata es de, nada más y nada menos,  lograr un armisticio entre los dos partidos principales. En ausencia de ese elemento, francamente, no veo posibilidades de éxito.

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

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Un Plan

IMG_0034.JPGNuestro gobierno fue diseñado para que, en el mejor de los casos, funcionara con gran dificultad. Hoy día, en buena medida, no funciona. No obstante, le hacemos responsable de realizar un verdadero prodigio. Me refiero a la exigencia que le hemos impuesto al gobierno para que genere y sostenga un proceso de desarrollo económico. Más aun, le hemos puesto ciertos requisitos a dicho proceso y al resultante del proceso. Por ejemplo, el proceso no conllevará sacrificio alguno. Es decir, no habrá de costarle nada a nadie. El resultante elevará el estándar de vida a niveles compatibles con las sociedades más ricas del planeta. El proceso se completará de forma instantánea.

Lo que exigimos del aparato gubernamental que hemos erigido desafía claramente las leyes más elementales de la física. El “output” no puede ser mayor que el “input”. Pero, para mentes como las de nuestros políticos esto no representa problema alguno. De hecho, en su peculiar matemática (2 + 2) = 7 y (2 – 2) no está definido aún. Eso sí, “0” definitivamente que no es.

Recientemente se escucha con frecuencia el clamor por un “plan”. Un plan que lleve al país a ese estadio de riqueza y calidad de vida denominado “desarrollo económico integral”. Si, tiene que ser como el pan negro: “integral”.

La influencia de los abogados, que habitan nuestra isla en proporción descomunal, inmediatamente enfoca la discusión de ese “plan” en el proceso a seguirse para su confección. Al parecer, se tratará de algo similar a la producción de un bizcocho. En esa confección participará todo pájaro. La idea se trata de justificar en función de un supuesto que no tiene base empírica alguna: que todos tenemos algo valioso que aportar al “plan”.

Por supuesto la verdadera razón para exigir amplia participación es otra. Se trata de, como en un juego de baloncesto, marcar y “gardearse” todos para evitar que la confección del “plan” sea cargado en favor de algún otro.

Ahora bien, ¿qué es un “plan”? Ciertamente no es lo que usualmente se produce: una lista de buenos deseos y objetivos con los que nadie puede estar en desacuerdo. ¿quién no desea un nirvana o un paraíso, y de gratis?

Yo pienso lo siguiente, Un plan tiene que estar dirigido a la acción. Acción para alcanzar objetivos que valgan la pena. Es decir, objetivos estratégicos. Si, objetivos que tengan impactos que les den mayor potencia dentro del contexto del plan, que de forma aislada y solitaria. Se trata de provocar cambios en la estructura que hoy garantiza el estancamiento y el empobrecimiento del país.

Los cambios resultarán amenazantes para aquellos que se han acomodado al presente estado de cosas. Por eso, el plan deberá ser ejecutado con el compromiso ineludible de un liderato similar al que es necesario cuando un país está en guerra. Así de grave es el estado de situación hoy. Lo peor del estado actual es que evoluciona hacia uno aun más tétrico.

Nuestro país va en camino a poder ser descrito como un gueto de viejos pobres. Lo he dicho antes en repetidas ocasiones. Hoy me siento más pesimista que nunca antes. La demografía se ha juntado con la economía para componer una tragedia griega. El perfil de la familia residente en Puerto Rico será cada vez más la de una mujer vieja, viuda, pobre, carente de apoyo familiar y dependiente de la beneficencia del Estado. Habrá hombres en las mismas circunstancias, pero serán menos en proporción numérica. Los hijos, cada vez menos, habrán abandonado la isla en busca de trabajo y calidad de vida. La clase media habrá retrocedido en todos los frentes.

Durante un recorrido que fui afortunado de dar a mediados de la década del 1990, observé pueblitos en España que estaban casi totalmente despoblados. Salvo por un puñado de viejos, no residía nadie en el pueblo. Cada tantos días los viejos recibían una ronda de visita por médicos de comarca que velaban porque tuvieran sus medicamentos básicos. La belleza del panorama natural encubría una realidad humana escalofriante. Eran pueblos fantasma, no había prácticamente ninguna actividad comercial ni productiva.

Hoy es palpable a simple vista como el deterioro, la depreciación, la desvalorización, el abandono y la decrepitude avanzan rápidamente carcomiendo el acervo de propiedades en áreas metropolitanas que hasta hace no más de dos décadas fungían como el corazón del comercio, de la industria financiera, gastronómica y de servicios en general. Son síntomas claros de la ruta que ha emprendido el país.

Puerto Rico ha perdido capacidad para añadir valor a la economía del mundo. La productividad ha dejado de ser prioridad para dar paso a un consumismo descomunal subsidiado por el Estado, y financiado, en buena medida, por la economía subterránea. Aunque hay excepciones que responden a incentivos otorgados por el gobierno, tanto el capital financiero como el humano están en huída.  El capital físico urbano se está desmoronado. En esa medida, esta sociedad pierde la clase media y sus activos. Quedan los pasivos, las deudas. Pero quedan con una población menor en número y en capacidad de pago. Es decir, estamos sufriendo una sociedad en franco empobrecimiento.  Una sociedad en ruta hacia la irrelevancia.

La composición socio-económica resultante de la hemorragia de capital que se palpa es congruente con la de una barriada decrépita en donde la dependencia geriátrica confluye con una juventud desprovista de motivación y destrezas para contribuir a la producción en los sectores formales. Una juventud cuyo objetivo vital es también huir.

Volviendo al plan. Este deberá identificar los recursos y las fuentes comprometidas que serán requeridas para actuar y alcanzar aquello que se establezca como objetivos y metas. Deberá, además, establecer fechas límite para la acción. El plan no podrá ser un mero “wish list”. Por el contrario, deberá responsabilizar a cada actor en el proceso de actuación. El plan definirá el sacrificio que conlleve la acción que requiera. Los afectados tendrán que aceptarlo de forma explícita.

Ésta sociedad nuestra tendrá que estar dispuesta a abandonar un conjunto de supuestos que ya no son útiles para producir el despegue de la economía. El rol del gobierno tendrá que ser alterado como resultado. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Puerto Rico tiene un gobierno diseñado para implantar políticas derivadas de la teoría que que las propuso el gran economista: Lord John Maynard Keynes. De ahí que a ese conjunto de medidas que responden a la filosofía de intervención del Estado se les llama “keynesianas”. Intervenciones del estado dirigidas a estimular la demanda agregada por vía del gasto.

La teoría elaborada por Keynes, y que sostiene la política pública del gobierno de Puerto Rico, parte de varios supuestos. El primero consiste en suponer el sistema económico es de mercado y que la economía está capitalizada. El segundo supuesto es que la economía está relativamente cerrada a la economía internacional. El tercer supuesto es que el gobierno tiene capacidad ilimitada para financiar su intervención por vía del gasto. Ninguno de esos supuestos es congruente con la realidad de la economía de Puerto Rico. No lo son ni siquiera con la economía contemporánea de los Estados Unidos.

 Puerto Rico requiere un gran esfuerzo dirigidos a capitalizar su economía. No podrá escapar al sacrificio que ello implica. Los recursos necesarios hoy están siendo capturados y destruidos por el gobierno mismo. El gobierno sostiene los niveles de gasto a costa de la descapitalización del resto de la economía.

Puerto Rico necesita añadir valor a la economía del mundo. Esto lo podría lograr reduciendo los costes transaccionales típicos y el precio al que se vende la energía eléctrica en la isla. El mercado laboral está plagado de reglas y modos de proceder que requieren una reingeniería total. La intervención reguladora y la estructura de impuestos se han convertido en un chinchorro que atrapa los sectores productivos como sardinas para carnada.

La programación de las acciones que el plan establezca deberá estar acompañada de un pareo con los requisitos de capital y con las fuentes de financiación. De lo contrario, el esfuerzo será natimuerto.

Finalmente, el plan deberá contar con un elemento indispensable. De lo que se trata es de lograr un armisticio entre los dos partidos principales. En ausencia de ese elemento, francamente, no veo posibilidades de éxito.

 

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Un gueto de viejos pobres

 

No me gusta el termino ghetto. Su historia está cargada de dolor y vergüenza humana. Sólo hay que recordar a Varsovia.  Además, desde que lo utilice en 1975, ha sido abusado. En fin, lo detesto. No obstante, lo que veo en el horizonte es una situación social tan peligrosa que, sin encontrar aun un sinónimo adecuado, lo utilizo aquí otra vez. 

En inglés, los sinónimos del término incluyen:
 
“cheapened, depreciated, deprived, destitute, devalued, distressed, ghost, impaired, needy, poor, poverty-stricken, run-down, shanty, skid row, underprivileged, weakened”.
 
Quizás el menos peyorativo de los sinónimos que presento aquí pudiera ser “fantasma”. El más “politically correct” pudiera ser “debilitado”,pero en este caso, sería el menos preciso. Menos preciso en describir las condiciones sociales que, en mi opinión, se han estado congregando y hoy veo en el horizonte aproximándose a Puerto Rico como una ominosa tormenta.
Nuestro país va en camino a poder ser descrito como un ghetto de viejos pobres. Lo he dicho antes en repetidas ocasiones. Hoy me siento más pesimista que nunca antes. La demografía se ha juntado con la economía para componer una tragedia griega. El perfil de la familia residente en Puerto Rico será cada vez más la de una mujer vieja, viuda, pobre, carente de apoyo familiar y dependiente de la beneficencia del Estado. Habrá hombres en las mismas circunstancias, pero serán menos en proporción numérica. Los hijos, cada vez menos, habrán abandonado la isla en busca de trabajo y calidad de vida. La clase media habrá retrocedido en todos los frentes.
Durante un recorrido que fui afortunado de dar a mediados de la década del 1990, observé pueblitos en España que estaban casi totalmente despoblados. Salvo por un puñado de viejos, no residía nadie en el pueblo. Cada tantos días los viejos recibían una ronda de visita por médicos de comarca que velaban porque tuvieran sus medicamentos básicos. La belleza del panorama encubría una realidad escalofriante. Eran pueblos fantasma, no había prácticamente ninguna actividad comercial ni productiva.
Hoy es palpable a simple vista como el deterioro, la depreciación, la desvalorización, el abandono y la decrepitud avanzan rápidamente carcomiendo el acervo de propiedades en áreas metropolitanas que hasta hace no más de dos décadas fungían como el corazón del comercio, de la industria financiera, gastronómica y de servicios en general. Son síntomas claros de la ruta que ha emprendido el país.
Puerto Rico ha perdido capacidad para añadir valor a la economía del mundo. La productividad ha dejado de ser prioridad para dar paso a un consumismo descomunal subsidiado por el Estado, y financiado, en buena medida, por la economía subterránea. Aunque hay excepciones que responden a incentivos otorgados por el gobierno, tanto el capital financiero como el humano están en huída.  El capital físico urbano se está desmoronado. En esa medida, esta sociedad pierde la clase media y sus activos. Quedan los pasivos, las deudas. Pero quedan con una población menor en número y en capacidad de pago. Es decir, estamos sufriendo una sociedad en franco empobrecimiento.  Una sociedad en ruta hacia la irrelevancia.
La composición socio-económica resultante de la hemorragia de capital que se palpa es congruente con la de una barriada decrépita en donde la dependencia geriátrica confluye con una juventud desprovista de motivación y destrezas para contribuir a la producción en los sectores formales. Una juventud cuyo objetivo vital es también huir.
Entenderán ustedes ahora porqué se me hace tan difícil no utilizar la frase con la que titulo éstas lineas.
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Bancarrota

Poco se ha pensado y menos se ha dicho de lo que experimentaría la sociedad puertorriqueña cuando se produzca una declaración oficial de insolvencia e incapacidad para honrar los términos del pago de las deudas del Estado. Urge que exploremos escenarios que nos ayuden a entender ese tenebroso futuro. Tenebroso por lo incierto y confuso que se presenta. 

De antemano le pido indulgencia al lector por el atrevimiento que constituye la aventura que emprendo aquí. No pretendo hacer un pronóstico. Sólo intento colocar en algún orden lógico eventos que probablemente ocurran.
Una vez se haga patente la incapacidad o la ausencia de voluntad para efectuar los pagos correspondientes a los vencimientos, el mercado de capital se cerrará herméticamente. Es decir, ni siquiera los fondos de cobertura podrán justificar la adquisición de deuda del Estado Libre Asociado (ELA) o de sus corporaciones públicas. No harán distinción entre obligaciones generales supuestamente respaldadas por la constitución de aquellas que no cuentan con tal respaldo. Los valores de la deuda que aun se trafica en el mercado secundario se acercará a unos 16 centavos por dólar.
El efecto sobre otros activos financieros y reales poseídos por las familias o por el ELA reflejarán un colapso similar. La sociedad puertorriqueña habrá experimentado un empobrecimiento súbito de portentosa magnitud.
El capital financiero, que es el más ágil, abandonará la economía de Puerto Rico en las etapas inmediatamente precedentes a los eventos que precipitarán el resto de la gran fuga de activos. Le seguirán otros activos en orden dictado por su liquidez. La titularidad de los activos reales irá a la zaga, pero, sin duda, irá. El estándar de vida de la población residente se precipitará.
Al cerrarse el mercado de capital para el gobierno del ELA, se paralizará la inversión pública. La privada seguirá el mismo derrotero. La influencia desproporcionada que aún tiene el sector público sobre la economía del país actuará, en ese período, como una potala sobre el resto de los sectores.
El gobierno del ELA perderá el control de la administración de sus corporaciones públicas. Ese será parte del coste de la bancarrota. Ello provocará gran efervescencia política y social. Las fuerzas de la anarquía intentarán desestabilizar el gobierno para ocuparlo y aprovechar la crisis en favor de sus particulares agendas ideológicas.
Como es de esperarse, los efectos de este cataclismo social no serán distribuidos equitativamente a través de la sociedad. Los estratos demográficos más vulnerables y débiles sufrirán con mayor intensidad el rápido deterioro del estándar de vida. Los viejos no podrán sobrevivir para disfrutar de la recuperación porque ello tomará más de una generación. Las generaciones jóvenes acelerarán la emigración. Ese fenómeno ya se manifiesta.
Volviendo a los efectos directos de la bancarrota, es razonable esperar que los acreedores obtengan ordenes expedidas por los tribunales para tomar control de las entidades corporativas del ELA.  El concepto de gobierno propio quedará hecho pedazos ante las exigencias de la realidad. Así está ya pactado en los contratos de fideicomiso que rigen como ley entre las partes entre las entidades del ELA y sus bonistas desde 1974.
En el proceso la economía de Puerto Rico habrá continuado su encogimiento y las familias de clase media habrán perdido el 75% del valor de sus activos.
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El doloroso camino de la reestructuración

Cada vez se escuchan más voces que se adhieren a la noción que ven en la reestructuración de la deuda, la solución a la crisis económica que sufre Puerto Rico. No obstante, algo me dice que son pocos los que se han tomado tiempo para entender lo que conlleva un proceso de reestructuración. Creo que es necesario tener una idea clara de lo que puede implicar la adopción de tal ruta. Pronto tendremos la ventaja de observar de cerca un proceso de esa índole. La experiencia nos enseñará mucho. Se trata de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La reestructuración de la deuda de una corporación pública es más limitada y un tanto menos compleja que lo que sería manejar un proceso que incluyera toda la deuda del Estado Libre Asociado (ELA). La diferencia no se limita meramente a las magnitudes envueltas. Hay diferencias sustanciales cuantitativas y cualitativas. Habrá efectos colaterales de gran porte. Los efectos sobre el resto del sistema económico de Puerto Rico diferirán en escala y en la profundidad. Los efectos colaterales no se limitarán a las instituciones y actores directamente envueltos con elementos económicos o financieros. Por el contrario, los efectos sobre el sistema social serán amplios.
Me temo que aun entre los que abogan por la reestructuración, especialmente entre ellos, no hay un claro conocimiento de lo que se está proponiendo. La experiencia que se desprende de otros casos nos indica que deberemos estar preparados para afrontar ciertos ajustes dolorosos. Ajustes que provocarán resistencia tenaz. Esa resistencia tendrá como resultado un período de inestabilidad, turbulencia e incertidumbre.
La reestructuración requerirá, por lo menos, ajustes profundos en áreas que hasta ahora han sido evadidas por el sistema político del país. Por ejemplo, será indispensable una reforma del mercado laboral; el sector público tendrá que ser ajustado a un escala compatible con las capacidades y recursos disponibles a una sociedad cuya economía no puede sostener el gobierno que tiene hoy día; el sistema de gobiernos municipales no es viable y tendrá que ser ajustado a las nuevas realidades;  el rol del gobierno en la economía deberá ser limitado a ciertos aspectos regulatorios y de seguridad pública. Mientras el gobierno se limitará por un lado, por otro tendrá que alterar prioridades para expandir su contribución a la economía, especialmente en lo que respecta a la inversión en infraestructura.
Los cambios forzados en prioridades y las limitaciones impuestas por los compromisos del gobierno provocarán la protesta de todos los sectores sociales. Lo que estamos viendo hoy día con el proyecto llamado transformación contributiva es un ¨paseo¨ comparado con el volcán que hará erupción.
Para complicar el panorama de la reestructuración no debe perderse de vista que Puerto Rico habita una especie de limbo en el que existe un vacío. Un vacío en cuanto a reglas para ordenar los procesos de negociación y ejecución de acuerdos. Más aún, no existe un ente que provea financiación puente para viabilizar los tiempos de ajuste parcial.
La dificultad más formidable surge del problema que está en la raíz del estancamiento económico. En la medida que Puerto Rico pueda estabilizar las finanzas de su gobierno, tendrá que impulsar su participación en la economía mundial. Es decir, tendrá que añadir valor a la economía del mundo por vía de la exportación de su produccion. Nada podrá ignorar ese factor fundamental. La solución está en la capacidad de producción de la economía. De ahí que el modelo estatista no funciona. Deberá ser el sector privado el que logre expandirse y exportar. Eso será posible en la medida que la interferencia del gobierno se reduzca a lo indispensable. Los costes transaccionales tendrán que reducirse dramáticamente. El gobierno es responsable de gran parte de la madeja de requerimientos innecesarios que ahogan los esfuerzos de producción. Este ha sido el resultado de esfuerzos de protección que sólo han producido un sector privado improductivo y dependiente del gobierno.
De lo que se trata no es simplemente de postergar unas fechas de vencimiento, unas tasas de interés, ni siquiera de reducir unos montos en la deuda pendiente de pago. Se trata nada menos que de alterar las relaciones que sostienen esta sociedad. Una sociedad dependiente que consume en exceso que creó expectativas compatibles con un estándar de vida que ahora no es viable. Poco a poco esta realidad irá penetrando en la psiquis colectiva. Habrá un periodo adicional de negación probablemente acompañado de una convulsión. Eventualmente, la aceptación ocurrirá. Pero ello dependerá del liderato iluminado que surja de las cenizas de la estructura de partidos políticos que ha producido este gran fracaso.
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Demolición

La facción soberanista del Partido Popular Democrático (PPD) continúa empeñada en una gestión de demolición de los instrumentos que en su origen permitieron el despegue de la economía y la creación de la clase media en Puerto Rico. El último intento conocido consiste en la radicación de sendos proyectos de ley en Cámara y Senado. Los mismos van dirigidos a imponer tributos a los intereses devengados por bonos emitidos por las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado (ELA).
 
Previamente, tres representantes habían radicado un proyecto para someter a consulta popular una revisión de la constitución del ELA. El objetivo consiste en alterar el orden de prioridades en el pago de obligaciones de forma que el servicio de la deuda quede desplazado del primer lugar que garantiza la Sección VI de la carta magna.
 
El contingente soberanista del PPD que incluye a los alcaldes de San Juan, Carolina, Caguas y Mayagüez ofrece resistencia a la iniciativa de transformación del sistema tributario para asignar un mayor peso a un impuesto al consumo más eficiente que el vigente. Los soberanistas abrazan como solución a la inminente insolvencia de las corporaciones públicas y la del mismo gobierno central, una supuesta reestructuración de la deuda. Un eufemismo que significa la modificación unilateral de los términos bajo los que el ELA tomó prestado. Nada dicen sobre la viabilidad jurídica de tal acción. Menos aún se refieren a las consecuencias previsibles, ni a los efectos colaterales, de tal acción aún cuando pudiera ser factible. Tampoco hacen referencia al coste de tan trascendente paso. Su recomendación constituye un salto al vacío. Una jugada en la que se apuesta a que, por lo audaz e inaudito, le tiemblen las rodillas a los tenedores de la deuda de país.
La ¨alternativas¨ propuestas por la facción soberanista han sido escuchadas por el mercado de capital. La reacción ha sido de esperarse. La percepción prevaleciente es   que el gobierno de Puerto Rico no es de fiar. Por lo tanto, aun las fuentes que están dispuestas a invertir bajo condiciones de grado especulativo, ha puesto el pie en el freno. La emisión de $2,900 millones que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ha tratado de colocar en el mercado se ha topado con un barrera de desconfianza. Esta se reflejará en una reducción en la demanda potencial por deuda del ELA, intereses más altos, descuentos más profundos y garantías adicionales. Todo ello, si al final se logra colocar la deuda con la que el BGF cuenta para funcionar y viabilizar la operación del gobierno.
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Mal de Pelea

Llega un momento en que el líder ha de tomar una decisión y liderar. No podrá evadir el momento, a menos que esté dispuesto a las consecuencias y perder el reconocimiento que como líder pueda tener. Esos momentos son definitorios. Cuando llegan se siente una gran soledad. Se confronta el líder con sus mejores y peores emociones. El control de las peores será indispensable, no sólo para tomar la decisión sino para ejecutarla. Para ello tendrá que hacer uso de su acervo de las mejores tonalidades de su carácter. No será fácil. Si lo fuera, no habría necesidad del líder. 

El gobierno de Puerto Rico es demasiada carga para la economía del país. La insuficiencia de liderato ha permitido que, bajo el manto de una supuesta democracia, el gobierno haya consumido, por adelantado, los ingresos de las próximas generaciones. Eso es lo que representa la acumulación de la deuda para la que hoy no hay recursos líquidos que permitan cumplir con los términos con que se tomó prestado. 

El pueblo asintió y premió los gobiernos que tomaron prestado lo hoy debemos. Lo hizo por vía del voto y de la reelección. Cuando rechazó gobiernos fue, en buena medida, por haber limitado el gasto y la consecuente deuda que ello hubiese conllevado. Como a Fausto, hoy se nos llega la hora de cumplir con los términos pactados. Mefistófeles presenta el pagaré y reclama el alma.

Algunos pretenden hacerse los nuevos. Pretenden estar sorprendidos. ¨Yo no sé nada. Yo no estaba allí. Yo llegué ahora mismo.¨

Otros piden clemencia Explican con histrionismo lo que tendrán que sufrir injustamente si se les hace partícipes del pago vencido. De pronto, todo tipo de argumento se ha desenfundado para pedir trato especial. De pronto se olvida el reclamo de igualdad democrática. Ahora lo que se reclama es que, por ser distintos, a unos ciudadanos se les trate de forma distinta.

El líder ha presentado, tardíamente, una solución profunda al sistema fiscal que ha desembocado en la bancarrota. La reacción ha sido el rechazo por todas las razones del mundo. Todas las razones legitimas o no se levanta en un cacofónica gritería. Uno a uno, grupo a grupo, sector por sector, partido por partido. Algunos juraron oposición aun antes de que la solución que presentaría el líder fuese conocida. Otros prometieron desmantelar el sistema propuesto en un período que pudiera estar tan cerca como en menos de 24 meses.

Cuando se solicitan ¨alternativas¨ para discutir la propuesta, se produce una serie de generalidades o medidas insuficientes que no dan el grado cuantitativo ni cualitativo para alcanzar los objetivos menos ambiciosos. Una de las más increíbles consiste en no cambiar lo que existe, sino mejorarlo. Basten dos preguntas retóricas para ilustrar el punto.

1) ¿Cómo mejora usted un sistema roto, que ha provocado, por el estímulo que es inherente a su naturaleza, el gasto irresponsable al sobre imponer intereses partidistas por el interés común?

2) ¿A quién se le ocurre plantear como solución aumentar la tasa al impuesto que ha fracasado porque su diseño original responde a la estrategia de una legislatura dominada por un partido de oposición que buscaba precisamente que no funcionara para hacer daño al gobernador de entonces?

En estos momentos, reina la irracionalidad alimentada por la agitación política. Ya los argumentos no se evalúan en sus méritos. El país está en medio de una rabieta, de un episodio de mal de pelea. Una rabieta similar a la que es normal en niños malcriados. Un episodio de histeria histriónica llamada por nuestros padres y abuelos ¨mal de pelea¨.

El líder tendrá que navegar por un estrecho de mar picado. Tendrá que aguantar y pagar las consecuencias de lo tardío de su actuación. Tendrá que hacerlo con un acervo de liderato menguado por expresiones anteriores. Expresiones que intentaron ser graciosas, pero que demostraron inmadurez, ignorancia e ineptitud. Falló en su rol de maestro, educador y orientador. Siguió, aparentemente, los consejos de meros publicistas. Perdió de vista que la crisis no podía negarse. Había que reconocerla y anticiparla.

Publicado hoy 15 de marzo se 2015 en Sin Comillas

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