Previsión para la economía de Puerto Rico en el 2014

¿Qué puede esperarse de la economía de Puerto Rico para el próximo año? La contestación sintética a la pregunta retórica formulada anteriormente es “contracción”.

La economía de Puerto Rico sufre de estancamiento. La plataforma de producción ha menguado en tamaño y efectividad. La demanda agregada ha sido mantenida por transferencias y otros gastos del gobierno. El sector de gobierno ha crecido a coste del privado. Los síntomas de que la economía informal ha crecido relativa y absolutamente son evidentes.

La economía se ha contraído en cerca de un 15 por ciento durante la crisis que comenzó a manifestarse en 2006. En junio del 2013 el Índice de Actividad Económica publicado por el Banco Gubernamental de Fomento registró una baja de 4.5 por ciento. Esa baja es consistente con un ritmo anual de contracción en el Producto Bruto real de aproximadamente 3.3 por ciento. La contracción que perdura ha producido una reducción en la demanda por trabajo. La fuerza laboral se ha contraído. Las familias han optado por la emigración en busca de trabajo, servicios y una mejor calidad de vida. Como resultado, la isla ha perdido población residente. Los estimados más recientes producidos por el Negociado del Censo apuntan a una reducción de un 2.2 por ciento en población.

La clase media ha visto cómo el valor de sus activos reales y financieros han desvalorado. Uno de los resultado de esa devaluación es la pérdida de liquidez de las viviendas. Se estima que el precio de mercado de las viviendas se ha reducido en 40 por ciento desde que comenzó la recesión en el 2006. Los activos financieros han sufrido reducciones muy significativas también. En el caso de estos activos resulta más difícil estar de acuerdo con una cifra. No obstante, la reducción en el valor de las acciones de instituciones financieras locales ha sido profunda.

Los sectores de la construcción, manufactura y financiación han perdido miles de puestos de trabajo. De hecho, el ingreso de las familias se desvincula cada vez más de la actividad de los sectores productivos. En su lugar, son las transferencias y los gastos de nómina del gobierno los que mantienen la capacidad de consumo de más de la mitad de la población residente.

Además de la pérdida de fuerza laboral y población residente, la demografía de Puerto Rico se ha transformado. La población ha envejecido a un ritmo dramático. Ahora bien, el efecto combinado de la emigración y elevación de la expectativa de vida tiene un resultado perverso. La población residente se constituye cada vez más de personas empobrecidas y dependientes con escasa capacidad para contribuir a la producción y a los procesos que añaden valor a la economía global.

Las tendencias que han prevalecido por décadas y configuran la economía y la sociedad puertorriqueña auguran un futuro inquietante. Las características de la estructura que ha emergido tiene que formar parte de los planes de las empresas puesto que de ellas dependerá el potencial de los distintos mercados.

La crónica utilización del gasto deficitario y la renuencia a mantener al sector público dentro de los límites impuestos por los recursos recurrentes disponibles han agotado las capacidades del estado para compensar por un sector privado en contracción.

La situación ha hecho crisis. Las limitaciones financieras, la insolvencia del sistema de pensiones y la decisión de incrementar el nivel de gastos corrientes del gobierno central han forzado una sustancial elevación de impuestos.

De la forma en que se han estructurado y programado los nuevos impuestos, es muy probable que el efecto se comience a sentir con fuerza a partir de enero del 2014. Ello hará inevitable, a partir de ese momento, un período de contracción en la demanda agregada. Es decir, no solo la oferta agregada (la producción) sino la demanda agregada sufrirán contracción.

En los próximos años, una porción muy significativa de los ingresos se tendrá que dedicar al servicio de la deuda. Ese flujo de recursos que escapan de la economía se le añade al que produce la dependencia en petróleo importado y a la repatriación de la porción no salarial del valor que añade la manufactura, para generar una importante sangría de recursos.

El único aspecto que se ha mantenido estable es la inflación. A esto han contribuido dos fuerzas: la deflación en el valor de activos reales y financieros; y la prolongada recesión o escaso crecimiento que aún prevalece en la Unión Europea y los EEUU. No obstante, dos factores apuntan a que habrá un cambio en el 2014: el banco central de los EEUU, la Reserva Federal, está dando señales de que pronto comenzará a reducir su política de interés a nivel cero; los impuestos recién promulgados comenzarán a traducirse en aumentos en los precios.

Tómese en cuenta el siguiente conjunto de hechos:

1. El número de familias residentes se ha estancado. La formación de hogares se verá arrestada y probablemente está ya reduciéndose. La emigración se refleja dramáticamente en la desaparición de 100,000 estudiantes de las escuelas públicas durante los últimos 7 años;
2. La capacidad del sector público para mantener niveles mínimos de ingresos se ha reducido dramáticamente. Los cambios ocurridos, y los que están en turno, en los sistemas de pensiones del gobierno, redundarán en una reducción significativa en la capacidad adquisitiva de las familias de jubilados;
3. El sector público, respondiendo a la presión política y a la dinámica de auto-preservación de su burocracia, extraerá aun más recursos a la clase media para mantener el gasto corriente y la escala de intervención ya alcanzada;
4. A la luz de la situación resumida arriba, no hay en el horizonte nada que permita anticipar aumentos compensatorios por el lado de programas federales. Una repetición del estímulo que resultó en más de 7,000 millones de dólares en transferencias federales adicionales durante los pasados 3 años no es ahora políticamente viable;
5. Los programas de estimulo a la inversión serán cada vez más costosos y escasos;
6. El financiamiento de la obra pública será más costoso y difícil de armar;
7. La manufactura, que desde el 1993 ha perdido 95,000 empleados directos, continuará encogiendo su capacidad para sostener puestos de trabajo directos e indirectos. El proceso de contracción de la industria farmacéutica está a punto de recibir un gran impacto. Se trata de la caducidad concurrente de varias patentes. Ello provocará la posible reubicación de operaciones;
8. Los mercados no se expandirán y la competencia por cada porción adquirirá un alto grado de intensidad;
9. El comportamiento lógico esperado de las familias incluirá una restricción importante de gastos discrecionales;
10. Los sectores comerciales que operan por vía de grandes volúmenes y pequeños márgenes experimentarán dificultad para mantener su rentabilidad;
11. El mercado de la vivienda continuará su contracción y las industrias que dependen del mismo, como la construcción, la financiación hipotecaria y la venta de enseres domésticos sufrirá la repercusión inevitable;
12. La composición del gasto familiar se ajustará a la nueva realidad y a las expectativas que se vayan formando. La demanda agregada continuará girando hacia las necesidades de una población envejecida y empobrecida.

El peligro que se cierne sobre la economía de Puerto Rico consiste en la incertidumbre concerniente a la capacidad fiscal del gobierno para sostener sus niveles de funcionamiento. Si no se producen los recaudos anticipados por el Departamento de Hacienda como resultado de los nuevos impuestos, se hará más probable una degradación de la calificación de riesgo de la deuda pública. Una serie de eventos negativos se precipitarían como secuela. Todos harían más intenso el estancamiento macroeconómico y la lucha por tajadas de mercados que no crecen.

La demografía es capaz de ejercer una fuerza incontenible. Todos los mercados están bajo su influencia. Las causas y los efectos se entrelazan y confunden de tal forma que no se puede estar seguro de cuál es cuál. Los gustos y preferencias, así como la capacidad para hacer efectiva la demanda, dependen en gran medida de la población y de la composición de esa población.

En resumen, el 2014 se presenta como un año de gran dificultad para la economía de Puerto Rico. La convergencia de megatendencias demográficas con la fragilidad fiscal, el debilitamiento producido por una década de estancamiento disfrazado, la pérdida de activos reales, financieros y humanos, no propiciarán la expansión necesaria. Por el contrario, las condiciones prevalecientes serán de intensa competencia por tajadas de mercado bajo condiciones de contracción.

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El cierre de la Academia Santa Teresita

Se acaba de anunciar en estos días el cierre de la Academia Santa Teresita (AST). La AST está localizada en la Calle Loiza de Santurce. Su desarrollo coincidió con el desarrollo urbano del vecindario que vio emerger en terrenos anegadizos costeros la primera urbanización suburbana de San Juan, v.gr., Ocean Park. Luego se construyeron otras que fueron expandiéndose hacia el Este. Así pues, se desarrollaron Santa Teresita y Punta las Marías. Para dar servicios a este desarrollo suburbano incipiente de clase media y media alta, se construyó el primer supermercado. Se ubicó en el predio que hoy ocupa la panadería Kasalta en la esquina de las calles Santa Cecilia y McLeary. La marca comercial de la franquicia fue A&P. La Academia Santa Teresita se desarrolló conjuntamente con la iglesia que lleva el mismo nombre en veneración de la santa. El crecimiento de la institución se dio en armonía con el modelo suburbano adoptado por el país al finalizar la II Guerra Mundial. La academia comenzó con grados de escuela primaria y continuó desarrollándose hasta incorporar, en un moderno edificio, la escuela superior.

Ahora bien, la expansión del suburbio en Puerto Rico aceleró y adquirió una velocidad explosiva durante las décadas del 1950 al 1970. La expansión se dio hacia las afueras de San Juan en busca siempre, de las tierras más baratas y fáciles de desarrollar mediante el modelo residencial de unidades pequeñas. Eventualmente, el concepto del condominio hizo su entrada y comenzó a emerger en áreas anteriormente urbanizadas. Se buscaba arrancar más valor de los predios de terreno desarrollados por vía de alta densidad. La especulación con terrenos y luego con las propiedades mismas hizo que los precios de las unidades vivienda se dispararan.

El costo de las unidades de vivienda fue mitigado por subsidios a su financiación y por el subsidio enmascarado del automóvil como modo de transportación. El automóvil transformó, no sólo el modo de transporte, sino la cultura misma. La clase media encontró viable abandonar los viejos barrios urbanos para irse al suburbio.

Ese fenómeno de expansión y emigración de las familias, cada vez más distante de lo que habían sido los espacios urbanos, conllevaba graves implicaciones para las escuelas. Especialmente para las escuelas privadas que habían sido fundadas y construidas en los barrios residenciales de San Juan y el área adyacente. La emigración de familias comenzó con algunas a las que se les miraba con cierto grado de admiración por las que quedaban atrás. Las que quedaban atrás tenía ciertas características. Generalmente, aun no poseían automóvil. Los jefes de familia eran menos jóvenes. Sus ingresos eran inferiores. El valor de sus propiedades era relativamente bajo.

Los barrios residenciales de San Juan comenzaron un proceso de empobrecimiento. Ese proceso fue acelerándose con la llegada de una nueva población que al principio pasó desapercibida. Se trataba de inmigrantes que provenía de las Islas Vírgenes. Se les llamaba los Tórtolos, porque algunos venía de Tortola. Luego comenzaron a llegar muchos dominicanos. Esta inmigración era distinta a la que se dio desde principios de la década del 1960. A raíz de la revolución en Cuba, la clase media cubana emigró en grandes contingentes. Su destino se concentró en la Florida y en Puerto Rico.

Muchos cubanos eran de clase media. Se dedicaban al todo tipo de comercio y actividad profesional. Se destacaron en las áreas de la publicidad, de bienes raíces, de profesiones asociadas con la construcción y el desarrollo. Contribuyeron significativamente a la oferta y a la demanda por las nuevas alternativas de vivienda que surgían por doquier.

Los otros grupos de inmigrantes participaron de la expansión de la construcción proveyendo mano de obra. Poblaron los barrios abandonados por las familias que se desplazaron a los suburbios.

En paralelo al proceso de expansión urbana se dio otro fenómeno que tendría graves implicaciones sociales. El gobierno adoptó el modelo de vivienda pública desarrollado en los EEUU para proveer alojamiento temporero a familias obreras en períodos de recesión. En los EEUU le llamaban “projects”; en Puerto Rico se les denominó “caseríos”. Eventualmente, el termino “caseríos” dio paso al de “residenciales” en un ejercicio de “polítical correctness”.

El más grande de esos caseríos se construyó a una cuadra de la Academia Santa Teresita. Se le bautizó con el nombre de Llorens Torres. Se construyó al cruzar la calle Loiza, al sur de la urbanización Punta Las Marías. Esta ubicación respondió parcialmente a una teoría del gobernador Luis Muñoz Marín. Consistía la misma en que la ubicación contigua de los caseríos y las urbanizaciones promovería una relación de enriquecimiento cultural para las familias de los caseríos. Estas familias eran, en buena proporción, desplazadas de los arrabales que formaron en terrenos ganados a las aguas del estuario de San Juan.

La AST eventualmente recibió la totalidad de los efectos de aquellos portentosos procesos que cambiaron la estructura urbana, económica y social de Puerto Rico. Las familias a las que proveía escuela para sus hijos, emigraron a urbanizaciones cada vez más lejanas. Los barrios residenciales en su área de mercado se empobrecieron. Las familias inmigrantes no tenían la capacidad económica para ver como opción un colegio privado para sus hijos. Menos aun, las familias envejecidas y sin hijos en edad escolar, que fueron quedando. Menos aún, las familias que habitaban los caseríos circundantes. El mayor de todos, Llorens Torres. De hecho, el concepto de temporalidad y apoyo social anticíclico se desvirtuó. Los residentes de los caseríos se convirtieron en permanentes. Hoy hay familias de quinta generación que residen esos complejos marginados de la economía formal.

En la medida que el centro urbano fue repoblándose con un estrato social sin la capacidad para adquirir educación por vía de instituciones privadas, la viabilidad de la AST se desvaneció. Sólo era posible sostenerla por gracia de subsidios cada vez más crecientes de la orden Carmelita. En su origen, la AST contaba con una facultad provista por monjas de la orden de Servidoras del Corazón Inmaculado de María. Para finales de la década del 1960, la orden comenzó a retirarse de la AST.

Como suele suceder, cada evento de cambio reforzaba el proceso de deterioro del vecindario, debilitaba el mercado de la AST y la hacía menos viable. Eventualmente, llegó el momento inevitable. Se secó la fuente de matrícula, se agotó la fuente de subsidio, se menoscabó el acerbo de capital real de sus estructuras, se perdió el capital humano de su facultad y cerró.

Viví la historia que relato aquí. Estudié mis primeros grados en el Liceo Puertorriqueño. Estaba ubicado en la calle Estrella. Fue demolido para dar paso a la construcción de la Avenida Baldorioty de Castro y específicamente para viabilizar la entrada norte al tunel Minillas. Desde quinto grado estudié en la AST y me gradué de escuela superior en 1960. Sufrí el desgarre que conllevaba ver a mis amigos irse del barrio y de la academia. Sufrí la marginación que estaba asociada con no tener automóvil. La ruptura era más que geográfica en naturaleza. Se trataba de un distanciamiento social. El fenómeno urbano a mi alrededor dictaba las posibilidades en todos los sentidos. Luchar contra esa fuerza descomunal requirió del sacrificio más absoluto de mis padres de crianza. Lo hicieron, contra viento y marea, a través de mi educación universitaria.

Lo que sucedió en mi vecindario, lo que le sucedió a mi academia le está sucediendo al país. Vamos, aceleradamente, camino a hacer permanentes y extendidas las condiciones típicas de los ghettos urbanos a través de toda la isla.

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La insolvencia de retiro

El pasado martes 18 de junio de 2013, El Nuevo Día publica una columna titulada “Tribunal Supremo y sistema de retiro”. El autor de la misma es el distinguido y admirado Juez Asociado Retirado del Tribunal Supremo Antonio S. Negrón García. Admito que nunca pensé que habría de objetar a un planteamiento de su autoría. No obstante, en esta ocasión, creo mi deber hacerlo.

El Juez Negrón García en su columna dice lo siguiente:

“Hoy el ELA debe a Retiro más de “$35,000 millones. Aunque los pormenores de esas transacciones no han salido claramente al escrutinio público, y habrá que esperar a su destape en los foros judiciales, las casas acreditadoras ya clasifican “chatarra” parte de esa deuda pública.”

Las aseveraciones que se hacen en el párrafo antes citado no son correctas. Permítaseme aclarar ciertos conceptos que parecen haberse confundido. En primer término, la cantidad a que hace referencia el Juez Negrón se refiere al monto combinado de varios fondos de retiro que incluyen a los empleados del gobierno (unos $25,000 millones) y a los maestros del sistema público (otros $10,000 millones).

En segundo término, y más importante aún, esas cantidades son denominadas en inglés por el término contable “unfunded liabilities”. En la contabilidad y finanzas propias de la industria a lo que ese concepto se refiere es a lo siguiente. En un plan de pensiones, tanto los participantes, como los patronos, hacen contribuciones periódicas que que nutren el fondo de donde se han de pagar pensiones y beneficios. Las aportaciones añaden al fondo, a la vez que los pagos por beneficios restan del fondo.

En la medida en que el flujo monetario de lo que se extrae del fondo sea mayor que el flujo de aportaciones que ingresan, la diferencia irá mermando el total acumulado en el fondo. Ahora bien, cuando el total de beneficios por pagar a través del tiempo se proyecta mayor que las aportaciones realizadas y acumuladas en el fondo, se dice que el fondo confronta “unfunded liabilities”. En otras palabras, que con lo que proyecta contar el fondo, no se podrán pagar las pensiones y los beneficios. Se trata, pues, de compromisos habidos para los que no existe fuente suficiente de pago.

Tampoco es correcto decir que el “unfunded liability” pueda ser clasificado como “chatarra”, ni de ninguna otra forma. No se trata de un instrumento mercadeable al que se le evalúa en consideración al riesgo que implica adquirirlo. Lo que sí ha ocurrido es que, en la medida en que no se puede recapitalizar el fondo con aportaciones, o con el rendimiento de inversiones , el flujo de pagos por pensiones y beneficios no tendrá de donde salir.

De eso es de lo que se trata. Los fondos de retiro del gobierno de Puerto Rico no cuentan hoy día ni con el capital acumulado necesario, ni con los ingresos por concepto de aportaciones, suficientes para pagar los beneficios de los participantes. De hecho, para el 2014 el fondo de retiro de los empleados del ELA no contará con fondos no comprometidos, y en el 2019 habrá agotado la totalidad de su capital. En palabras sencillas, se habrá llegado a la insolvencia.

De ahí el riesgo que ven las agencias evaluadoras de crédito. La magnitud es tal que de ser pagada por el Estado obligaría a imponer contribuciones enormes sobre una economía encogida y estancada. Para tener una idea de proporción, se estima que el gobierno tendría que elevar IVU a entre 18 y 20 por ciento. La economía no soportaría esa carga. De ahí el efecto anticipado sobre la degradación de los instrumentos de deuda del Estado y la estrangulación que se producirá en su capacidad para emitir deuda adicional.

No se trata, como dice el Juez Negrón García, que “Hoy el ELA debe a Retiro más de “$35,000 millones.” No, no es que el ELA tenga una deuda con el sistema de retiro por $35,000 millones. Una magnitud que, dicho se de paso, equivale a aproximadamente la mitad del producto nacional bruto. Lo que sucede es, precisamente, que nadie le debe al sistema de retiro esa cantidad. Ni las aportaciones que, por ley, se exigieron a los participantes ni las aportaciones, que por ley, hizo el patrono, podían jamás acumular tal cantidad. De haber a quién cobrar lo que el Juez Negrón García dice que el ELA debe, se habría identificado una fuente de pago que no existe.

Desde su origen, el sistema careció de viabilidad. Los beneficios proyectados eran mayores que las cantidades que se acumularían por vía de las aportaciones de los participantes y del patrono (el gobierno). Peor aún, en la medida en que el gobierno continuó añadiendo beneficios sin aumentar las aportaciones, la situación fue agudizándose. Me viene a la mente la parábola del milagro de los panes y lo peces. Eso fue lo que se le ordenó por ley que produjera el sistema de retiro.

No hay forma de que el fondo pudiera haber sufragado pensiones calculadas para pagar a base de un 75 por ciento del promedio de los tres sueldos más altos de los empleados. De hecho, a base de este esquema, los empleados recuperan la totalidad de sus aportaciones al fondo en un termino de tres años luego de la jubilación. Los expertos en este campo, llamados actuarios, advirtieron la situación en múltiples ocasiones.

Para complicar el resultado de un sistema defectuoso desde su diseño, la demografía del país lo acabó de parar de cabeza. La expectativa de vida aumentó dramáticamente. Ello significó que las proyecciones que habían realizado los actuarios ya no proyectaban correctamente el tiempo por el cuál los jubilados continuarían recibiendo pensiones y beneficios, sin que nadie aportase al fondo para cubrir esos desembolsos futuros.

La situación de inviabilidad del sistema de retiro se conoce desde hace décadas. De hecho, el sistema ha sido reformado en varias ocasiones. Nunca, no obstante, se atendió el problema en su raíz. Siempre se optó por la salida menos costosa, vista a través del cristal electoral.

¿Porqué ha hecho crisis el sistema en estos precisos momentos? Pues, porque al estancarse la economía del país, el gobierno comenzó a operar recurriendo a la financiación de sus déficits. Es decir, a tomar prestado para funcionar sin reducir gastos ni elevar impuestos. Esa mala práctica funcionó mientras la economía crecía. Llegó el momento, no obstante, que la capacidad del gobierno para tomar prestado a tasas de interés tolerable también se estrelló contra el muro de la realidad.

Son muchas las criticas que pueden hacerse con respecto a la administración de los fondos de retiro. No obstante, la realidad del diseño original, la insuficiencia de las reformas puestas antes en marcha, el cambio demográfico y el estancamiento económico, son las verdaderas razones del descalabro.

(Una versión editada de esta columna ha sido publicada por El Nuevo Día el 21 de junio de 2013, en su sección PERSPECTIVA, página 57 de su edición impresa. La misma puede encontrarse en: La insolvencia de Retiro

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El Riesgo de Escapar a la Degradación

Esta semana se ha “filtrado” a los medios un informe fechado hace unos cuatro años. El informe fue producido entonces por una firma de economistas para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En dicho informe se resumían las probables consecuencias de una degradación del crédito. Se pinta un cuadro verdaderamente dantesco. En los medios se ha especulado que el motivo para filtrar ese documento en estos momentos ha sido dar un espuelazo a la Legislatura que asegure la aprobación de los tributos propuestos por el gobernador. No lograr esa victoria en ésta legislatura pudiera hacer realidad hoy el cuadro pintado entonces por los economistas contratados por la administración Fortuño.

Ahora bien, supongamos que el gobernador logra su objetivo y que ésta legislatura convierte en leyes el popurrí de medidas exigidas por el equipo fiscal del ejecutivo. La pregunta que quisiera explorar en ese caso es la siguiente: ¿qué pasará si entonces el gobierno de Puerto Rico logra así esquivar la degradación de sus instrumentos de deuda crediticia al nivel especulativo?

Para contestar la pregunta que pongo sobre la mesa resulta útil recordar la historia. La administración Fortuño logró evitar la degradación de las obligaciones del gobierno central a niveles especulativos. Lo hizo incurriendo en un coste político inmenso. Su éxito fue parcial, ya que no lo logró con relación a varias corporaciones públicas para las que el mercado de capital está cerrado y ya dependen del BGF para financiar sus operaciones. De hecho, hoy el BGF actúa como síndico de varias corporaciones públicas. Esa realidad ha trasladado al BGF los efectos de la insolvencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación, poniendo en riesgo la del propio banco.

A través del tiempo, el Ejecutivo y la Legislatura han demostrado su incapacidad para actuar prospectivamente. El modus operandi del gobierno es, más bien, reaccionario. Reacciona a situaciones de crisis. Cuando la crisis se atenúa, la probabilidad de la inacción crece. En otras palabras, el status quo se fortalece en la medida en que la crisis se palia. Lamentablemente, ésta es una mala noticia para la economía de Puerto Rico. Lo es porque, dada su estructura, hoy día la economía de Puerto Rico no es viable. Esa inviabilidad se traduce en un proceso de retroceso en el estándar de vida de la población. Detener el proceso de deterioro en el estándar de vida requiere de cambios estructurales que son resistidos pulgada a pulgada por facciones ideológicas y grupos de interés especial.

Recordemos que la crisis de la economía de Puerto Rico tiene sus raíces en la pérdida de capacidad de producción y en el crecimiento descomunal del sector público. Un gobierno empeñado en sostener estándares de vida incompatibles con la capacidad de la economía. Esto se ha perpetrado mediante el abuso de los recursos provenientes del gobierno federal, por vía de transferencias, que han sido canalizados hacia proyectos faltos de coherencia o directamente al consumo. Añada usted el desperdicio de los fondos provistos por los residentes de Puerto Rico que pagan con ahorros forzados los impuestos que recauda el Estado. Lo que constituye una gran ventaja de la relación con el gobierno de los EEUU, se ha convertido en una especie de drogadicción que amenaza con destruir la sociedad residente en la isla.

La dependencia de la población residente en el sostén que proviene de las transferencias gubernamentales ha corroído la estructura de valores de la población. La ética del trabajo ha dado paso a estilos de vida típicos de lo que se encuentra en los guetos urbanos de norteamerica y Europa Occidental. Éste país nuestro no consume para vivir, más bien vive para consumir. Lo dice la música popular: “el trabajo lo hizo Dios como castigo”. Los tiempos en que la producción era el propósito del esfuerzo del trabajo fueron abolidos. El consumo se confundió con la “producción”.

Así pues, la producción, como eje central de la actividad económica, dio paso al gasto de consumo. El gobernador Luis Muñoz Marín se dio cuenta del fenómeno y abogó por lo que él llamó “operación serenidad”. En esto fue menos exitoso que en impulsar el proceso de industrialización por vía de la “operación manos a la obra”. El proceso de urbanización e industrialización aceleró y creó la clase media del país. Eventualmente el crecimiento del estándar de vida se desvinculó del esfuerzo productivo.

En la medida que pasó el tiempo, la brecha entre las expectativas de consumo y la capacidad de producción fue eventualmente llenada por el gasto del gobierno. El gasto público comenzó a justificarse como elemento necesario para mantener estándares de vida compatibles con economías ricas. El sistema político se encargó de imponer prioridades sin limitarlas a los recursos disponibles. Dada la realidad de la escasez de recursos, el gobierno recurrió a la “contabilidad creativa” y al gasto deficitario.

Por un tiempo, el gobierno desafió, con aparente éxito, las leyes de la naturaleza. Al final, llegó la hora de Fausto y con ella, la cuenta por pagar. La crisis financiera rompió en mil pedazos la fantasía que permitía vivir más allá de los medios a una población malcriada y engreída. La crisis económica se convirtió en crisis política.

Cuando el sistema dejó de sostener los estándares, la economía subterránea se encargó de llenar el vacío. El narcoestado asomó su grotesca cara de detrás de la cortina. Hubo que pedir auxilio a los EEUU. Los federales entraron en acción. Igual que en la frontera sur de los EEUU continentales con México. Igual que en la frontera de México con Guatemala.

Para complicar el cuadro, todos los elementos llegaron al cenit en el preciso momento en que el sistema financiero mundial entraba en una de las más profundas y destructivas crisis de su evolución histórica. Comenzó con la explosión de la burbuja creada en el mercado de financiación de viviendas en los EEUU. El descalabro se regó como la pólvora y se convirtió en epidemia.

La epidemia contagió a las economías europeas y se produjo una gran crisis en el mercado de deuda soberana. El común denominador de esta epidemia de insolvencia se hizo evidente. Todos habían vivido por encima de sus medios. Todos habían mentido en lo relativo a su capacidad. Todos habían participado de una gran fiesta y había llegado la hora de pagar la factura. Puerto Rico no fue la excepción.

La financiación creativa que creo la “deuda extra constitucional” encontró sus fronteras. Ante el tranque que impidió que el Congreso de los EEUU aprobara revisar el limite de endeudamiento del gobierno federal, Standard & Poor’s degradó la clasificación del crédito de los EEUU. De ahí en adelante, la degradación de la clasificación del crédito del ELA y otras jurisdicciones era, por lo tanto, inevitable. Ya no podía obviarse la insolvencia de los planes de pensiones del gobierno central. Ya no podía obviarse la enorme proporción de la deuda del gobierno y sus corporaciones en relación con sus activos. Ya no podía esconderse que el país había creado un gobierno insostenible.

Volvamos a la pregunta que planteo. Supongamos que el gobernador triunfa y que la Legislatura no prevalece con la aprobación de un monstruo de Frankenstein de gran complejidad donde cunda la doble y la triple tributación. ¿Qué podemos esperar entonces? Pienso que ese escenario será crucial para nuestro futuro como pueblo. Si nos dejamos ir por la historia, lo más probable será la llegada de un período de abandono de los asuntos estructurales que están en los cimientos de nuestro problema. Es decir, las acciones del gobierno que día a día obstaculizan y penalizan la actividad productiva, el ahorro, la inversión y el esfuerzo empresarial de los individuos. El atajo de la crisis inmediata permitirá echar a un lado los temibles resultantes de la inminente bancarrota. No obstante, los asuntos estructurales habrán permanecido intactos.

El mercado laboral seguirá tan rígido e insensible a la ley de oferta y demanda como hoy, pero será más pequeño. El gobierno seguirá succionando recursos del sector productivo a un ritmo insostenible. Las corporaciones públicas continuarán recibiendo subsidios del Fondo General. El coste transnacional en Puerto Rico continuará siendo impedimento infranqueable para nuestras empresas. Competir en el mercado mundial será algo fuera del alcance las empresas que operan desde Puerto Rico. El coste de la energía por si sólo hace ya inviable las operaciones. El sector público seguirá creciendo a costa del sector privado. A la larga o la corta, lo inevitable tendrá lugar. Es decir, la bancarrota del sector público no podrá evitarse. Los sistemas básicos que son responsabilidad del gobierno colapsarán. El sistema de educación pública ya lo ha hecho. La Autoridad de Carreteras y Transportación ya lo ha hecho. Lo que llamamos “sistema” de salud ya lo ha hecho. El sistema de salud apenas subsiste a costa de un enorme coste económico. El sistema de protección de vida y propiedad está a punto de la disfuncionalidad. Lo mismo ocurre con el sistema de justicia. Al punto que la población ha perdido confianza en el mismo.

Por eso temo que una solución temporal de la crisis fiscal, que evada confrontar el problema estructural de la economía, sólo pospondrá el momento en que todo quedará nuevamente al desnudo. En ese momento cosecharemos con creces lo que hemos sembrado. El gobierno habrá perdido la confianza de los mercados y de los ciudadanos. No sólo se habrá secado la fuente de capital financiero, sino que se habrá perdido ese factor intangible que sirve de engrudo para evitar la desintegración de la sociedad y que denominamos “capital social”.

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El Espejo Retrovisor

El espejo retrovisor

El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico ha sido el escogido por La Fortaleza para hacerle frente a un solido frente que los economistas del país han desplegado de forma espontánea para advertir al gobierno de los peligros que prevemos y de los remedios que cada uno de nosotros considera meritorios. La reacción del Ejecutivo ha sido la de cavar profundo en su trinchera ideológica.

El Secretario Bacó acusa a los economistas de estudiar la historia. Bueno, conviene en este momento recordarle al amigo Bacó que fue el filosofo, ensayista, poeta y novelista Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, a quien se le recuerda por habernos enseñado que “aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo”. También nos dejó dicho Santayana que “…sólo los muertos han visto el fin de la guerra.”

Bueno, el amigo Bacó nos dice que los economistas conducimos el automóvil mirando por el espejo retrovisor. Creo haber sido yo quien acuñó esa frase allá para el 1986, pero refiriéndome a los contables. De todas formas, en el caso que nos ocupa, es irrelevante lo que opinen los colegas economistas. Lo que verdaderamente importa es lo que concluyan los mercados. En concreto, lo que concluya el mercado de capital. El juicio del mercado de capital será final, firme e inapelable. Así lo han descubierto muchos gobiernos antes que los nuestros. Pero, claro, eso se aprende estudiando la historia. Cosa que el amigo Bacó parece despreciar.

Me pregunto si el Secretario estará de acuerdo en su apreciación de la situación actual con el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Me pregunto si está de acuerdo con el estudio hecho público hoy (y que en estos momentos actualiza una empresa de economistas) realizado por petición del BGF para anticiparse a los efectos de una degradación a nivel de calidad especulativa de los instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico. ¿Estarán esos economistas conduciendo mirando por el espejo retrovisor del automóvil?

Nos dice el Secretario a los economistas que no hemos dedicado tiempo suficiente a estudiar el cuadro completo del desarrollo económico del país. Me imagino que él o sus “economistas” lo habrán hecho durante los pasados cuatro meses. Yo solo he podido dedicarle aproximadamente 45 años. Tiempo que admito, es relativamente breve.

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El tamaño del gobierno

En días recientes el presidente del Senado ha planteado que el tamaño del gobierno no es problema. Es decir, que el gobierno no es muy grande. Lo que sí es problema, según el senador Eduardo Bhatia es que el sector privado es muy pequeño.

Por otro lado, el gobernador reclama que la degradación del crédito del gobierno de Puerto Rico no sería “mala en sí”. Según el gobernador, lo que es negativo son los “elementos que la provocan”.

Bueno, pues uno de los elementos que han provocado que el crédito del gobierno y sus corporaciones públicas se haya desvalorado, es el tamaño. El tamaño puede medirse por varias dimensiones. Todas las medidas son relativas a algún referente. Protágoras decía que “…el hombre es la medida de todas las cosas… “. Es decir, el último referente. Así pues, el tamaño del gobierno tiene que interpretarse con relación a un referente.

Si se toma el total de gastos en bienes y servicios de la economía de Puerto Rico encontramos que el sector público es predominante. Redondeando los número, de los $64,000 millones de gastos, $26,000 son gastos directos del gobierno. De los 950,000 empleados que informan las fuentes oficiales, 300,000 son empleados públicos. La deuda pública asciende a $70,000 millones. Además, el gobierno ha entrado en compromisos sin contar con recursos que los respalden. Por ejemplo, los sistemas de retiro confrontan $36,000 millones en obligaciones de ese tipo.

En la medida en que creció desbocado, el gobierno dejó de ser propulsor y estimulante de la economia para convertirse en lastre y parásito del sector privado. El tamaño relativo y absoluto del sector público, de acuerdo a cualquier métrica, es insostenible. El planteamiento del presidente del Senado resulta ofensivo.

No sólo es enorme el tamaño relativo del gobierno sino que ha penetrado e interviene en todos los aspectos de nuestras vidas. Peor aún, la intervención indiscriminada se realiza de forma torpe, inefectiva y en detrimento de los objetivos que nominalmente se pretenden alcanzar. En parte, esto se debe a la compenetración y dominio del partido político en el sector público. Paradójicamente, la enormidad del gobierno ha generado las condiciones que hoy se traducen en la ingobernabilidad. Toda propuesta de cambio queda cancelada por la acción que de inmediato ejecuta algún grupo de interés especial. En la lucha de todos contra todos, la parálisis reina.

Bajo las circunstancias actuales, lo que el sector privado logra realizar, lo hace porque el gobierno lo permite, casi a modo de excepción, o porque se realiza desde las sombras de la informalidad y la ilegalidad. Hemos retornado a los principios de las tiranías monárquicas en las que la actividad privada se realiza por vía de la gracia otorgada por el rey. Pero el soberano es un enorme
monstruo burocrático que responde solo a su propio interés.

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La Nueva Comunicación Pública

El léxico del gobernante ha sufrido un cambio radical en éste país nuestro de cada día. Si no se está al tanto, corremos el riesgo de sufrir graves percances. Me explico. Los signos positivo y negativo han cambiado de significacancia. Si, parece haber habido un intercambio de polaridad. Se nota el fenómeno con especial intensidad en los anuncios que hace el primer ejecutivo. Veamos.

Cuando el gobernador anuncia una baja en los tributos por razón del impuesto de ventas y uso (IVU), en realidad se trata de un aumento estimado en $1,048 millones. Cuando anuncia una reducción en el precio al que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) venderá cada Kilovatio-hora de consumo, se trata de un aumento en la tarifa. Cuando se anuncia una reducción en el precio del agua servida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se trata de otro aumento en la tarifa. Las reducciones que proclama el gobernador se refieren a que los aumentos anunciados por los organismos apropiados serán menores por obra y gracia de su intervención.

De igual forma, el gobernador anuncia que aumentará los impuestos al consumo (IVU) pero que, por decreto, el gasto de los consumidores quedará exento, los impuestos serán absorbidos por las empresas que no consumen, sino que producen. No dice el gobernador que pagarán los que tienen más, los que pueden. No importa que estén sufriendo pérdidas en sus operaciones, esos pueden y pagarán.

El nuevo leguaje ha sido producido por la industria de la publicidad aplicada a la comunicación público del gobierno. De ahí es que, creo, la industria de la publicidad quedará exenta de aumentos en los impuestos. Es importante, al parecer, que no se encarezca el coste de las campañas proselitistas de los partidos políticos.

Todo esto parece responder al mantra que se escucha en todas las esferas de gobierno. Se trata de la “sensibilidad”. El gobierno ha de ser “sensible”. Es decir, que se deberá dorar la píldora para que el público no sufra de un shock tras otro shock al ser notificado de la ruina en que se encuentra su gobierno. Tampoco se le explicará al público, en aras de esa sensibilidad, que gran parte de la culpa por la irresponsabilidad con que se han manejado las finanzas públicas la comparten los ciudadanos con los partidos políticos.

Bien, a lo que voy. Es necesario ajustar nuestro vocabulario y calibrar nuestro lenguaje, si queremos entender lo que nos dice el gobierno. Es necesario reconocer el cambio de significado de ciertas palabras. Un “alza” es en realidad una “reducción”. Lo es ciertamente cuando de impuestos y tarifas se trata.

El nuevo significado de las palabras conlleva otros ajustes. Por ejemplo, los consumidores no pagarán impuestos de consumo. Eso estará restringido a las corporaciones dueñas de las megatiendas. El gasto del gobierno aumentará el año entrante en aproximadamente $800 millones. No obstante, estamos equivocados al concluir que el presupuesto aumentará en esa cantidad. No, en realidad el gasto se reducirá. Por eso es necesario aumentar (digo reducir) los impuestos para recaudar (digo, para regalar) $1,040 millones más (digo, ¿menos ?).

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La Opción Necesaria

El Senado de Puerto Rico no dará paso a la aplicación del impuesto a la venta y usos a los servicios canjeados por vía de transacciones entre negocios. Así lo ha dejado saber el Presidente de ese cuerpo parlamentario. Se aducen dos razones: que la propuesta había sufrido ya de tantas enmiendas que su capacidad recaudadora había menguado significativamente y el que efecto sobre la economía sería detrimental. Los más de $1,000 millones anuales de recaudación adicional tendrán que producirse por otra vía.

La determinación del Presidente del Senado es correcta. Ahora será necesario evitar que lo que surja finalmente del proceso legislativo sea un monstruo inmanejable por su complejidad, ineficiente y pletórico de agujeros y exclusiones.

El gobierno de Puerto Rico se encuentra en una situación definitoria. Su crédito está en juego. Aunque resolver la crisis fiscal no resolverá, de por sí, la incapacidad para el crecimiento de la economía, es una gestión previa e indispensable. De no hacerse, no habrá forma de reconstituir la plataforma de infraestructura productiva. El crecimiento de la producción no será posible y el estancamiento del estándar de vida se convertirá en una espiral viciosa que arrastrará al país a una verdadera crisis económica y social.

La solución que se encuentre será sub-optima. Siempre lo son en materia de tributos. El Senado anuncia que consistirá de medidas temporales a implantarse mientras se encuentra una solución permanente. En ese sentido he propuesto durante muchos años lo que entiendo necesario para Puerto Rico. Sugiero la misma como el sistema que se tratará de alcanzar al final de el período inmediato. El objetivo de largo plazo deberá ser incluido en la ley desde ahora. Esta propuesta requerirá un pacto entre los dos partidos políticos principales. Paso a enumerar a continuación los elementos clave de mi propuesta.

1) Establecer un impuesto al consumo en su modalidad conocida como impuesto al valor añadido (IVA). Este impuesto sustituiría el IVU.
2) Erradicar, o reducir a una tasa muy baja e igual para todos los contribuyentes, el impuesto al ingreso de los individuos.
3) El gasto de consumo del gobierno será congelado al nivel real del presupuesto corriente.
4) El gobierno establecerá una prioridad absoluta en la financiación de la expansión y modernización de la plataforma de infraestructura eléctrica y de aguas potables usadas durante una década.

Las tasas que se aplicarían al IVA y al impuesto uniforme sobre ingresos en el nuevo esquema tendrán que ser calculadas para que rindan los recursos necesarios para cubrir la necesidad que impone el fondo general, y un margen adicional que permita el empuje en inversión anual necesario para poner en marcha el punto 4to arriba.

Esta propuesta va dirigida a lograr vencer el problema de fondo que tiene la economía de Puerto Rico para expandir su producción, generar puestos de trabajo y tomar control del crecimiento desbocado de un gobierno cuya dimensión ya no podemos soportar.

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Difícil Trabajo de la Secretaria de Hacienda

La Secretaria de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) intenta estos días cumplir con una difícil misión. Ha de identificar fuentes y medios para cubrir la brecha entre lo legislado y lo necesario en el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA; ha de encontrar recursos para abonar a la deuda de gobierno central; ha de encontrar recursos para mantener al día al gobierno central con el servicio de una deuda que rebasa en magnitud el producto bruto de la economía de Puerto Rico; ha de encontrar recursos suficientes para reducir el déficit estructural corriente y achicar el futuro.

Además, la secretaria tiene que intentar el cumplimiento de su misión limitada por parámetros políticos. Por ejemplo, no podrán elevarse los peajes para ayudar a solventar a la Autoridad de Carreteras; tendrá que eximir los servicios publicitarios de la expansión del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) porque el gobernador ha descubierto que esa industria es clave para el desarrollo económico. Me imagino que el efecto sobre el coste de las campañas electorales habrá sido un factor en este descubrimiento.

En su afán por defender las acciones de Hacienda, la Secretaria entra en una confusión entre la necesidad de recaudos mayores y la incidencia y los efectos que tendrían sus propuestas. No hay duda que el gobierno necesita recursos adicionales para financiar un presupuesto que ha resultado ser $800 millones mayor que el vigente. Claro que establecer una base de aplicación más amplia al IVU genera, en papel, una recaudación proyectada mayor. No hay duda que la captación del IVU en la actualidad es inaceptable –¡no olvidemos que se legisló a propósito para que así fuese!

El problema que la Secretaria no acaba de aceptar, porque el gobernador no lo admite, es que la solución que sugiere Hacienda consiste en aplicar un gravamen, que nominalmente incide sobre el consumo, pero que al aplicarse a transacciones anteriores a la venta final, penalizará la producción. Para complicar aun más la posición de la Secretaria, el gobernador insiste en decir que el impuesto será absorbido por las empresas. Es decir, el gobierno convierte un impuesto al consumo en un gravamen a los ingresos de las empresas.

Como he explicado antes, al gravar los insumos de producción, se haría un gran daño a la capacidad de producción del país. Todos los profesionales relacionados con el funcionamiento de la economía están de acuerdo con éste diagnóstico. Los empresarios lo saben por experiencia propia. Hasta ahora, el ejecutivo solo lo admite con relación a la industria de la publicidad.

Aparentemente, la desesperación ha permitido que prevalezca la inmediatez y el simple cálculo estático contable sobre el análisis económico que reconoce la complejidad del sistema. La Legislatura probablemente empeorará el coctel de medidas enviadas por el Ejecutivo, creando un monstruo que aumentará el coste de las transacciones interindustriales y restará competitividad a la producción originada en Puerto Rico.

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No lo dude usted

El gobierno de Puerto Rico honrará sus deudas. Puerto Rico pagará los bonos y los pagará a tiempo. La Constitución del Estado Libre Asociado establece claras prioridades en ese sentido. Violentar tal disposición constituiría un acto suicida y descabellado.

Esta realidad es la que ha impedido que, hasta la fecha, los bonos de obligación general –los que comprometen el “full faith and credit” del gobierno del ELA — no hayan sido colocados en clasificación basura. No ha ocurrido y no ocurrirá. Tampoco ocurrirá con los bonos respaldados por los recaudos del impuesto sobre ventas y usos (IVU).

Los que abogan de manera olímpica que Puerto Rico emule a la Argentina y convierta el problema de la deuda en uno propio de los acreedores y re negocie la misma, no tienen idea de las implicaciones que tiene sólo sugerir esa posibilidad. El riesgo país se eleva y queda reflejado en la “prima de riego”. Es decir en el rendimiento de los bonos de Puerto Rico. En otras palabras, en el coste de la financiación de las operaciones y de la inversión del gobierno de Puerto Rico.

La hora de Fausto ha llegado. Le prometimos el alma al diablo y llegó el momento de cumplir. El tiempo de gozar lo que tomamos prestado ya terminó. Ahora toca pagar.

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