RIP IVA

IMG_0146-150x150[1]El Nuevo Dia de hoy domingo 1ro de marzo de 2015 nos trae la noticia. Mis temores se han tornado en realidad. El impuesto al valor añadido (IVA) a muerto a manos de la Cámara de Representantes. Lo han despojado hasta del nombre. Ya no lo llamarán IVA, porque no lo amerita. Los opositores han vencido a la razón con argumentos equivocados y con medias verdades. Los proponentes han sido incapaces de explicar satisfactoriamente el sistema propuesto.
Como resultado, ahora terminaremos con un monstruo que tendrá las malas características que fálsamente se le atribuyeron al IVA original. Todo esto se reducirá a un aumento sustancial en impuestos a bienes y servicios, sin los beneficios macroeconómicos que justificaban el IVA.
Para colmo de males, la complejidad que provocarán las múltiples exenciones, la tasa variable a ser impuesta y sabrá Dios que otras sorpresas, impedirán que se alcance la recaudación que se buscaba. Como se está configurando, yo no podré apoyarlo. Triunfó la irracionalidad.
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Irresponsabilidad partidista.

La batalla se ha desatado con fuerza. Los políticos disparan por todos los flancos. El público se encuentra totalmente confundido. No es para menos. La educación de nuestro país no ha preparado al electorado para un debate que requiere conocimientos básicos de economía, finanzas, democracia representativa y otros elementos fundamentales de la estructura institucional.

En un sólo término se incorporan tres conceptos importantes para entender las consecuencias de la legislación propuesta para alterar el sistema de impuestos vigente. Me refiero al IVA. Es decir, al impuesto al valor añadido. Se le explica a la ciudadanía que se trata de un impuesto al consumo. Es decir, que no se trata de un impuesto al ingreso, ni a la propiedad, ni a ciertos productos que ya está gravados por arbitrios, p.ej. la gasolina. Se le trata de explicar al pueblo que éste impuesto resulta ser superior al vigente en términos del bien común. Que reduce el castigo que inflige hoy día el impuesto al ingreso. Que estimula el ahorro y aumenta, de esta manera, las fuentes de financiación a la inversión. Que existen formas para mitigar el efecto regresivo que seguramente traerá el tributo. Que expande la base que tributa y, por ende, resulta más justo que el sistema actual. Que hay más de 150 países que utilizan el IVA y que, por lo tanto, se cuenta con la experiencia de esas jurisdicciones para implantarlo en Puerto Rico efectivamente. El Ejecutivo lo propone como elemento central de una reforma contributiva. Pero lo defiende con timidez y casi con vergüenza.

Decía Russell B. Long, ex senador Demócrata por Luisiana (1948-87) y Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, que el significado de una reforma contributiva era simplemente lo siguiente:

“Don’t tax you, don’t tax me, tax that fellow behind the tree!”

El público siempre rechaza y detesta cualquier impuesto. Los contribuyentes no entienden los términos y los que entienden no confían en un gobierno que percibe le ha mentido antes. Otros, los que ahora escapan a la tributación del Estado, no desean que ocurran cambios en un estado de situación al que han logrado acomodarse. Todos prefieren siempre que el paganini sea el otro. Finalmente, hay quienes simplemente están opuestos al cambio, a cualquier cambio.

En el plano de la política partidista, se da ahora una situación que, si bien era previsible, resulta muy lamentable. Los candidatos declarados y potenciales a la gobernación por el PNP declaran que no implantarán el sistema que apruebe la Legislatura donde hoy el PPD cuenta con una mayoría. Es decir, que aun antes de radicarse el proyecto de reforma contributiva, ya la oposición lo descarta y promete desacatar la legislación inyectando, de paso, una dosis tóxica al sistema fiscal y financiero del gobierno de Puerto Rico. Cunde la incertidumbre. De esta forma se hace un gran daño a la maltrecha credibilidad del gobierno y solo se logra que las escasas alternativas de financiación que aun quedaban se evaporen.

Barrenar el barco desde adentro para hundirlo solo puede explicarse como un acto de sabotaje. Sospecho que se trata de un un intento suicida motivado por la noción de que la destrucción del gobierno del ELA forzará un cambio de status. Más aun, que el cambio resultará en la estadidad federada. Tengo que admitir que la lógica de tal pensamiento escapa a mi capacidad de comprensión. Me veo forzado a interpretar la estrategia como totalmente irresponsable.

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Reestructuración

(Columna publicada el 3 de febrero de 2015 en edición especial de El Nuevo Día.)Elías Gutiérrez

El sector público de Puerto Rico confronta graves problemas. La gravedad es de tal naturaleza que amenaza la viabilidad misma del gobierno como le conocemos y de la economía del país. A riesgo de repetir lo sabido, baste señalar que un número de corporaciones públicas son insolventes y algunas están al borde de la bancarrota. Una de esas resulta ser nada menos que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La crisis fue escondiéndose por años. Finalmente, se manifestó el año pasado de forma dramática con el incumplimiento que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incurrió con sus acreedores. Ese evento ha provocado el inicio de un proceso ordenado por los acreedores para determinar cursos de acción que enderecen las finanzas de esa corporación pública.

Ahora bien, la crisis financiera del gobierno no se limita a una corporación pública. La lista es larga e incluye a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Los planes de pensiones del gobierno central y el de los maestros representan una gran amenaza a las finanzas públicas. Añádase a la lista más de cuarenta gobiernos municipales. La ACT está en posición de arrastrar barranco abajo al agente fiscal del Estado. Por otro lado, los planes de pensiones representan miles de millones de dólares en compromisos con los pensionados para los que no hay fuentes de pago.

Los excedentes del gasto han provocado la recurrencia de déficits estructurales en las finanzas públicas.  La acumulación de déficits anuales ha sido financiada por vía de la venta de instrumentos financieros pagaderos a largo plazo (bonos). Esa deuda, sumada a la deuda acumulada para financiar todo tipo de proyectos, hoy sobrepasa en valor nominal el producto bruto de la economía de Puerto Rico. El servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses más la amortización del principal, exige una tajada cada vez mayor de los recursos del Estado y sus entidades. El gobierno ha recurrido a préstamos para pagar esos compromisos también.

Puerto Rico no es la única ni la primera jurisdicción que ha confrontado una crisis fiscal. Las hemos visto en ciudades, colonias, países, estados federados y aún en imperios. Ni siquiera es ésta la primera vez que Puerto Rico se ve cara a cara contra la insolvencia. A principios de la década del 1970 se produjo una crisis con elementos similares a los que hoy amenazan con hacer añicos la estructura económica.

Como suele ocurrir cuando la crisis alcanza niveles que la estructura no puede sostener, aparecen los que proponen “soluciones” supuestamente evidentes, simples, atractivas y, casi siempre, equivocadas. Recientemente comenzó a sugerirse que la solución a la trampa en que la irresponsabilidad había llevado al país, estaba en la “restructuración” de la deuda.  Nadie explicaba el significado, ni las implicaciones, de esa supuesta solución. Nadie hablaba claro. Se evadía explicar que de lo que se trataba era de sacrificar los que prestaron su capital, es decir sus ahorros, confiando en la buena fe del gobierno de Puerto Rico. Es decir, se estaba proponiendo desplazar las consecuencias de la irresponsabilidad. A eso se reducía la propuesta solución: a obligar a los acreedores a aceptar rebajas en la deuda pendiente de pago y/o en los intereses pactados. Más aún cuando se pretende hacerlo desconociendo los remedios previamente pactados para resolver la dificultad. Todo ello bajo la amenaza de no pagar. Por lo menos en cuanto a la deuda de obligación general del Estado, ello conlleva violar el mandato constitucional que establece las prioridades de pago cuando ocurre una crisis financiera.

Poco a poco, tímidamente, comenzó a escucharse un run run.  “…la deuda es impagable. Por lo tanto.., no hay que pagarla.” Resuelto el problema.  Otros fueron más ingeniosos y plantearon que como la deuda es supuestamente impagable.., que la compre la Reserva Federal (es decir, el banco central de los EEUU). Cuando los funcionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York explicaron que no tenían potestad en ley para comprar la deuda de Puerto Rico, los proponentes de esa “solución” modificaron su posición. Que la pague (la deuda) el gobierno federal. De igual forma, que pague otro y resuelto el problema

Pues no, siento decir que el problema no se resolverá. Más bien se transformará y quedaría muy lejos de estar resuelto. Las consecuencias de un impago, o de una restructuración ultra vires, de la deuda, serían catastróficas. El gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad en ley para acogerse a un procedimiento de quiebra en el ámbito federal. La ley popularmente bautizada como de “quiebra criolla” fue recibida en los mercados como una revelación de las verdaderas intenciones del gobierno de Puerto Rico. El mercado interpretó que de lo que se trataba era de un cambio fundamental de prioridades. El Estado Libre Asociado (ELA) no cumpliría necesariamente con las disposiciones constitucionales establecidas con relación a las prioridades de pago de las obligaciones generales. Ahora la prioridad consistía en mantener los servicios públicos. El efecto en el mercado fue inmediato y contundente. No solo cayó el precio de la deuda de las corporaciones públicas, sino que cayó también el precio de los bonos de obligación general.

El resultado de la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, el incumplimiento y  un proceso legislativo atropellado, han traído el aumento en el costo de capital . Quizás peor ha sido que la crisis y su manejo se traducen en una pérdida real de valor en los activos financieros y reales acumulados por inversionistas residentes y no residentes de Puerto Rico.

La deuda del gobierno no es impagable. Lo que es impagable es el gobierno que tiene Puerto Rico. El sector público ha adquirido unas dimensiones de tal porte que la economía del país no puede sostenerlo. El gobierno ha secuestrado a la economía del país. Entender esa realidad es esencial para encontrar la salida de la trampa en que nos hemos metido.

La solución no consiste en encontrar a otro que pague la deuda. La solución no es culpar a los que prestaron sus ahorros bajo el entendido de que el ELA cumpliría con la disposición constitucional que garantiza el pago de sus obligaciones. Más aun, que implícitamente la extendía al cumplimiento de las obligaciones de sus corporaciones públicas.  La solución no puede ser aquella que aboga por un nivel de gastos mayor para, supuestamente, estimular la demanda agregada y generar efectos positivos indirectos  por vía de los llamados multiplicadores. Y menos cuando el gasto estaría en gran medida financiándose por vía deficitaria. Eso será similar a curar una resaca con dos “palos” de whiskey. Pero eso, precisamente, es lo que se está haciendo. La solución Keynesiana en que está basado ese remedio no aplica en economías abiertas y descapitalizadas.

La solución no es evadir o renegar el compromiso de la deuda porque con ello simplemente se cierra el mercado de capital. La solución no puede ser sostener el gasto porque su financiación ha sido la causa de la crisis. La solución no puede ser encontrar a otro que pague, porque ese animal no existe.

La solución radica en la expansión de la producción. Luego de nueve años de estancamiento, la producción solo se expandirá si la plataforma de capital productivo se expande y se moderniza. La financiación de esa expansión y modernización tiene que iniciarse con ahorros internos. Esos ahorros están hoy secuestrados por el sector público que los extrae de la economía explotando a los sectores productivos. El sector público succiona los ahorros del sector privado por vía de los impuestos, onerosas restricciones reglamentarias y otros cargos que hacen que los costes transaccionales no le permitan a la economía de Puerto Rico competir.

Por todo lo anterior,  la reforma del sistema de impuestos no deberá ser diseñada para meramente sostener al gobierno. Su diseño deberá responder a otro objetivo estratégico. El objetivo deberá ser la expansión de la producción. Lo que algunos llaman crecimiento. He aquí la verdadera restructuración que se requiere. Se trata de obligar a que el gobierno se reduzca a una dimensión viable para nuestros recursos y que el excedente que hoy desperdicia se utilice para financiar una plataforma de producción moderna. Es así que podremos cumplir con nuestras obligaciones. Es así que los mercados volverán a recobrar la confianza en Puerto Rico. Es así que podremos elevar nuevamente el estándar de vida. Es así que Puerto Rico volverá a ser un lugar donde las juventudes querrán vivir y los viejos podremos observar con orgullo el resultado de nuestras vidas.

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Carta al Gobernador Electo Alejándro García Padilla

Escrita el 19 de noviembre de 2012 y publicada en la sección de NEGOCIOS de El Nuevo Día unos días después.IMG_0034.JPG

Estimado señor Gobernador Electo:

Deseo por este medio dejar constancia de lo que considero el mejor curso de acción, si de contribuir al bienestar del país se trata. Esta es la primera vez que me siento compelido a escribir una carta al gobernador electo. No creo que esta misiva llegue a sus manos. Lo más probable es que sea recibida por un ayudante y referida a la oficina que atiende las miles de comunicaciones que son normalmente recibidas en Santa Catalina. No obstante, si no sigo mis instintos no podré dormir tranquilo. Por eso he decidido hacerla una carta abierta.

Como usted sabe, soy economista y profesor de planificación en la UPR, donde llevo 42 años en la cátedra. He ejercido en la práctica privada y he colaborado desinteresadamente con la mayoría de los gobernadores de Puerto Rico desde el segundo término de Rafael Hernández Colón. Dirijo la Escuela Graduada de Planificación Salvador M. Padilla de la UPR desde 1998. Hago el recuento de mi experiencia porque pienso que me da autoridad para hacerle los planteamientos que desarrollo a continuación.

En primer término debo decirle que la economía de Puerto Rico no está pasando por un mero ciclo recesionario.  No, la economía de Puerto Rico sufre una condición de estancamiento. Ello hace que las recetas que se derivan de la teoría desarrollada por John Maynard Keynes sean inefectivas en nuestra disyuntiva.

Nuestro problema no consiste de una insuficiencia en la demanda agregada que pueda compensarse por el gasto público. Para complicar aun más la situación actual, el nivel de deuda acumulada por el gobierno y por el sector privado de la economía de Puerto Rico, no permiten continuar financiando gastos con el propósito de estimular la demanda agregada. De ahí que la “creación de empleos” no puede lograrse desde el sector público.

Puerto Rico confronta una insuficiencia de riqueza productiva. En términos más comúnmente utilizados, una insuficiencia de capital. La plataforma de producción de la economía se ha encogido. Peor aun, la que permanece en operación sufre de obsolescencia.  Algo similar ocurre con el “capital humano”. La calidad del sistema educativo del país en todos los niveles no llega a los niveles requeridos para mantener la población en edad de trabajo en posición de añadir valor a la economía del mundo. Aquí radica el grave problema del país. Con estas limitaciones no es posible competir en la economía global.

Temo que las promesas de campaña le perseguirán durante los próximos cuatro años. El sistema político electoral ha logrado que en el léxico dominante se hayan colocado los bueyes detrás de la carreta. Los puestos de trabajo no pueden ser “creados” por el gobierno. En todo caso, es el sector privado el que puede hacerlo. No obstante, lo hará sólo si hay necesidad de cada puesto de trabajo. Es decir, si se justifica en función de la contribución que se espera de cada uno a la actividad productiva de la empresa que lo demanda.

Nuestro gobierno se ha convertido en un obstáculo para la producción, para el proceso que añade valor a la economía, para la operación cotidiana de las actividades productivas, para la acumulación de capital que es esencial para generar producción, y para las transacciones que permiten el funcionamiento de la economía moderna. En síntesis, nuestra economía no es viable.

Hoy día, el gobierno de Puerto Rico estimula la dependencia de tres cuartas partes de la población de forma directo o indirecta. Esa dependencia ha sido financiada con ahorros provenientes de los Estados Unidos y por impuestos extraídos a la clase media residente en Puerto Rico.  Ese es el “modelo económico” del que tanto se habla. Un modelo que comenzó con el objetivo de la producción y ha derivado a uno en dónde el consumo y la destrucción de valor son objetivo y resultado.

Señor gobernador electo, el gobierno tiene que reconocer finalmente que se ha convertido en una pesada carga para nuestra sociedad. La estrategia requerida es, pues, una que conllevaría la reducción inteligente, pero significativa, del sector público en favor de la expansión del sector productivo privado.

Sé que lo que estoy indicando choca con idearios y plataformas políticas. Esa realidad es la que ha impedido que hasta la fecha no hayamos logrado aceptar la realidad y acometer las acciones necesarias. Mientras fue posible recurrir al crédito para financiar la posposición de este amargo despertar, esa fue la conducta de todos los gobernadores que le han antecedido. Me temo que usted no tendrá esa ventaja. El objetivo rector estratégico deberá ser la expansión de la plataforma de producción. Para ello será necesaria la acumulación de capital productivo.  Todas la medidas que tome desde la gobernación deberán ir dirigidas a alcanzar ese objetivo estratégico. El resto caerá por su propio peso. Recuerde, no hay margen para financiar la postergación.

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

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No Easy Way Out

Elías Gutiérrez

Elías Gutiérrez

The public sector of Puerto Rico is in deep trouble. A number of public corporations are insolvent. Some are on the verge of bankruptcy. Restructuring may mean substantial haircuts to bond holders and rate increases to public utility consumers. Public employees and teacher’s pension funds are rapidly approaching insolvency. Governor Alejandro Garcia Padilla’s fiscal team has tackled a number of politically costly revenue enhancement, i.e., tax measures. Revenue wise, however, these measures have proved lacking. Now, tax reform is the buzzword in fashion.

The economy of Puerto Rico has been stagnant for nearly a decade. In fact, for eight years the economy has continued to contract. Labor force participation has sunk. Increasing public expenditures have masked the seriousness of the situation. As public and private investment declined, productive capacity has deteriorated. For decades, aggregate demand has been overstimulated through government deficit spending. Financing deficit spending has reached its limits.

Unfunded liabilities of government pension systems were only partially met by legislative action. Not even recently legislated contributions to the public employees retirement system have been disbursed. In fact, these funds were stopped through an executive order. Several sections of the teacher’s pension system were found unconstitutional. No legislative remedy has been filed yet.

Net migration is reducing resident population. Family financial and real assets have suffered substantially in market value. As a result, the middle class is suffering. Social mobility is now a one-way street going south.

Economic development has stopped and is going in reverse gear. The shrinking real economy is reflected in the government’s fiscal and financial conditions. The fiscal response has been limited mainly on increasing taxes and user fees. The structural nature of imbalances and political realities have made expenditures extremely difficult to control. If at all, they have increased.

Currently the municipal tax-exempt bond market is closed to the Commonwealth of Puerto Rico. Commonwealth debt has been classified at junk levels. Credit quality is about credibility. Credibility is about confidence. Puerto Rico´s credibility is today at stake. In fact, I cannot honestly recall any other time when Puerto Rico’s credibility was at such lows. At the root of this calamity we find politics. Populism has finally taken its toll. Politicians find fertile ground when crisis conditions prevail. Let me provide an example of the way politicians contribute to make matters even more difficult. Political discourse and government decisions are contributing to make matters worse. For instance, legislators pop up to call for a default on debt service as a remedy to fiscal difficulties. A local statute is legislated in record time to enable certain Puerto Rico’s public corporations to file for bankruptcy in local courts. Several unfortunate pronouncements made by the Governor have strengthened the perception that debt servicing is now at a lower priority level, compared to providing services and adjusting rates.

This may get worse as more and more investors begin to learn that the Governor is calling it “immoral” to pay legal obligations. The policy now appears to be that it is more important to pay for social welfare programs than to abide by contracts. All this, in reaction to a court judgment. This will – and I am sure that it has – send shivers through Wall Street, raising questions as to whether Puerto Rico is still a safe place to invest and to do business with. Even as Puerto Rico is trying to attract wealthy investor residents with succulent tax incentives, chauvinistic and populist vocabulary will only bring Argentina to mind.

More sophisticated discourse has been emanating from the so-called sovereign wing of the governing party. The ex governor, Anibal Acevedo Vila has recently published a book in which he formulates what he refers to as an economic proposal to the US federal government. The ex governor’s proposal is portrayed as a first step that would eventually lead to the resolution of the status dilemma. In a nut shell the proposal calls for the US federal government to buy the Commonwealth’s outstanding debt at current market prices. In return, Puerto Rico would forgo annual adjustment to certain federal transfer payments. Excluded from this waiver would be those transfer payments that emanate from social security, veterans pensions, and other programs for which individuals were subject to periodic wage bill retentions.

Foregoing a thorough analysis of the ex governor’s proposal, the fact is that it centers on what is nothing more than a bailout of the Commonwealth by the federal government. Publication of Acevedo Vilas’ book and the centrality of the proposed bailout skim, reinforces the perception that there is a growing political faction within the governing party that contemplates default as a practical solution. Something that would have been unthinkable just a year ago.

Complacency may lead some to believe that the Commonwealth can raise endless amounts of money at 7.75% interest. However, even at that steep price, Wall Street will not continue to feed the beast forever. Notice that in the most recent bond offering there are substantial new requirements. For instance, conflict resolution will take place under New York law. The Commonwealth must extend guarantees for future Government Development Bank (GDG) and GDB related offerings.

Puerto Rico needs to confront reality. The answer lies on the supply side, not on the demand side. Production, not consumption, is the key. The current logic of government spending, together with limited access to the bond market, makes it unlikely that the Commonwealth will be able to honor debt service requirements and pension liabilities in the coming years. Confronting this reality is not synonymous with default as an option. No doubt, hard work and sacrifice will be required. Only economic opportunity and a decent standard of living will stop migration. Population loses will place a heavier burden of debt service on the resident population. Eventually, social upheaval will reign loose.

The systemic implications for the bond market of a Commonwealth default on its $73.4 billion debt must be addressed before it happens. Ignoring the crisis will only assure that it will gain systemic proportions. The solution to the debt problem must come from a combination of expenditure reductions and a sustained rate of private-public investment. A smaller government sector, together with the expansion of productive capacity, are the key. No doubt this will require a new tax structure. Current tax policy is biased against income earners, saving, and investment. The opposite is needed. However, in the short term, that will not be enough. To assure putting in place an expansion of productive capacity, the federal government must be willing to help. Otherwise, populism and demagoguery will inexorably drive the Commonwealth to oblivion.

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¿Que el Gobierno no es Grande..?

En entrevista telefónica con un reportero de El Nuevo Dia, el Presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dice que “…eso de modelo económico…le parece un cliché”. A propósito de esa expresión, me vino a la mente que en agosto de 2011 escribí un prologo para el libro que el CPA Juan Agosto Alicea publicó bajo el título “Crisis: Puerto Rico al Borde de la Quiebra”. Hoy, el diario El Nuevo Dia nos confirma la gravedad e inminencia de una potencial catástrofe. A continuación reproduzco parcialmente el prologo que escribí a petición de Juan para su libro.
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Poco a poco, por medio del narrativo de su gestión en el mundo de los negocios y el gobierno, Juan (Agosto Alicea) imparte una lección de interpretación y evaluación del estado de situación del gobierno de Puerto Rico. Nos lleva a la conclusión inescapable de su condición de franca insolvencia. Nos confronta con la inminencia de una pérdida de control administrativo que sería forzada por los acreedores. Para aquellos que están pendientes de los acontecimientos que se desenvuelven en Europa y en algunas ciudades y estados de los EE UU, lo que advierte Juan hace perfecto sentido. Para otros, confundidos por las opiniones de sicofantas disfrazados de “expertise” que utilizan los medios para propósitos ideológicos y partidistas, esta podrá ser una desagradable sorpresa. Pensarán que Juan está exagerando. Pensarán que sus motivos no son genuinos. Cualquier cosa para no tener que confrontar la realidad de la insolvencia a la que los partidos políticos, impulsados por un populismo del que todos padecen, han logrado llevar a la economía de Puerto Rico, al gobierno central, a la gran mayoría de los gobiernos municipales, a un buen número de corporaciones públicas y a los sistemas de pensiones de los empleados públicos.
No, Juan no exagera. Más bien, creo que su optimismo le hace soñar con la viabilidad de un Puerto Rico que escapa a su condición haciendo posible la inserción en la “economía del conocimiento”. Sobre esta esperanza tengo que admitir mi escepticismo. Hemos permitido que el sistema educativo primario y secundario haya fracasado rotundamente. Se ha desarrollado una sociedad que no ha sabido valorar, proteger y cuidar con celo y efectividad su universidad pública. Tenemos un país que ha olvidado que el estándar de vida depende del esfuerzo productivo, no de la asistencia pública. Un país que se enajena con la chabacanería que cunde en los medios. Un país que pierde su juventud en la guerra callejera del gueto y en la huída de sus profesionales. Un país cuya población, en un porcentaje que da vergüenza, es analfabeta funcional. Un país cuyos estudiantes universitarios carecen de destrezas elementales y hábitos de estudio. Que no dominan la lectura, ni la expresión verbal o escrita en cualquier idioma. No, una sociedad con el perfil que describen tales características no cuenta con los requisitos mínimos para incorporarse a la economía del conocimiento. El país no podrá añadir valor a la economía del mundo hasta que no gire por completo sobre su eje y abandone la cultura de la dependencia y el culto a la “listeria”.
El país que Juan quiere salvar está forzado a despojarse del modelo económico que le hunde en vez de conducirlo a elevar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ahora bien, ¿qué es eso del “modelo económico”? ¿Cuál es el modelo? Esta frase se ha convertido en código para achacar al status todos los males del país. Pero el modelo que es necesario descartar existe en el status actual y podría existir en cualquier otro. Se trata de la dependencia que la sociedad puertorriqueña ha desarrollado para con el gobierno. Una dependencia que se ha desarrollado para llegar a extremos increíbles. En realidad el modelo económico de Puerto Rico consiste en tomarle el pelo a los ciudadanos residentes en el continente. Un sistema en donde la “protección” reina.
Juan escribe este libro en un momento histórico extraordinario. Los resultados de la irresponsabilidad fiscal se desvelan en Europa y otros lugares. Siguiendo las pautas del modelo que prevalece, los residentes de Puerto Rico, por vía de transferencias y préstamos, utilizamos los ahorros forzados por el gobierno federal sobre sus “tax payers” y los gastamos. Gastamos esos recursos para sostener proporciones grotescas de la población alimentadas y alojadas en hogares. Los gastamos para subsidiar la educación primaria, secundaria y universitaria. Los utilizamos para subsidiar un sistema de salubridad público que cuesta mucho más de lo que podemos sustentar. Los gastamos para subsidiar los sistemas de transportación. Los utilizamos para sostener puestos de trabajo que no añaden valor y que no son, por tanto, productivos. La población, en general se ha desvinculado de la actividad productiva. El “empleo” es un concepto que la población no necesariamente entiende que está relacionado con la producción. Más bien un status que permite percibir ingresos independientemente del esfuerzo productivo que pueda conllevar. Los estilos de vida se traducen en niveles de consumo que no guardan relación con los recursos que la economía del país son capaces de sostener. Se ha recurrido al gasto público para estimular y sostener la demanda agregada. La receta de estimulo Keynesiano de corto plazo diseñada para arrancar economías capitalizadas se ha convertido en permanente.
El resultado es un gobierno en expansión que destruye recursos en vez de crear plataformas de infraestructura física e institucional para el apoyo de la producción. Ese estilo de vida parasitario y degradante es el que resulta indispensable descartar para que el país participe de la nueva economía del mundo. Algunos pensarán que tenemos opciones que permitan dorar la píldora y continuar con el disimulo de que se han hecho expertos los partidos políticos. No es así. No será posible evitar lo inevitable. Mientras más se espere peor será. Es necesario cambiar todas las señales que la población recibe y que correctamente interpreta.
La población recibe y responde con sus patrones de conducta a señales que provienen del sector de gobierno. Esas señales le indican que es de tontos ahorrar y esforzarse para generar ingresos por vía de la producción. El sistema fiscal de impuestos castiga el ahorro y el ingreso devengado del esfuerzo productivo. La retórica política amenaza y denigra al que, siguiendo las reglas de una sociedad capitalista, alcanza algún grado de éxito. El gobierno protege sectores ineficientes y restringe la oferta de servicios esenciales para garantizar mercado a negocios ya existentes. De esa forma, el gobierno coarta la competencia y reduce el nivel de bienestar social. Para justificar todo esto, el sistema de códigos políticos incluye frases “sagradas”, v. gr., “justicia social”, “padres de familia”, y “creación de empleos”.
Confrontado con el panorama que a grandes rasgos he descrito, Juan recurre a sus números. Su análisis del estado de situación del gobierno de Puerto Rio le lleva a advertirnos que la relación entre activos y pasivos no puede sostenerse. La insolvencia y la bancarrota aguardan a la vuelta de la esquina. Si queremos evitar lo que Juan advierte, será necesario confrontar la realidad y admitir lo que surge de los números que Juan analiza con el ojo experimentado del auditor. Juan es cuidadoso en el diseño de una alternativa que otorga el beneficio de la duda al sector público. Su capacidad gerencial y su optimismo se imponen y propone una interesante intervención por vía del Banco Gubernamental de Fomento. Quizás, la complejidad de la difícil situación que encontró en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la forma en la logró lidiar con la crisis le sirven de apoyo en su apuesta. Juan abriga la esperanza de que el gobierno sea capaz de reformarse. En este punto difiero y me veo forzado a admitir que me siento más pesimista. Pienso que el país ha convertido a su gobierno en parte principal del problema.
En un prologo escrito por quien no es el autor del libro no es frecuente encontrar opiniones divergentes. El objetivo del prologo consiste en ofrecer una guía para el lector en su exploración de la obra. No obstante, dado que Juan comparte su visión desde la atalaya del auditor, creo que conviene al lector contrastarla con la de un economista. Entiendo que esa fue la razón de Juan para solicitar mi intervención temprana en su obra. En mi opinión, la gravedad de la condición que sufre Puerto Rico requiere un rompimiento con el modelo que nos ha hecho adictos al gasto público financiado con ahorros externos. Puerto Rio tendrá que descartar el actual sistema de impuestos sobre la renta, es decir, sobre el ingreso. Es indispensable sustituirlo por un impuesto de base amplia sobre el consumo. El más eficiente es el impuesto sobre el valor añadido –con reintegro a ciertos estratos de la población para mitigar su regresividad. Es necesario reducir el coste transaccional que sufre la economía de Puerto Rico. La causa proviene de una estructura de impuestos, reglamentos, arbitrios, cancelación de sellos, requisitos múltiples de información redundante y repetitiva generada por agencias de gobierno en busca de justificar su existencia. Todo lo anterior justificado por una supuesta “protección del consumidor”. De igual forma, será necesario reducir el número de gobiernos municipales a no más de una docena. Es necesario que el gobierno se salga de una gran cantidad de actividades en las que interviene a costa del sector privado y en detrimento del bienestar general. La sociedad puertorriqueña no puede sostener la carga que impone el aparato de gobierno que tenemos hoy. Esta realidad es independiente de cualquier ideología.
En un momento dado el sistema político proveyó la salida de un pueblo que moría lentamente en la miseria y le permitió levantarse con orgullo a base del esfuerzo propio. Se utilizaron ahorros externos con prudencia. Se generaron puestos de trabajo como resultado de la inversión productiva y se forjó la clase media. Con el tiempo, la partidocracia nos condujo a la pérdida de valores y la encerrona en que nos encontramos. Este libro es importante. Juan nos provee el análisis frio del auditor y nos señala un camino que conduce a la corrección de rumbo. ¡Quiera Dios que no sea tarde!
Elías R. Gutiérrez, Ph. D.
Agosto de 2011
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Conferencia dictada como orador a invitación de la organización IGUALDAD

Desarrollo Económico y Subdesarrollo Político

4 de diciembre de 2014

Saludo

Muy buenos días a todos. Especialmente al querido amigo José Manuel Saldaña. Permítaseme confesarles que nunca imaginé que estaría dirigiéndome a un grupo como éste. Vivimos en una sociedad dónde nos hemos empeñado en aislarnos en grupos. Grupos que profesan ideologías y posiciones tan firmes que sus miembros llegan a pensar que son irreconciliables con cualquiera otra posición. Por ello, se me hacía difícil pensar que hubiese interés en escuchar lo yo tendría que decir por un grupo cuyo móvil es un cambio en el status político de Puerto Rico. No porque yo esté afiliado con algún movimiento en particular. No, por todo lo contrario.
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La campaña del 2016 comenzó en septiembre del 2014. Probablemente antes. Con el inicio de ese proceso termina el escaso tiempo que puede dedicar el país a considerar su predicamento económico. De ahora en adelante, con intensidad aún más aguda que la normal, todo se verá a través del color del cristal partidista. Se acabó la esperanza del debate regido por la lógica. Se terminó la esperanza de un armisticio que hiciera posible decidir y actuar en armonía con el sentido común para atajar el fracaso de nuestra economía. Por delante tenemos dos años de discursos demagógicos; de decisiones que responderán a la lógica de los partidos; de acciones dirigidas al beneficio de segmentos y facciones. La garata y la intriga cundirán aún dentro de los partidos. Ni se diga fuera o para con los contrarios. Como el calamar, nos cocinaremos en nuestra propia tinta.

Cuando se piensa en lo que se avecina, se le pone a uno la carne de gallina, v.gr., uno de los períodos más peligrosos por los que haya pasado la economía de Puertos Rico. La insolvencia y la bancarrota son prácticamente una certeza para entidades críticas del gobierno y de la economía de Puerto Rico. 

En medio de la debacle el gobierno responde con una iniciativa supuestamente dirigida a reformular la estructura del sistema tributario del país. Tarea difícil en tiempos normales y sumamente peligrosa en tiempos de crisis. Si fuese a apostar por el éxito de esta gestión, francamente, tendría que hacerlo en contra. No atendimos como sociedad las advertencias de los que vimos escrito en la pared lo inevitable. Por el contrario, se continuó con el comportamiento que había provocado la crisis. Peor, aún se intenta ocultar la gravedad de la crisis recurriendo a un discurso preñado de un optimismo tonto que, lejos de hacer bien, solo contribuye a continuar con la negación y con estilos dañinos que nos trajeron a la encerrona.  

Proponentes de distintas vertientes ideológicas han presentado la alternativa de status que prefieren como el factor que resuelve la insuficiencia económica de Puerto Rico. Confieso que, por mucho tiempo, yo pensé de igual forma. Hoy les digo que ya no comparto ese convencimiento. La insuficiencia de la economía de Puerto Rico no se resuelve por vía de un cambio en el status. Ni la independencia, ni la libre asociación (república asociada), ni la estadidad federada con los EEUU son remedio. Más bien, la economía de Puerto Rico tendrá que ser rediseñada y reconstruida como requisito previo a cualquier cambio en el status. De hecho, será imperativo resolver la condición de improductividad y dependencia en que nos ahogamos si es que se busca el desarrollo político. Esto es así particularmente en lo que se refiere a la estadidad federada. 

El status actual ha coexistido con condiciones económicas variantes. Condiciones variantes tanto en el ritmo de crecimiento económico, como en los niveles de variables clave que definen el estándar de vida. Por supuesto, la independencia, como modelo de organización política, recorre el tramo desde el éxito de Suiza hasta el fracaso del estado en Somalia. La estadidad federada presenta una realidad distinta. Su viabilidad deberá ser demostrada a satisfacción de una amplia mayoría de los miembros actuales de la federación, previa a la admisión del nuevo estado. Habrá que cumplir con requisitos no escritos que configuran un cuadro mínimo de riqueza. 

El cambio en status sí puede ser un poderoso motivador para modificar la estructura que hoy asfixia la economía de Puerto Rico. Pero, es mi opinión, que sólo si se coloca como la meta suprema del país. Presentar cualquier cambio de status en la relación política de Puerto Rico con los EEUU como solución a nuestro subdesarrollo económico es un error, porque simplemente no es cierto.   
 
Me temo que algunos proponentes de modelos alternativos de status temen que un buen desempeño de la economía en el actual status se convierta en un obstáculo a un cambio de status. Ese temor es peligroso porque se puede traducir en actitudes obstruccionistas dañinas a la economía y a la solidaridad social. En última instancia, son dañinas y hacen más difícil cualquier cambio de status que no sea uno forzado por el congreso sin la anuencia de los ciudadanos residentes en Puerto Rico. 

La insuficiencia de la economía de Puerto Rico tiene causas y agravantes. La causa principal consiste en una bajísima tasa de ahorro. El ahorro necesario para sostener la plataforma de producción se importa por medio de costosos subsidios. La productividad no es suficiente para permitir que el mercado absorba el excedente laboral. El gobierno ha intervenido todos los mercados buscando forzar una absorción mayor del excedente laboral. En vez de lograrlo, se ha convertido en el patrono de última y hasta de primera instancia. Para financiar tal proeza ha contado con transferencias federales y con otros ahorros del exterior. Los ahorros del exterior potenciaron la industrialización, permitieron el desarrollo de la industria de servicios financieros, y sostuvieron el crecimiento desproporcionado del estado benefactor. Los partidos políticos se encargaron de producir el gobierno clientelista. Esa combinación actúa como camisa de fuerza para imponer la parálisis política y el despegue económico.

La intervención del gobierno en los mercados ha creado distorsiones e ineficiencias de toda índole. Por ello, los mercados de la isla funcionan torpe e ineficientemente en cuanto a su función de asignar recursos. El Estado ha pretendido ocupar el campo y forzar la asignación de los recursos. El resultado ha sido una economía ineficiente e incapaz de competir en el mercado globalizado que hoy predomina. Una economía sometida por fuerzas que actúan como camisa de fuerza. Fuerzas que responden a un populismo rampante que impide la ejecución de lo que, de otra forma, sabemos que es lo verdaderamente necesario. Me refiero a que es indispensable anteponer la producción a la redistribución. No es posible distribuir lo que no se ha producido. No es posible re distribuir lo que no se ha distribuido aún.

El discurso populista complica las decisiones. Como resultado del mismo, se ha demonizado al capital y al capitalismo. La productividad se ha colocado en una posición de menor importancia. El resultado ha sido que la sociedad desprecia los valores, la conducta, y los quehaceres que son indispensables para elevar el estándar de vida.

La disfuncionalidad de la economía de Puerto Rico no es caso único. Con variantes, se observan estructuras similares en otras jurisdicciones. Jurisdicciones sustentadas por gobiernos de todo tipo –democracias y dictaduras, capitalistas, socialistas y comunistas. Las observamos entre naciones, regiones, uniones supranacionales y ciudades. De igual forma, encontramos casos que podemos catalogar como economías exitosas en todos los tipos de gobierno. Inclusive en colonias liberadas o anexadas. (Por varias décadas, Puerto Rico fue considerado uno de esos éxitos.) 

Hemos cometido un error estratégico fatal. Alentamos el proceso que instaló un gobierno asistencialista incapaz de sostenerse con ahorros propios. Se produjo, por lo tanto, una economía con características funestas. Por un lado, el sector productivo descansó en un suplido de ahorros externos. Los rendimientos, tarde o temprano, saldrían de la economía de Puerto Rico en respuesta a condiciones fuera del control local. Por otro lado, dos terceras partes de la población se hicieron dependientes del asistencialismo federal. 

Eventualmente, el Estado confrontó los limites económicos y fiscales para continuar siendo patrono principal. La limitada capacidad financiera se llevó a niveles que rebasan los límites constitucionales de prudencia financiera.  El clientelismo y la alternancia de los partidos llevó rápidamente a la bancarrota. En las primeras etapas, la bancarrota fue velada. Hoy no puede ya esconderse. Este es el modelo que en realidad se agotó. Un modelo en el cual la producción dejó de ser foco principal para dar paso a un espejismo. Una fantasía donde la demanda agregada se convirtió en el objetivo único. Un modelo en el que los niveles de consumo privado y público se satisfacen por vía de importaciones y se financian primordialmente con ahorros de no residentes. Un modelo donde la contribución de los residentes para sufragar al sector público se realiza por vía de una explotación cada vez más intensa. Una explotación estructurada en el sistema de tributación.

Un sistema de tributación que, por diseño, se empeña en producir las condiciones que precisamente debemos evitar. El sistema castiga al que trabaja. Castiga al que ahorra. Castiga al que se arriesga e invierte su capital en esta economía. Estimula el consumo, las importaciones y, por mucho tiempo, subsidió la inversión pasiva y la especulación en bienes raíces.

El modelo desbancó finalmente los soportes de la actividad productiva. La distribución se convirtió en objetivo único. Se utilizaron conceptos de la teoría económica, desarrollados para explicar la intervención del gobierno durante la menguante del ciclo económico en economías capitalistas relativamente cerradas, para justificar el gigantismo del sector público que hoy sufrimos. El consumo se confundió con la totalidad de la economía. El gasto del gobierno se justificó en términos de supuestos efectos secundarios. Para ello se descansó en la fabricación de supuestos multiplicadores. La insuficiencia de ahorros se conjugó con los ahorros del exterior (inversión, deuda y transferencias). Ese es el modelo que hoy yace en ruinas. Eventualmente, como todo “Ponzi scheme”, el modelo se agotó. Llegó la factura, la burbuja reventó y ahora hay qué pagar.

La bancarrota del Estado impone una pesada carga sobre los hombros de los residentes que permanecen en Puerto Rico y sobre los que, aun habiendo optado por huir, hayan prestados sus ahorros al ELA y/o a sus corporaciones públicas.

Pero el coste de la bancarrota del Estado, conlleva, además, otra perdida. La perdida de la opción de un cambio en el status. Hoy día, ninguna opción de cambio de status puede considerarse viable. Ello ha sido reconocido por lo menos por dos ex gobernadores. Ambos, han planteado que, como solución a la inviabilidad impuesta por la deuda sobre las opciones de status, el gobierno federal sea el que se haga cargo de saldarla. Uno lo planteó originalmente como una compensación por daños. El otro, la ha planteado recientemente como una propuesta económica. Una propuesta económica que devolvería viabilidad a un cambió de status. Ambos, a su estilo han reconocido, no la inviabilidad del status vigente sino la inviabilidad de las alternativas.

Volvamos al principio. La izquierda pregona que la deuda es impagable. Por lo tanto, que no se pague. Si acaso, que la paguen los ricos (americanos). Que el servicio de la deuda (pago de principal e intereses) se desvíe para pagar sueldos y beneficios. Precisamente lo que la constitución proscribe. Esa es la solución populista e irresponsable. Ni siquiera toma en cuenta que una buena parte de los acreedores son residentes de Puerto Rico que fueron inducidos a comprarla por la promesa implícita de que el compromiso constitucional, en la práctica, se extendía a la totalidad de la deuda del ELA.

La deuda no es impagable. La clave está en la producción. Es indispensable expandir la plataforma de producción. Para ello será necesario capital. El capital resulta de la acumulación de ahorros. De ahí que sea necesario sustituir el impuesto sobre ingresos por un impuesto eficiente sobre el consumo. Además, habrá que crear un ambiente propicio a la inversión. Por eso es esencial partir del principio que establece que se pagará la deuda. Renegar de ese compromiso es suicida. El acceso al mercado de capital será indispensable para financiar la inversión de capital. Solo la inversión de capital logrará expandir la producción, los ingresos y el estándar de vida. Lo demás, comenzando por los puestos de trabajo, caerá por su cuenta. 

Las pasadas décadas han sido desastrosas para la capacidad de producción. Es necesario elevar la productividad de la fuerza laboral. Una buena parte de la fuerza laboral de Puerto Rico está en el sector público. Es allí donde se desperdician los recursos y donde se encuentra el excedente requerido para lograr un cambio en el centro de gravedad de la economía. 

La economía de Puerto Rico no es viable, dado un coste unitario de la energía que se traduce en 27 c/Kvh. El monopolio estatal que produce y distribuye la energía eléctrica deberá funcionar en un ambiente de competencia que le obligue a cambiar radical y rápidamente su cultura. Los proyectos para transportar gas deberán ser reconsiderados. La reducción en el precio del crudo nos ofrece una oportunidad que no debe malgastarse.

Ya no cabe duda alguna en cuanto a que nuestro sistema público de educación constituye un gran fracaso. Será indispensable rehacerlo a partir de un concepto de sus unidades escolares administradas fuera de la burocracia de gobierno. Las escuelas que por años ha administrado la Universidad de Puerto Rico son un ejemplo de la calidad que puede lograr el sistema fuera de la esfera asfixiante del Departamento de Educación. Esas “charter schools” son el ejemplo a seguir. 

Continuamente se lee y se escucha una pregunta: “¿Cómo se reactiva ésta economía?” La interrogante implica que la reactivación de la  economía es realizable como resultado de iniciativas originadas desde el gobierno. Estamos acostumbrados a pensar así. Aquí, confieso que tengo una gran preocupación. No estoy seguro de que nuestro gobierno tenga la capacidad necesaria para lograr ese objetivo. Más aún, cada día me convenzo más en que el gobierno no sabe cómo hacerlo.

Las razones son múltiples. En primer lugar, las magnitudes envueltas son verdaderamente portentosas. Por ejemplo, obligaciones financieras del gobierno que superan los $75,000 millones. Achicamiento absoluto de la economía, de la fuerza laboral y de la población residente.  Una estructura de gobierno improductiva que responde a intereses propios de gremios de empleados y gerentes. Una profunda impericia y desconocimiento del funcionamiento básico de la economía. Una aceptación indolente de prioridades establecidas en los EEUU por el Congreso y por la burocracia federal, sin aquilatar las consecuencias de la ciega aplicación de programas a la economía y a la sociedad puertorriqueña. Aceptación de principios derivados de filosofías políticas desarrolladas en y para la sociedad norteamericana que gravita hacia la distribución, en detrimento de la producción.

Para volver a ganar el terreno perdido, la economía de Puerto Rico requiere de un esfuerzo concentrado y sostenido de inversión pública y privada que estimo en $10,000 millones anuales por un periodo de doce años. (En la medida que el monto anual sea inferior, el tiempo de recuperación será más prolongado.) El sacrificio que tal esfuerzo implica será similar al que se requiere de una sociedad en guerra.

Será indispensable elevar la productividad de la fuerza laboral. Una buena parte de la fuerza laboral de Puerto Rico está en el sector público. Se deberá comenzar un proceso de elevación de la productividad de esos empleados para facilitar su entrada al sector privado productivo. Para ello, se comenzará un proceso de elevación de conocimientos en todas las dependencias del gobierno. Cada funcionario dedicaría un día por semana a estudiar materias que incluirán: lectura y escritura en español e inglés, matemáticas, elevación de destrezas en la utilización de sistemas computadorizados, principios de contabilidad y finanzas, ética y buenas prácticas alimenticias. Dado que la productividad marginal de la mano de obra en el sector público es negativa, dedicar un día laboral al estudio y capacitación no disminuirá lo que añade de valor el sector público al producto bruto, sino todo lo contrario.

El gobierno deberá resistir la tentación y no escogerá las áreas industriales a ser impulsadas. Eso lo hace mucho mejor el propio sector privado. La burocracia del gobierno ha demostrado, sin lugar a dudas, que incapaz de administrar las entidades públicas. No hay razón alguna para pensar que puede hacerlo bien escogiendo y rechazando empresas privadas. Como regla general, los recursos disponibles para inversión desde el sector público, ya sea total o en sociedad con entes privados, se canalizarán con altísima prioridad hacia la rehabilitación de la infraestructura de transportación, comunicaciones y, sobretodo, producción y distribución de energía. 

La economía de Puerto Rico no es viable dado el coste unitario de la energía que consume. Por lo menos el que ha prevalecido hasta hace apenas unas semanas. El monopolio estatal que produce y distribuye la energía eléctrica deberá funcionar en un ambiente de competencia que le obligue a cambiar radical y rápidamente su cultura. Los proyectos para transportar gas deberán ser reconsiderados. La privatización de las plantas generatrices es necesaria.

En síntesis, para salir de las tinieblas, la prioridad ha de ser la producción. Ello representa un cambio paradigmático para una sociedad acostumbrada a la distribución, no a la producción. Será indispensable un liderato iluminado y fuerte que goce de la confianza y lealtad de la inmensa mayoría de la población. Quizás éste sea el componente más difícil de configurar y aplicar. Nuestra sociedad está polarizada en términos políticos. Dividida en tribus partidistas con distintos grados de fanatismo que impiden la comunicación y el intercambio de ideas. La suspicacia y la desconfianza campean por su respeto y se imponen sobre las buenas intenciones que aun sobreviven entre miembros de todas las facciones.

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La deuda y el populismo

Bajo la firma de Antonio Gómez, Primera Hora publica hoy una nota que reseña la propuesta que en estos días ha lanzado el ex gobernador Anibal Acevedo Vilá. El elemento más novedoso de su propuesta consiste en proponer que el gobierno de los EEUU acepte un negocio por vía del cual compraría la deuda del ELA y sus corporaciones públicas. A cambio, se limitaría el monto de los ajustes periódicos de ciertas transferencias federales que recibe el gobierno estatal. El ex gobernador Romero Barceló ha hecho un planteamiento parecido. Reacciono aquí haciendo referencia limitada a ciertos aspectos de lo que plantea el ex gobernador Acevedo Vilá.

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La economía de Puerto Rico no es viable hoy día. Puede serlo. Pero hoy día no lo es. La ¨solución¨ que presentan tanto Anibal, como el ex gobernador Carlos Romero Barceló, consiste en que el gobierno federal compre la deuda del ELA y sus corporaciones porque el gobierno no podrá pagarla.
Los que plantean esta escapada al problema evitan mencionar lo único que resolvería el problema. Es decir, la producción. El concepto de la producción está ausente del pensamiento de las generaciones que convivimos este momento histórico en Puerto Rico. Pero es la solución obvia al problema que confrontamos.
Como todo se ve en función del gobierno, y el gobierno no produce, pues la actividad de la producción, el añadir valor, no se considera como opción. Y no lo es, mientras el gobierno absorba los recursos y pretenda funcionar a base del crédito que ya no tiene. Si se pretende continuar con el patrón y la cuantía de gastos que nos ha llevado a la bancarrota, no se podrá pagar la deuda. ¡Claro que no! Es necesario un cambio radical en la composición del gasto y en el tamaño de gobierno. Esa verdad es anatema para los partidos y para los políticos. Cuando se descarta, solo queda una salida, v.gr., que otro pague.
Supongamos que el gobierno federal compra la deuda de del ELA y sus corporaciones. Lo más probable es que, en cuestión de unos pocos años, el gobierno de Puerto Rico se haya endeudado otra vez y más allá de los limites impuestos por la prudencia. Lo hará porque es lo único que sabe hacer.
Ahora todos hablan de ¨desarrollo económico¨. Nadie sabe lo que es eso. Antes hablaban de ¨crecimiento¨. Lo que les gusta del crecimiento es que piensan que ¨su pedazo¨ será más grande. No piensan en que para crecer hay que invertir. No quieren entender que el empleo es resultado y no causa del crecimiento. Se olvidan que puede haber crecimiento sin desarrollo. Pretende que el sistema de generación de energía eléctrica utilice gas natural, pero no están dispuestos a apoyar que se construyan los gasoductos indispensables para llevarlo a las plantas generatrices.
La postura que asume el ex gobernador Acevedo es esencialmente populista y fantasiosa. Ello porque no tiene factibilidad política. Pero es, además, dañina. Produce una imagen de Puerto Rico que no conduce a mejorar nuestra reputación en los mercados de capital. Por el contrario, nos coloca en las cercanías del gobierno de la Argentina.
A todo esto, habrá que preguntarle a Anibal y a Carlos si pretenderán que el gobierno federal compre además las obligaciones que emanan de los sistemas de pensiones del gobierno. De eso nadie habla.

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Our life depends on it

Part I

By

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.*

Walter Ruíz, Ph.D.**

* Professor UPR,
** Consultant Engineer.
At press conference at El Nuevo Día

Elías Gutiérrez

Puerto Rico’s economy today is not viable. That’s because electricity is produced primarily by burning oil byproducts. The price of oil has skyrocketed and it seeps through the economy through the cost of electricity. It has a lethal effect on the economy.

The price at which the state monopoly supplies electric energy puts both producers and consumers in an unsustainable situation. As a result, there’s a clash between two interests. On the one hand, there’s the question whether the state monopoly should survive. On the other, there’s the question of what’s needed for Puerto Rico’s economy to recover its viability.

 The Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) sells energy at a price that for the last four years has averaged 27 cents per kilowatt-hour. Politicians demand a reduction on the electric energy bill. But in order to recover the economy’s viability, it is not enough merely to reduce the price of electricity. Puerto Rico’s economy requires that electric energy be supplied at a price that is competitive worldwide, somewhere in the range of 12 to 15 cents per kilowatt-hour.Walter Ruiz

 Political intervention from both the government and political parties has resulted in a tragic waste of time, financial and other resources. As a result of that intervention, the initiatives to reduce the cost at which PREPA produces electric energy have failed. The time available to make the adjustment has slipped away and the resources available are now severely limited.

 The subsidies that PREPA is required by law to pay for or provide are just salt in the wound, but their elimination doesn’t go to the crux of the problem. The crux of the problem is the price of the fuel PREPA primarily uses. During the past four years, the combined cost of the price of distilled crude oil and its byproducts, including locally legislated surtaxes, averaged more than $108 per barrel. The price of oil has gone up since 1998 to levels that today are, in real terms, close to the top prices registered in 1980. At those prices for fuel, PREPA’s production cost and selling price of electric energy is simply unsustainable.

Oil Prices 1946 - 2013

From the point of view of strategic planning, there is no possible conclusion other than the economy of Puerto Rico is not viable, unless it reduces dramatically its vulnerability to the shocks coming from the oil market. This reality became evident in the mid-70s. Still, we have not been able to clearly define our objective. On the contrary, to-date we have avoided it. It is no longer possible to avoid it.

The solution to the problem requires the substitution of natural gas for oil byproducts as the fuel used for electricity generation. The alternative is natural gas. To make that solution a reality we need the infrastructure to transport natural gas from the entry ports to the electric generation plants. More importantly, that infrastructure must provide PREPA the ability to transport natural gas to the generation units distributed around the island. That way, gas may be used in the most cost-effective proportion, depending on the changes in demand and the needs of the system. The engineering solution to this problem is the gas pipeline.

 In the past, PREPA undertook the development of two such pipeline systems: one on the island’s southern coast; and a second one from the south to the north and northeast. Both projects encountered organized opposition and were cancelled for political reasons. The cry of “not in my backyard” won the day. The cancellation of these infrastructure projects constituted the gravest error in public policy in Puerto Rico’s modern history.

Taking into account the time still available and the extremely limited financial resources, the public policy error made by cancelling the gas pipelines that were already in advanced stages of construction or about to start it, must be corrected. In order to convert the generation system to one that uses natural gas in an optimal fashion, it is necessary to complete those gas pipelines.

 The “gasification” of electric energy production requires adapting the generation plants in both the southern and northern coasts of the island. This is the easiest piece in the puzzle. The development and operation of the Aguirre gas port will allow the importation and handling of natural gas in both liquefied and gas states and, of course, its use in the Aguirre generation units.

 But that critical component of the change to a fuel that may return viability to our economy will not be enough unless a way is implemented to transport natural gas to the generation plants on the island’s north coast. Those components are indispensable for the operation of PREPA’s systems. Using gas at Aguirre only will contribute to supply only 25 to 30 percent of electric energy.

We repeat, changing electric energy production in the plants in the north from oil to gas, will require that the natural gas be transported to those plants.

Part II

As explained in the first part of this article, the Aguirre gas port is an indispensable element in the modernization of the electric energy production system in Puerto Rico, which requires the change from oil to natural gas as its primary fuel source. Correcting the error made by cancelling the planned gas pipelines is the second piece needed to complete within the short term the “gasification” of generation plants on the north coast. Energy prices in the range of 12 to 15 cents per kilowatt-hour are the key to Puerto Rico’s economy’s potential recovery of its lost competitiveness.

In view of time lost and the added pressure imposed by new federal limits on contaminating emissions, the infrastructures projects necessary to “gasify” electric energy production must be completed within the next two and a half years. To achieve this objective within the period of time still available, the gas pipelines must be built concurrently with the Aguirre gas port. The latter is scheduled to be completed and start operations by the end of 2016.

Planned Gas Pipelines PR

The irresponsible cancellation of the gas pipelines, construction of which was either advanced or about to commence, cost millions in losses to PREPA, as reflected in the Authority’s financial statements. Graver still has been the consequences of not having them. Without the gas pipelines, complete “gasification” of the system will not be possible. At best, a partial and ineffective change in the system might be accomplished. Puerto Rico cannot afford to continue on with its current energy production and distribution system.

To make matters worse, the prevailing financial environment has turned hostile. PREPA’s current financial position can be summarized in one word: bankruptcy. This reality is no longer debatable. The Government Development Bank’s financial condition, together with the policy set forth by the governor and the central government’s incompetence force us to conclude that financing is a crucial hurdle. The public corporation simply doesn’t have the capacity to undertake the projects required to shift production from oil to gas, attain the sought-after reduction of electric energy costs and meet at the same time the new federal pollution standards.

The solution to this dilemma requires a radical change in organization and financing through the influx of private capital.

The projects required to modernize the production system to one that uses natural gas will have to be conceived such that they may be financed with private capital. That will have to be the case with the gas pipelines ($700M), the Aguirre gas port ($300) and the conversion of PREPA’s generation plants ($100M). All former governors agree on this.

The decisions and the strategic projects described above will have to be undertaken in the midst of very weak conditions at PREPA. The corporation is insolvent, and indeed has already defaulted on some short term obligations. By postponing the exercise of their legal rights, creditors have decided to impose upon it a limited form of receivership. In other words, it’s not a court supervised receivership. However, soon a Chief Restructuring Officer (CRO) will by appointed. The restructuring officer shall, among other things, produce a business plan for the corporation. It is to that business plan that the elements we propose in this article should be incorporated.

The connection of Puerto Rico’s system with that of the Virgin Islands via underwater cables, as proposed by the Presidential Task Force, will provide an additional market to PREPA. The connection of Puerto Rico’s system with that of the U.S. mainland via underwater cable to Florida, as has been proposed by Caribbean Business, will make possible a significant reduction in the production and reserves that today are necessary because Puerto Rico is an island not connected to the continental transmission and distribution grid. Both initiatives are already technologically and economically feasible.

A system of natural gas distribution, put in operation within two and a half years, opens the doors to other projects capable of reinvigorating the economy like, for example, supplying gas to industries looking to reduce costs by generating their own electric power and the development of a gas distribution system for use in motor vehicles to reduce the cost of transportation mile.

Finally, a recovered economy would allow continued investment in renewable energy projects meant to improve environmental quality, the health of the population and the eventual Independence from fossil fuels in a more distant future.

The adoption of this plan will improve future prospects in such a way as to return the attractiveness and the financing capacity to a system of energy production and distribution that is indispensable for the economy of Puerto Rico to regain its lost viability.

 

 

 

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Se nos va la vida

At press conference at El Nuevo Día

Elías Gutiérrez

Se nos va la vida -I

(Publicada en El Vocero
8 de septiembre de 2014)

Por

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.*

Walter Ruíz, Ph.D.**

 Hoy día la economía de Puerto Rico no es viable. Ello, porque la electricidad se produce primordialmente mediante la quema de derivados del petróleo.  El precio del petróleo se ha disparado y se difunde por la economía a través del costo de la electricidad. El efecto es letal sobre la economía de Puerto Rico.

Precios Petróleo Domestico EEUU

  La Gráfica muestra el comportamiento histórico de los precios promedio del petróleo domestico en los EEUU. Tanto  a precios corrientes como ajustados por inflación a precios del 2013. En años recientes los precios ajustados por inflación se aproximan a los que sufrimos en 1980. En términos nominales los precios han saltado de los $20 por barril a $100 por barril.

El precio al que es suplida la energía eléctrica por el monopolio del Estado coloca los sectores de producción y consumo en una situación insostenible. Como resultado, chocan dos áreas de interés. Por un lado, se plantea la permanencia del monopolio estatal. Por otro se confronta lo que resulta necesario para recuperar la viabilidad de la economía de Puerto Rico.

 La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vende energía a un precio que durante los últimos cuatro años ha promediado los 27 centavos el kilovatio-hora. Las voces políticas reclaman la reducción en la facturación de la energía eléctrica. Pero para recobrar la viabilidad de la economía no es suficiente meramente reducir el precio de venta de la electricidad. La economía de Puerto Rico requiere que la energía eléctrica pueda comprarse a un precio mundialmente competitivo que se ubique en un rango de entre 12 y 15 centavos el kilovatio-hora.

 La intervención política desde el gobierno y desde los partidos ha provocado un trágico desperdicio de tiempo y recursos financieros y reales.  Como resultado de esa intervención, las iniciativas para reducir el costo al que la AEE produce energía eléctrica han fracasado. El tiempo requerido para el ajuste se agotó y los recursos están severamente limitados.

 Los subsidios que la legislación vigente obliga a la AEE a pagar o a conceder en especie son sal en la herida, pero su supresión no llega al corazón del problema de costos. El corazón radica en el precio del combustible que aun utiliza la AEE, en proporción dominante.  Es decir, durante los pasados cuatro años, el coste de la combinación comprada de residual y destilado de petróleo, incluyendo los arbitrios legislados localmente, promedió un precio superior a los $108 por barril. Los precios del petróleo se han elevado desde 1998 a niveles que hoy se aproximan, en términos reales, a  los máximos del período de 1980. A esos precios del combustible, el coste y el precio de venta de energía eléctrica producida por la AEE es sencillamente insostenible.

  Desde el punto de vista de planificación estratégica, no puede llegarse a otra conclusión que no sea que la economía de Puerto Rico no es viable, a no ser que reduzca dramáticamente su vulnerabilidad a los “shocks” provenientes del mercado del petróleo. Esta  realidad se hizo evidente a mediado de la década del 1970. No obstante, aún no hemos logrado definir con claridad el objetivo. Por el contrario, hasta hoy se ha  evadido. Ya no es posible continuar evadiéndolo.

La solución del problema requiere la sustitución por gas natural del residual y el destilado diesel como combustibles para la generación de electricidad. La alternativa es el gas natural. Para hacer realidad esa solución es necesaria una infraestructura que transporte gas natural desde el o los puertos de entrada hasta las plantas que generan electricidad. Más importantemente aún, dicha infraestructura debe proveer a la AEE la capacidad de despachar el gas natural hacia unidades generatrices distribuidas en la isla. Así se puede utilizar el gas en la proporción más costo-efectiva posible, partiendo de la variación en demanda y necesidad que confronta el sistema. La solución de ingeniería para este problema la proveen los gasoductos.

La AEE se embarcó en dos sistemas de tal índole: el primero, en el sur de la isla; el segundo, transcurriendo desde el sur hasta el norte y noreste de la isla. Ambos encontraron oposición organizada y fueron cancelados por razones políticas. Triunfó el grito de “not in my backyard”. La cancelación de esos proyectos de infraestructura constituyó uno de los errores más graves de política pública en la historia del Puerto Rico modern.

Ahora bien, tomando en cuenta el tiempo disponible y la limitación extrema de recursos financieros, el error de política pública cometido al cancelar los gasoductos ya en etapas de construcción avanzada o a punto de comenzarla, tiene que ser corregido. Para convertir el sistema de generación a uno que utilice gas de forma óptima, es necesario que los gasoductos sean completados.

La “gasificación” de la  producción de energía eléctrica requiere adaptar tanto las plantas generatrices del sur, como las del norte de la isla. Esta es la pieza más sencilla del rompecabezas. El desarrollo y operación del puerto de Aguirre permitirá importar y manejar gas natural en forma licuada y gaseosa. Además, lo hará disponible a las unidades de la central de Aguirre.

Ahora bien, ese componente crítico del cambio a un combustible que imprima viabilidad a nuestra economía, no será insuficiente si no se habilita la conducción del gas a las plantas generatrices ubicadas al norte de la isla. Esos componentes resultan indispensables para la operación del sistema de AEE.  Utilizar gas en Aguirre sólo contribuirá a suplir de 25 a 30 por ciento de la energía eléctrica.

Repetimos, para “gasificar” la producción de energía eléctrica en las plantas del norte hará falta conducir el gas a esas plantas.

Véase  http://economicsandplanning.com/?page_id=181

Se nos va la vida -II

(Publicada en El Vocero con Edición Especial “¿Y Ahora Qué?
9 de septiembre de 2014)

Catedrático RUM, Ingeniero Consultor

Walter Ruiz, Ph.D.

Por

Elías R. Gutiérrez, Ph.D.*

Walter Ruíz, Ph.D.*

Como señalamos en la primera parte de este escrito, el puerto de Aguirre es elemento indispensable para modernizar el sistema de producción de energía eléctrica de Puerto Rico sustituyendo el petróleo como fuente calórica. La corrección del error cometido al cancelar los gasoductos es la segunda pieza que falta para completar a corto plazo la “gasificación” de  las plantas generatrices del norte de la isla. Precios de energía dentro del rango de 12 a 15 centavos por kilovatio-hora representan el factor con el potencial de impulsar la recuperación de la competitividad perdida a la economía de Puerto Rico.

En vista del tiempo perdido y la presión que imponen las nuevas limitaciones federales sobre las emisiones contaminantes, los proyectos de infraestructura necesarios para “gasificar” la producción de energía eléctrica deberán completarse en un plazo de no más de dos años y medio. Para lograr este objetivo dentro del tiempo aun disponible, se requiere construir los gasoductos concurrentemente con la construcción del puerto de Aguirre. Este último está programado para completarse y entrar en operación para finales del 2016.

Planned Gas Pipelines PR

Plantas Generatrices y Gasoductos Propuestos

El mapa muestra la ubicación aproximada de las plantas generatrices de la AEE y el año en que la Autoridad programó que estuviesen funcionando con gas natural. Se muestran los gasoductos que hubiesen llevado el gas desde Guayanilla hacia el norte, así como el gasoducto del sur desde Guayanilla hacia Aguirre.

El abandono irresponsable de los gasoductos cuya construcción había avanzado o estaba por comenzar, produjo pérdidas millonarias para la AEE, según reflejada en los estados financieros de la corporación. Aún más grave ha sido la consecuencia de su ausencia. Sin ellos la “gasificación” completa del sistema no será posible.  A lo sumo se producirá un cambio parcial e inefectivo en el sistema. Puerto Rico no puede darse el lujo de continuar con la estructura con que hoy produce y distribuye energía a su economía.

Para complicar las cosas, el ámbito financiero se ha tornado hostil. El estado de situación de la AEE se puede resumir con una palabra: bancarrota. Esta realidad ya no puede ser debatida. La condición financiera del Banco Gubernamental de Fomento y la política establecida por el gobernador se combinan con la incapacidad del gobierno central para hacernos concluir que el financiamiento es una restricción crucial. La corporación pública no tiene capacidad para acometer los proyectos requeridos para la gasificación de la producción y la esperada reducción en el costo de la energía eléctrica alcanzando simultáneamente los nuevos estándares federales de contaminación.

La solución a este dilema se encuentra en un cambio radical de organización y financiación de la acumulación de riqueza nacional. Ello consiste en la introducción de capital privado.

Los proyectos requeridos para modernizar y convertir el sistema de producción a uno que utilice gas natural tendrán que ser concebidos para que puedan ser acometidos con capital privado. Así deberá hacerse con los gasoductos ($700 millones), el puerto de Aguirre ($300 millones) y las plantas generatrices que opera la AEE ($100 millones). En ello han coincidido todos los ex gobernadores.

Las decisiones y los proyectos estratégicos que señalamos anteriormente deberán tomarse bajo condiciones de franca debilidad para la AEE. La corporación está insolvente, habiendo ya incumplido en sus pagos de corto plazo. Posponiendo remedios a los que tienen derecho, los acreedores han decidido intervenirla de forma limitada. Es decir, aún no se ha producido una sindicalización judicial. No obstante, se ha escogido a Lisa Donahue como “Chief Restructuring Officer” (CRO). La oficial de reestructuración deberá, entre otras cosas, producir un plan de negocios para la corporación. Es a ese plan de negocios al que deberán incorporarse los elementos que proponemos aquí.

La conexión del sistema de Puerto Rico con el de las Islas Vírgenes por vía de cables submarinos, propuesto por el Presidential Task Force, proveerá un mercado adicional para la AEE.  La conexión del sistema de Puerto Rico con el de EE.UU por vía de cable submarino hasta la Florida, como lo ha propuesto el Caribbean Business, hará posible una reducción significativa de la producción y reserva que hoy es necesaria por ser Puerto Rico una isla desconectada de la red de transmisión y distribución del sistema continental.  Ambas iniciativas son ya tecnológica y económicamente factibles.

Un sistema de distribución de gas natural, puesto en operación en dos años y medio,  abre las puertas a otros proyectos capaces de vigorizar la economía como, por ejemplo, suplir gas a las industrias que interesen reducir costos generando su propia energía y desarrollar sistemas de distribución de gas para uso en vehículos de motor, reduciendo así el costo de transportación por milla recorrida.

Finalmente, una economía en recuperación permitirá continuar con la inversión en proyectos de energía renovable, dirigidos a mejorar la calidad del ambiente, la salud de nuestra población y la eventual independencia de los combustibles fósiles en un futuro más lejano.

La adopción de éste plan contribuirá a proveer la proyección de futuro necesaria para devolver atractivo y capacidad de financiación a un sistema de producción y distribución de energía que es indispensable para que la economía de Puerto Rico recobre la viabilidad perdida.

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